“Durante la pandemia las mujeres quedaron encerradas con sus agresores”, Linda Cabrera

“Durante la pandemia las mujeres quedaron encerradas con sus agresores”, Linda Cabrera

La emergencia sanitaria generada por la Covid-19 ha impactado a diferentes sectores de la sociedad de manera indiscriminada, pero no al mismo nivel. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) revela que ciertos grupos sociales que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, como el de las mujeres, se han afectado más, agudizando las desigualdades sociales y de género.

Con la intención de comprender esta problemática, en el marco del conversatorio Violencia contra las mujeres en Colombia, emergencia nacional, el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana habló con Linda Cabrera, directora de la Corporación Sisma Mujer, Adriana Benjumea Rúa, directora de la Corporación Humanas Colombia; y Alejandra Coll, integrante del grupo de trabajo en género de la Comisión de esclarecimiento de la verdad. Las tres son abogadas, feministas, promotoras y defensoras de los derechos humanos de las mujeres.

La Covid-19 pone la lupa a la difícil situación de las mujeres en Colombia

En términos de género, las desigualdades han quedado en evidencia durante la pandemia, por ejemplo, con el incremento de la tasa de desempleo del país, especialmente en mujeres.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el desempleo de los hombres para el periodo de septiembre a noviembre del 2020 fue de 10,9 % frente a 19,6 % para las mujeres. Durante este mismo trimestre del 2019 las tasas habían sido de 7,6 % y 12,6 %, respectivamente. No solo creció el desempleo en general, sino que el mayor impacto ocurrió en la población femenina.

Sin embargo, esto no significa que las mujeres estén desocupadas; la realidad es que ellas siguen trabajando, es decir, “están sin trabajo en términos de que no son remuneradas, pero se encuentran día a día ejerciendo labores de cuidado (acompañamiento a los niños en el aprendizaje desde casa; cuidado de los niños, adultos mayores; tareas domésticas; entre otras). Entonces, la llamada economía del cuidado es una explosión, estamos produciendo y trabajando más, pero sin recibir un reconocimiento económico por esto”, aseguró Linda Cabrera, de la Corporación Sisma Mujer, durante el diálogo.

Ahora bien, los sectores generalmente feminizados han sido los más golpeados, explica Cabrera, trabajos como los hoteleros, domésticos y restaurantes, son algunos de los más fáciles de suspender debido a las restricciones, lo que además implica que más mujeres no puedan pagar y acceder a los servicios de salud. A esto se adhiere otro efecto secundario de quedarse sin trabajo: la falta de independencia económica.

“Perder el empleo, para nosotras y a diferencia de los hombres, no solo significa pasarla mal, sino que para una mujer es un riesgo inminente de violencia contra ella y sus hijos e hijas, porque pasa a depender económicamente de alguien y es aquí cuando se activan relaciones de poder que terminan escalando a escenarios de agresión, maltrato y las diferentes formas de violencia”, describió Cabrera.

Un problema de cifras

En el informe de la Situación de los derechos humanos en Colombia, la ACNUDH explica que aunque los registros de los hechos violentos hacia la mujer demuestran un considerable descenso, esto no se debe precisamente a la disminución de dichas prácticas, sino a las limitaciones para acceder a servicios de denuncia durante la crisis sanitaria.

El sistema para denunciar presenta falta de recursos tecnológicos para la atención virtual en Comisarías de Familia, colapsan las líneas telefónicas de atención y no hay facilidades de acceso a las valoraciones médico legales. También hay ausencia de cupos en las casas de refugio e insuficiente número de estas casas especializadas para acoger a las mujeres víctimas.

Lo anterior podría explicar la discordancia que hay entre unas cifras y otras, pues durante la pandemia no hay un consolidado certero de la totalidad de casos reportados. Linda Cabrera explicó que la institucionalidad ordinaria, encargada de notificar la denuncia de estos casos de forma oficial, como la Fiscalía o Medicina Legal, reporta una disminución de los casos.

Pero para otras instituciones dedicadas a cubrir género como Sisma Mujer, estos números no coinciden con la realidad. En sus reportes indican que líneas de atención y orientación para mujeres víctimas de violencia como la Púrpura y la 155, entre otras, registran un  incremento del 96,74 % de las llamadas por violencia intrafamiliar en comparación al 2019,  pasando de 12.543 casos (marzo del 2019 al 18 de febrero del 2020), a 24.677 en los mismos once meses del 2020 al 2021.

Por su parte, Alejandra Coll, de la Comisión de esclarecimiento de la verdad, comentó en el evento que, por ejemplo, según disposiciones estatales, todos los municipios deberían tener una casa refugio para atender y acompañar estos casos; sin embargo, de los 1.103 municipios que hacen parte del territorio nacional, son cerca de ocho los que cuentan con estas casas y otros diez tienen convenios con hoteles. Con eso se infringe uno de los preceptos de la Ley 1257 del 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

Las abogadas coincidieron en que en el marco de la pandemia uno de los grandes errores fue no prever medidas diferenciales: “las mujeres se quedaron encerradas con sus agresores sin poder denunciar, llamar, sin saber cuáles eran los números a los que podían recurrir, o sin tener acceso a una de estas casas a pedir ayuda. Sin embargo, las instituciones dedicadas a apoyar a las mujeres y las entidades feministas hicieron lo posible por acompañar”, dice la directora de Sisma Mujer.

Ante las distintas problemáticas aquí mencionadas, para las expertas lo que hizo la pandemia fue visibilizar y poner la lupa a aquello que por años permaneció oculto.

Qué acciones implementar para combatir la pandemia que ataca a las mujeres

La invitación de Adriana Benjumea Rúa, directora de la Corporación Humanas Colombia, fue a cuestionar la estructura de la sociedad, sus relaciones de poder y la participación política de la mujer.

En esto coincidió la abogada Cabrera, quien dice que “las respuestas no funcionan porque las normas las siguen dictando los hombres, porque los puestos del poder público los siguen ocupando ellos, la distribución del poder está mal y mientras esto siga así será difícil alcanzar un gran cambio”, y añadió que no se trata de excluir a los hombres sino de tener una igualdad de condiciones y de participación política para construir una mejor sociedad.

Durante el conversatorio las expertas llegaron a la conclusión de que parte de la solución implica un gran cambio social. Este no es un problema solo de las feministas, dijo Benjumea: “para avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres, el país y el mundo deben participar en la transformación”.

Al respecto, la directora de Sisma Mujer enfatizó: “es necesario que el Estado empiece a trabajar de manera decidida en el tema de la cultura ciudadana, por ejemplo, desde la primera infancia en los sistemas educativos, en los cuales se pueda abordar el tema de la no violencia hacia las mujeres. Hay que generar cambios sociales que implican rediseños en el sistema educativo, en las políticas ciudadanas, de vigilancia, castigos efectivos y no impunidad, entre otros; mientras esto siga siendo así no habrá motivación para que los agresores dejen de cometer prácticas de violencia contra la mujer”.

A denunciar las violencias de género en las universidades

A denunciar las violencias de género en las universidades

Camila* estudia antropología en una universidad de Bogotá y ha pedido a los miembros de la institución que la llamen por su nombre de registro, pues en los listados aparece como Andrés, apelativo que usaba antes de identificarse como mujer trans. “Yo no quiero que los profesores me digan ‘Andrés pase a exponer’ o lo que sea. Esto de verdad afecta mi salud mental y desarrollo personal”, dice. Los llamados han sido reiterativos, pero esta universidad no cuenta con un protocolo adecuado para ofrecer atención a su caso, a pesar de que estos son obligatorios en todos los centros de formación del país. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Ministerio de Educación exigen que las Instituciones de Educación Superior (IES) sean instituciones libres de violencia y de discriminación.

Linda Teresa Orcasita, psicóloga, magíster en familia y experta en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, asegura que situaciones como esta, en las que la falta de acción para acompañar a las víctimas de violencias basadas en género en las IES se vuelve común, han sido analizadas a nivel nacional y local. La investigadora agrega que algunos de estos estudios evidencian que cuando una universidad no tiene un protocolo o una ruta de atención clara frente a estas violencias, se incrementa la gravedad de la situación y de alguna forma se silencia y se invisibiliza. Durante los últimos años, Orcasita, estudiantes de comunicación y psicología, así como docentes del equipo de trabajo han puesto énfasis a esta situación para comprender a profundidad el manejo que le dan los centros universitarios a estos, especialmente donde ella trabaja: la Universidad Javeriana Cali.

Sofía**, por ejemplo, estudia en una universidad de Barranquilla y como muchos estudiantes tampoco se escapa de haber experimentado violencia de género en su academia. Tuvo una experiencia muy fuerte hace tres años que, en sus palabras, marcó su vida. Para ese momento tomaba una clase de historia en la que con frecuencia su profesor le hacía comentarios irrespetuosos. “Me molestaba durante la clase, me rayaba los brazos con marcador en modo jocoso, me tomaba fotos y en general tenía muchas actitudes que me hacían sentir incómoda. Yo no lo denuncié inmediatamente porque quería evitar problemas. Lo único que a mí me generaba tranquilidad era saber que el otro semestre no lo iba a volver a ver. Mucho más tarde me vine a enterar de la existencia de un protocolo para casos como el mío”.

Con el objetivo de implementar una estrategia de visibilización, apropiación y evaluación del Protocolo de violencias y discriminación en docentes y estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, y sobre todo para que casos como los de Camila y Sofía sean debidamente orientados, la profesora Orcasita, junto a un equipo de docentes y estudiantes, desarrollaron el proyecto Genera Cambio, con el que lograron evidenciar la necesidad de que el protocolo de la universidad tuviera un enfoque de género. Entonces, “nuestra propuesta fue visibilizar el enfoque de género para la detección de diversas expresiones de violencias basadas en género”, señala la investigadora.

Asimismo, a través entrevistas a 13 docentes y 250 encuestas a estudiantes de diversas facultades, encontraron que se requiere mayor sensibilización en el reconocimiento de tipos de violencias y rutas de atención que promuevan la no discriminación. “Tanto docentes como estudiantes pueden tener una idea básica del concepto de género, pero se quedan muchas cosas por fuera. Por ejemplo, si bien comprenden la definición, hay carencia de recursos para la identificación de situaciones en donde hay actos de violencia, pues no todos saben que hay diferentes tipos (violencia directa, estructural, cultural, simbólica, entre otras). Por eso, muchas de las personas que no denuncian, simplemente lo hacen porque no tienen claridad del momento en el que fueron violentados”, comenta  la experta.

 

Estos son algunos de los conceptos que las investigadoras con su estrategia de divulgación tratan de aclarar.
Estos son algunos de los conceptos que las investigadoras con su estrategia de divulgación tratan de aclarar.

 

Respecto al conocimiento que tienen los estudiantes acerca del protocolo, la investigación evidencia que, como Sofía, el 49% de los encuestados no lo conoce. Por su parte, el 6% afirmó haber escuchado de este, pero desconocer la ruta de atención. Un 13% aseguró conocer el funcionamiento del protocolo y un 6% dijo que lo había usado o conocía a personas cercanas que lo habían hecho.
Sofía cuenta que cuando finalmente usó el protocolo, básicamente lo que hizo fue contar lo que le había pasado y darlo a conocer por escrito, “pero nunca recibí ningún tipo de acompañamiento psicológico ni nada. Cuando todo pasó, yo no quería decir nada porque no me sentía segura. Luego muchos me echaron en cara que por qué no lo había hecho en el momento. En estos casos todos creen saber qué es lo que hay que hacer, pero vivirlo no es fácil”. Sofia agrega que incluso le preguntaban si estaba segura de querer denunciar al profesor, que si tal vez le había dado motivos con sus actitudes. “Me decían ‘piénsalo bien, por los efectos que pueda tener. Todos me metían mucho miedo”, recuerda.

Y es que esta mala costumbre tiende a repetirse especialmente con las mujeres. Según la investigación, de 43 estudiantes que reportaron haber vivido una situación de violencia de género, 37 se identificaron con el género femenino, 4 con el masculino y 2 personas de género diverso. Ahora bien, antes de alertar a la institución, Sofía le contó a uno de sus amigos de clase, “yo le decía a él que me esperara, que no me dejara sola en ningún momento con el profesor. Él y otro amigo fueron los que me impulsaron a denunciar”, expresa.

Con estas acciones parece que los compañeros y amigos son la primera opción para compartir lo sucedido. De hecho, 60% de los encuestados respondieron que en caso de ser víctimas de violencia de género acudirían a un amigo o amiga y menos del 15% a la decanatura o a la oficina de gestión estudiantil.

Las víctimas viven el temor de la catástrofe que les implicaría el hecho de delatar, no hay seguridad que les vaticine la tranquilidad que necesitan. “Los estudiantes tienden a ser incrédulos al reportar estos casos, piensan que no van a ser apoyados y que los protocolos no van a ser activados. Eso hace que exista miedo a denunciar”, expone la psicóloga Orcasita. Respecto a esto, a los encuestados se les preguntó sobre los aspectos que pueden impedir el reporte de casos de violencia de género. El 69,5% reportó que un aspecto sería ser ignorado por la universidad, 59,3% no sabría a dónde acudir, 57,7% tendría miedo a las represalias y el 41,9% por el desconocimiento de lo que es la violencia de género.

 

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Jugando aprendemos y nos cuidamos

Con este panorama, el equipo interdisciplinar de investigadoras Linda Teresa Orcasita, Andrea Lucia Medina, Elba María Bermúdez, Mónica Lozada, Liliana Tamayo, Tatiana Bejarano y las estudiantes María Camila García, Angelíca Orozco, Mayra Escobar y Paola Orozco crearon una campaña en redes sociales para promover el conocimiento de las violencias basadas en género y además diseñaron un prototipo de aplicación para jugar, interactuar, profundizar en el protocolo y evaluar tanto los conocimientos en violencias de género que tienen los usuarios como las actitudes que toman frente a la misma.

La aplicación se llama Violetometro. Según explica la profesora Orcastia, “lo que queríamos en gran parte con esta iniciativa era hacer saber a la comunidad que sí pueden denunciar y que los protocolos son reales, que sí existe una ruta de atención y que la universidad no avala ningún tipo de violencia que ocurra”. En esta App las personas podrán encontrar historias de vida y conocer las rutas que deben seguir en caso de estar experimentando cualquier situación similar. Además, el juego permite profundizar en los temas de interés y realizar un debate con amigos.

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Reconocimiento

El proyecto liderado por la investigadora Linda Teresa Orcasita es el resultado de la participación, junto a otras 56 propuestas, en una convocatoria del Ministerio de Educación y ONU mujeres. La iniciativa fue elegida dentro de las mejores siete estrategias de intervención alrededor de esta problemática, por lo que fue premiada por el Ministerio de Educación y La Presidencia de la República en una ceremonia que recibió el nombre de La noche de los mejores.

Orcasita asegura que lo más innovador fue pensar en una estrategia tecnológica, comunicativa y no sólo de orden investigativo, e incluir a gran parte de la comunidad educativa (docentes y estudiantes) para recoger sus percepciones. Aun así, es consciente de que quedan muchos retos. Para ella es necesario seguir trabajando e incluir a otros actores de la universidad que no tienen el cargo de docente o estudiante, y hacer del prototipo que diseñaron una realidad. “Aquí seguimos. Finalmente, con la divulgación del proyecto empezaron a llegar reportes de casos relacionados con el tema y eso nos hace seguir creyendo en que vamos por buen camino y que los esfuerzos están dando frutos”.

La invitación es a que las universidades se unan en la investigación para combatir estas situaciones y construir iniciativas colectivas que favorezcan a la academia.

* Nombre ficticio por solicitud de la fuente