Tras el terremoto del 10 de agosto, las sirenas, el polvo y el colapso de los edificios han capturado nuestra atención. También lo han hecho los rostros de las víctimas, el dolor de las pérdidas y las acciones solidarias. Pero, tras las secuelas visibles de la emergencia se extienden otras que requieren un sistema de salud presente para garantizar que el número de afectados no se extienda más.
Hay pacientes cuyos centros de salud dejaron de estar en capacidad de atenderlos, tratamientos que no pueden interrumpirse —diálisis, insulina o quimioterapias— y sobrevivientes que, aunque físicamente a salvo, requieren atención en salud mental. La sensación de perder el control tras un evento de esta magnitud puede intensificar las respuestas emocionales y manifestarse desde estados de bloqueo o dificultad para expresar lo que se siente, hasta episodios de agitación extrema. ¿Cómo se gestiona una crisis cuando hay heridas vitales que no son fáciles de ver?
Reorganizar la salud más allá del rescate
En las primeras horas después de un terremoto la capacidad sanitaria se vuelca hacia las consecuencias más visibles del desastre. Se localiza a los sobrevivientes, se estabiliza a los lesionados y se trasladan hacia los hospitales. En paralelo, se controlan riesgos de incendios y fugas de agua o gas. A partir de ese momento, la respuesta sanitaria comienza a reorganizarse para atender una demanda que cambia a medida que avanzan las horas.
Esa reorganización requiere que la salud pública opere como la red eléctrica de una ciudad. Si un nodo colapsa, los demás redirigen la energía para evitar un apagón. En este escenario, los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE) coordinan el movimiento de ambulancias y las remisiones de pacientes para aprovechar la capacidad disponible y evitar la saturación de los hospitales de alta complejidad, explica Juan Fernando Millán, experto en salud pública y gestión de emergencias de la Pontificia Universidad Javeriana seccional Cali.
Para que esa red sanitaria no colapse, la respuesta puede escalar desde lo local hasta lo nacional. En medio de la emergencia, regular el flujo de heridos es clave, y las secretarías de salud ejercen la autoridad sanitaria para asegurar que la atención especializada se enfoque hacia quienes realmente la necesitan. “Una remisión inadecuada puede ocupar capacidad especializada con un paciente tratable en un nivel menor y dejar sin espacio a quien requiere cuidados de alta complejidad”, afirma Millán, quien durante más de 10 años ha dirigido la clase Atención en Salud en Emergencias y Desastres del Departamento de Epidemiología de la Javeriana, seccional Cali.
Por eso, la capacidad de respuesta no depende únicamente de los recursos disponibles en cada institución. También está determinada por la capacidad del sistema para “coordinar, priorizar y mantener los servicios esenciales, protegiendo a la población después de ese impacto inicial”, sostiene Millán. Esto resulta especialmente importante teniendo en cuenta que más de 300 instituciones prestadoras de servicios de salud quedaron afectadas tras el terremoto, y que incluso municipios como El Cairo y El Águila, en el norte del Valle, vieron completamente destruida su infraestructura hospitalaria, según afirmó la ministra de Salud Ana María Vesga, el pasado 18 de agosto.
Bajo esa lógica, durante la crisis los CRUE operan como un bloque regional. Las fronteras departamentales desaparecen para garantizar que los pacientes sean trasladados al hospital con capacidad más cercano, como ocurre entre los municipios del norte del Valle que están más próximos a servicios de Risaralda y Quindío.
Cuando la infraestructura disponible no es suficiente, los hospitales de campaña forman parte de las alternativas cuando una institución ha perdido una parte o toda su capacidad de atención. La operación requiere desplazar personal, insumos y medicamentos hacia los lugares donde son necesarios.
Sin embargo, la respuesta sanitaria no se limita a los hospitales. La intervención también se extiende a los albergues temporales. Aunque su instalación corresponde a las administraciones locales, las autoridades de salud verifican las condiciones en las que funcionan. Como explica Millán, esa supervisión comprende “condiciones de salud pública mínimas, por ejemplo, cuántos baños hay, el manejo de basuras, la alimentación, el consumo de agua o los temas de salud mental”.
La continuidad de los tratamientos constituye otra prioridad. Que una persona estuviera en tratamiento antes del sismo no reduce la importancia de su atención, y la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reconoce el principio de continuidad dentro del derecho fundamental a la salud. Por eso, “primero hay que identificar esos pacientes dependientes de medicamentos o tecnologías, garantizar para ellos la entrega de medicamentos esenciales y buscar la activación de rutas para procedimientos específicos”, señala Millán.
La respuesta en salud mental
En paralelo a la reorganización de las capacidades médicas, otro cuidado vital necesita desplegarse: la atención en salud mental. Un terremoto altera la forma en que una persona entiende y responde a lo que ocurre a su alrededor y los primeros auxilios psicológicos (PAP) funcionan como un torniquete para las emociones. Esta acción temprana permite estabilizar a la persona y previene reacciones exacerbadas que puedan poner en riesgo su seguridad y su capacidad de tomar decisiones.
“Los primeros auxilios psicológicos equivalen a lo que en medicina llamaríamos maniobras salvadoras, como la reanimación cardiopulmonar. Intentamos contener la espiral en la que la persona entra, la cual, si no le ponemos freno, hará crecer tanto el grado de angustia que incluso puede poner en peligro la propia vida”, explica Jesús Miranda Páez, ex presidente de la Asociación Mundial de Psicología de Emergencia y profesor de la cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes en la Universidad de Málaga.
El objetivo primordial de esta primera atención, explica Miranda, no es solo la contención emocional inmediata, sino la preparación del terreno para el duelo y la prevención de patologías clínicas derivadas del trauma. Esta atención —que debe ocurrir horas después del evento— suele estar a cargo del personal de rescate y de salud.
Durante los días posteriores a los primeros auxilios psicológicos debe darse una fase de acompañamiento por personal formado en intervención en crisis. Este asesoramiento busca establecer una comunicación fluida para que la persona afectada pueda expresar sus necesidades y expresar de manera abierta todas sus emociones tras haber bajado su nivel de sobre activación inicial.
La aplicación sucesiva de los PAP y el asesoramiento es tan efectiva que permite que la mayoría de las personas retome el control y siga con una vida normal dentro de lo que es posible, explica Miranda. Con estas dos fases se evita que el sufrimiento y las reacciones naturales ante los eventos adversos deriven en patologías crónicas (como el estrés postraumático) que hagan necesaria la psicoterapia especializada.
Pero el trauma no distingue uniformes. Además de las víctimas y los sobrevivientes, el personal de atención de emergencias (bomberos, rescatistas, policías, personal médico) enfrentan una alta vulnerabilidad psicológica ante la exposición repetida al dolor ajeno.
Para cuidar a los primeros respondientes, Miranda comenta que es necesaria la integración de psicólogos especializados en emergencias en las unidades de atención. Su rol no solo es atender a los rescatistas cuando lo requieran, sino coordinar y capacitar al personal en pautas de autocuidado, abrir espacios para expresar lo vivido y monitorear la fatiga del equipo. Esto permite detectar y sustituir a tiempo a un primer respondiente cuyo nivel de estrés acumulado sea excesivo.
Las soluciones también necesitan triage
El instinto empuja hacia la ayuda inmediata. Sin embargo, ambos expertos coinciden en que la improvisación bienintencionada puede convertirse en una segunda emergencia si no se canaliza adecuadamente.
Según Miranda, para una gestión operativa exitosa de la atención en emergencias, la respuesta debe cimentarse en tres pilares técnicos. Una estructura piramidal de mando con una cabeza coordinadora que evite el colapso por fragmentación de esfuerzos, una formación técnica rigurosa basada en protocolos internacionales para garantizar intervenciones basadas en la evidencia y, finalmente, una formación sistemática de la comunidad para transformar el pánico en resiliencia operativa y autocontrol.
Para evitar que las personas entren en pánico ante un desastre, la prevención debe formar parte del programa educativo formal. El conocimiento y la preparación genera conductas seguras, da confianza a la población y reduce la ansiedad, pues ante una nueva emergencia se tendrá cierto grado de control sobre las propias acciones.
Los expertos concuerdan en que para la ciudadanía el apoyo más contundente suele ser el más discreto: frenar la desinformación en redes sociales, respetar los llamados oficiales y tejer una red de soporte. Una red que construya presencia y espacios seguros para recuperar el ritmo de lo cotidiano. No podemos evitar que el suelo tiemble, pero a través de una red de salud pública cohesionada es posible mitigar esas heridas que no son fáciles de ver.
