“Una mañana, a finales de octubre, estábamos en clase y se nos inundó la escuela”, relata Carolina Sánchez*, una profesora rural del departamento de Santander. “Durante varias semanas llovió mucho, y ese día una creciente nos puso a correr”, agrega. Las clases para sus 14 estudiantes siguieron en el parque del pueblo mientras bajaba el nivel del agua y se habilitaba de nuevo la escuela a orillas del río.
Esta es apenas una de las muchas afectaciones que han sufrido las instituciones educativas del país. Durante 2021 se cerraron transitoriamente 407 colegios a causa de fenómenos naturales, de acuerdo con un informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), de la Pontificia Universidad Javeriana.
Esto representa un aumento del 11 %, o 40 casos más respecto a los registrados en 2019. El 63 % de los cierres fue consecuencia de inundaciones, seguidos de vendavales y movimientos en masa, cada uno con el 11 % de los casos. La mayoría de estos eventos se presentan en escuelas y colegios de zonas rurales.
Estas cifras se dan a conocer luego de que las investigadoras analizaran los informes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), según las cuales, 176.416 personas fueron afectadas con fenómenos que causaron desastres y que impactaron la infraestructura educativa en 2021. La mayoría de estos casos se presentaron en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó y Córdoba.
Luz Karime Abadía, co-directora e investigadora del Laboratorio, afirma que la política pública no atiende a la prevención de estos eventos. “Desafortunadamente en Colombia no hay un inventario claro de cuáles son las instituciones educativas que pueden estar en riesgo, por ejemplo, de inundación, deslizamiento o avalancha”, dice.
Para la investigadora esto imposibilita la toma de medidas preventivas y compromete la integridad, e incluso la vida de estudiantes, maestros, padres y trabajadores del sector educación. “Realmente no podemos prevenir porque no sabemos exactamente dónde están, ni a qué tipo de riesgo se encuentran expuestos. En algunos casos los centros educativos requieren ser reubicados; en otros, refuerzos estructurales, o sistemas de alerta frente a cambios climáticos o del suelo”, sostiene. Cada caso tiene características particulares y así debería ser asumido.
La profesora Sánchez confirma la poca gestión de las autoridades locales. “La escuela, y parte del pueblo, ya se habían inundado años atrás. En ese momento se hizo un dragado que funcionó un tiempo, pero nunca más se le hizo control. La ola invernal del año pasado fue muy larga y el dragado terminó cediendo”, afirma.
Advierte además que no cuentan con sistemas de monitoreo del nivel del río, y que tampoco se hacen revisiones constantes de la infraestructura o elementos básicos como columnas, paredes ni pupitres, todas afectadas por el agua y la humedad. “La acción siempre es reactiva, solo cuando pasan las cosas. No se busca prevenir”, agrega.
La investigación del Laboratorio alerta que esas situaciones impactan directamente en la calidad de la educación que reciben los niños y niñas, pues no solamente dejan de recibir clases los días en que sucede el evento, sino que en muchos casos las escuelas y colegios son utilizados como albergues o refugios, así que se extiende el cese de actividades académicas.
En otros casos, como el de la profesora Sánchez, recibir clases en lugares diferentes no garantiza las condiciones básicas para el aprendizaje. “En el parque era casi imposible lograr que se concentraran porque había muchos distractores alrededor”, cuenta.
El Ministerio de Educación Nacional reportó haber renovado 450 colegios rurales durante 2021 con una inversión de más de $124 mil millones. Antioquia (50), Cundinamarca (40), Bolívar (40), Huila (32) y Cauca (32) fueron los departamentos con más obras de mejoramiento. Todas, financiadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa.
Si bien estas construcciones cumplen con criterios de prevención del riesgo, la mayoría, buscan reducir el déficit de aulas y la implementación de la jornada única. Las cifras oficiales aseguran haber intervenido solamente ocho residencias estudiantiles y 18 sedes educativas afectadas por la ola invernal durante ese año.
¿Y la atención de desastres en los colegios y escuelas?
La investigadora javeriana cuestiona la falta de manejo ante estos fenómenos. “En general, no hay políticas claras en la comunidad educativa sobre protocolos o capacitación de qué hacer ante posibles riesgos de desastres”, afirma Abadía. Las cifras demuestran que no hay una apuesta institucional para la prevención ni atención de desastres.
El Laboratorio de Economía de la Educación desarrolla cada año el Índice Welbin, una encuesta que analiza las condiciones de bienestar escolar. Para 2022 participaron 1556 colegios, entre oficiales y privados. De estos, el 37 % ha formado a sus docentes en respuesta a emergencias y solamente el 19 % les ha brindado capacitación en prevención de accidentes y lesiones.
“La prevención es un asunto de todos: profesores, padres de familia, estudiantes, comunidad en general. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de Educación debe haber un esfuerzo mucho más marcado por capacitar y garantizar que los actores involucrados y cercanos a los procesos educativos, sepan cómo reaccionar en medio de estos fenómenos”, puntualiza la investigadora.
Por ahora la atención de desastres seguirá por iniciativas particulares de colegios o profesores. Como el caso que se hizo viral a finales de 2022 en el que una educadora llevó a sus estudiantes en canoas a la ceremonia de grado en la Isla del Coco, departamento de Sucre. “Ojalá que no tenga que pasar algo grave para que las autoridades nacionales, regionales y locales tomen medidas para que estemos seguros en las aulas de clase”, manifiesta la profesora Sánchez.
*Nombre cambiado por petición de la fuente
