Después de una extenuante jornada de trabajo en su cultivo, algún campesino del Valle del Cauca quiere tomar una ducha. Gira la llave, pero apenas sale un pequeño hilo de agua. Hace unos días inauguraron un conjunto residencial de apartamentos en la parte alta de la montaña, y desde entonces, la cantidad de agua que llega a su finca y a las más cercanas, se ha reducido considerablemente.
Este no es un caso aislado. Miles de campesinos y población rural de varios departamentos del suroccidente colombiano están viviendo experiencias similares. Desde 2019, Camilo Cañón, profesor de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, ha acompañado a comunidades del Cauca, Valle del Cauca y Nariño en el diseño de acueductos comunitarios para reducir este tipo de afectaciones.
A mediados del siglo pasado hubo una migración masiva hacia las ciudades producto de la violencia, pero desde hace unos años, las personas de las ciudades han buscado volver al campo. “En Colombia hay una muy mala distribución poblacional. Hay ciudades con sobrepoblación que sufren problemas similares: movilidad, inseguridad y contaminación”, explica Cañón. “Mientras tanto hay municipios con muy poca gente, y que, por lo tanto, sufren del abandono estatal, poco control de la autoridades e inversión”, agrega.
El profesor advierte que muchas personas de las ciudades, buscando entornos más tranquilos, han migrado de nuevo hacia el campo. Esta situación se ha intensificado desde la pandemia del COVID-19, en la que los aislamientos preventivos y el teletrabajo hicieron más atractivo vivir en la ruralidad.
Migraciones que causan conflictos por el agua
En su experiencia con comunidades, Cañón, doctor en Ingeniería, ha encontrado que las diferencias culturales de personas que toda su vida han vivido en la ciudad están generando conflictos por el uso del agua en zonas rurales. La instalación de piscinas, lagos de pesca y la urbanización en conjuntos de casas o edificios de apartamentos, dispara el consumo de agua disponible en una zona, lo que por supuesto, afecta a las familias cercanas y a las no tan cercanas.
“Las comunidades campesinas suelen tener acuerdos y cooperan para que todos puedan tener acceso al agua. Por otro lado, las personas de ciudad que llegan a estos sitios suelen no tener en cuenta estas dinámicas afectando la disponibilidad de agua para las personas y familias que viven río abajo”, manifiesta el profesor Cañón.
Los campesinos lo llaman convites. Las comunidades indígenas lo llaman minga. Pero cuando se rompe un tubo, necesitan construir alguna estructura o comprar algún material que beneficie al grupo, suelen cooperar para que sea una realidad. “Con las nuevas urbanizaciones es más difícil porque se aíslan al no entender esas dinámicas, o porque usan estas propiedades solo los fines de semana, y es más difícil encontrarlos para dialogar sobre estos asuntos”, relata el investigador.
En muchos de estos municipios consumo, que antes se medía en décimas de litro por segundo, ahora hay que medirlo en metros cúbicos por segundo. Esto resulta problemático porque la captura de agua termina por afectar a las familias que viven más abajo en el río, a quienes les llega menos agua y de menor calidad.
Acueductos comunitarios, una alternativa para organizar el uso del agua en el campo
Ante estos contextos, que no solo se viven en el suroccidente del país, las comunidades se han organizado para mitigar los impactos de esta y otras afectaciones. La figura de los acueductos comunitarios se ha convertido en una herramienta en la que, mediante la autogestión, se mantiene el abastecimiento de agua en zonas rurales. La Red Nacional de Acueductos Comunitarios calcula que en el país hay más de 12.000 de esas infraestructuras.
El profesor Cañón, junto con estudiantes de Ingeniería Civil de la Javeriana Cali, han acompañado y asesorado técnicamente los estudios para su futura construcción en cuatro departamentos. “Estos pueden ser una solución para comunidades de 15 o 20 familias, hasta poblaciones que pueden llegar a las 2000 personas”, sostiene.
Para Pedro Ojeda, encargado de proyectos del Instituto Mayor Campesino, una organización jesuita que acompaña a comunidades campesinas del Valle del Cauca, los acueductos comunitarios no solo son la única forma de garantizar que el agua llegue hasta las viviendas en el campo, sino que permiten su autonomía. “Son las mismas comunidades quienes a través de sus esfuerzos propios construyen estos sistemas de abastecimiento, los manejan, administran y gestionan”, menciona.
La ley 142 de 1994 regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el país. Para Ojeda, esta ley desconoce las dinámicas del campo para el acceso al agua. “Esa normativa está pensada para grandes empresas que prestan servicios públicos en ciudades, pero no tiene un contexto normativo para la ruralidad”, expresa. “Pone en la misma bolsa a empresas y a los acueductos comunitarios. Eso termina exigiéndonos lo mismo cuando tenemos capacidades diferentes”, agrega.
Es tal la desatención de las autoridades sobre este tipo de realidades regionales, que apenas hasta finales de 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se dio cuenta que los acueductos comunitarios tenían la obligación de emitir factura electrónica. Con una resolución de octubre de ese año, eliminaron dicho requisito.
Por ello, la Red Nacional participó en la redacción de un proyecto de ley radicado por el congresista del Pacto Histórico Robert Daza Guevara que avanza en el Congreso de la República y que busca reconocer el derecho de las comunidades a gestionar sus sistemas de acueducto y regular los detalles que sean diferenciados al servicio que se presta en las ciudades. Esta iniciativa está esperando su debate en la plenaria del Senado desde el 10 de enero de 2025.
Desde 1974 el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables establece las normas para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En este documento se determina que el agua se debe priorizar para el consumo humano y que las autoridades ambientales deberán ejercer control sobre la forma en que este recurso se distribuye. “Ya son 50 años en que el Estado no nos garantiza lo que es su deber constitucional”, denuncia Ojeda.
A estas problemáticas se suma el uso de agua para consumo agrícola. “Por ejemplo, las empresas productoras de cerdos o pollos a gran escala usan mucha agua en su actividad comercial. En muchos casos el caudal no es suficiente para atender la demanda humana y la agropecuaria”, afirma el gestor de proyectos del Instituto Mayor Campesino. Y no solo eso, el profesor Cañón añade que, aparte de usar grandes cantidades de agua, están botando aguas residuales cargadas con químicos y contaminantes a los mismos ríos que abastecen a las comunidades.
Asimismo, Ojeda y Cañón coinciden en que las autoridades ambientales, en concreto las Corporaciones Autónomas Regionales, deben hacer más controles. Por un lado, respecto de los desbalances en la captura de agua y por otro, para enfrentar el problema de desechos que se arrojan a los ríos que abastecen a las comunidades porque las familias no tienen forma de medir la calidad del líquido más allá del color y los olores.
“Hay territorios donde las autoridades no pueden llegar por temas de conflicto armado, o por cuestiones de disponibilidad de personal. Pero es urgente su accionar porque son cuestiones en las que hay intereses tanto públicos como privados los que están generando el conflicto por el agua”, dice Ojeda.
En años anteriores, la Clínica Jurídica de derecho y territorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, también ha acompañado este proceso en la legalización de terrenos para la construcción de este tipo de acueductos y en tramitar sanciones que se les han impuesto.
El profesor Cañón calcula que, de todos los acueductos que ha diseñado con sus estudiantes, solo un 10% o 15% se han podido construir. “Lo más difícil es conseguir los presupuestos para materializar estos proyectos. Ya las comunidades quedan con todos los estudios, diseños, mapas, presupuestos, cronogramas de obra, pero falta la financiación”, asegura.
Si bien ha habido llamados importantes, como la resolución de la Asamblea General Naciones Unidas que en 2010 declaró el agua potable como un derecho humano, un principio que ha sido reiterado en decisiones de la Corte Constitucional, aún no se hace efectivo. En dos ocasiones se ha intentado que ese derecho quede consignado en la Constitución, pero no ha sido posible. Por eso los líderes y comunidades campesinas esperan que el Congreso acelere el trámite de una normatividad clara para los acueductos comunitarios en el país.
Por ahora, tanto Ojeda como Cañón apuntan a la conciencia social como factor de mejora tanto de la calidad como de la cantidad de agua a las que están accediendo las comunidades rurales del país. “El agua no viene de la llave. Hay todo un ciclo que debemos conocer para que todos hagamos un buen uso. A veces olvidamos la importancia del agua y su buen uso hasta que nos quitan el servicio”, manifiesta Ojeda.
