La casa es de todos

La casa es de todos

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), entre 2013 y 2015 se reportaron más de 1.100 casos de intoxicación por mercurio en Colombia, alcanzando su pico en 2014 con 779 registros; ante esta situación, y con el fin de mitigar el impacto de inhalar el vapor de este metal, especialmente en el caso de los mineros, desde 2013 (Ley 1658 de ese año) el Gobierno nacional ordenó erradicar el uso de mercurio en la minería a 2018.

Sin embargo, esta tarea no se ha cumplido a cabalidad porque no fue sino hasta el pasado 7 de noviembre del 2018 que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó por primera vez el Plan de Acción Sectorial Ambiental de Mercurio para erradicar este metal en el país con miras a 2023 y con la responsabilidad de buscar financiación internacional para conseguirlo. Las zonas más vulnerables donde se realiza la minería ilegal son Bolívar, Santander, Nariño, Chocó, Antioquia y Cauca, por lo que se requiere de actividades de investigación, prevención y pedagogía con la intención de suprimir este elemento tóxico que es “perjudicial para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo y los pulmones y riñones, con consecuencias a veces fatales”, como afirma la OMS.

Como alternativa a esta práctica, Heyler Serbando Moreno, representante legal del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan – Chocó (ASOCASAN), explicó el proyecto Oro verde, que ha desarrollado unidades productivas en torno a prácticas de minería y agricultura para que la extracción del oro no compita con la conservación del ecosistema, sino que sea considerada como una actividad sostenible. En su opinión, “toda la minería puede ser sostenible si se tienen en cuenta a los actores que en ella convergen. Esto significa que, como consejo comunitario, tratamos de fortalecer la minería artesanal pero conservando lo verde que tenemos en el territorio”. Es decir, no es lo mismo trabajar con máquinas como las que usa la minería mecanizada o ilegal a practicarlo con bateas, tal y como lo hacen en el territorio, afirmó.

Así lo explicó en el marco del seminario ‘Enfoques y prácticas de conservación ambiental: lecturas desde Laudato Si’, un espacio diseñado por la Pontificia Universidad Javeriana para comprender la responsabilidad social que hay en torno a la conservación del ecosistema y conocer el resultado de prácticas de protección ambiental en Colombia a partir de proyectos de investigación de las comunidades. Cabe destacar que este encuentro hace parte de una serie de conferencias propuestas por la Javeriana para poner sobre la mesa temas relacionados con el cuidado de la casa común, es decir, el planeta y sus ecosistemas.

Este evento se llevó a cabo el pasado martes 2 de abril y contó con la presentación de ocho experiencias de conservación ambiental narradas por sus actores en diversos escenarios geográficos: Boyacá, Risaralda, Chocó, Amazonas, Cundinamarca, Bogotá y la costa Caribe. Su tema central fue la ‘conservación’ y su relación con prácticas como agricultura, ganadería, minería, turismo, cuidado de especies silvestres, conocimiento ancestral, investigación y ecología urbana.

La intervención sobre conservación y agricultura estuvo a cargo de Luz Marina Peralta, agricultora y miembro de la iniciativa Agroecología y tubérculos andinos en Turmerqué y Ventaquemanda, que ha fomentado la conservación y uso de tres especies nativas de la zona andina: la ibia, el cubio y la ruba, para reconocer la variabilidad morfológica de estos alimentos, las prácticas de cultivo, sus usos y valoraciones respecto a nutrición y seguridad alimentaria, al igual que “crear huertas caseras, campañas de reciclaje y talleres con los niños de la zona para que se apropien del conocimiento y le tengan gusto a estos alimentos y no a los comerciales, como las hamburguesas, que están de moda”.

/ Tatiana Arboleda.
/ Tatiana Avellaneda.

El cuidado de especies silvestres se abordó desde del proyecto Conservación del caimán aguja (crocodylus acutus) en los manglares de la Bahía de Cispatá, en Córdoba, y estuvo a cargo del pescador Jorge Díaz Martínez y el coordinador de la iniciativa, Giovanni Ulloa. Su labor se ha orientado a la recolección de especímenes que están en peligro y, de ahí, la reflexión sobre la preservación ambiental y su relación con la encíclica Laudato Si’: “Un error que suelen cometer los investigadores es ignorar el conocimiento de las comunidades sobre su cotidianidad con el ecosistema […] entonces, si no se les da valor a sus prácticas, la biodiversidad no se va a poder cuidar”.

Sobre este mismo tema, el Capitán Francisco Arias, director general del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar), aseveró que urge la tarea de formar una conciencia colectiva en Colombia sobre la preservación de los ecosistemas, no solo terrestres sino también marinos, ya que, por ejemplo, las playas son un ecosistema altamente amenazado con el turismo, por eso el 17% de la costa del Caribe colombiana está en proceso de erosión severa. Adicionalmente, Arias señaló que Colombia tiene alrededor de 43 mil hectáreas de pastos marinos en el Caribe y esta cifra corresponde a la mitad de los que se tenía a inicios del siglo XX; actualmente, el lugar más crítico es la bahía de Cartagena.

El fin y compromiso con este encuentro es hacer un llamado a la comunidad, mediante experiencias positivas en conservación, para asumir un rol de cuidador y protector de la casa común como se destaca en Laudato Si’: “Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados, que no podrán apartarse para ser tratados individualmente […] Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades”. No en vano, la Organización de las Naciones Unidas anuncia periódicamente problemáticas medioambientales que ponen en jaque a la humanidad: nueve de cada 10 personas respiran aire contaminado debido a las emisiones del tráfico, la industria, la agricultura y la incineración de residuos, y más de 3.000 millones usan combustibles contaminantes al interior de sus hogares para cocinar y calentarse.

“El empoderamiento es la mejor herramienta para la conservación del ecosistema; no se debe desconocer que los tiempos del hombre no son los tiempos de la naturaleza, por eso nuestra tarea inicia con la revolución de las cosas pequeñas para aportar cambios positivos que le hagan bien nuestra esta casa común”, concluyó Harvy Murillo, director de la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco, tras socializar su experiencia sobre el turismo y la conservación en el Santuario de fauna y flora Otún Quimbaya, en Pereira.

 


El próximo lunes 8 de abril en Bitácora, programa de difusión científica de Javeriana Estéreo, Heyler Serbando Moreno contará las experiencias y el trabajo del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan – Chocó (ASOCASAN) en torno a la agricultura y la minería sostenibles. Escúchelo a partir de las 8:00 p.m. en la frecuencia 91.9 de FM, en Bogotá.

Resistencias de comunidades frente a proyectos mineros

Resistencias de comunidades frente a proyectos mineros

La minería no solo ha provocado daños irreparables al medio ambiente, sino que está generando consecuencias devastadoras en la economía, las relaciones sociales, la salud de los campesinos colombianos, y está alterando su relación con la Madre Naturaleza. Así lo evidencian dos investigaciones realizadas por profesores de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes se enfocaron en la realidad de los campesinos y comunidades étnicas colombianas para estudiar las implicaciones que ha tenido la extracción ilícita de minerales en el país.

“Las resistencias”

Como parte de su estudio doctoral, Flor Edilma Osorio y Aida Julieta Quiñones Torres realizaron una investigación-acción colectiva sobre las resistencias que se presentan en La Toma (Cauca) y La Colosa (Tolima), frente a los megaproyectos minero-auríferos que allí se están llevando a cabo. El estudio está vinculado a la tesis doctoral que adelanta la profesora Quiñones bajo la dirección de Osorio.

Uno de los procesos de investigación se realiza en el municipio de La Toma, con una población que ha sido víctima del conflicto armado y de la expansión minera. A este lugar llegaron una multinacional minera y otros foráneos con el fin de extraer oro. La investigadora relata que Ingeominas, entidad que para ese entonces era la encargada de entregar los título en este territorio étnico —responsabilidad que ahora recae sobre la Agencia Nacional de Minería—, lo hizo sin adelantar una consulta previa y sin solicitar los consentimientos informados requeridos para la extracción, por lo que se violaron los derechos de las comunidades y se configuró un hecho inconstitucional.

La investigación comprobó que, además de la multinacional y de los titulares foráneos, también llegó un grupo de personas con retroexcavadoras al río Ovejas, y generó de manera inmediata un grave impacto ambiental y social sobre las comunidades y sus territorios ancestralmente configurados. “Todo esto denota una estrategia de despojo o ‘vaciamiento del territorio’, como lo entendemos desde nuestro estudio. Con esto se puede advertir que, si no se pudo sacar a las comunidades por vía del desalojo pretendido en 2010 para entregarlo a multinacionales y otros foráneos, entonces se irrumpe con minería ilegal-criminal, para finalmente vaciar el territorio. Esta es una estrategia, ya que se envenenan las aguas, y quien se oponga es amenazado de muerte, como les sucede a los representantes del Consejo Comunitario de La Toma y a la Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y de los Territorios Ancestrales, siendo algunas de ellas igualmente integrantes del Consejo Comunitario y de otros consejos del norte del Cauca”, explica Quiñones.

Colonias de bacterias aisladas del agua de consumo las cuales indican contaminación de origen fecal.
Colonias de bacterias aisladas del agua de consumo las cuales
indican contaminación de origen fecal.

Así, las comunidades están viviendo esta situación sin una respuesta eficiente por parte de las instituciones gubernamentales, que deben velar por el cumplimiento de los derechos de las comunidades étnicas, argumenta la investigadora.

“Como resultado, observamos que, pese a todo lo que enfrentan las comunidades, estas han logrado posicionar su resistencia. En La Toma, además de ‘hacer resistencia’ como forma de oponerse, se ‘re-existe’, ya que no solo hay oposición, sino lucha por la vida, por su ancestralidad y por lo que dejarán a sus renacientes”, dice.

Por otro lado, continúa Quiñones, en Cajamarca (Tolima) existe una mina llamada La Colosa, donde también se ha levantado un proceso de resistencia de las comunidades. Dicha mina está en manos de una multinacional que no solo encuentra resistencia campesina, sino urbana: “allí también existe una resistencia ecorregional, ya que en otros municipios como Salento (Quindío) también rechazan este tipo de minería a gran escala, que se hace a cielo abierto. Actualmente la resistencia que hace la población en esta zona combina tanto lo político como lo jurídico y lo estético, que estuvo representado en las Marchas Carnaval, las cuales ya no solo se realizan en la ciudad de Ibagué, sino en muchos municipios del Tolima y Quindío”.

El estudio evidencia, pues, que la gente ha logrado consolidar su resistencia, y para posicionarla
ha creado ciertas estrategias como flujos comunicativos, gran cantidad de alianzas desde las cuales se fortalecen estos procesos y otras que buscan más transparencia en la información, concluye Quiñones.

Contaminación del agua en Bolívar

En el norte del país, la minería ilegal que se practica en Simití (Bolívar) ha hecho que el agua no sea apta para el consumo humano. Esa es la principal conclusión de la investigación que adelanta la integrante del Departamento de Microbiología de la Universidad Javeriana, María Claudia Campos Pinilla, quien busca evaluar los efectos que causa la minería de oro en el agua de río Boque y establecer las posibles consecuencias en la salud de las personas.

Gracias a una convocatoria de la Compañía de Jesús, la docente llegó al corregimiento de Monterrey (municipio de Simití), para evaluar la calidad del agua que recibe la población y que es utilizada río arriba por mineros ilegales. Con el grupo investigador, decidió que su estudio sería más profundo que el que realizan las autoridades ambientales sobre los contaminantes que contienen las muestras del líquido.

“Las verdaderas concentraciones de contaminantes que afectan la salud de las personas no se está midiendo por parte de las autoridades, porque no se cuenta con la metodología. Nosotros, por ejemplo, utilizamos otras herramientas como los bioensayos, que son capaces, a través del contacto de organismos de la cadena trófica con el agua, de indicar si hay un efecto negativo sobre la flora y fauna del río y la salud humana a
largo plazo”, argumenta.

Los investigadores utilizaron además el Test de Ames, que mide la posibilidad de presencia de sustancias mutágenas, para explicar algunos problemas de salud que se pueden presentar en niños próximos a nacer, lo cual puede generar abortos y otras consecuencias a largo plazo en la población.

“También se aplicaron otros métodos para conocer la concentración de bacterias y virus de origen fecal que afectan de manera inmediata a la población, ya que la norma colombiana no contempla estos procedimientos”, afirma Campos. Además, se realizó una encuesta de morbilidad sentida a 150 personas, a través de la cual se pueden detectar los posibles efectos que tiene el consumo de esa agua o del pescado obtenido en esas fuentes. Todos los resultados de esta investigación se compartieron con la comunidad de Monterrey y con la alcaldía. Actualmente, la alerta es permanente para todos los habitantes de la región, pues el estudio concluyó efectivamente que el río está contaminado por heces fecales, cianuro y mercurio.


TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Resistencias frente a los megaproyectos minero-auríferos, los casos de La Toma (Cauca) y La Colosa (Tolima).
INVESTIGADORES: María Fernanda Sañudo Pazos, Aida Julieta Quiñones, Alirio Cáceres Aguirre, Nicolás Vargas Ramírez, María del Carmen Muñoz
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2010-2014


TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Evaluación del efecto de la minería del oro en el agua de río Boque, sur de Bolívar, y en la salud de la población.
INVESTIGADORES: María Claudia Campos, Crispín Celis
COINVESTIGADORES: Nubia de Parra, Camilo Venegas, Marcela Duarte, Lorena Santos, María Juliana Arias, Alison Martín, Jennifer López, Andrés Ortiz
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2015-2016