Mucho se ha discutido sobre la producción energética en el país. La explotación minera y la producción de combustibles aportan el 4,6 % del Producto Interno Bruto por pago de impuestos y regalías. Pero más allá del aporte económico y de empleo que genera, la actividad extractiva trae consigo una serie de afectaciones para las comunidades que habitan las regiones donde ocurre.
Zonas de los departamentos de La Guajira, Santander, Cesar y otras, denuncian desplazamientos, desarraigo de sus territorios, contaminación por residuos, enfermedades asociadas a dicha contaminación, problemas para acceder al agua potable y poco desarrollo económico adicional en torno a los proyectos de extracción.
“Si la minería generara desarrollo, debiéramos ser el departamento con más tecnología y desarrollo social. Pero después de décadas de explotación, no tenemos salud, educación, saneamiento básico. Es que ya prácticamente no tenemos ni siquiera agua potable”
Samuel Arregoces, representante legal del Consejo Comunitario Negros
Ancestrales de Tabaco, La Guajira.
Desde hace años, diversos especialistas en todo el planeta han alertado sobre la necesidad de cambiar las fuentes y formas de generar energías por los impactos ambientales de los combustibles fósiles. La transición energética es un objetivo en muchas partes del mundo. Esta es justamente una de las apuestas más decididas del gobierno de Gustavo Petro, quien propone descarbonizar la economía y apostarle a que el país desarrolle grandes proyectos de energías limpias y renovables.
Este contexto se presenta como una nueva oportunidad para que las comunidades que ya han sido afectadas por la producción energética puedan administrar sus territorios de manera distinta.
¿Por qué plantear un cambio en la forma de producir energías?
María Alejandra Quintero, investigadora del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, explica que no es un tema nuevo. “Desde hace unas décadas venimos reflexionando sobre los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural). Por un lado, no son renovables y en algún momento se van a acabar. Y por el otro, tenemos que enfrentar unos efectos importantes de cambio climático que son producto del uso de este tipo de energías”, dice.
Y es que hablar de un cambio en la forma en que se produce y se utiliza la energía no es poca cosa. Para la investigadora es una decisión que trae muchas implicaciones desde la vida cotidiana de cualquier ciudadano, el ambiente, la economía y hasta las mismas relaciones entre países.
La propuesta del gobierno Petro es disminuir el uso de los combustibles fósiles y pasar a formas de producción que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas energías limpias, como se les conoce popularmente, reducen la contaminación, principalmente de la atmósfera, causa principal del calentamiento global.
Quintero, junto a Carlos Duarte, coordinador de la Línea de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del Instituto de Estudios Interculturales, publicaron dos columnas de opinión en las que recogen parte de su investigación sobre otras implicaciones de la explotación y producción energética como se ha hecho hasta ahora, y como se planea hacer en los próximos años.
Lo primero que resalta Quintero son las asimetrías en el reconocimiento y materialización de los derechos de las comunidades rurales, que es donde se desarrollan principalmente los proyectos energéticos. Desde hace décadas los diferentes gobiernos le han apostado a la minería, la explotación petrolera y los grandes proyectos energéticos como una fuente de ingresos para la nación.
Esto ya supone una desventaja para las comunidades que habitan estas regiones, pues se asume que las rentas producto de la explotación son un beneficio mayor para el país, versus los efectos negativos que traen estos proyectos.
Algunas normativas del Estado, como la Ley 141 de 1994, ordenan a las empresas extractivas, compensar los daños y perjuicios a las comunidades que afecten. Sin embargo, para la investigadora, la presencia de la industria de hidrocarburos no se traduce en mejores condiciones económicas para los territorios de donde se extraen. “Regiones como el Magdalena Medio, el Meta, Putumayo o la Amazonía, donde se han desarrollado este tipo de proyectos, son territorios que históricamente han sufrido unas condiciones de vulnerabilidad importantes”, afirma.
La Guajira, un departamento agobiado por el extractivismo
Si hay un departamento en el que son evidentes las afectaciones a las comunidades por la explotación minera y de combustibles fósiles, es La Guajira. Allí, durante décadas se han extraído minerales o materiales para la producción de energía. Pero no solo eso, también se proyecta como una de las regiones con más potencial para los proyectos de energías limpias.
“Nosotros no tenemos derecho a mirar atrás. Las personas que han sido desplazadas por las armas en algún momento pueden volver atrás y empezar de nuevo. Si nosotros miramos atrás, encontramos unos huecos gigantes en lo que una vez fue la tierra de nuestros ancestros”, dice Samuel Arregoces, representante legal del Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Tabaco.
Samuel hace parte de uno de los pueblos afectados por la explotación de carbón en La Guajira. Hace casi 40 años se inició la explotación de carbón en una de las minas más grandes a cielo abierto del mundo, que solo en 2021, produjo 23,4 millones de toneladas de carbón. Esto representa $ 383 000 millones por regalías para el Estado colombiano. Pero la situación es diferente para las comunidades que viven, o vivían allí.
“De las 25 comunidades que han sido desalojadas del territorio, solo cinco han sido reubicadas. 17 fuentes hídricas han sido secadas o utilizadas para la mina. El pueblo Wayuu ha sido dividido por 150 kilómetros de vía férrea. Además, ya no tenemos aire limpio porque está contaminado por polvillo de carbón que causa enfermedades respiratorias a niños y adultos mayores”, denuncia el líder social y ambiental.
Sumado a ello, señala que parte de su cultura ancestral está muy ligada al territorio y que, por la explotación minera, lugares que consideraban sagrados como los cementerios o arroyos para hacer pagamentos, ya no existen. Por lo que también han sido afectados en sus prácticas espirituales.
“En el departamento de La Guajira hay 12 títulos mineros de mediana y gran escala de carbón, cobre y oro. Además, hay otras 34 solicitudes mineras de mediana y gran escala de cobre, hierro, material de construcción, carbón y arena. Es decir, en un departamento de 15 municipios hay al menos 17 multinacionales extrayendo diferentes materiales”, sostiene Jenny Ortiz, investigadora del Centro de Investigación y Educación Cinep/Programa Por la Paz.
En sus años de acompañamiento a las comunidades de la baja y media Guajira ha evidenciado la forma en que los megaproyectos extractivos afectan a las comunidades. Para la experta el mayor problema del extractivismo, es que no se pueden medir sus impactos y que estos traen problemáticas a perpetuidad, ya que es muy difícil revertir dichos efectos.
Por ejemplo, el desvío de afluentes del río Ranchería ha reducido en un 42,5 % la oferta hídrica de las comunidades, según investigaciones de varias organizaciones. “Las explosiones que usan para extraer el carbón afectan las aguas subterráneas. Años atrás abrían pozos de cinco metros de profundidad y encontraban agua. Hoy tienen que bajar hasta los 30 metros y solo consiguen agua contaminada con metales pesados, lo que implica un alza de enfermedades intestinales en la comunidad”, relata Ortiz.
Así, el país tiene suficiente información y ha vivido en primer plano las problemáticas y efectos de la explotación de combustibles fósiles, por lo cual, para las fuentes consultadas por Pesquisa Javeriana, tiene todo el sentido plantear un nuevo escenario, en el que se reduzcan los impactos, no solo para el ambiente, sino para las comunidades que viven alrededor.
Colombia, ¿hacia una transición energética justa?
¿Cuáles son entonces los aprendizajes en materia social que pueden dejar los años de extractivismo, para la transición energética que impulsa el gobierno? Para la profesora Alejandra Quintero una de las principales es entender estos proyectos de manera integral. No se trata solo de un asunto económico, ni de producción energética, sino que tiene profundas implicaciones ambientales y sociales para las comunidades que habitan las zonas de explotación.
El trabajo con el Instituto de Estudios Interculturales ha evidenciado que las comunidades tienen amplios conocimientos en cuanto al manejo del territorio. Por ello, y para no repetir errores del pasado, lo principal es escuchar a organizaciones campesinas, afrodescendientes, indígenas, para que no solamente sea una perspectiva de las tecnologías de las energías renovables, sino que incluya engranajes culturales y productivos que beneficien a las comunidades rurales.
“Tenemos unos territorios que históricamente han sufrido condiciones de vulnerabilidad importantes. Cuando pongamos la capa de la transición energética, lo mínimo es velar por que esta no se traduzca en acrecentar las asimetrías en el reconocimiento y materialización de derechos”, puntualiza la investigadora javeriana. “Es decir, que los nuevos proyectos no signifiquen empeorar las condiciones que históricamente ya han sido muy desfavorables para ellos”, agrega.
Otro asunto crucial es cómo cerrar los proyectos extractivos que existen hoy en día. Ciudades como Barrancabermeja, o municipios como Albania tienen una dependencia económica de las industrias mineras y petroleras. Por ello, para la docente no solo se deben tener en cuenta los trabajos, tanto directos como indirectos de las empresas, sino crear planes para que dichos territorios también puedan transitar a otros ingresos.
En ello coincide Jenny Ortiz. “Los municipios de La Jagua y Calenturitas, en el Cesar tenían vocación agrícola. Luego llegó la multinacional a explotar carbón y toda la economía pasó a depender de dicho negocio. En 2021 la empresa renunció a sus títulos argumentando que no les era rentable y la mina cerró. Los pobladores de esos municipios quedaron sin actividad económica”, relata.
La discusión no es solamente sobre qué nuevas tecnologías se van a implementar, sino tener en cuenta que muchos de estos municipios han dependido durante mucho tiempo de los proyectos mineros y petroleros. Se deben tener planes estratégicos que promuevan nuevas economías para los pobladores, según la investigadora del Cinep/PPP.
Esta transición a las energías limpias no necesariamente implica acabar los proyectos extractivos. “Los parques eólicos requieren grandes cantidades de cobre para el transporte y almacenamiento de la energía. Esos materiales se están y se seguirán explotando en el sur de La Guajira, en la Serranía del Perijá, en el Cesar. Para estas zonas no es una transición, es una agudización de un modelo de explotación minera”, afirma Ortiz.
También llama la atención sobre un problema normativo, y es que Colombia no tiene un estado del arte de pasivos ambientales. Es decir, no hay registros exactos sobre emisiones o depósitos de residuos producto de la operación minera. La ley no deja en claro sobre quién recae la responsabilidad del manejo de estos residuos.
Ambas investigadoras son enfáticas en que solo este tipo de discusiones llevarán a que la transición sea justa, no solo a nivel ambiental, sino principalmente con las comunidades que durante décadas han sido afectadas con la producción de energía.
Por ahora son muchas las inquietudes sobre los procesos y la planificación para llevar a cabo la transición. Las comunidades ya están organizadas y discutiendo estos temas. Como lo menciona la profesora Quintero, uno de los ejes temáticos de la Convención Nacional Campesina fue cuál va a ser el papel de las comunidades campesinas en la transición energética.
El Ministerio de Minas trabaja en la construcción de la hoja de Ruta para la transición energética en Colombia, el documento guía para los diálogos regionales que buscará que no solo se eviten daños futuros, sino que sean actores partícipes y agentes en todo el proceso.
