El presidente electo, Gustavo Petro, ya tiene un nombre para encabezar el Ministerio de Defensa: Iván Velásquez Gómez. Este abogado antioqueño se desempeñó como comisionado de la ONU, en Guatemala, y fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia colombiana, donde lideró investigaciones sobre la parapolítica.
Velásquez, quien también es director de la Corporación Justicia y Democracia, ha sido enfático a través de esta entidad sobre la necesidad de reformar la Policía Nacional y convertirla en una “para la paz”.
“El gobierno de Gustavo Petro abre la posibilidad real de hacer en Colombia una reforma integral de la Policía Nacional, que haga efectivo el mandato constitucional según el cual la policía es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, dijo el pasado 25 de junio a través de las redes sociales de la corporación.
¿Qué implicaciones tiene el Gobierno de @petrogustavo en la Reforma Policial?
— Corporación Justicia y Democracia (@corjusticia) June 25, 2022
🎙🔊 El director de Justicia y Democracia @Ivan_Velasquez_ nos cuenta algunas 👇🏾
A Petro le seguiremos exigiendo una Reforma Policial Integral que garantice los derechos humanos y la paz 🕊 pic.twitter.com/hDZ8Yxyh9c
Los retos que se vienen para el abogado no son pocos. En él recae la responsabilidad de materializar algunas de las ambiciosas propuestas de Petro, como la reestructuración de la Policía Nacional, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la eliminación del servicio militar obligatorio.
¿Se necesita una reforma policial?
Primero de mayo de 2005. Nicolás Neira, de 15 años, fue asesinado a manos del Escuadrón Antidisturbios- Esmad- durante unas protestas por el Día del Trabajo.
El 19 de agosto de 2011 Diego Felipe Becerra, de 16 años, pintaba la imagen del Gato Félix sobre una pared cuando un patrullero le disparó y le ocasionó la muerte.
25 de noviembre de 2019. Dilan Cruz, de 18 años, murió luego de que el proyectil de un uniformado del Esmad le impactara en la cabeza.
8 de septiembre de 2020. Javier Ordóñez, de 43 años, murió luego de que dos policías le propinaran puños y patadas al mismo tiempo que le daban descargas eléctricas con una pistola taser.
La lista sigue con Santiago Andrés Murillo, Nicolás García Guerrero, Marcelo Agredo Inchima, Brayan Fernando Niño Araque, Joan Nicolás García y otras 23 personas que, de acuerdo con la ONU, fueron víctimas de la brutalidad de la fuerza pública en el marco del paro nacional de 2021.
Este desafortunado desenlace compartido por tantos colombianos demuestra que las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional no son incidentes aislados, sino el resultado de “fallas estructurales profundas”, como señaló José Miguel Vivanco, exdirector para las Américas de Human Rights Watch, en medio de un discurso durante las protestas de 2021.
“Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes”, agregó.
Por otro lado, en las últimas semanas la noticia ha sido el asesinato de miembros de la Policía Nacional. De acuerdo con esta entidad, en lo corrido del año han sido asesinados 36 uniformados.
Los hostigamientos se han presentado, mayoritariamente, en los departamentos de Norte de Santander, Sucre, Córdoba y Antioquia, siendo este último el más afectado. Según el director general de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, los principales responsables son el Clan del Golfo, quienes habrían causado al menos 25 muertes.
Con todos los honores y junto a sus familias que siempre acompañaremos, despedimos a nuestros héroes de la @PoliciaColombia, los patrulleros Diego Ruiz, asesinado en Sampués, #Sucre, y James Morales, en Tibú, #NorteDeSantander. #NosDueleATodos#GraciasColombiaPorQuererTuPolicía pic.twitter.com/Pt9rVQ4Kwb
— General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) July 29, 2022
Algunas de las víctimas más recientes son la patrullera Leidy Sánchez, de 25 años, el patrullero James Morales, de 33 años, el patrullero Diego Felipe Ruiz, de 25 años, y la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, de 26 años.
¿Qué dice el plan de gobierno de Petro sobre la protesta social y la fuerza pública?
El plan de gobierno de Gustavo Petro, dedica un capítulo de cinco páginas para hablar sobre ‘Democratización del Estado, libertades fundamentales y agenda internacional para la vida”.
Pesquisa Javeriana le cuenta 14 promesas puntuales que hizo el presidente electo sobre estos temas:
- Reestructurar a la Policía Nacional. Para ello solicitará participación ciudadana con el fin de recoger experiencias, particularidades de los territorios y propuestas diferentes.
- Reubicar a la Policía Nacional en el Ministerio de Interior o de Justicia. En los últimos días ha sugerido la creación del Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia para alojar al cuerpo policial.
- La “nueva Policía” no cumplirá funciones exclusivas de las fuerzas militares ni prestará servicios de escolta, o administrativos que no estén relacionados con sus funciones constitucionales, “como cargar maletas o hacer mercados”.
- Desmontar el Esmad y transitar hacia una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos.
- Eliminar el servicio militar obligatorio y respetar la objeción de conciencia.
- Garantizar el acceso a la educación superior para las fuerzas armadas (FFAA) y a una mejor formación en derechos humanos, derecho internacional humanitario y diversas áreas del conocimiento.
- Ajustar la política de ascensos de las FFAA por la vía de la meritocracia, promoviendo la igualdad de condiciones para que el más bajo rango pueda ascender.
- Transformar el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana y el cuidado de la vida y la naturaleza.
- Respaldar políticas de protección y fortalecimiento de líderes sociales y movilización social.
- Reestructurar la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que su principal objetivo sea la previsión y prevención de los ataques a los hombres y mujeres líderes sociales para que así no haya condiciones de riesgo en su ejercicio de liderazgo.
- Estructurar un sistema de monitoreo y atención a represalias por denuncias y procesos de exigibilidad de derechos, con medidas específicas para casos de empresas y de instituciones del Estado.
- Instalar y fortalecer las Mesas Territoriales de Garantías como espacio de interlocución permanente entre sociedad civil y autoridades.
- Crear el Programa Integral de Seguridad Humana para las comunidades y las organizaciones sociales en los territorios basadas en estrategias de diálogo intercultural, que posibiliten el mutuo reconocimiento de la diferencia y legitimidad para garantizar protección efectiva de acuerdo con los propósitos trazados en la política pública.
- Brindar garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la movilización, la protesta social, el acceso a la información pública y a la libertad de prensa.
Mi compromiso porque la familia del soldado y el agente de policía, lo mismo que la vida laboral del soldado y el agente de policía mejoren sustancialmente será cumplido en mi gobierno. Se trata de más viviendas y centros de salud para el y la que expone su vida. pic.twitter.com/fMy7HBQ4ny
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 25, 2022
Una mirada desde la academia al plan de gobierno de Petro
De acuerdo con Andrés Dávila, doctor en Ciencias Sociales y profesor del Departamento de Ciencias Políticas, algunas de las propuestas mencionadas en el plan de gobierno del presidente electo “suenan muy bonitas, pero pueden ser difíciles de llevar a cabo”.
Una de ellas es sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. “Es algo que probablemente no se logre en los próximos 100 días. Ya lo intentó el expresidente Juan Manuel Santos y terminó renunciando a la idea porque hay unas tensiones institucionales muy fuertes”, explica.
Otra es el desmonte del Esmad. “No creo que puedan simplemente desaparecer al Esmad. Colombia no es el único país que tiene cuerpos similares, así que considero que se debería mantener, pero tal vez limitar su acción represiva”, apunta.
Lo mismo piensa de la eliminación del servicio militar obligatorio, pues aunque está de acuerdo con que es necesario mejorar las condiciones de vida de los soldados, no cree que sea económicamente viable retirar la obligatoriedad.
“A veces, cuando se hacen esas propuestas, no se mira bien, entonces, suenan muy democráticas, pero son fiscalmente irrealizables. Además, hay una planta de soldados que no se puede dejar de alimentar porque se necesita en los batallones, así sea para la paz”, indica Dávila.
De igual forma, dice que la forma más económica para el Estado de preparar a los colombianos es el servicio militar. “Si se eliminan los 24 meses de servicio militar y se mete a la gente desde cero como soldado profesional para ganarse una plata, se necesitaría otra reforma tributaria que financie esos gastos”, añade.
En cuanto a la protesta social, Dávila asegura que si bien Petro podría representar un “cambio de 180°” para la garantía de este derecho, no se puede olvidar que, cuando fue alcalde de Bogotá, “no le dio miedo usar la fuerza y tomar decisiones que tienden a lo autoritario y a lo restrictivo”.
De 9 pm a 5 am. Ciudad Bolivar entra en toque de queda por actividades de vandalismo en varios barrios.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 29, 2013
Con esto se refiere al toque de queda que implementó por localidades como respuesta a los desmanes ocasionados por protestas y a las ocasiones en las que recurrió al Esmad para disuadir a los manifestantes.
Y aunque para el profesor Dávila aún es muy apresurado dictar un juicio de lo que podría ser el gobierno de Gustavo Petro en este aspecto, sí enfatiza en que las decisiones tomadas sobre el futuro de la Policía Nacional dependerán mucho del trato que se le dará a la protesta social.
