Aislamiento de mayores de 70 años: ¿debería ser una decisión consensuada?

Aislamiento de mayores de 70 años: ¿debería ser una decisión consensuada?

Desde el lunes 1 de junio se inició la flexibilización de la cuarentena indicada por el presidente Iván Duque en el marco del aislamiento por la COVID-19. El mandatario indicó que se permitiría la salida de los mayores de 70 años, quienes podrán realizar actividades al aire libre tres veces a la semana durante 30 minutos y con todos los protocolos de seguridad. También extendió el aislamiento obligatorio para los mismos hasta el 31 de agosto.

Estas medidas suscitan diversas preguntas frente a la autonomía decisoria de los adultos mayores en estas circunstancias. Esto es analizado por el profesor de la facultad de Psicología de la Universidad Javeriana, Sergio Trujillo García, quien reflexiona sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad con la llegada de la COVID-19 desde una mirada del comportamiento humano. Este especialista lleva más de 20 años trabajando con ancianos en diferentes hogares de Bogotá y municipios aledaños, y al ser el director de la práctica en el énfasis de Inclusión Narrativa con sus estudiantes de últimos semestres, ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas mayores, para así comprender sus posturas.

Para este psicólogo es importante aclarar que a la hora de tomar decisiones que afecten a las personas mayores se deben tener en cuenta sus perspectivas y sentimientos, abrir espacios de conversación donde ellos hagan parte de la toma de medidas que los involucren. “Nada sobre nosotros sin nosotros” es un dicho común que fundamenta esta idea, es primordial que no se decida nada sobre ellos, nada que los afecte a ellos, sin que sean tenidos en cuenta, explica.

También considera las diferencias que separan a cada adulto mayor y en ese proceso atenuar los estereotipos que se generan alrededor de ellos. “En nuestra sociedad hay unos prejuicios acerca del envejecimiento que nos hacen pensar que toda persona mayor está enferma, se está deteriorando y se va a morir; toman vejez y enfermedad como si fueran sinónimos”, comenta. Aunque efectivamente hay ancianos que dependen de otros para vivir en la cotidianidad, hay muchos que son autónomos y por lo tanto no se puede juzgar a los unos por los otros. “En un extremo estarían los adultos mayores dependientes, en el otro los adultos mayores autónomos, y en la mitad distintos grados de independencia. Cuando hablamos de trabajar con ellos no podemos tomar decisiones que los cubran a todos porque son muy diferentes, cada uno tiene unas particularidades muy especiales y tomar decisiones pensando en que todos son iguales es erróneo y arbitrario”, complementa Trujillo García.

Según cifras del Ministerio de Trabajo, un tercio de los adultos mayores en Colombia necesitan de sus actividades laborales para conseguir dinero y solo uno de cada tres logra pensionarse, lo que significa que muchos de ellos dependen económicamente de su autonomía laboral para tener acceso a una vivienda, servicios de salud, alimento, etc. Por esta razón, al decir que esta decisión se toma por el bienestar de los ancianos, no se reconoce que muchos de ellos no solo tienen la autonomía para salir, sino que además lo necesitan. “El derecho a la decisión, a la organización o a buscar de alguna manera mejorar la calidad de la vida a través del ejercicio de la libertad, es fundamental para los viejos y las viejas”, afirma el especialista.

En ocasiones se genera un paralelo con los niños, no solo porque se da una infantilización de los ancianos con apodos como “el abuelito” o “la ancianita”, lo cual limita su autonomía e invalida la capacidad que tienen de tomar decisiones sobre su propia vida, como sucede con los menores de edad. “Cuántas veces los padres de familia maltratan a los pequeños, pero les dicen que es por su propio bien y se tienen que aguantar. Lo mismo pasa con algunas de las decisiones para los adultos mayores, en los que ellos deben pensar que como lo están haciendo ‘por su propio bien’ entonces deben obedecer, pero al hablar con ellos están inconformes, les argumentan que como son más vulnerables están buscando la calidad de sus vidas, entonces es por su bienestar que lo hacemos, pero la realidad es que muchos de ellos quisieran vivir menos tiempo con tal de vivir bien”, complementa el investigador.

Además de esto, el Ministerio de Salud ha encontrado que a la fecha el grupo de los mayores de 70 años infectados por la COVID-19 en el país equivale alrededor del 10%, lo cual demostraría un efecto positivo de la cuarentena, sin embargo, las cifras de estrés, depresión y ansiedad en esta población se han disparado principalmente por el aislamiento, ya que muchos de ellos estaban acostumbrados a llevar vidas activas y a tener visitas frecuentes de sus familiares mientras que ahora se limitan a estar encerrados.

En esa medida el investigador aclara que la posición del gobierno de aislar a los mayores de 70 años no sucede desde una mirada egocéntrica, simplemente están operando desde una perspectiva diferente mediante la cual consideran esta opción como la más efectiva. Sin embargo, esto no significa que sea la mejor para el mantenimiento de la calidad de vida de todos los ancianos. Por esto, las últimas decisiones del gobierno colombiano resultan alentadoras para los adultos mayores, pues procuran respetar su autonomía y darles la posibilidad de salir de cada cierto tiempo con todos los cuidados recomendados. “Medidas que atenúan, pero no satisfacen el respeto por su dignidad, pues incluso comentan, como nuestro Rector de la Javeriana, que no ellos no son mascotas ni rebaño y que pueden autorregularse”, complementa Trujillo García.

Incluso dos de los afectados por la medida fueron el ex candidato presidencial Humberto De La Calle, y el ex alcalde de Cali, Maurice Armitage, quienes con otras personalidades interpusieron una tutela que busca tumbar esta medida de forma definitiva pues como se lee en la misma, estos decretos “están basados en un paternalismo inaceptable que no emplea con el conjunto de la población, por lo cual lo que se busca lograr con la medida no es válido y por lo tanto es inconstitucional, el aislamiento obligatorio para la población mayor de 70 años es una medida discriminatoria y desproporcionada.”

Como explica el investigador, “esta nueva decisión rebaja un poco una tan autoritaria como la anterior, y aunque crearon el decreto con la mejor intención de aplanar la curva y mitigar la pandemia, ciertamente en su momento se creó, no solo de manera inconsulta, sino que particularmente estricta para las personas mayores, para quienes es doloroso que los jóvenes tomen decisiones sin consultarlos y esto logra afectarlos en el largo plazo,” reconoce.

Por esta razón el psicólogo extiende una invitación a ser empáticos como sociedad con los adultos mayores, tener la posibilidad de ponernos en los zapatos del otro y de esa manera ir construyendo un diálogo para llegar a acuerdos que beneficien a todos por igual. “No es que haya una imposibilidad de comunicación, sino que se puede construir a través de la escucha activa y una mirada empática que favorezca la comprensión de la vida de los ancianos”, finaliza Trujillo.

Vivienda de interés social: metros cuadrados vs. calidad de vida

Vivienda de interés social: metros cuadrados vs. calidad de vida

Según el DANE, en 2017 se culminaron 59.991 unidades de vivienda de interés social (VIS), lo que representa una disminución frente a 2016, año en que se construyeron 72.115. Las cifras de vivienda de interés prioritario (VIP) también descendieron: de 83.244 unidades en 2016 se llegó a 78.794 en 2017. Tal vez la disminución en la edificación de viviendas se deba a los costos adicionales en el metro cuadrado, dice María Fernanda Serrano Guzmán, docente del Departamento de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad Javeriana Cali y coautora del artículo científico “Impacto en costos directos de vivienda de interés social y de interés prioritario por inclusión de nuevas normas de construcción: caso Cali”, publicado en la revista Dyna, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Una VIS es aquella que reúne los elementos para asegurar su habitabilidad, cumple con estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción, y en Colombia tiene un valor máximo de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para adquirirla, el núcleo familiar debe tener un ahorro base y un ingreso salarial mínimo, si se requiere un préstamo bancario. Por su parte, la VIP tiene un monto de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes y el Gobierno la concede en programas de reubicación, por ejemplo, cuando la población se ha visto afectada por catástrofes naturales.

En el país, los programas de VIS y VIP han sido impulsados por el Gobierno nacional, las cajas de compensación familiar y las constructoras con el fin de proveer una vivienda digna a los hogares con menos ingresos. En la actualidad, además de la existencia del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), decreto que establece aspectos técnicos a nivel estructural, existen otras disposiciones técnicas de obligatorio cumplimiento que están generando costos adicionales en el metro cuadrado de vivienda, lo que excede los topes máximos establecidos para este tipo de proyectos, con la consecuente repercusión en disminución de áreas y en acabados del producto final.


Condiciones de vivienda digna y adecuada

Para la investigadora Serrano, en el Gobierno Santos se hizo un especial énfasis en proveerles vivienda a las personas, y considera que la tarea se realizó; sin embargo, ve una deficiencia en el cumplimiento completo de condiciones de vivienda digna y adecuada que establece el Folleto Informativo n.º 21 de la ONU. “Claro que ahora estas personas tienen unas condiciones de vida mejores: un área un poco más grande con materiales que les dan seguridad ante las inclemencias climáticas, pero hay que seguir trabajando, porque las viviendas las entregan sin ningún tipo de enchape y recubrimiento en las zonas húmedas, en ocasiones, solo con la puerta del baño y la de la entrada”, añade la docente.

Con base en estas inquietudes, los miembros del grupo de investigación en Detección de Contaminantes y Remediación (DeCoR), en cabeza de Serrano Guzmán, y el semillero de investigación Gestión de Obras, de la Javeriana Cali, se pusieron como meta identificar el impacto económico que, en los proyectos de construcción de las VIS y las VIP, tiene la aparición de nuevas normas y las modificaciones hechas a las ya existentes; consideran que estos cambios en la reglamentación deben ir acompañados por una revisión de su incidencia en el costo de la construcción y, con ello, en los topes establecidos, de tal manera que se garantice el tamaño y la calidad de las viviendas.

Seis de estas, dos de interés social y cuatro de interés prioritario, ubicadas en Cali, sirvieron de objeto de estudio. Los criterios de selección incluyeron la similitud de las áreas (60 metros cuadrados para VIS y entre 47 y 50 metros cuadrados para VIP) y la ejecución basada en las normas de construcción exigidas en la fecha en que se construyeron.

Según cifras reveladas por Camacol, para 2018 hay un total de 77670 cupos disponibles para programas de vivienda de interés social en el
Según Camacol, para 2018 hay 77.670 cupos disponibles para programas de vivienda de interés social en el país.


Más normas, menos metros cuadrados

Además del NSR-2010, la implementación de nuevas normas de obligatorio cumplimiento, como el no incremento del valor máximo definido para cada tipo de proyecto, está llevando a los constructores a reducir el área de las viviendas entregadas y la calidad de los acabados, lo que repercute en las condiciones de habitabilidad; al mismo tiempo ocasiona una reducción en la utilidad de los constructores, lo que hace menos atractivo este tipo de proyectos para los inversionistas y oprime su oferta en el mercado.

“Pudimos observar que, primero, para alguien que llega a vivir a estas casas le resulta costoso instalar un lavaplatos o el enchape del baño y, segundo, como los espacios son tan reducidos, ni siquiera hay lugar para clósets. Si se realiza un ajuste a los topes en los precios, probablemente se podrían mejorar los acabados de esas viviendas y así brindar las condiciones básicas”, argumenta la investigadora.

Los temas de salubridad, concluye el estudio, ya empiezan a ‘colarse’ en las viviendas de interés social, debido a, precisamente, la reducción de los espacios. De allí que Serrano haga un llamado de sensibilización a otros profesionales de ramas como la medicina, para que lleven a cabo estudios epidemiológicos sobre las enfermedades más comunes en ciertos sectores. “El vivir tan juntos puede degenerar en enfermedades respiratorias, alergias u otras molestias de salud. Es urgente que hagamos intervención desde diferentes disciplinas”, añade la especialista en Ingeniería Ambiental.

La voz también se extiende al sector de la construcción, pues para cumplir con todos los requisitos y ofrecer una vivienda digna es fundamental el establecimiento de nuevos montos para los proyectos de VIS y de VIP. Los investigadores proponen la constitución de mesas de trabajo con el firme objetivo de crear un documento que le sirva de guía al Gobierno nacional a la hora de fijar los precios para este tipo de proyectos.

Así mismo, advierte la investigación, es clave que la sociedad sepa interpretar el concepto de vivienda digna, porque, aunque los beneficiarios ahora cuenten con un hogar, el Estado debe garantizar programas en los que se entreguen domicilios aptos para habitar.


Para leer más

  • Wei, S., Jie, C. y Hongwei, W. (2015). Affordable Housing Policy in China: New developments and new challenges. China: Shanghai Finance University y Shanghai University of Finance and Economics.

 


TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Modificaciones a los reglamentos técnicos de construcción y su incidencia en los costos y la calidad de la vivienda de interés social en Santiago de Cali
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mauricio Chávez Calle
COINVESTIGADORES: María Fernanda Serrano y Diego Pérez
Semillero de investigación Gestión de Obras
Grupo de investigación en Detección de Contaminantes y Remediación (DeCoR)
Departamento de Ingeniería Civil e Industrial
Maestría en Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovación
Pontifica Universidad Javeriana Cali
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2016-2017

El rostro de la infancia en el  Valle del Cauca

El rostro de la infancia en el Valle del Cauca

Los derechos de la infancia y su incorporación en las políticas públicas han generado debates en la sociedad desde la política y la academia, en donde el bienestar de niños, niñas, adolescentes y familias juega un papel fundamental para el desarrollo del país. En el marco de esta reflexión, la Pontificia Universidad Javeriana Cali propicia la investigación con el fin de apoyar a las instituciones encargadas de coordinar las intervenciones de protección de la primera infancia, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

“Pensar sobre el quehacer de la entidad pública constituye una tarea importante para la comunidad académica, que ofrece vías de interpretación y resolución de los problemas sociales que acontecen en la sociedad vallecaucana”, explica el profesor Carlos Andrés Tobar, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

PESQUISA presenta los resultados de tres de las investigaciones realizadas que hacen énfasis en la relación entre la vulnerabilidad social, la niñez, la adolescencia y la familia, y que entregan elementos para comprender los factores de riesgo en el Valle del Cauca

Bien-estar en la infancia, más que bienestar

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Con base en un indicador socioeconómico que mide el bienestar de la niñez, los investigadores Ana María Osorio Mejía y Luis Fernando Aguado, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, confirman que departamentos como Vaupés, Chocó, La Guajira, Guainía y Vichada aún tienen un gran trabajo por delante. El indicador de exclusión social desarrollado por los profesores se centra en el binomio madreinfante, y mide el uso y acceso a bienes y servicios sociales claves durante la primera infancia. Está constituido por once variables, entre ellas, el nivel de lectura de la madre, la autonomía en la toma de decisiones, los cuidados prenatales, la visibilidad jurídica ante el Estado (registro civil de nacimiento del niño), el cuidado del niño, la estimulación temprana, el acceso a libros, la lactancia materna y el esquema de vacunación.

Los principales resultados mostraron que el mejor desempeño en el índice lo tienen Bogotá, San Andrés y Providencia, Antioquia, Quindío y Boyacá.

Según el investigador Aguado, “el problema es que el bien-estar del niño es visto desde una perspectiva económica que contempla una buena educación y salud para su transición a la adultez y su integración al mercado laboral, sin contemplar que la niñez es una etapa propia de la vida, en la que el niño tiene un desarrollo y unos derechos que deben ser garantizados por la Constitución”.

En consecuencia, la exclusión en la primera infancia abarca muchas dimensiones —no solamente salud y educación— que deberían ser tomadas en cuenta por quienes generan las políticas públicas.

Crianza y socialización

Con base en una encuesta realizada en la zona urbana de Cali, entrevistas a padres o cuidadores y el análisis de canales y programas de televisión, la profesora Adriana Rodríguez de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales investigó cómo los niños menores de tres años se constituyen socialmente en audiencias televisivas. Identificó que a medida que crecen, los niños generan un mayor vínculo con la televisión y con otros medios: “los niños entran en contacto con las tecnologías de comunicación desde edades cada vez más tempranas”, dice.

El análisis realizado encontró que el 89% de los niños menores de tres años ve televisión al menos un día a la semana, principalmente programas infantiles. El 11% restante nunca lo hace.

Muchos padres piensan que los productos audiovisuales que se ofrecen como ‘educativos’ contribuyen al desarrollo y estimulación del niño, pero no necesariamente hay evidencia científica que asegure que pueden cumplir con los objetivos que prometen.

Para la profesora Rodríguez, el proceso de constitución de audiencias es el resultado de un entramando de relaciones entre el mercado audiovisual, las regulaciones del Estado sobre los medios, el reconocimiento social de la primera infancia, la lógica del cuidado infantil y las prácticas de crianza, principalmente.

Ser padres

De la misma facultad, Jacqueline Garavito y César Fabricio Torres investigan las significaciones y competencias requeridas para ejercer la parentalidad en poblaciones en situación de riesgo social, específicamente en la zona de ladera de la comuna 18 de Cali. Para esto trabajaron con diez familias e identificaron que la precariedad económica, social y educativa juega un papel decisivo en la manera como se vive la parentalidad. Hay diferentes competencias parentales que tienen que ver con el apego, la empatía, la educación y la construcción de valores, las cuales quedan reorganizadas y jerarquizadas por una serie de exigencias del contexto donde ocurren, especialmente la necesidad de resolver necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.

La manera como se asumen los roles de padre, madre o cuidador, explica el profesor Torres, está anclada emocional y cognitivamente a las pautas de crianza de sus familias de origen, lo cual tiende a generar patrones repetitivos, que se modifican en la medida en que se tiene acceso a otras significaciones y experiencias de parentalidad. En su diálogo con las familias, los investigadores encontraron que la dimensión personal y el desarrollo del proyecto de vida de las madres y padres en este contexto social marginal —sobre todo de las madres— pasan a un segundo plano o se redefinen en función de la parentalidad, pues los recursos necesarios para realizarlos (tiempo, dinero, oportunidades de estudio o trabajo) deben ponerse al servicio de la crianza de sus hijos.

Ciencia entre la universidad y el Distrito Especial de Aguablanca

“Estoy convencida de que la investigación es el único camino que tenemos para hacer transformaciones sociales que nos permitan avanzar”, dice Sandra Muñoz, asesora de Asistencia Técnica a la Primera Infancia y Enlace Local del Sistema Nacional del ICBF. “Si no hay investigación nos estancamos. Aguablanca necesita a la Universidad Javeriana Cali para que nos oriente en procesos de transformación en la niñez”, enfatiza.

Aunque ha habido importantes avances en las políticas públicas que garantizan los derechos de la infancia en Colombia, aún se sigue pensando el tema sin considerar la información proveniente de los contextos y los grupos de referencia. El Estado y la sociedad, en un acto de corresponsabilidad, deben asegurar el bienestar de la niñez, contemplando a la familia como una institución social importante desde la cual es posible pensar horizontes de transformación, finaliza el profesor Tovar.

Para leer más

  • Osorio, A. M. y Aguado, L. (2015). ¿Cómo medir exclusión social en la primera infancia? Una propuesta de indicador aplicado al caso colombiano. En I. Tuñón (Ed.), Desafíos del desarrollo humano en la primera infancia. Buenos Aires: Biblos.
  • Minujin, A., Bagnoli, V., Osorio, A. y Aguado, L. (2015). Primera infancia, cómo vamos: Identificando desigualdades para impulsar la equidad en la infancia colombiana. Cali: Pontificia Universidad Javeriana.
  • Rodríguez, A. (2013). La constitución social de audiencias de la temprana infancia (Cali-Colombia) (Tesis doctoral). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México. Recuperada de https://rei.iteso.mx/ handle/11117/1276