Dejar los hijos e hijas al cuidado de otro, ya sea un vecino, un conocido e incluso un familiar, mientras los padres salen a trabajar para llevar el sustento al hogar, puede ser una situación riesgosa para ellos.
Y, cuando ocurren casos de violencia contra los menores de edad o hay otro tipo de abuso emergen preguntas como, ¿y en dónde estaba el Estado?, ¿qué servicios de ayuda le estaba ofreciendo a las familias para mejorar el cuidado de sus menores, no exponerlos a tal peligro y aportar a una mejor calidad de vida?
¿Qué ha pasado con el cuidado de niños niñas y adolescentes en Colombia?
El hacinamiento en las viviendas, una infraestructura inadecuada y deficiencia en servicios como atención médica, comercio, comida, transporte y educación, así como otros aspectos de necesidades básicas insatisfechas no solo se exacerbaron con la COVID-19, sino que salieron de la penumbra.
Según el informe La pandemia tiene en crisis los derechos de la niñez, del 2021 -realizado por la organización Niñez Ya-, varios entornos en los que transcurre la vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA) se vieron afectados, poniendo en riesgo su bienestar con la experimentación de diferentes formas de violencia en medio del encierro y las nulas posibilidades de acceder a la educación por medio virtual.

El cuidado antes de la pandemia
Pero todas estas situaciones, que ocurren en el día a día de las familias colombianas y que siguen sumando tarjetas rojas en materia de protección y bienestar para los menores de edad, no aparecieron después de la pandemia, sino que ya venían ocurriendo históricamente.
Así lo pone en evidencia “La organización social del cuidado de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Colombia: experiencias urbanas”, una pesquisa en la que participaron más de veinte investigadoras e investigadores de cinco instituciones del país, quienes durante seis años (2013-2019) analizaron la labor del cuidado de menores que se realiza en los hogares en Bogotá, Cartagena, Medellín, Bucaramanga y Cali.
Cuenta una de las investigadoras del proyecto y profesora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, Amparo Hernández Bello: “nos preguntamos por la conservación de la vida de las nuevas generaciones, el papel de los hogares y el del Estado: ¿Cómo los grupos familiares cuidan a los NNA y cómo se articulan los hogares con el Estado, el mercado (quienes venden el servicio de cuidar), y la comunidad como red de apoyo para garantizar esta labor?”.
Las universidades Javeriana, Cartagena, del Valle, Industrial de Santander y la Pontificia Bolivariana se unieron para responder a estas preguntas. “Quisimos tomar las voces de quienes cuidan para saber cuáles son sus cargas, los tipos de actividades que realizan, los dilemas y angustias y las situaciones difíciles que genera el cuidar, y también escuchar a quienes son cuidados”, complementa Martha Lucía Gutiérrez Bonilla, directora del Observatorio Javeriano de Juventudes e investigadora del proyecto.

Lo que encontraron
Entendiendo el cuidado como aquellas acciones que promueven el bienestar humano, la investigación hace el llamado a que esta labor sea puesta en la agenda pública del país, pues no es un asunto que concierne meramente a las familias, especialmente a las mujeres; es una responsabilidad pública en la que el Estado desempeña un papel importante ofertando servicios sociales que reduzcan la carga a los cuidadores y les brinde una alta protección a los NNA.
“Hay mujeres trabajadoras (jefas de hogar) que tienen dificultades para acceder a las pocas ofertas de cuidado que existen, por la distancia, el transporte o la posibilidad de encontrar a una persona para llevarlos -a los NNA-, recogerlos y cuidarlos en las tardes”, añade Gutiérrez. “Es ahí cuando el Estado debe promover iniciativas para tener centros de actividades escolares y extraescolares que estén cerca del lugar de trabajo de las madres, entre otras acciones que favorezcan el bienestar de nuestros niños”..
Existen muchas similitudes entre las ciudades del estudio que según Gutiérrez responden principalmente a algunas características compartidas sobre el contexto urbano, tales como la inseguridad, la violencia, la desigualdad y la desprotección o la baja cobertura de los servicios sociales.
Invisibilización y feminización del cuidado
En las zonas estudiadas el cuidado es invisibilizado, esto quiere decir que “si bien cuidar resulta un aspecto indispensable del bienestar, se asume como una labor privada y se desestima su contribución económica y social, por lo que no tiene reconocimiento social y económico y tampoco la protección social requerida, pese a las múltiples tareas que implica”, explica Hernández.
Asimismo, la experta reafirma la existencia de la naturalización de la división sexual del trabajo, estableciendo -casi que de forma obligatoria a nivel moral, social y cultural- que quienes cuidan en los hogares deben ser las mujeres.
Por otro lado, existe una gran tensión por situar a los hogares como escenarios principales de cuidado, desconociendo que esto no solo es responsabilidad de las familias, sino que hay otros sectores de la sociedad como las instituciones educativas, las organizaciones que promueven protección, el Estado y la población en general que influyen significativamente en la protección de los NNA.
El negocio del cuidado
En cuanto al papel de la mercantilización del bienestar, es decir, la necesidad de múltiples servicios privados de cuidado, explica Hernández que, “resulta de la insuficiencia o baja calidad de las acciones públicas en las que el mercado debe suplir la oferta que el Estado no provee”.
A estos servicios de cuidado privados pueden acceder solo quienes tienen los recursos económicos suficientes. La investigación revela que la posición social (estrato socioeconómico, nivel educativo, autonomía económica de la mujer y existencia de redes) es clave para la toma de decisiones frente al cuidado. “Quienes tienen más ingresos y una posición social más alta, pueden decidir si cuidan o no, tomar la decisión de quién cuida y en qué condiciones, lo que revela grandes inequidades frente a quienes no pueden decidir”, complementa la profesora Gutiérrez.
“Concluimos que el cuidado es central para la preservación de la vida y el sostenimiento económico y social, y en ese sentido es necesario trabajar desde una perspectiva pública y colectiva en acciones que acaben con la invisibilidad, la naturalización, la familiarización y la mercantilización del cuidado, rasgos principales que impiden la construcción de una sociedad cuidadora”, asegura Hernández.
¿Qué hacer para garantizar un mejor cuidado?
Con la intención de potenciar el bienestar de los menores del país, las recomendaciones de las investigadoras e investigadores inician por reconocer que el cuidado debe ponerse en la en la mesa de las políticas públicas, eliminar los mensajes que naturalizan el cuidado como un asunto de mujeres, aumentar la provisión de servicios sociales para NNA de salud, educación y recreación; mejorar la calidad de jardines infantiles e incluir jornada completa en colegios y actividades extracurriculares.
Asimismo, fortalecer la conciliación en la vida laboral y la vida familiar con equidad de género; compensar el cuidado en los hogares por medio de aportes a la seguridad social, subsidios, beneficios para cuidadores principales y reconocimiento social de la labor.
Por último, el camino planteado por las investigadoras y expertas del proyecto invita a velar por el cumplimiento de lo que ya está establecido en la ley (licencias maternales y paternales de quienes participan del sector formal de la economía, cuotas alimentarias, etc.), así como democratizar el cuidado en la sociedad.