Tres puntos claves de la reforma tributaria elaborada por las universidades

Tres puntos claves de la reforma tributaria elaborada por las universidades

Tras la ola de inconformismo social y las múltiples protestas que generó el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno nacional el pasado 15 de abril, el presidente Iván Duque se vio obligado a retirar dicha iniciativa y el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tuvo que renunciar.

Según lo expresado por el nuevo ministro, José Manuel Restrepo, se necesita recaudar cerca de 16 billones de pesos en el recaudo para el 2022 y garantizar un aumento superior para el 2023, por lo que una reforma no solo es necesaria sino urgente.

Sin embargo, al día de hoy parece no haber un consenso sobre cómo debería plantearse la nueva propuesta, pero, si en algo coinciden los académicos es en que el país necesita implementar cambios para aumentar los ingresos fiscales sin afectar el bolsillo de la clase media.

¿Cómo lograr este objetivo en medio de la que, para expertos como Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, es considerada la crisis económica más dura de la historia del país? Reyes asegura que las medidas que se adopten deben ser audaces, creativas y ambiciosas, y que no se trata de crear impuestos sobre impuestos.

La reforma tributaria de las universidades

Por eso la Red de Trabajo Fiscal, un colectivo compuesto por ocho organizaciones académicas y de investigación entre las que se encuentran el Centro Externadista de Estudios Fiscales, Dejusticia y el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, elaboraron el documento Una propuesta de reforma tributaria progresiva, la hoja de ruta para construir una política fiscal progresiva, es decir, una que le cobre un porcentaje más alto a quienes devenguen más dinero.

“Si yo me gano diez millones de pesos al mes y pago un millón en impuestos, y una persona que se gana cinco millones paga 500 mil pesos, la persona que gana menos paga el mismo porcentaje, así que no es un sistema tributario progresivo. Un sistema tributario progresivo implicaría que la persona que gana diez millones de pesos pague un porcentaje más alto que quien tiene menos ingresos”, explica Reyes.

La propuesta está encaminada a lograr consensos sobre puntos de gran polémica, como el impuesto a la renta de las personas naturales, de las empresas e incluye sugerencias para prevenir la evasión de impuestos, con lo que, según el documento, que se encuentra abierto al público, en el mediano plazo se podría aumentar sustancialmente el recaudo sin la creación de nuevos impuestos.

Reducción de impuestos

En esta iniciativa no se incluyen cambios significativos al impuesto al valor agregado (IVA) ni aumentos a ningún otro impuesto al consumo. Tampoco se tocan los ingresos de los trabajadores o los pensionados que ganen menos de seis millones de pesos.

Por otro lado, lo que sí propone es reducir los impuestos a las empresas pequeñas y medianas de 31 % a 24 %.

“Un elemento importante de esta propuesta es que es la única de todas las que se han presentado, con excepción de la del Gobierno, que viene con los artículos modificados; tanto así que, si el Ministerio de Hacienda tomara este articulado, lo presentara al Congreso y lo aprobaran, solucionaríamos el problema de recaudo que tenemos, obteniendo 20 billones de pesos eliminando beneficios tributarios a empresas y aumentando los impuestos de los colombianos de más altos ingresos”, agrega Reyes.

A continuación, Pesquisa Javeriana, a través de la voz de Luis Carlos Reyes, le cuenta sobre tres puntos clave de la iniciativa de la reforma elaborada por la Red de Trabajo Fiscal.

El impuesto a la renta de las personas naturales

La propuesta sobre este impuesto va encaminada en poner sobre la mesa unas condiciones más equitativas en las que las personas más ricas tributen de manera verdaderamente progresiva.

“Las personas que ganan más de un cierto monto cada año tienen que notificar al Gobierno cuáles fueron sus ingresos y tienen que pagar un porcentaje sobre sus rentas explica Luis Carlos Reyes, quien además señala que dicha renta puede provenir de muchas fuentes, no solo laborales sino las denominadas rentas de capital. Por ejemplo, “si yo soy el dueño de un local en un centro comercial y cobro arriendo por ese local, esa es una renta de capital” y debe notificarse.

Aquí la explicación:

El impuesto a la renta de las empresas

Si bien para los expertos el Gobierno planteaba una propuesta sensata en su proyecto, esta nueva versión, además de considerar los puntos positivos ya expresados en el antiguo proyecto, elimina las llamadas tarifas especiales, es decir, una serie de tratamientos preferenciales a empresas que no los necesitan; a esto se suma la eliminación del descuento del impuesto de Industria y Comercio (ICA), lo que beneficia a las pequeñas y medianas empresas y a las que no están generando utilidades.

Aquí la explicación:

Para que los que tengan que pagar, paguen

Según el director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, la evasión o elusión de impuestos reduce de manera importante el recaudo, por lo que “la manera de combatir estas prácticas es empezar a ubicar cuáles son los tecnicismos de la ley en los cuales la gente se ha escudado para pagar menos impuestos. Esto pasa, por ejemplo, en casos como en los que algunas empresas, como las que pertenecen a las personas con más altos ingresos del país, aun siendo operadas por colombianos pero constituidas por fuera del país, son catalogadas legalmente como empresas extranjeras y reciben beneficios tributarios especiales”.

Aquí la explicación:

Para cerrar

Reyes argumenta que lo importante no solo es que esta propuesta la conozcan, por ejemplo, los congresistas, sino que la ciudadanía se pueda formar en una opinión estructurada, viendo que existen alternativas efectivas, pues la reforma que se implemente debe ser el resultado de un ejercicio de construcción colectiva en el que las voces de las personas de a pie, la sociedad civil, los pequeños y grandes empresarios y la academia aporten sus puntos de vista. “Nosotros estamos para ayudar a informar a la sociedad”, finaliza Reyes.

La Red de Trabajo Fiscal está conformada por el Centro Externadista de Estudios Fiscales, el Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad del Rosario; Cedetrabajo; Dejusticia; la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), el Centro de Pensamiento de Política Fiscal (CPPF) de la Universidad Nacional de Colombia, la Maestría en Tributación de la Universidad de los Andes.

Para leer la propuesta completa: clic aquí.

Continúa la falta de transparencia en el manejo de dineros de la pandemia

Continúa la falta de transparencia en el manejo de dineros de la pandemia

El 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia económica, social y Ecológica, una figura jurídica que se aplica en casos excepcionales que constituyan una grave calamidad pública, y que le permite al Gobierno nacional modificar los procesos normales en que se mueven los dineros de la nación. En este caso, se dio por la pandemia de la Covid-19.

Para hacer frente a un reto de semejante magnitud, el Gobierno creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), administrado por el Ministerio de Hacienda. Su misión es atender las necesidades en salud, los efectos adversos en la actividad productiva, mantener el empleo y buscar el crecimiento económico.

El FOME obtiene sus recursos de tres fuentes principales: el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) , el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) y del Presupuesto General de la Nación. Con corte al pasado 7 de abril se habían desembolsado 30,8 billones de pesos.

¿Transparencia en el gasto?

Al cumplirse un año de la declaración del Estado de Emergencia y de la creación del FOME, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana presentó un informe que evalúa la transparencia en el manejo de los recursos públicos asociados a la pandemia.

Este informe actualiza la información publicada en 2020, en donde el Observatorio ya le había dado una mirada a la transparencia de estos recursos.

En esta revisión se le hizo seguimiento a los movimientos presupuestales del FOME, según los documentos reflejados en la página web del Ministerio de Hacienda y el Portal de Transparencia Económica.

El informe prende las alarmas en cuanto al cumplimiento de los principios de la ley de transparencia. “No es posible conocer el destino específico de los recursos ejecutados – peso por peso”, señala. Esto porque los resultados presentados son del nivel nacional y por sector (agricultura, justicia, trabajo, comercio, etc.) pero no se especifican los gastos de los programas de cada sector.

El documento también recalca que es importante conocer esta información, ya que algunos sectores han administrado recursos que en condiciones normales estarían a cargo de otros sectores, como el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adscrita a la Presidencia de la República, que está administrando la mayoría de recursos de salud pública, incluyendo el plan de vacunación. Lo mismo ocurre con los dineros del programa Ingreso Solidario, que están a cargo del Departamento para la Prosperidad Social, pero que en un principio fueron administrados por el Ministerio de Hacienda.

La publicación advierte que la información de todas las entidades que están ejecutando presupuestos del FOME no están unificadas en una sola base de datos. Si bien esto no es una infracción a la Ley de Transparencia, hace un llamado para que se facilite el proceso de seguimiento y control.

“Para que la información sobre el gasto del Gobierno sea verdaderamente transparente, no solo tiene que ser técnicamente pública, sino que no debe requerir de días enteros de trabajo para que un ciudadano conozca su desglose”, se señala en el informe.

Por esta razón, el Observatorio Fiscal, junto a dos programadores informáticos, desarrollaron una herramienta que permite compilar todos los datos en una base de datos unificada que está disponible para facilitar esta búsqueda del destino y a la que puede acceder en este enlace.

Las páginas web que exponen esta información no incluyen documentos del proceso de contratación ni los contratos o las modificaciones a dichos documentos. Por lo tanto, no es posible hacer el seguimiento de forma detallada.

El informe es contundente al afirmar que en el FOME no están todos los recursos disponibles, contrario a su objetivo inicial que era ser un fondo común para la atención de esta emergencia. Esto ha llevado a que varias entidades de nivel nacional hayan tenido que emplear dineros propios.

Asimismo, advierte sobre la ausencia de un plan de gasto detallado de los billonarios recursos presupuestados a futuro.

“En el Observatorio Fiscal hemos documentado cómo la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos para atender la emergencia ha sido sistemática”, se lee en informe. Es clara la falta de transparencia por la opacidad en el reporte del gasto, especialmente en los procesos del Ministerio de Hacienda, la limitada información disponible y los formatos de difícil acceso.

“Tras un año de la declaración del Estado de Emergencia, no es claro por qué el Gobierno nacional no ha publicado un registro de información completo y unificado. Tampoco se sabe por qué acceder a la información disponible es una tarea imposible por lo dispendiosa para la ciudadanía en general” finaliza el documento.

Puede encontrar el informe completo aquí.

En este video, Juan David Oviedo, asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta más detalles del informe.