La ciencia le dice no a la cadena perpetua para violadores

La ciencia le dice no a la cadena perpetua para violadores

Los titulares son aterradores: A la cárcel profesor de escuela de fútbol que abusaba sexualmente de sus alumnos, Capturan abogado comprometido en abuso sexual y pornografía infantil, A prisión hombre que secuestró, abusó y asesinó a una niña de nueve años… Las cifras que muestran el panorama de la situación no son para nada optimistas: según Medicina Legal, entre enero y abril del año pasado (2019) se reportaron más de ocho mil casos de este delito. Aunque en la mayoría de estas denuncias el victimario es familiar del menor o lo conoce, lo que de entrada ya limita la denuncia, más del 80% de estos casos no pasa de la indagación preliminar y las víctimas terminan sin ser reparadas y nuevamente puestas en peligro ante su agresor.

El monstruo existe. Está ahí. Ha estado desde hace muchísimos años, cada vez toma más fuerza y nada parece controlarlo. Por eso, para el gobierno y algunos congresistas lo único que se podría hacer es aprobar el proyecto de Acto Legislativo 21 de 2019 del Senado, acumulado con el proyecto de acto legislativo 047 de 2019 de la Cámara, que busca modificar la Constitución para darle hasta cadena perpetua a quienes abusen sexualmente de niños, niñas y adolescentes. Según sus defensores, este proyecto garantizará y protegerá definitivamente los derechos de los menores, y así se solucionaría un problema que parece infinito.

Pero esa misma propuesta ha generado debate en el país desde hace más de una década, pues para varios expertos las penas dispuestas para este delito ya son lo suficientemente altas y coinciden en decir que se trata de un acto facilista que no le atina al blanco. Yesid Reyes Alvarado, exministro de Justicia y profesor del área de derecho penal de la Universidad de los Andes, asegura que una ley como esta da una falsa sensación de tranquilidad. Según él, “se hace uso del derecho penal para satisfacer las demandas populares de justicia haciendo creer que ya hubo una intervención del problema, pero detrás de eso están absolutamente descuidadas y no intervenidas las causas del delito”.

El profesor Norberto Hernández, tutor del semillero en derecho penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana, califica esta medida como una cortina de humo y afirma que la propuesta obedece al uso del nefasto populismo punitivo. La razón, según él, es que “este tipo de iniciativas son utilizadas por los gobiernos para generar votos y aceptabilidad política, más en tiempos de crisis como el actual, generando en el pueblo una percepción de seguridad que no es cierta”.

A la fecha el proyecto ha pasado por siete de los ocho debates necesarios en el Congreso para ser aprobado. Aun así y suponiendo que sea votado a favor en último debate, algunos expertos en derecho penal como Hernández aseguran que existe una alta probabilidad de que la Corte Constitucional declare inexequible esta pena, “por lo que esto puede significar un mal uso del tiempo y recursos legislativos invertidos en una propuesta que no tiene viabilidad”, afirma el profesor.

Y es que incluso quienes redactaron el proyecto saben que la cadena perpetua es un trato cruel, inhumano, degradante, inconstitucional desde muchos puntos de vista y además viola tratados internacionales de derechos humanos. Por esa razón, decidieron aclarar en el proyecto que la pena, después de cumplidos 25 años de prisión, puede ser revisada para determinar si la persona condenada continúa recluida o pasa a otra medida sustitutiva de la pena como la libertad condicional.

Pero la inconstitucionalidad no es el único problema que tiene el proyecto, porque la investigación científica ha demostrado que el incremento de penas no logra disminuir la incidencia del delito, y asegura que esta medida no es más que un despropósito político por su ya comprobada ineficacia.

 

Ni viable ni funcional

Uno de los argumentos del acto legislativo para instaurar la cadena perpetua es la reincidencia o la reiteración del delito por parte del victimario, o sea la probabilidad de que una vez salga en libertad, después de pagar su pena, vuelva a abusar sexualmente de algún menor. Esa preocupación queda justificada en el papel al explicar que, en los últimos años, ha habido un alto incremento de delitos sexuales y violentos en contra de niños, niñas y adolescentes. Pero lo que hay que tener en cuenta también, como explica el profesor Manuel Iturralde, ¿de dónde? es que “las denuncias por este tipo de delitos han aumentado de manera notable, pero no hay estudios rigurosos que expliquen por qué ha sido así”. Con esto, el experto se refiere a que el hecho de que haya más denuncias no responde al interrogante de si los victimarios son reincidentes o no.

Pero vamos más allá. En 2005 en Colombia se expidió una ley que castiga el abuso sexual seguido de la muerte del menor con 60 años de prisión – una de las penas más altas en el país – y rebajas de hasta 20 años por estudio, trabajo o enseñanza. El abogado Reyes reflexiona con un ejemplo de una persona condenada justo en el momento en el que salió dicha ley: “si tiene 30 años y logra reducir la pena, saldrá de la cárcel en el 2045. De tal manera que el primer momento en el que vamos a saber si la ley expedida en el 2005 funcionó y se evitó la reincidencia será a partir del 2045, cuando esta persona tenga 70 años y salga libre”. Por esa razón, según Reyes, antes de aprobar tal proyecto el Congreso debe darse la oportunidad de verificar si su última gran reforma legislativa funciona, y agrega que “asumir anticipadamente, 25 años antes, que la ley no va a servir para que con base en esto se incrementen las penas es, a mi modo de ver, populismo punitivo”.

Por otro lado, es claro que en un estado social de derecho, específicamente el colombiano, la finalidad de la detención carcelaria es la de resocializar a las personas privadas de la libertad, pero eso no se logra hoy en día por las precarias condiciones del sistema penitenciario colombiano. “Si actualmente no logramos la resocialización en un sistema que no tiene cadena perpetua, mucho menos lo vamos a poder hacer con la cadena perpetua, e implementar esta medida agudizaría la crisis”, indica el profesor javeriano Hernández.

 

Hacinamiento carcelario

Las condiciones en las que viven la mayoría de las personas privadas de la libertad en Colombia vulneran constantemente sus derechos fundamentales. Bruno*, un recluso de la cárcel La Modelo de Bogotá, ha visto con sus propios ojos la desigualdad y la corrupción que cobijan al sistema penitenciario del país. Cuenta que allí hay gente que gracias a sus recursos puede hacer compras en el expendio oficial de la cárcel, adquirir tarjetas para hacer llamadas y acceder a ciertas comodidades. Pero al mismo tiempo, él asegura que “de forma ilegal, especialmente en los patios donde hay hacinamiento y debido a la corrupción, hay personas que pueden comprar una celda adjudicada de forma exclusiva, así tengan que sacar a dos o tres personas que estaban ahí y hacerlas dormir en los pasillos”.

Llegó a la cárcel en 2017 por cuestiones muy diferentes a la violencia sexual contra menores, y desde que puso un pie ahí se dio cuenta de la crisis: “debido al hacinamiento nos tocaba esperar en fila para ir avanzando hacia la zona del patio donde había menos humedad. Si yo hubiera tenido dinero, seguramente habría llegado directo a una celda, pero no. Luego de un tiempo se hizo el esfuerzo y logré comprar un espacio para vivir con dos personas más”. Bruno asegura que no todos los internos cuentan con esa suerte. Incluso hay personas que no pueden pagar por una celda y tienen que dormir en los baños, al lado de los inodoros, que muchas veces no tienen agua y sus colchonetas terminan llenas de deshechos humanos. Es tanta la gente que ni siquiera hay cupos para trabajar, hacer otro tipo de actividades o incluso caminar por el patio.  En cuanto a la alimentación, dice que ha venido mejorando progresivamente, pero que los alimentos no cumplen con las porciones adecuadas y a veces pueden estar crudos.

Está demostrado con la experiencia estadounidense que, contrario a lo esperado, “las personas que están condenadas a cadena perpetua son muy problemáticas por algo racionalmente normal y es que no tienen nada que perder”, asegura Hernández, quien coincide con la postura de Iturralde: “pueden ser personas que se vuelvan aún más antisociales, mucho más reacias a seguir órdenes e incluso negadas a recibir un proceso de resocialización”.

A esto hay que añadirle el costo económico que representa para el sistema el encarcelamiento de una persona. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), una persona privada de la libertad puede costar aproximadamente dos millones de pesos mensuales, es decir, 24 millones al año, y no hay suficiente dinero para hacerlo sostenible. En los países nórdicos, donde hay menor comisión y reincidencia del delito, las cárceles tienen un modelo ejemplar. En Noruega, la prisión de alta seguridad de Halden lo representa: tiene tan solo 258 internos con penas no mayores a 30 años y con todas las condiciones dignas para estar ahí: espacios físicos adecuados, talleres altamente especializados, acompañamiento profesional personalizado, ayuda de las empresas para conseguir empleo y funcionarios cualificados con especialidad en el manejo del sistema penitenciario. Como en Colombia no existe nada parecido a esto, los expertos coinciden en que es iluso creer que con las condiciones y recursos con los que se cuenta actualmente pueda generarse la resocialización dentro de una cárcel.

Por último, y como punto esencial de lo que se espera con esta medida hay que mencionar que para varios expertos, contrario a quienes defienden el proyecto, la prisión perpetua para violencia sexual contra menores no garantiza ni protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluso puede resultar peligroso para la víctima. Por un lado, y aunque como dice la senadora Angelica Lozano, “imaginarlo suene aberrante”, delitos como el homicidio podrían llegar a ocultar el abuso sexual, pues al cometer un crimen que tiene menos años de condena como el homicidio, el atacante podría abusar sexualmente y luego recurrir al asesinato para que sea condenado por este último y así evitar la cadena perpetua. Por otro lado, el abuso sexual, al ser un delito cometido dentro del entorno familiar o cercano del menor, puede incrementar la impunidad por la omisión de denuncias para evitar las consecuencias de la cadena perpetua.

En palabras de Yesid Reyes, “es imposible hablar de que se protege la vida de un niño al encerrar en la cárcel de por vida a quien cometió el delito cuando la vida del niño no estuvo protegida previamente”. Para no ir muy lejos, a modo de llamado de atención, Ómar Bravo, doctor en psicología y profesor de la Universidad ICESI, recuerda el imborrable caso Garavito: “la pregunta es ¿qué pasa en una sociedad en la que decenas de niños y niñas pueden ser victimizados sin que esto genere un escándalo? ¿Por qué el alboroto solo se genera cuando se identifica esta monstruosa brutalización?”.

 

¿Qué medidas tomar?

No hay discusión en que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes debe primar en la sociedad y los actos de violencia contra ellos no son justificables. Sin embargo, la dignidad humana no puede ser sacrificada en un estado social de derecho. “Lo que tenemos que entender es que hay unas necesidades especiales de una población que ha sido victimizada y hay una serie de garantías de derechos que debemos respetar. Son dos problemáticas que debemos atender”, asegura Luis Vélez Rodríguez, profesor de derecho penal y criminología de la Universidad de Manizales.

Considerando las medidas que se deben tomar cuando el delito ya se ha cometido, los expertos aseguran que la apuesta del sistema penal debe estar encaminada a la resocialización y acompañamiento de las personas privadas de la libertad para que puedan reinsertarse a la sociedad y evitar que vuelvan a cometer el delito. Para esto, insisten en que es necesario pensar en una política criminal basada en la resocialización y no en el populismo punitivo e incremento de penas que de por sí ya son altas.

Adicionalmente, los programas de protección a víctimas tienen que fortalecerse, pues una de las preocupaciones centrales dentro de la administración de justicia es la operatividad del sistema vigente. Tal como dice Gloria Carvalho, representante de la alianza para la niñez, “el proceso de investigación contra un agresor sexual puede durar hasta siete años y la administración de justicia en ese sentido es negligente”, y eso sin profundizar en que el 94% de los casos que dice Carvalho quedan impunes y hacen parte de la cifra negra de criminalidad al nunca ser conocidos por el sistema judicial.

Antes que pensar en la condena hay que preocuparse por la impunidad, y para acabarla totalmente es necesario primero fortalecer los mecanismos de investigación judicial especializada para la niñez, así como garantizar la formación de los jueces para la adecuada aplicación de las medidas de justicia. Por eso, los científicos afirman que es mucho más sensato ocuparse de intervenir las causas del delito, que finalmente es lo único que puede evitarlo, y así realmente proteger los derechos de los niños. Además, en este proceso hay que prestarle mayor atención al hecho de que el 83% de los victimarios son personas que pertenecen al entorno familiar o íntimo de las víctimas, de las cuales en su mayoría son mujeres. Entonces, ¿qué está pasando en los núcleos familiares?, ¿se está haciendo el debido seguimiento? Es necesario buscar una solución real a ese problema antes de que los derechos de los menores sean vulnerados, insiste Carvalho.

La violencia sexual a niños, niñas y adolescentes es un monstruo que, sin discusión, hay que atacar. Sin embargo, los expertos se mantienen en que no vale la pena perder el tiempo en proponer falsas soluciones que al final terminan dándole largas a una problemática que requiere de otras acciones puntuales. Algunas recomendaciones de los investigadores para prevenir este delito se basan en el seguimiento a los núcleos familiares vulnerables, así como una mayor inversión social destinada a educación sexual y reconocimiento de comportamientos que puedan ser señal de abuso. También se podrían tener en cuenta medidas como el fortalecimiento del ICBF, de canales de atención a víctimas y campañas de reivindicación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sea como sea, es muy importante que los congresistas que están votando el proyecto tengan en cuenta estas propuestas y la investigación científica para tomar decisiones que logren cambios significativos.

*Nombre ficticio por solicitud de la fuente.

Cárceles en Colombia, una “olla a presión” en tiempos de COVID-19

Cárceles en Colombia, una “olla a presión” en tiempos de COVID-19

“Tengo miedo”, dice José con voz vehemente, un interno de la cárcel Modelo de Bogotá. “Estamos sobrepoblados, y a pesar de que yo estoy en un patio con algunas comodidades, hay otros en donde uno duerme encima del otro”. No es lo único. Según cuenta, la calidad de la comida que les dan es mala, y con el tema de la salud, “si yo me enfermo y no es una urgencia ‘pailas’, aquí no nos atienden. Cúrese usted solo, esa es la verdad de acá”. Agrega que tal vez con la crisis del virus la atención sea más rápida, “pero es difícil incluso poder ir a sanidad porque no hay suficiente personal para atender a toda la gente”.

Lo que él dice no varía mucho de lo que pueden relatar otras personas privadas de la libertad. Es más, la falta de garantías en las cárceles no es una novedad ni para sus familias, ni para algunos defensores de derechos humanos, ni para la Corte Constitucional. Y es que, según Liliana Sánchez, investigadora y directora del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, en nuestra sociedad existe una concepción errónea de que la violación a los derechos humanos de la población carcelaria hace parte del castigo, de la condena por haber cometido un delito. Insiste en que “el único castigo que se les debe imponer es la privación de la libertad. No es necesario además privarlos de salud y de otras garantías fundamentales. Lo que estamos viviendo con la pandemia es la precariedad del sistema en muchos aspectos y los problemas de la política criminal”.

Leonardo Rodríguez, psicólogo clínico y forense, doctor en criminología y profesor de la misma universidad, explica que en términos de política criminal, a pesar de que el sistema penitenciario nacional cuenta con programas de justicia transicional y justicia restaurativa, “todavía nuestra concepción de justicia está basada en la venganza y poco tenemos en cuenta el panorama de la rehabilitación, la resocialización o reeducación de pena del victimario bajo los principios de justicia restaurativa”. Añade que esa es la razón fundamental de estos problemas de hacinamiento, de salud, de falta de programas altamente especializados para la reintegración, y eso, de una u otra forma, permite que “cuando las personas salen de la cárcel los niveles de reincidencia sean muy altos”.

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La pandemia

L* lleva nueve años en la cárcel y siete de ellos los ha pasado en La Picota, en Bogotá. Al principio, veía la COVID-19 como una enfermedad lejana, una noticia más que aparece en los medios. “Pero el miedo empezó cuando se presentaron las primeras muertes en Colombia y entre las personas internas empezamos a hablar del caos que se iba a formar cuando apareciera el primer caso del virus dentro de las cárceles”, cuenta.

Esta entrevista se hizo poco después del 21 de marzo, cuando hubo diferentes protestas y amotinamientos en varias cárceles del país. El desenlace más trágico fue en la cárcel Modelo en donde, según cifras oficiales, hubo 23 internos muertos y otros cientos heridos contando a los guardias. Aunque menos violentas, en La Picota también hubo manifestaciones. L, que no participó activamente en la revuelta, recuerda que las cosas se empezaron a “calentar” cuando el INPEC no entregó información sobre la enfermedad, no implementó medidas de bioseguridad, ni nada que pudiera darles algo de tranquilidad a los internos.

Días después de hablar con L, el 10 de abril, se supo lo inevitable: una persona de 63 años recluida en la cárcel de Villavicencio murió por COVID-19. Fue una noticia alarmante pero no sorpresiva. De hecho, desde finales de marzo varios expertos vienen asegurando que las cárceles no son más que un barril de pólvora que puede estallar con una mínima chispa, que puede ser, una persona infectada a la que no se le apliquen los cuidados necesarios. Y realmente es factible que eso suceda: según una investigación del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, las posibilidades de acceso a la salud de una persona interna son 30 veces menores comparadas con las que tiene una persona en libertad. A la fecha se registró otra muerte en la cárcel de Villavicencio, 16 nuevos casos en la misma ciudad y un contagio de un guardia en la Cárcel Distrital en Bogotá.

Frente a la emergencia del 21 de marzo, el Gobierno Nacional declaró la emergencia carcelaria, y el Ministerio de Justicia y el INPEC expidieron, el 14 de abril, el decreto 546 con el que buscan solucionar el problema más urgente que es el hacinamiento para mitigar el riesgo de contagio. medida consiste en dar prisión domiciliaria por seis meses, es decir, de forma transitoria, a personas mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de 3 años, personas con enfermedades graves, con discapacidad o movilidad reducida; personas que hayan cumplido el 40% de su pena privativa de la libertad en la cárcel, y aquellas que estén pagando penas por delitos menores. Esto excluye a internos recluidos por delitos sexuales, de lesa humanidad o contra el Estado. Según dijo la ministra Margarita Cabello en un video a la opinión pública, “la idea es que puedan salir personas que no sean un peligro para la sociedad”.

A eso se le suman otras medidas tomadas por el Gobierno como la restricción de visitas y el acuartelamiento de guardias, pero aun así sigue siendo difícil mitigar las consecuencias de una posible cadena de contagio porque, como explica la investigadora Liliana Sánchez, “el cálculo que tiene el Ministerio de Justicia para la aplicación de estas medidas es que más o menos van a salir en libertad entre 4 mil y 15 mil personas, siendo este el número más optimista. Pero, teniendo en cuenta que nuestro hacinamiento llega al 54,9%, al salir estas personas, igual vamos a seguir con más de 30 mil internos extra en los establecimientos penitenciarios frente a la capacidad que estos tienen”.

Ante esto, algunas personas privadas de la libertad se manifiestan. “La huelga de hambre continua”, dice uno de los internos de La Picota. “El decreto es absolutamente insuficiente. No ofrece un análisis serio de política criminal y antes que una solución efectiva, antes que una solución médica para evitar el contagio y para el hacinamiento, lo que hace el Gobierno es militarizar la cárcel y rodearla”, asegura el mismo interno quien agrega que en esta cárcel no se registran contagios porque precisamente no se ha hecho la primera prueba. Por esa razón, los internos solicitan reunirse cuanto antes con defensores de derechos, Procuraduría, Ministerio de justicia y Comité Internacional de la Cruz Roja para plantear sus necesidades.

Dentro de las solicitudes se encuentran medidas de prevención, protocolos de ingreso vehicular, de personas, insumos y transporte de alimentos; entrega de elementos de bioseguridad (jabón, tapabocas, guantes, etc.); no ingresar nuevos internos a los patios ni hacer cambios dentro de ellos; atención médica oportuna; entre otras que implican rebaja de penas y solución efectiva al hacinamiento.

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Pero ante la solución del Gobierno de conceder ciertas excarcelaciones, los expertos también han empezado a cuestionar la celeridad de estos procesos que serán adelantados por jueces, quienes además tendrán encima muchos factores que los presionarán ante la posibilidad de negar o conceder la libertad. También se preguntan qué va a pasar con la supervisión de las personas a las que se les dará prisión domiciliaria, porque lo cierto es que el INPEC no tiene suficientes funcionarios ni recursos para asumir adecuadamente esta función. Y un cuestionamiento adicional es que las penitenciarías han asegurado que no pueden recibir más internos porque esto aumentaría el riesgo de contagio, así que sigue siendo incierto el destino de las personas que delinquen por estos días.

Por el momento, el miedo dentro de las cárceles sigue latente. L, por ejemplo, asegura que se siente en peligro por cuatros razones fundamentales: “Primero, por las pocas garantías que ofrece el INPEC para la seguridad y salud de las personas privadas de la libertad. Segundo, porque no existe un plan de contingencia frente a la posibilidad de contagio. Tercero, porque el Ministerio de Salud no ha enviado los artículos de protección como jabón, guantes, tapabocas o alcohol, ni ha realizado las campañas de sensibilización con respecto al tema. Y cuarto, porque al no haber ninguna solución al hacinamiento, ni a la crisis carcelaria en general, esto puede terminar en más amotinamientos”.

La salud mental está en riesgo

La incertidumbre por la pandemia avanza en el mundo. Las personas privadas de la libertad no son ajenas a ese sentimiento y es en este tipo de situaciones cuando la mente suele empezar a hacer de las suyas. Andrea Catalina Lobo, psicóloga jurídica, abogada y profesora de la Javeriana, explica: “los factores carcelarios recaen en distorsiones perceptivas, afectivas, emocionales, cognitivas y conductuales, generalmente causadas por estar sometidos a condiciones de permanente tensión”. Según esta investigadora, las personas privadas de la libertad pueden desarrollar síntomas relacionados con la ansiedad, la depresión o trastornos de estrés, así como baja autoestima, problemas de adaptación, entre otros. “Esto se asocia a que las reclusiones en Colombia se dan en contextos hostiles. La salvaguarda de la integridad y la propia vida es una preocupación constante para quien se encuentra allí, y eso implica estar sometido a factores de estrés. La separación de la familia, la incertidumbre por el bienestar y la salud de los familiares suelen ser otros factores estresores de gran importancia”, agrega Lobo.

Si a esos factores les sumamos el miedo por un posible contagio propio o de algún ser querido y la restricción de las visitas, es normal que el malestar psicológico de los internos aumente. De acuerdo con Lobo, “es la misma afectación en la salud mental que puede tener cualquier ciudadano incluso en libertad, y que igual está expuesto a las noticias fatalistas, las noticias falsas o la desinformación que incrementan el pánico”. Además, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de personas privadas de la libertad no han tenido un adecuado acompañamiento psicológico y psiquiátrico bien sea porque no lo han pedido debido el mismo desconocimiento que existe alrededor de la salud mental, o porque simplemente el INPEC no se los concede.

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¿Qué se puede hacer?

Aunque esta situación parece ser un callejón sin salida, los investigadores javerianos coinciden en que sí hay soluciones, pero el sistema tiene que hacer cambios radicales en su política criminal y no solo por la coyuntura de la pandemia. Si no es así, solo serían pañitos de agua tibia que no van a resolver el problema de raíz del sistema penitenciario. La profesora Lobo insiste en que las mejoras deben hacerse con vocación de permanencia, como por ejemplo “dejar de pensar en la justicia punitiva y reconocer a la justicia restaurativa como una verdadera opción para reparar a la comunidad o a las víctimas por el daño que se cometió con el delito”.

Las soluciones que han resultado útiles en otros países le apuestan a una política criminal enfocada en la prevención de los delitos, en el fortalecimiento de comunidades vulnerables, y en el establecimiento de alternativas a la prisión, para sancionar a los infractores que cometan delitos no violentos y que no representen riesgos serios para la seguridad ciudadana, en eso está de acuerdo la profesora Sánchez.

Ahora, en términos estructurales, los investigadores le apuntan a que el reto está en que se necesitan programas que realmente sean rehabilitadores, y recomiendan el trabajo interdisciplinar para atender tanto la crisis actual como en general. Según el profesor Rodríguez, “se necesitan profesionales altamente especializados: médicos, enfermeros, epidemiólogos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales que apoyen a esta población altamente vulnerable que está en las cárceles. Incluso creo que debe haber grupos especializados en atención a crisis y primeros auxilios psicológicos”.

Lobo advierte que el personal del INPEC también es altamente propenso a sufrir los efectos negativos de la cárcel tanto en su salud física como mental. Por eso, dice que las medidas que se tomen con los internos deben ser también para la guardia: “dar información sobre el virus, sobre los protocolos de salubridad específicos y rigurosos, que se explique la naturaleza de cada medida y los efectos concretos de su incumplimiento, y en general acompañamiento psicosocial y psicoeducativo”.

* Nombre ficticio por solicitud de la fuente

Sin espacio para ellas

Sin espacio para ellas

Los dolores en el bajo vientre comenzaron esta mañana pero ese no es el mayor de sus problemas, pues la ración de toallas higiénicas se ha acabado y debe comprarlas con las otras internas. En su monedero escasea el dinero y el fin de semana pasado su familia no pudo llevarle los implementos de aseo que pedía. Por el contrario, recibió noticias poco alentadoras: hace dos meses su hija mayor dejó el colegio y entró a trabajar en un almacén para ayudar a su abuela a criar a sus hermanos, cuyo rendimiento escolar empeora cada día. De su exesposo, el padre de sus hijos, no hay noticia alguna desde hace más de cinco años.

A ella aún le faltan algunos años para merecer alguna rebaja por pena cumplida. Se esmera en los talleres de costura para cumplir con la cuota mensual de producción y recibir algo de dinero para sobrevivir en prisión, pero lo que le inquieta no es que los días pasen, sino lo que sucederá una vez esté afuera. ¿Quién la contratará? ¿Cómo se ganará la vida con los sueldos limitados de la confección? ¿Cómo sacará a sus hijos adelante y apoyará a su mamá en la vejez? ¿Cómo evitará volver tras las rejas? El cielo gris metalizado y el poco aire que se percibe en el patio no le dan buena espina.

Ella bien podría llamarse María, Soledad, Leidy, Beatriz, Consuelo… Su perfil coincide con el de las otras 8.203 mujeres que, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), estaban recluidas en Colombia a enero de 2019. Una población que, más allá de los números fríos, se enfrenta a una situación de abandono, no solo por el hacinamiento carcelario o la vulneración de sus derechos —que ha llevado a la Corte Constitucional a criticar la falta de un enfoque de género en la política carcelaria del país—, sino porque, una vez recobrada la libertad, las posibilidades de regresar a la cárcel son bastante altas.

“Algunos jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad entrevistados nos indicaron que muchas mujeres reincidían porque estaban sin un peso, tenían hijos y al final no había otra opción diferente al delito. Era eso o dejar morir a sus hijos”, relata Astrid Sánchez, doctora en Derecho, profesora asociada y directora del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella lideró la investigación que por cerca de dos años, y con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE), indagó en las condiciones de reclusión de las mujeres a través de 1.123 encuestas en siete cárceles de Colombia.

“Durante los últimos 50 años hemos visitado las cárceles colombianas para conocer de primera mano las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad y propiciar, a través de un diálogo confidencial con las autoridades penitenciarias, las mejoras que estén a su alcance”, explica Karin Etter, coordinadora de Detención del CICR para Colombia, organismo que se ha acercado a nuevos espacios, fundamentalmente académicos, para precisar la verdadera naturaleza de esta situación: “En Colombia ya se habían trabajado en el pasado estudios sobre mujeres detenidas, pero no con una aplicación de entrevistas a las mujeres privadas de la libertad en las dimensiones que lo realizamos con la Javeriana”.


Las mujeres privadas de la libertad

La intrincada situación carcelaria en el país comenzó a develarse para los investigadores cuando se toparon con la realidad desbordante: la tasa de encarcelamiento pasó de 84,3 presos por cada 100.000 habitantes en 1991 a 236,7 en junio de 2018, es decir, creció casi tres veces. En esos 28 años, las mujeres privadas de su libertad aumentaron un 429% al pasar de 1.500 a 7.944.

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Una mirada desprevenida llevaría a inferir que estas cifras reflejan el incremento en los niveles de criminalidad y violencia en el país, pero el ojo académico las ve como la consecuencia de la adopción de reformas punitivas en las últimas décadas. “Ha habido varias reformas legales en las que se aumentaron las penas y se expandió el uso de la detención preventiva. De esta forma, más gente ingresa a prisión durante más tiempo y, por supuesto, esto termina afectando las tasas y las condiciones de encarcelamiento”, comenta Sánchez.

En 2017, con la encuesta diseñada, el equipo de investigadores viajó por todo el país preguntándoles a las reclusas sobre las condiciones en la cárcel, sus razones para haber delinquido y sus expectativas de vida para el momento en que retornen a la libertad. Comenzó con una prueba piloto en la Cárcel Distrital de Bogotá y continuó aplicándola en siete cárceles de Caldas, Tolima, Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Córdoba y Bogotá, exactamente en El Buen Pastor, la cárcel de mujeres más grande del país.

Así, de respuesta en respuesta, los investigadores construyeron el perfil de las reclusas en Colombia y sus necesidades diferenciales: mujeres que nacieron en difíciles condiciones económicas, que no han terminado la secundaria, que fueron víctimas de violencia (intrafamiliar, sexual, afectiva, etc.) alguna vez en su vida, y que son madres cabeza de familia. De acuerdo con las cifras del Inpec de 2018, el 45,2% de las mujeres privadas de la libertad habían sido procesadas por tráfico y tenencia de estupefacientes; un 28,7%, por concierto para delinquir; el 17,4%, por hurto; el 13 %, por homicidio; y el 7 %, por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

Una vez en prisión, la vida sigue castigándolas con condiciones precarias de salubridad, difícil acceso a elementos básicos de aseo y noticias a medias de lo que ocurre con sus hijos. Y, especialmente, con una perspectiva llena de pesimismo. “Las cárceles tienen programas laborales mucho más enfocados en artesanías, costura, tareas que son tradicionalmente femeninas y que no son tan relevantes para el mercado laboral. Pareciera que la cárcel no solo reproduce la subordinación de las mujeres, sino que la refuerza. Por el contrario, cuando les preguntábamos a las internas sobre temas para programas nuevos, nos expresaban que les gustaría capacitarse en sistemas, idiomas y una gran variedad de temas que se alejan de los estereotipos femeninos tradicionales”, asegura Sánchez.

Los resultados de esta investigación están consignados en un informe con recomendaciones puntuales de política pública, que el CICR, el CIDE y la Javeriana lanzaron en conjunto en febrero de este año. Una de las recomendaciones principales es adoptar alternativas a la prisión para mujeres infractoras por primera vez, con responsabilidades de cuidado y que hayan cometido delitos no violentos. Como recalca Etter: “Estas medidas son de varios tipos e involucran a las tres ramas del poder público. De allí que esperamos que las autoridades definan estrategias de corto, mediano y largo plazo que se deben llevar a la práctica”.

 


TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde una perspectiva de género
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Astrid Liliana Sánchez Mejía COINVESTIGADORES: Leonardo Rodríguez Cely, Juliana Morad Acero y Gustavo Fondevila
Facultad de Ciencias Jurídicas
Facultad de Psicología
Comité Internacional de la Cruz Roja
Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE)
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2016-2018

 

Esta galería fotográfica muestra el día a día de las mujeres que pagan sus condenas en las cárceles colombianas.