Entre el 24 y el 29 de abril de 2026, en Santa Marta se reunieron científicos, expertos y líderes de gobiernos en la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, convocada por los gobiernos de Colombia y Países Bajos. 57 países, 13 grupos de interés y más de 1.500 participantes debatieron sobre cómo transitar hacia las energías limpias y buscar la justicia climática.
Esta conferencia surgió en la COP28 de Dubái en 2023. Allí los países acordaron por primera vez transitar fuera de los combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa para mantener el límite del aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C. Dicho evento reunió a 154 jefes de Estado y sus delegaciones que sumaron un poco más de 700 millones de dólares para reforzar las acciones contra el cambio climático.
Aun así, los países que se reunieron en Santa Marta consideran que lo planteado en la COP28 no es suficiente en términos de tiempos, recursos, conocimiento disponible y financiación. Por ello buscaron crear este grupo alterno que acelere el proceso, aporte información científica y sea una guía de las COP futuras en esta materia.
Este grupo especializado anunció en Santa Marta una segunda conferencia para 2027 copresidida por Irlanda y Tuvalu —una pequeña nación insular del océano Pacífico—, y se creó un grupo de coordinación internacional oficial que se encargue de direccionar estas acciones. Pero tal vez el acuerdo más importante es el lanzamiento de un Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET) que levantará información e investigación académica para este propósito y que será insumo para la COP30 de cambio climático.
“Logramos reunir al mundo. Decidimos no resignarnos a una economía construida sobre la destrucción de la vida; decidimos que la transición más allá de los combustibles fósiles ya no puede seguir siendo un eslogan, sino que debe convertirse en un esfuerzo concreto, político y colectivo”, dijo la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres.
La importancia de las comunidades energéticas para la transición
Las 14 conferencias de alto nivel de las Naciones Unidas se han convertido en una declaración de principios globales frente al cambio climático, cuidado de la biodiversidad, desertificación, humedales y otras problemáticas ambientales. En estas, los gobiernos se fijan metas específicas para cada año, se comprometen a aportar dinero para financiarlas y algunas de ellas cuentan con equipos científicos o de comunidades consultivos.
Claudia Esquivel, profesora del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Javeriana Seccional Cali explica que, como reza el dicho popular, del dicho al hecho hay mucho estrecho. Es decir, una cosa es lo que se firma en las COP de Naciones Unidas, y otra lo que pasa en la realidad. Las metas acordadas tienen bajos niveles de cumplimiento por parte de los países y aunque se inician acciones locales, no logran el impacto esperado.
“Estos acuerdos de la sociedad internacional se deben llevar de la escala nacional a una muy local”, afirma. Por eso resulta necesario no solo plantear las problemáticas ambientales desde el nivel de países, sino también desde niveles micro, en los que las comunidades tienen margen de acción y pueden aportar en una escala en la que los gobiernos no tienen capacidad.
Por todo esto, preguntarse por el lugar de las comunidades en esta transición energética es fundamental. Para Juan Pablo Vera, profesor del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana, el valor de encuentros como el que se vivió en Santa Marta es innegable, a pesar de las tensiones que representa. “Creo que esta iniciativa es tremendamente valiosa. Estamos hablando de buscar soluciones a la crisis climática causada por el modelo de desarrollo global”, afirma.
Sin embargo, el investigador señala una falla durante el evento que, en su concepto, no debería marcar una tendencia. “Los espacios académicos y los de las comunidades populares funcionaron como escenarios totalmente aparte. Siento que no hubo un escenario de conversación, o por lo menos se sintieron como escenarios aislados”, relata.
Una de las apuestas más concretas en esta materia en Colombia son las comunidades energéticas. Grupos de personas, barrios o territorios que generan, comparten y gestionan su propia energía limpia. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, están formadas por grupos de personas que, de manera voluntaria, establecen reglas comunes para alcanzar objetivos compartidos relacionados con la energía, como la compra colectiva, la gestión de oferta y demanda, o la generación local de energía.
Además de los beneficios económicos y ambientales, estas comunidades buscan fortalecer la democracia energética, promover la equidad y mejorar la seguridad energética. Por ello, para Vera es fundamental que la discusión técnica y política no se trate desligada de las realidades de las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y rurales.
Luis Gabriel Marín, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Javeriana, explica que una comunidad energética bien diseñada va mucho más allá de instalar paneles solares. “Hay que analizar el contexto, el lugar donde está esa comunidad, si es una zona rural, si puede tener recursos para aprovechar, como un afluente hídrico o residuos orgánicos. Por ejemplo, hay tecnologías como las pequeñas centrales hidroeléctricas o de filo de agua que en algunos escenarios podrían ser viables”, dice.
Por ello, conformar estas comunidades no se reduce a seguir una receta impuesta desde afuera, sino que debe partir de una concepción holística, integral y que incluya la visión propia de las personas que habitan cada territorio.
El concepto de comunidades energéticas surgió en Europa a principios de la década del 2000. Dinamarca y Alemania fueron los países pioneros. Crearon cooperativas energéticas en las que los ciudadanos podían invertir y gestionar la generación de energía renovable. Casi dos décadas después, en 2019, la Unión Europea potenció este concepto al incluir a las comunidades energéticas en su legislación a través del Clean Energy for All Europeans Package, un paquete legislativo que impulsa la participación de los ciudadanos en la transición energética.
Falta de titulación: el reto de las comunidades energéticas en Colombia
De acuerdo con cifras del Ministerio de Minas y Energía, Colombia cerró el 2025 con un poco más de 2.300 comunidades energéticas ya establecidas, cifra lejana a las 20.000 con las que esperaba cerrar este gobierno.
Para la profesora Esquivel, quien ha acompañado a diferentes poblaciones del Valle del Cauca a establecerse como comunidades energéticas, el problema de las bajas cifras tiene que ver con la forma en que está estipulada la política pública. “El mayor problema de las comunidades energéticas colombianas es el de la titulación. Muchas de las comunidades están en comodatos, viven en terrenos sobre los que no tienen la propiedad. Eso genera barreras burocráticas para acceder a ciertos beneficios”, afirma la docente.
“Por ejemplo, la Convocatoria 49 de Minciencias de este año estaba diseñada específicamente para este fin. Sin embargo, ninguna de las comunidades con las que tengo contacto tenía la condición de tener clara la cuestión de títulos. Ni siquiera nos pudimos presentar”, denuncia. Por ello le resulta contradictorio que en el evento de Santa Marta se dijera una cosa, pero que la realidad que la implementa sea otra muy diferente. “En el país hay muchas comunidades con complejidades sociales y jurídicas que no se ven reflejadas en la política pública”, agrega.
El profesor Vera señala también que la transición energética en muchos territorios está repitiendo los errores del extractivismo que supuestamente viene a reemplazar. Pone como ejemplo el Cesar: “se extrae carbón para Europa y para Estados Unidos, se produce energía fotovoltaica para conectar a la matriz energética colombiana, pero las comunidades en el Cesar no tienen energía”. La pregunta que persiste, dice, es quién se beneficia realmente de esa energía que se produce en el territorio.
Los retos reales de una transición que apenas empieza
En Colombia el 71% de la electricidad proviene de fuentes hídricas, un 11% de gas, 5% de solar, 5% de carbón y un 3,5% de petróleo. Esto la convierte en una de las matrices eléctricas más limpias de América Latina. Paradójicamente, ese también es parte del problema y de los retos que tiene el país en materia energética.
“Cuando llega el fenómeno de El Niño y los embalses bajan, el sistema eléctrico queda expuesto. Por eso es prioritario diversificar la matriz y fortalecer la producción solar, eólica, pequeñas hidroeléctricas y biomasa. No se debe pensar la transición como una moda verde, sino la seguridad energética del país”, explica Luis Gabriel Marín.
Por ello plantea alternativas de cara al futuro. “Siempre que hablamos de un déficit de energía, lo primero que pensamos es en aumentar la generación. Es válido, pero también podemos hacer que la demanda disminuya en ciertos periodos. Esa gestión de la demanda es una estrategia que también funciona”, dice.
Vera, desde la antropología, agrega que el cambio más profundo no es tecnológico sino de gobernanza. Las comunidades que viven en los territorios donde se producen los recursos —mineros, energéticos, hídricos— deben tener voz real en cómo se explotan y hacia dónde va esa energía. “La explotación de esos recursos energéticos no puede estar solo direccionada por los intereses corporativos y estatales. Tiene que ser parte de una articulación con las formas de vida de las comunidades que habitan los territorios”, plantea.
En su investigación Vera demuestra que las comunidades del Cesar asocian la transición energética con la alimentación. La soberanía energética está asociada directamente con la soberanía alimentaria. Usualmente en las poblaciones que inician procesos extractivos, su economía queda casi monopolizada por este negocio y se pierden otros desarrollos como la producción de alimentos. Por ello la importancia de promover la soberanía para que las comunidades tengan diversidad de economías que les permitan subsistir cuando el proyecto minero se acabe. Para el docente este es uno de los grandes aprendizajes que vienen de las propias comunidades.
Claudia Esquivel compara el modelo colombiano con el de sus vecinos y encuentra rezagos. Brasil, con su programa Proinfa desde los años 2000, no sólo impulsó las renovables sino que exigió que las empresas tecnológicas extranjeras que quisieran invertir instalaran sus plantas de producción en el país. Así construyeron industria y empleos locales al mismo tiempo que hacían la transición. “Cuando nos comparamos con Brasil, Chile o Uruguay, nos damos cuenta de que llegamos tarde”, sostiene.
El camino es largo. “La transición energética va a tomar muchos años, posiblemente siglos. Independiente del gobierno que llegue, ya se ha convertido en una necesidad para la sociedad“, asegura Marín. El asunto es si el tránsito se hará con justicia, sin dejar atrás a los territorios que han sostenido la economía del país durante décadas, ni repetir, con paneles solares, los mismos errores que dejaron el carbón y el petróleo.
Aunque los tres investigadores reconocen que la conferencia en Santa Marta es un paso en la dirección correcta, también son críticos y continúan investigando cómo aterrizar las ideas que hagan que la transición energética sea una realidad en el país.
