El Coronavirus también “enferma” al peso colombiano

El Coronavirus también “enferma” al peso colombiano

Recurriendo a los clásColumna-Juan-carlosicos de la economía de los siglos XVIII y XIX, quisiera recordar algunas de las famosas frases económicas que aún nos rigen, entre ellas el reconocido “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar) -escrito por Vincent de Gournay, fisiócrata del siglo XVIII- y aquella mano invisible, que no se refiere a la futbolística de Maradona, sino que representa la autorregulación de los mercados sin intervención alguna –evocada por Adam Smith para señalar la capacidad de ayudar al libre mercado-.

Puede que la mano invisible de Maradona, por allá en el año 1986, tenga mucho de actualidad, en un tiempo en el que aún se necesita del Video Assistant Referee (VAR) en el fútbol para asistir mediante una grabación al árbitro central con el objetivo de determinar si se ha producido alguna infracción o jugada irregular y con el ánimo de no generar injusticias.

Comparativamente, determinar o vaticinar el precio del dólar en estos momentos en que el Coronavirus (COVID-19) entra en nuestras vidas es como jugar a ser el árbitro. Es posible no darse cuenta de situaciones anómalas y por eso es importante retrotraer el video, explicar por qué el peso colombiano frente al dólar perdió valor -devaluó- y enumerar sus causas. Quiero señalar aquí que dejaré de lado “lo técnico”, de corte estadístico y econométrico, para darle paso a “lo fundamental” o de coyuntura; es decir, entender un mundo que funciona como decía Adam Smith, mediante el “libre mercado”, donde “la mano invisible de la economía” influyó en el repunte del precio de la divisa.

Lo difícil en este contexto VUCA (acrónimo usado para describir Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad) es vaticinar cómo se comportará el dólar en el futuro próximo, pues los fundamentales pueden cambiar en cualquier momento.

Al volver al VAR y retrotraer los movimientos del precio del dólar a la fecha en cámara lenta y de cerca, vemos que la pérdida de valor de nuestro peso frente al dólar en lo corrido del año va en 20,29 % mientras que la del año completo (12 meses) suma 26,21 %, de acuerdo con la información del Banco de la República. Gran parte de esta devaluación se debe a varias razones, entre ellas el Coronavirus; el ajuste de tasas del Sistema de la Reserva Federal (conocido como Reserva Federal o informalmente Fed) que es el banco central de los Estados Unidos; la caída de los precios del petróleo -por cuenta de la no colusión entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada por Arabia Saudita y Rusia; e incluso a nivel local -aunque opacado por el virus-; las grabaciones del ‘Ñeñe’ Hernández, lo cual causa inestabilidad, afectando la prima de riesgo de país -entendida como la diferencia en la tasa de interés que a un inversor se le paga al asumir una determinada inversión con una menor fiabilidad económica que otra, o sea como los extranjeros nos ven para invertir en Colombia-.

Sin embargo, contradiciendo las palabras de los fisiócratas, que opinaban que la riqueza de una nación procedía de su capacidad de producción y no de las riquezas acumuladas por el comercio internacional, podríamos observar la posición de los otros jugadores para ver si es solo Colombia quien está en “fuera de lugar”. El VAR permite ver cómo en el resto de economías denominadas emergentes como la nuestra, siguen perdiendo valor (la chilena, argentina y brasileña también están “fuera de lugar”), aun cuando el peso colombiano y mexicano son las monedas más volátiles y golpeadas en esta coyuntura macroeconómica con relación a su cotización frente al dólar.

Por lo tanto, “la mano invisible del mercado” nos sorprendió en “fuera de lugar” a los colombianos y los denominados países emergentes, el dólar se disparó y no fuimos capaces de predecirlo, pues los “fundamentales” arriba mencionados se juntaron rápidamente y la reacción en las bolsas fue muy volátil -cabe recordar que el dólar es un “activo refugio”, en el que en contextos VUCA la gente se refugia-.

Ahora la pregunta del “millón” es: ¿hacia dónde se moverá el dólar? Para responder esta cuestión podemos recurrir al VAR para aprender la lección, sin embargo, ahora debemos pensar a futuro (vaticinar) y reconocer que también es una tarea difícil puesto que actualmente no es evidente que el Banco de la República vaya a actuar con su instrumento de política monetaria, modificando las tasas de intervención, pues una actuación en ese sentido, de subir tasas para revaluar el peso frenaría el ascenso del dólar, pero a costa de ralentizar la economía que de por sí ya está siendo golpeada –y será golpeada más fuerte- por el Coronavirus.

En términos de política fiscal por parte del gobierno, aumentar impuestos no es una opción, le queda la iniciativa de generar gasto público, algo que deberá realizar imperativamente como política para reactivar la economía. Sin embargo, es importante mencionar que no hay muchos recursos debido a la caída de los precios del petróleo. Entonces, la alternativa es la deuda pública que, como se mencionó arriba, con una prima de riesgo en ascenso será cada vez más onerosa esta salida, pero inevitable.

En definitiva, atreverse a decir que el dólar bajará no es una opción en el corto plazo –veremos el ‘VAR’ más adelante-. Mientras los “fundamentales” no cambien de tendencia, el dólar permanecerá en el rango de las últimas semanas, incluso con tendencia alcista, y como sucede en el fútbol, mientras no haya certezas para reanudar los torneos nacionales e internacionales, el dólar no tendrá tendencia a la baja.

Coletilla: En este momento VUCA, les invito a comprar sus víveres en las pequeñas y medianas empresas, pues son ellas las que generan la mayor cantidad de empleo en el país y quienes van a sentir en mayor medida este coletazo económico que vivimos y que se vendrá.

*Juan Carlos Cobo-Gómez (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0138-7051)

Profesional en Economía de la Universidad de los Andes, con Maestría en Estadística y Econometría de la Universite Paris-Est Creteil Val de Marne (Francia), Master en Dirección Financiera del Centro Universitario Villanueva (España) y Candidato a Doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es Asistente del Vicerrector de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana y se ha desempeñado como profesor de fundamentos de macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, profesor de investigación cuantitativa y contextualización de problemas educativos en la maestría en Educación de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.

Impuestos al capital en la era de la robotización

Impuestos al capital en la era de la robotización

 

Por años, economistas de todo el mundo han defendido la idea de que no es necesario ponerle un impuesto al capital. Es decir, si usted es dueño de una empresa, no tendría por qué contribuir monetariamente al Estado por sus activos (maquinarias, instalaciones, materias primas, trabajo, entre otros). Sin embargo, investigaciones recientes sobre el tema, han demostrado que en algunos casos podría ser apropiado, tal y como lo afirmó el profesor Iván Werning, durante su visita con motivo del evento de lanzamiento del programa de doctorado en economía de la Pontificia Universidad Javeriana.

Para comprender este argumento, Werning, quien es reconocido como uno de los economistas jóvenes más influyentes en el escenario mundial, según la revista The Economist, señaló la diferencia entre los conceptos capital y trabajo. Si los impuestos a los ingresos laborales son comunes, ¿por qué debería ser diferente con los derivados del rendimiento del capital? Por un lado, los impuestos a los ingresos juegan un rol redistributivo más directo, lo que ayudaría a mejorar la distribución de los ingresos. Por otro, la acumulación de capital proviene de ahorros e inversiones pasados. Impuestos al capital podrían generar distorsiones indeseadas que afecten negativamente al crecimiento de la economía. En estos argumentos se escudaban los economistas que recomendaban no gravar al capital, pero sí a los ingresos laborales.

Sin embargo, hay razones para reconsiderar este antiguo consenso. Si la consolidación de las firmas más exitosas se debe al esfuerzo y trabajo de los empresarios, entonces el valor de estas empresas proviene del fruto del trabajo y, como tal, debería ser gravado como los demás salarios.

Otro argumento a favor de los impuestos al capital es que, al ser utilizados para evitar que la riqueza de un país termine concentrada en pocas manos, pueden contribuir a que por la vía democrática no ascienda al poder algún gobierno con la bandera de expropiar las grandes fortunas. Esto sería aún peor para los incentivos al ahorro y al emprendimiento.

“La propuesta que estamos escuchando en los países de Latinoamérica es ponerle impuestos a la riqueza, en algunos casos hasta el 6% del patrimonio. Si no tuviéramos ningún impuesto al capital, la desigualdad en la riqueza sería muy grande e incluso crecería en el futuro”, afirmó Werning.

Iván Werning
Iván Werning. Impuestos en tiempos modernos: robots, riqueza y comercio

Impuestos a los robots

Por su parte, la utilización de robots en el proceso productivo de las empresas modernas es una forma de progreso tecnológico al que se enfrentan las economías de hoy. ¿Son bienvenidas estas tecnologías a pesar de realizar las tareas tradicionalmente a cargo de los trabajadores? ¿Deberían ser reguladas? ¿De qué forma? Los resultados de las investigaciones más recientes del profesor Werning son concluyentes en afirmar que las sociedades deberían abrazar las nuevas tecnologías, y que su efecto sobre la distribución del ingreso puede ser contrarrestado con un sistema óptimo de impuestos sobre las empresas que se beneficien de ellas. Argumentos similares pueden ser aplicados a la regulación del comercio internacional frente a la globalización.

Cabe mencionar que la participación de Werning en el lanzamiento del Doctorado en Economía busca incentivar en los candidatos a este programa el poder abordar durante el desarrollo de sus agendas de investigación, este y otros temas de relevancia social. Al respecto, el profesor Werning lamenta la escasez de doctorados en América Latina “…porque hay muchas preguntas de investigación que son particulares a los países, a sus instituciones y a su situación […] Muchas veces se ha dicho que es muy difícil competir con el resto del mundo, pero no hay que quedarse con la idea de que hay que competir en la misma dimensión, en el mismo margen; hay otras dimensiones donde los posgrados locales pueden agregar valor”, concluye.

Para conocer más remas relacionados con el impuesto al capital y la economía colombiana, lo invitamos a visitar los siguientes artículos:

La reforma tributaria que no se vio

¿Cómo va la economía en el contexto global?

Un año con Iván Duque

¿Qué es la clase media en Colombia?

Del salario mínimo y la Ley de Financiamiento

¿Qué es la clase media en Colombia?

¿Qué es la clase media en Colombia?

¿Quién puede considerarse afortunado en Colombia? ¿Cómo se mide este tipo de realidad: desde factores subjetivos como la alegría, la cohesión familiar o el éxito profesional? ¿O, simplemente, es una cuestión material, del dinero que una persona tiene en el bolsillo al iniciar el día y lo que utiliza para satisfacer sus necesidades?

Parte de esa respuesta debe explicarse con números. Según las mediciones más recientes del Departamento Nacional de Estadística, DANE, el 26,9% de la población en 2017 vivía por debajo de la línea de pobreza, esto quiere decir que alrededor de 12,2 millones de personas tenían serios problemas para adquirir con sus ingresos los elementos de la canasta familiar, los artículos y servicios más básicos del mercado. Este indicador es muy parecido al más reciente estudio regional realizado por la CEPAL, en el cual la pobreza afecta a 30,2% de la población de América Latina y el Caribe (alrededor de 184 millones de personas).

Recientemente, el DANE ha venido refinando sus métodos de medición para definir con mayor exactitud este tema. De acuerdo a su director, Juan Daniel Oviedo, en Colombia una persona puede considerarse pobre si gana al día menos de $12.000, o si llega a final de mes con ingresos por $360.000; su condición mejora si, al día 30, en su bolsillo, encuentra $900.000, el límite de lo que se considera como “vulnerabilidad económica”.

Pero si encuentra más, podría considerarse como afortunado: hace parte de ese grupo de la población llamado “clase media”, aquellos que, por lo que ganan, pueden permitirse una vida cómoda. ¿Quiénes son? ¿Hay gente en Colombia que pueda ser mucho más afortunada? ¿Qué compran en una jornada como hoy, cuando se celebra el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores?

Sobre este tema se refiere Luis Carlos Reyes, doctor en economía y director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, quien analiza, a través de una serie de columnas de opinión en video, el estado de la economía colombiana y cómo puede afectarse ante la posibilidad de una nueva reforma tributaria.

En sus siguientes columnas, Reyes se refirió a:

La disyuntiva del gasto en tiempos de paz

La disyuntiva del gasto en tiempos de paz

El de Ministro de Hacienda ha sido un cargo de renombre en la historia de Colombia, con decisiones que han contribuido a darle forma a la economía local. Sobresalen nombres como los de Esteban Jaramillo, quien a inicios del siglo XX lideró la misión de expertos que modernizó la banca, fundó el Banco de la República y, más tarde, con una convocatoria nacional, reunió los recursos para armar las tropas que iban a enfrentar la invasión peruana a Leticia (solo una escaramuza aislada); o el de Rudolf Hommes, que con su ‘apertura económica’ inscribió al país en la nueva oleada neoliberal impulsada por el Consenso de Washington; también está el hoy presidente Juan Manuel Santos, que a principios del siglo XXI capoteó la peor recesión económica en la historia del país y la quiebra del sector bancario renovando el impopular impuesto del, entonces, dos por mil; o, más recientemente, Juan Carlos Echeverri, quien, pregonando “el ahorro en época de vacas gordas”, transformó el modelo de regalías e impulsó la regla fiscal, las medidas macroeconómicas para impedir que el país gastara de más y pusiera en riesgo sus ahorros futuros.

Sin embargo, para el investigador y académico Andrés Felipe Mora Cortés el papel de un Ministro de Hacienda es mucho más limitado de lo que parece. “Pierde muchos grados de libertad y se pierde la idea contable del cargo, que simplemente está para elevar los ingresos y disminuir el gasto, porque está respondiendo a un problema político”, asegura este politólogo, magister en Economía, doctor en Desarrollo de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

Aquel problema político ha atado la voluntad de todos los que lideraron el Ministerio de Hacienda desde la aprobación de la Constitución Política de 1991, y se debe a que el país ha asumido diferentes compromisos, tanto nacionales como internacionales, que siempre lo han llevado a estirar de más los recursos que percibe. Técnicamente, el Gobierno se ve abocado a afrontar un déficit fiscal, es decir, que gasta mucho más que el dinero que cada año tiene para operar. “Se trata de factores estructurales que difícilmente puede controlar el Ministro”, insiste Mora, quien en 2012 inició una investigación para evaluar el avance de la política fiscal en el país desde los años 90 a la actualidad.

Estudiando las cifras oficiales aportadas por el mismo Ministerio y el DANE, al igual que los reportes de la OCDE, el ‘club de buenas prácticas’ del que Colombia aspira a ser miembro, encontró que, desde entonces, las decisiones de gasto han estado sujetas a tres grandes compromisos que el país siempre ha honrado desde la puesta en marcha de las reformas neoliberales, siendo el primero de ellos el servicio de deuda: los pagos que año a año debe realizar para pagar los créditos internacionales y nacionales con los que el Gobierno financia buena parte de sus presupuestos anuales.

“La deuda, más o menos, siempre ha sido creciente, es muy elevada y difícilmente el Gobierno puede disminuirla, porque ya tiene compromisos adquiridos de pago”, explica Mora. De estas amortizaciones se desprende una especie de círculo vicioso, pues el país recibe mejores calificaciones por parte de las agencias crediticias como Moody’s, Fitch o Standard & Poor’s (que dan una mejor nota si el país cumple siempre con sus cuotas de pago) que le permiten acceder a préstamos más baratos en el mercado.

Desde hace 25 años, según el análisis de Mora, esa deuda se ha quintuplicado a pesar de la estrategia de remplazar el crédito externo, considerado como caro, por el interno; se calcula que, entre 1990 y 2013, el país pagó un sobrecosto de intereses del 61%. Según cifras del Ministerio de Hacienda, al tercer trimestre de 2017 la deuda neta del Gobierno Nacional Central ascendía a $394,13 billones, que equivalen al 43% del PIB nacional.

Lo más preocupante es que muchas veces se ha pedido prestado para cancelar obligaciones contraídas, generando así un círculo vicioso aún peor. ¿Y por qué el país ha escogido convertirse en un ‘buen deudor’? Para Mora, se debe a que el Estado se ha trazado como gran objetivo la generación de confianza inversionista, muchas veces para atraer capitales externos y, así, subir sus ingresos que se redondean por el dinero que se percibe de exportaciones y de los impuestos recaudados. “Detrás de esa idea hay actores sociales como el capital financiero internacional, conformado por los organismos multilaterales de crédito, las calificadoras de riesgo, etc., que presionan para que las decisiones en materia fiscal, por lo menos en el servicio de deuda, sean estrictamente cumplidas”.

El segundo compromiso es más complejo: el gasto militar. Debido al conflicto armado que el país ha sostenido por más de 60 años, este rubro casi que se ha convertido en una obligación para garantizar el funcionamiento del Gobierno, el Estado y la democracia. Por esa razón, y debido a la violencia desatada por el narcotráfico y los grupos armados irregulares desde los años 80, el gasto en seguridad y defensa pasó de menos de un billón de pesos en 1990 (2,2% del PIB) a $27 billones en 2014 (5,9% del PIB).

Esa tendencia se mantiene hoy en día. A pesar de haberse implementado el año pasado el acuerdo de paz con las FARC, y de que sus miembros abandonaron la lucha armada, para el Presupuesto General de la Nación de 2018 se dispuso una asignación de $32,7 billones para el sector de defensa, un incremento del 8,9% frente a los $29,9 billones que había recibido el año anterior. Si bien puede considerarse contradictorio que, sin la que ha sido su principal amenaza, la Fuerza Pública aumente sus partidas, la respuesta obedece a una razón administrativa: “Más del 80% del gasto militar es de funcionamiento, lo que quiere decir que un recorte en ese aspecto es muy complicado de hacer”, explica Mora.

La última obligación que ata el actuar del Ministro de Hacienda viene por cuenta de los programas de inversión social, de naturaleza puramente discrecional del Gobierno, que se han constituido en una herramienta para revertir los efectos nocivos que el actual modelo económico ha causado sobre grupos específicos de la población; en otras palabras, se trata de un presupuesto de libre asignación para eliminar las brechas de desigualdad social que se presentan en el país.

En su investigación, Mora encontró que este gasto –diferente al que la Constitución, vía transferencias, asigna a sectores sensibles como el de educación o salud– pasó de $13 billones en 2000 a $83 billones en 2016; para 2017, las cifras oficiales preveían un desembolso de $118,4 billones para este rubro (incluido el gasto en transferencias). Aunque a primera vista puede ser positivo este incremento, el análisis del investigador muestra que su alcance puede no ser determinante: “Es más remedial y no está orientado a resolver las causas profundas de esa pobreza, de esa desigualdad”.

Para 2018, el presupuesto colombiano contempla un gasto de $32,7 billones en defensa. /Pixabay
Para 2018, el presupuesto colombiano contempla un gasto de $32,7 billones en defensa. /Pixabay


Ampliar el déficit fiscal

Tras dos años de análisis a las cifras oficiales y sus implicaciones, las conclusiones de Mora se consignaron en el artículo Veinticinco años de crisis fiscal en Colombia (1990-2014): Acumulación, confianza y legitimidad en el orden neoliberal, publicado en 2015 por la revista Papel Político, de la Javeriana.

Allí acuña el término ‘Estado bélico-asistencial’ para definir el funcionamiento de Colombia a partir de la forma cómo emplea su gasto para garantizar las tres condiciones básicas de su funcionamiento: la acumulación de capital para ciertos sectores locales, la confianza inversionista para el capital financiero foráneo y la legitimidad dentro de las clases menos favorecidas, para lo cual debe realizar enormes gastos en el pago de su deuda, la inversión en seguridad y el gasto social que, irremediablemente, lo llevan a permanecer en un constante déficit fiscal.

La fórmula para solventarlo ha sido el aumento de impuestos, lo cual explica que entre 1990 y 2003 se aprobaran ocho reformas tributarias para mejorar los fondos recaudados. La más reciente fue aprobada por el Congreso en 2016 y, según cifras de la DIAN, contribuyó a recaudar $136,5 billones en 2017, un incremento de 7,6% comparado con el ejercicio anterior.

Sin embargo, esta práctica ha contribuido a crear grandes desigualdades en el país. Autores como Guillermo Perry, exministro de Hacienda, aseguran que la política tributaria está plagada de inequidades (por ejemplo, no es activa al gravar los grandes capitales), estimula la informalidad, tiene una capacidad de recaudo muy baja y, entre otros problemas, dificulta la debida redistribución de recursos entre sectores. De hecho, buena parte de las medidas recaen sobre la clase media, reconocida por ser el sector de la población que jalona la economía mediante el consumo, y que, ante un panorama impositivo más elevado, debe apoyarse en los créditos bancarios.

“Colombia pierde anualmente cerca de $70 billones asociados con todas estas prebendas fiscales que se les otorgan a ciertos sectores”, asegura Mora, quien opina que el país debe reformar su estructura tributaria para fortalecer la capacidad adquisitiva de la clase media, lo cual permitiría, en el largo plazo, garantizar un crecimiento económico sostenible.

Se trata, ante todo, de una necesidad urgente, en especial en momentos en los que el país se comprometió a construir una paz estable y duradera. Con la salida de la ecuación de la guerra de uno de los principales actores del conflicto armado, se prevé que otros conflictos que habían permanecido opacados, como los reclamos salariales de los profesores públicos, las demandas de los transportadores, las protestas de los campesinos, las reivindicaciones de las minorías étnicas, entre otras, cobren importancia, por lo que el Gobierno tendría que invertir en medidas que garanticen soluciones estructurales.

Para ello sería necesario que el país invirtiera gruesas sumas en infraestructura, transformación tecnológica y, entre otros, en impulsar sectores sensibles de la economía, como el agro; sin embargo, el diseño del actual presupuesto nacional da a entender que se ha escogido otro camino. “Con los recortes en ciencia tecnología e innovación, se puede ver que no hay un compromiso en transformar el aparato productivo del país hacia bienes más complejos tecnológicamente, sino que se plantea generar cambios marginales sobre la estructura productiva actual”, advierte Mora.

En últimas, la solución que el Gobierno tiene a mano en este momento es ampliar su déficit fiscal, que, según cálculos de Mauricio Cárdenas, actual ministro de Hacienda, rondaría el 3,6% del PIB. Pero una dificultad adicional se manifiesta en la regla fiscal, la ley que obliga al Gobierno a reducir este desbalance. Voces como la del exministro Hommes han llamado a la necesidad de reenfocar la dirección económica del país en momentos tan cruciales: “Es necesario y urgente que el Gobierno recupere flexibilidad fiscal para responder a las exigencias del posconflicto, entre las que se destacan la necesidad de hacer crecer la economía, impulsar el campo y obtener cohesión social”, señala en su columna habitual de El Tiempo.

En ese mismo sentido se pronuncia Mora, quien cree que las necesidades inmediatas de desarrollo deben primar por encima de las recomendaciones del capital financiero internacional: “La regla fiscal le quita margen de maniobra al Gobierno para que regule esa nueva conflictividad social a través del gasto público. No hay nada más prioritario en este momento en Colombia que la construcción de paz, y el déficit fiscal debe apuntar hacia ese objetivo”.