Hallando formas de prevenir el cáncer de estómago

Hallando formas de prevenir el cáncer de estómago

El cáncer fue la segunda causa de muerte en Colombia entre 2007 y 2013 y el cáncer de estómago uno de los principales motivos de fallecimiento por razones de salud en el país. Así lo presenta el Atlas de Mortalidad por Cáncer en Colombia, producido por el Instituto Nacional de Cancerología. Sin embargo, reporta la misma publicación que se observó una tendencia al descenso de la mortalidad por esta enfermedad tanto para hombres como mujeres. La investigación con seguimiento a pacientes que viene liderando desde hace nueve años Alba Alicia Trespalacios, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, encontró una explicación a esa disminución de casos y gracias a esos resultados recibe hoy un reconocimiento por parte de la Academia Nacional de Medicina.

En palabras de la investigadora javeriana, Helicobacter pylori (H. pylori) es el principal factor de riesgo para el cáncer gástrico. Allí radica la importancia de indagar por el tratamiento a esta bacteria y por ello ha ocupado su tiempo y su conocimiento, junto a sus estudiantes de doctorado y maestría, para encontrar el tratamiento anticipado que busque prevenir ese cáncer.

Con la investigación titulada ‘Caracterización molecular de H. pylori e impacto de su erradicación en la metilación de CDH1 y CDKN2A: un camino hacia la medicina de precisión en la prevención de temprana del cáncer gástrico’ buscó determinar la diversidad genética del gen de la oncoproteína CagA que tiene la capacidad potencial de causar cáncer y que es un factor de virulencia producido por Helicobacter pylori. Además, reconociendo que la bacteria produce gastritis, una inflamación crónica del estómago, el equipo de investigación estudió cómo Helicobacter pylori introduce tempranamente modificaciones epigenéticas (al ADN) en el proceso infeccioso que podrían aumentar con el tiempo si la infección no se erradica.

Helicobacter pylori: Infección crónica bacteriana más común en el hombre, afectando actualmente a la mitad de la población mundial Tomb JF. Nature 387,583 586. 1997

Con este panorama, la investigación de Trespalacios quería corroborar si la erradicación exitosa a largo plazo de la infección podría revertir la propensión al cáncer de estómago. Entre los hallazgos se destaca que pacientes con edades por encima de los 50 años podrían tener una infección con las variantes más agresivas y virulentas de la bacteria y se podría asociar un desarrollo de cáncer gástrico. Además, se demostró que los pacientes infectados con H. pylori en Colombia tienen mutados genes relacionados con el desarrollo de cáncer gástrico y que, después de que los pacientes reciben tratamiento y se elimina la bacteria del estómago exitosamente, los cambios epigenéticos inducidos por la infección se van revirtiendo lentamente, encontrando que estos eventos se eliminan por completo después de cinco años de estar libre de la infección. Es decir, que la atención temprana con un tratamiento específico puede prevenir el cáncer de estómago, por lo cual se justifica erradicar activamente el H. pylori antes de los 48 años.

La importancia de este hallazgo radica en la posibilidad de brindar recomendaciones sustentadas en la evidencia científica para el diseño de política pública en salud que propenda por la prevención del cáncer gástrico relacionado con la infección causada por H. pylori y permita la actualización de las guías de práctica clínica sobre la bacteria que se realizó en 2017 y en las que participó la bacterióloga javeriana en conjunto con la Asociación Colombiana de Gastroenterología.

La conclusión principal de la investigación es clara: el H. pylori debe ser erradicado antes de los 50 años y debe hacerse seguimiento al menos durante 5 años de los cambios epigenéticos.

La profesora Alba Alicia Trespalacios, líder del proyecto de investigación javeriano y directora de los posgrados de la Facultad de Ciencias, explica que la Mención de Honor que recibe de la Academia Nacional de Medicina reconoce uno de los trabajos de la línea de investigación con 15 años de historia que dirige en la que se forman una estudiante de doctorado, una de maestría y un joven investigador. Los coautores de la investigación son William Otero, Azucena Arévalo, Eliana Rodríguez, Sandra Perdomo, David Díaz y Paola Betancourt y este proyecto contó con el respaldo financiero de la Vicerrectoría de Investigación de la Javeriana.

Además de este reconocimiento, la línea de investigación ha recibido otros premios y distinciones durante los últimos nueve años, entre ellos, el Premio Nacional de Gastroenterología José Jácome Valderrama en los años 2009, 2011, 2015 y 2019; el Premio Internacional al mejor trabajo de investigación del Congreso Internacional de Bacteriología 2018 del Colegio Nacional de Bacteriología; el Premio Mujeres de Éxito 2013 en la categoría Ciencia y Tecnología, y el Premio Max Meyer de la Asociación Colombiana De Endoscopia Digestiva en 2011.

 

Sobre el Premio Nacional de Medicina

Investigadores e investigadoras de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y de Vigicáncer celebran hoy el reconocimiento que reciben a las 6:30 p.m. por parte de la Academia Nacional de Medicina a la Investigación Científica. Además del trabajo de la profesora Trespalacios, las exploraciones académicas exaltadas estuvieron en torno a la caracterización de los linfocitos en personas con infección por el VIH y una posible terapia antirretroviral; también, al análisis de los efectos de la reducción del conflicto armado sobre desenlaces del embarazo; así mismo, a unos estudios genéticos sobre el Alzheimer familiar y posibles implicaciones terapéuticas, y a la investigación a las disparidades en la sobrevida del cáncer infantil en el sistema de salud universalizado en Cali.

La Academia Nacional de Medicina es una institución científica que tiene como propósito contribuir al estudio y progreso de la medicina, de la educación médica y la investigación. Además, es un es un organismo consultor y asesor del Gobierno para todos los asuntos relacionados con la salud pública. En su accionar busca promover e incentivar la investigación y la educación médica en Colombia y para ello otorga cuatro premios: el Carlos Esguerra, el Juan N. Corpas, el Roberto Franco y el Manuel Forero. Este último está dirigido a científicos colombianos con el fin de reconocer investigaciones experimentales que hayan cumplido meritoria y reconocida labor útil que sea benéfica para la salud pública de los colombianos y colombianas.

Conozca aquí el histórico de los reconocimientos del Premio Manuel Forero a la Investigación Científica.

La ceremonia de los Premios Academia Nacional de Medicina a la Investigación Científica 2020 se celebra virtualmente el jueves 29 de octubre a las 6:30 p.m. a través de este enlace.

En la foto de izquierda a derecha: Dr. William Otero, Dr. Barry Marshall, Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 2005, Alba Trespalacios y Francis Megraud, director científico del Centro Nacional de Referencia Francés para Campylobacter y Helicobacter y profesor de la Universidad de Bordeaux en Francia.
En la foto de izquierda a derecha: Dr. William Otero, Dr. Barry Marshall, Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 2005, Alba Trespalacios y Francis Megraud, director científico del Centro Nacional de Referencia Francés para Campylobacter y Helicobacter y profesor de la Universidad de Bordeaux en Francia.
La salud de los sistemas de salud

La salud de los sistemas de salud

El 2020 será recordado por el coronavirus SARS-CoV-2, el microorganismo que puso en jaque a los sistemas de salud de todos los países del planeta. Ninguno estaba preparado para semejante pandemia, pero la dupla de los sistemas de salud y el manejo que los diferentes gobernantes le han dado a la situación han exigido volver la mirada y revisar el estado en el que se encuentran, tomar medidas políticas, sociales y económicas, y, entre estas últimas, asignar presupuesto para invertir en recurso humano y en dotaciones, que van desde lo más sencillo, como tapabocas, hasta las tecnologías más avanzadas, y responder así a los requerimientos de los pacientes contagiados con la COVID-19, acrónimo del inglés coronavirus disease.

La situación de Colombia, según un estudio realizado en 195 países, estaba más o menos bien, cuando se midió el acceso a la calidad en salud (HAQ, por su sigla en inglés): su índice fue de 67,8 sobre 100, superado en la región de América Latina y el Caribe por Chile (76), Cuba (73,5), Costa Rica (72,2), Uruguay (72), Perú (69,6) y Argentina (68,4). A la región que mejor le va es Europa occidental, con un índice de 86,8. Y la que llevó la peor parte fue África subsahariana, con 42,4.

El estudio se concentró en medir el acceso a salud de calidad, entendida como “la capacidad de un sistema para evitar muertes por condiciones de salud que se consideran susceptibles de ser tratadas”, explicó Lope Hugo Barrero, actual decano de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, y uno de los cientos de especialistas que se unieron a la investigación.

A diferencia de otras mediciones, lo que revisaron los científicos fue la cantidad de muertes en un país debido a situaciones que, si son tratadas a tiempo y adecuadamente, no tienen por qué terminar en muerte. Por ejemplo, hoy en día la gente no debería contagiarse ―ni morir― de tuberculosis u otras infecciones respiratorias, ni de difteria o tétano ―enfermedades contra las cuales existen vacunas―, ni por diarreas, ciertos cánceres o enfermedades cardiovasculares. “La existencia de buenos recursos médicos, buen entrenamiento, camas, equipos, etcétera, y su uso eficiente para que le lleguen los servicios a quien lo necesita” son una manera de prevenir que esto ocurra, continúa Barrero.

“Esta investigación se enmarca en el Estudio de la Carga Global de las Enfermedades, liderado por el Instituto de Métricas de la Salud de la Universidad de Washington, en el que participan múltiples grupos interdisciplinarios de investigación en el mundo”. Lope Hugo Barrera, Decano Facultad de Ingeniería

Para cada país, se comparó esta situación en 1990 y luego en 2015, con el fin de estimar su evolución. “La capacidad global para dar acceso a salud de calidad a las personas ha mejorado”, de acuerdo con los resultados de la investigación. Sin embargo, el estudio demuestra que no por tener los gobiernos más capacidad de invertir en salud sus ciudadanos tienen mejor acceso, porque las inversiones pueden no ser las que necesita el país, “por ejemplo, tener médicos en una especialidad en la que no se enferma tanto un grupo poblacional, o tener menos camas en sitios donde la gente se enferma más”, explica este ingeniero interesado en los medios de prevención en salud de grupos poblacionales.

Los investigadores hacen un llamado a continuar avanzando en mejorar los índices HAQ: “Comprender cuánta mortalidad o carga de enfermedad se puede evitar sobre la base de proporcionar acceso a atención médica personal de alta calidad y modificar los riesgos ambientales y de comportamiento a través de iniciativas de salud pública es de gran interés político”.

China y Corea del Sur, dice el estudio, “no solo progresaron en acceso, como lo hicieron la mayoría de los países, sino que lo hicieron más rápido que otros”. Frente a la pandemia actual, se destaca el uso de robots en China para medir la temperatura, lo que evita que el personal de salud lo haga, o la rapidez para construir un hospital, o la acción rápida para detectar casos en Corea del Sur, que, a pesar de vivir un segundo pico, ha controlado la enfermedad con pocos ciudadanos fallecidos en relación con el número de habitantes.

“La lección más clara es que la eficiencia de un sistema de salud y su humanidad tienen amplio margen para cumplir su objetivo: salvar vidas”, según Barrero. Y esa ha sido la meta al enfrentar la pandemia, como lo es en el caso de Colombia, que, aunque no estaba del todo preparada, ha sido capaz de ampliar su capacidad en corto plazo con medidas coordinadas. “No obstante”, continúa el investigador, “el reto no está superado, y todavía está por verse si el sistema de salud está preparado para atender los nuevos casos que se vayan dando al ritmo al que se ha venido liberando la actividad económica”.

En el futuro, los estudios que implementen el índice HAQ, en combinación con la cobertura de las intervenciones de salud y la prevalencia de factores de riesgo que pueden modificarse a través de iniciativas de salud pública, podrían proporcionar un mecanismo más sólido para rastrear el progreso de la cobertura universal de salud en múltiples dimensiones de la acción del sistema, concluye el estudio.

La ingeniería tiene muchas oportunidades para aportar, añade Barrero: “Soluciones de telemedicina, seguimiento en línea del progreso de los pacientes y el uso de herramientas diagnósticas y de tratamiento avanzadas se nutren de la ingeniería. Justamente nuestra oferta académica más moderna le apunta a ese tipo de contribuciones, con programas como el pregrado en Bioingeniería, las maestrías en Inteligencia Artificial y en Ingeniería del Internet de las Cosas, y el Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Materiales, entre otros”.

Para leer más:
VV. AA., Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990-2015: A novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28528753/


 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990-2015: A novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Christopher J. L. Murray, Institute for Health Metrics and Evaluation, Universidad de Washington
COINVESTIGADORES: Barber et al. (incluyendo a Lope H. Barrero)
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial
Grupo de investigación: Centro de Estudios de Ergonomía
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2016-2017

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Ansiedad y depresión, ‘verdugos’ de los jóvenes en la pandemia

Ansiedad y depresión, ‘verdugos’ de los jóvenes en la pandemia

No es un cuento chino. La realidad es que los jóvenes de Colombia y otros lugares del mundo están sufriendo depresión y ansiedad en esta época de aislamiento preventivo. Dos estudios evidencian los trastornos que causa la Covid-19 en la salud mental de las personas.

Mujeres y adultos jóvenes, más propensos

Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) lideraron un estudio internacional que busca poner a disposición de investigadores y de entidades de salud pública evidencia científica actualizada sobre los efectos en la salud mental en las personas durante la cuarentena.

Los hallazgos del primer informe demuestran que durante el tiempo transcurrido de la pandemia en Colombia las mujeres, los adultos jóvenes entre los 18 y los 29 años y las personas con bajos ingresos son quienes más han visto afectada su salud mental. El 35% de la población ha presentado síntomas de depresión, el 31% somáticos, el 29% de ansiedad y el 21% de soledad.

 

 

Juan Pablo Sanabria Mazo, magíster en Investigación en Psicología Clínica y uno de los coordinadores de la investigación en el país, señala que las mujeres jóvenes con bajos ingresos son el perfil poblacional en mayor riesgo al reportar 53% de síntomas de depresión, 45% de somatización y un 40% de ansiedad. En cambio, el perfil en menor riesgo son los adultos mayores hombres con altos ingresos, quienes reportaron 11% de síntomas de ansiedad, 11% depresión y 2% en somatización.

Los síntomas de depresión, de ansiedad y de somatización de la población colombiana en estos últimos meses se relacionan, entre otros factores, con las nuevas dinámicas de trabajo y la disminución de los ingresos económicos. Los resultados de la encuesta señalan que el 74% de las personas sienten amenazados sus ingresos y el 69% la continuidad de su empleo o sus estudios. Asimismo, durante la pandemia se ha visto desmejorada la actividad laboral en un 63%, los ingresos económicos en un 55%, la actividad física en un 50% y los hábitos de sueño en un 49%.

Por medio de la aplicación de encuestas anónimas en línea, el estudio ha logrado, hasta la fecha, más de 75.000 respuestas a nivel mundial, con la participación de alrededor 80 investigadores de 40 universidades. Colombia registró 18.061 réplicas en cuatro semanas y contó con la colaboración del Colegio Colombiano de Psicología (COLPSIC), investigadores de la Javeriana Cali, 25 instituciones aliadas y más de 1.500 agentes de difusión.

 

La salud mental en Bogotá

Otra investigación realizada Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana evidencia que la depresión y la ansiedad se siguen saliendo con la suya.

A través de 1.178 encuestas se evaluó la presencia estas alteraciones emocionales en los jóvenes. Uno de los hallazgos más llamativos de este ejercicio fue descubrir que el 17% de las personas encuestadas presentó niveles severos de depresión.

Teniendo en cuenta una escala de ponderación de 1 a 20, el estudio deja en evidencia que el 46,9% de los hombres y el 56,3% de las mujeres presentan niveles altos de ansiedad (en este rango los entrevistados respondieron mayor a 10).

Además, esta investigación consultó las respuestas de los jóvenes con relación a su futuro laboral, dificultades familiares, cambios en la alimentación, apoyo emocional, entre otros. (Ver gráficos)

 

Este estudio fue realizado por los departamentos de Psiquiatría y Salud Mental y de Epidemiología Clínica y Bioestadística javerianos en adultos jóvenes de 18 a 24 años durante y después del distanciamiento social obligatorio por la COVID-19 en Bogotá, Lima y Buenos Aires.

Descargue aquí el estudio completo

¿Cómo van los proyectos de Mincienciaton?

¿Cómo van los proyectos de Mincienciaton?

Los 25 proyectos seleccionados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación entre 531 propuestas recibidas de siete departamentos del país están en marcha y tienen poco tiempo para arrojar resultados.  Buscan enfrentar la pandemia de la COVID-19 y otras infecciones respiratorias agudas de gran impacto en la salud pública, por medio de posibles soluciones para la prevención, el diagnóstico, el monitoreo y el tratamiento de los pacientes afectados.

Los científicos colombianos han ido ejecutando esos 26 mil millones de pesos de financiación en proyectos que ya tenían un buen grado de avance en cuanto a metodologías o prototipos desarrollados para otros fines pero que eventualmente podían ser adaptados a los requerimientos de investigación demandada por la situación que generó el SARS-CoV2.

El SENA se unió más tarde con seis mil millones de pesos adicionales para beneficiar a siete proyectos más. Así, en total son 32 propuestas que en la convocatoria Mincienciaton avanzan rápidamente para lograr su objetivo y hace unos días presentaron virtualmente sus adelantos.

Como informó Pesquisa Javeriana en la edición 51, cinco proyectos que propuso la Pontificia Universidad Javeriana fueron aceptados, cuatro de la sede Bogotá y uno de la seccional Cali.

Los 32 proyectos presentados demuestran que la ciencia es motor de desarrollo, dijo la científica javeriana Susana Fiorentino; demuestran que en el país hay “capacidad para generar conocimiento propio con impacto directo en nuestra sociedad, que permita la independencia tecnológica del país”.

También el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien como muchos de sus colegas del gobierno escuchó las presentaciones de los científicos, resaltó “los avances importantes en construcción de ciencia” que demostraron los ponentes y su capacidad para “construir desde lo construido porque no son estrategias que aparecen de la noche a la mañana, sino que recogen las líneas y trabajos de investigación a través del tiempo”.  Confesó que se sorprendió positivamente por la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico.

Entre otras propuestas, Pesquisa Javeriana tuvo la posibilidad de presenciar las siguientes:

 

Prevención

Ante la ausencia de vacuna para prevenir el contagio por COVID-19, los científicos consideran esencial y básico el uso de cubrebocas, el frecuente lavado de manos y el distanciamiento físico, para lo cual proponen, entre otros productos, sofisticados tapabocas y máscaras, principalmente pensando en el personal de salud.

La EAFIT bajo el lema de “Inspira, crea y transforma” desarrolla un tapabocas fabricado con nanofibras que, a través de las diferentes capas que lo componen, tiene la capacidad de filtrar más del 98% de las partículas del virus, las cuales van quedando atrapadas en esos mantos antes de llegar a la cara de quien lo porta.

La Fundación Clínica Shaio se ingenió una máscara que protege ojos, nariz y boca, e incluye unas gafas que no se empañan y un filtro respiratorio que regula tanto la inhalación como la exhalación de la persona.

En el mismo sentido trabaja la Universidad Industrial de Santander UIS) junto a la Fundación Cardiovascular, que entregarán un prototipo de protección personal respiratorio y visual reutilizable, adaptable, hermético, confortable y seguro, desarrollado con material filtrante nanométrico de alta eficiencia.

Si con alcohol o hipoclorito de sodio se limpian las superficies más expuestas al contacto, la Universidad de Antioquia trabaja en productos derivados de la biodiversidad con propiedades antifúngicas y antimicrobianas para diseñar desinfectantes que se asperjan en superficies y ambientes en general y eliminan el virus.

 

Diagnóstico

Con la experiencia de haber desarrollado sensores para detectar el virus del zika y diferenciarlo del que produce dengue, otro grupo de la Universidad de Antioquia se enfoca ahora en adaptar uno de sus biosensores para detectar el SARS-CoV-2. “Creemos que en nueve meses podremos tener un prototipo”, dijo a Pesquisa Javeriana el líder del grupo, Jahir Orozco Holguín, químico, con postdoctorado en técnicas moleculares para detección de patógenos.

Se trata de un nanobiosensor ultrasensible y específico capaz de detectar el material genético y partículas del virus, así como la proteina S que está en su parte externa. El producto que resultará será un dispositivo de bajo costo y fácil implementación que podrá transportarse hasta los sitios más remotos del país.

También trabaja en un bionanosensor el profesor javeriano Andrés Jaramillo, al que ha denominado Sensum SARS- CoV-2. Se trata de una plaqueta en donde se coloca la muestra, se inserta en un receptor portatil y en menos de cinco minutos entrega el resultado. Disminuye el tiempo de diagnóstico, es portable, de bajo costo, selectivo y directo del virus que produce COVID-19 y supersensible para ciudadanos pre y asintomáticos de riesgo, así como sintomáticos. Puede usarse eficientemente en el supermercado o a la entrada de un espectáculo, por mencionar un ejemplo.

 

Monitoreo

De nada sirve diagnosticar la enfermedad si no se practica un monitoreo constante al paciente y a la población vulnerable.

Desde la Universidad de Manizales trabajan en sistemas de apoyo para alertas tempranas de posibles contagios basados en la información que ofrecen las redes sociales y otras técnicas de análisis de datos. Desarrollan algoritmos para modelar la red social de personas contagiadas y determinar lugares con alta probabilidad de contagio.

Mientras, en la Universidad de Antioquia desarrollan una plataforma avanzada de modelación epidemiológica de libre acceso que monitorea el comportamiento de la dinámica, el potencial de dispersión y las tendencias de la enfermedad. En el futuro servirá para cualquier virus.

En la Javeriana desarrollan un sistema de monitoreo remoto de pacientes basado en Internet de las Cosas, que ofrezca seguimiento e información oportuna a los médicos tratantes a través de aplicativos en los celulares, y les permita identificar cómo  evoluciona la pandemia, sacar patrones, entender fluctuaciones de la enfermedad y tomar acciones.

 

Tratamiento

Como el aislamiento de los pacientes con COVID-19 debe ser total, y muchas veces necesitan transladarlos de un lugar a otro, la Universidad Nacional con sede en Medellín está desarrollando una camilla que consiste en una cápsula despresurizada con cubierta plástica en PVC, puertos de entrada y salida de aire y filtros que detienen la entrada de virus como el del SARS-Cov2 de un tamaño entre 100 y 300 nanómetros.

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Pero como se necesita espacio adecuado para la atención de un número de pacientes que crece exponencialmente, la Universidad de La Salle desarrolla una especie de ciudadela de iglús llamada Unidad de aislamiento epidemiológico portátil, que consiste en nueve domos articulados mediante túnel de circulación, con posibilidad de conexión a los diferentes aparatos médicos necesarios y exclusas para la entrada y salida de pacientes y personal médico, y motoventiladores de inyección de aire. Está construido en PVC y mantiene la temperatura interna igual a la exterior. Puede ubicarse en estadios y otras grandes superficies.

Para combatir la escasez de ventiladores mecánicos, varias universidades de Caldas diseñan un ventilador para terapia intensiva con el fin de sostener artificialmente la respiración del paciente y en la Universidad de Antioquia tienen el proyecto Respira, basado en nanotecnología que produce un respirador mecánico de bajo costo con un sistema de sanitización de aire, apoyado en nanotecnología, que permita que los centros de atención médica no se conviertan en focos de propagación del virus.

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También desde la Universidad del Norte diseñan dispositivos de ventilación mecánica asistida que han llamado Hopebreath, los cuales permiten obtener datos en tiempo real y cuentan con una interfase de comunicación y sistema de alarma.

Y finalmente las propuestas de medicamentos. Un estudio liderado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en asocio con la Javeriana, evalúa la efectividad y seguridad de los medicamentos y reporta el caso de la hidroxicloroquina, cuyo uso ha sido muy controversial en la comunidad científica. El estudio llama la atención sobre la importancia de estar bien informado y analiza la efectividad de medicamentos como Lopinavir, que se utilizan para controlar la inflamación que desencadena el virus en el pulmón, corazón y en general en todos los tejidos. Busca con ello reducir la mortalidad, la necesidad de cuidados intensivos y acortar el tiempo de la enfermedad.

Otro estudio javeriano estudia moléculas que ya han comprobado su eficacia para disminuir inflamaciones en casos de cáncer y tienen posibilidades de actuar positivamente frente a los efectos del virus SARS-Cov2. Es un fitomedicamento a partir del dividivi, árbol de origen americano, sobre el cual los investigadores llevan 15 años trabajando y como uno de los resultados ofrecen el extracto P2Et, que modula la respuesta inflamatoria, es antioxidante y desempeña un papel importante en la modulación de respuesta inmune.

Así, diferentes propuestas colombianas han comprobado que es posible la unión Empresa-Academia-Estado a nivel de todo el país para enfrentar situaciones donde la ciencia es motor de desarrollo. El esfuerzo no termina aquí:

“El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación trabaja en las estrategias para la postpandemia”, dijo la ministra Mábel Torres, porque son muchos retos mas: “reestructuración del tejido social, reestablecimiento de la salud mental, reactivación económica y desarrollo de tecnologías e innovaciones para lograr la soberanía científica”.

El tabaco en tiempos de COVID-19

El tabaco en tiempos de COVID-19

El SARS-CoV-2 es un virus que por alguna razón escogió al pulmón como su órgano objetivo y los fumadores, como ya está comprobado, tienen lesionados los tejidos de su aparato respiratorio. “No hay que ser un genio para darse cuenta de que el tabaco y el virus pueden ser una combinación letal para cualquier persona”, asegura el oncólogo Carlos Castro, director médico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer y exviceministro de Salud.

Después de una investigación basada en pruebas in vitro con células del sistema nervioso central y otro estudio realizado con un grupo de 46 personas diagnosticadas con la COVID-19, las noticias, al parecer alentadora para los fumadores activos y hasta para quienes adquieren el vicio, empezaron a revolotear con gran velocidad en diferentes medios, pues estos estudios defendían la hipótesis de que la asociación entre la enfermedad por coronavirus y el tabaco como agravante del diagnóstico era inexistente e incluso, alcanzaron a difundirse afirmaciones como que el virus tendría menor incidencia en fumadores gracias a los efectos ‘positivos’ que podría tener la nicotina sobre el mismo.

Para entidades como la Organización Mundial para la Salud (OMS), esta información no es más que otra de las ‘noticias falsas’ que circulan por estos días, generando daños tan graves como los que trae la pandemia. Así, con motivo del Día Mundial sin Tabaco, en el marco del conversatorio virtual organizado por la Universidad Javeriana: Tabaco y COVID-19, el riesgo continúa, realizado el 28 de mayo, investigadores colombianos se unieron a la iniciativa de la OMS de educar cuidadosamente, reflexionar alrededor de esta problemática de salud pública, combatir la información falsa acerca de la relación entre el tabaquismo y el coronavirus y allí confirmaron que si bien el riesgo de enfermedades es alto para los fumadores, con la presencia de la COVID-19 el peligro se intensifica.

Contrario a las afirmaciones de los estudios mencionados, investigadores javerianos como Alejandra Cañas, neumóloga y especialista en enfermedades avanzadas del pulmón, afirmó durante el encuentro que “la exposición al tabaco se puede convertir en un factor de riesgo para que la severidad por la COVID-19 sea mayor”. ¿Por qué? Esta científica afirma que eso se debe a la manipulación mano-boca y mano-saliva, y por el retiro del tapabocas que hacen las personas que fuman, quedando aún más expuestas. “Esto sucede con el cigarro, el cigarrillo electrónico y de vapeo, poniendo especialmente a los jóvenes en un estado de vulnerabilidad por ser quienes más hacen uso de estos nuevos elementos”, explicó.

Por otro lado, Cañas confirmó la evidencia científica de estudios recientes mucho más robustos que los mencionados, los cuales prueban que las personas que fuman cuando padecen de la infección por el SARS-CoV-2, requieren más hospitalización, hacen neumonías más graves y tienen una mayor mortalidad en comparación con el resto de la población. Y dio sus razones: implica la manipulación de estos artefactos durante la pandemia, los daños que genera el cigarrillo en el sistema respiratorio en general como la dificultad que tiene el pulmón para crear mecanismos de defensa ante infecciones por virus y bacterias, entre muchos otros; y porque además el consumo del tabaco es un factor de riesgo para la adquisición de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer, algunas enfermedades respiratorias y la diabetes. “Así como otras transmisibles (el aumento de la incidencia de tuberculosis, neumonía por neumococo, gripes y resfriado común)”.

 

¿Incremento o disminución del tabaquismo durante la cuarentena?

Según Lorena Calderón, representante del equipo de promoción y prevención social del Ministerio de Salud, en Colombia la tendencia del consumo de tabaco está bajando, pasando del 13% de la población consumidora en 2009, a un 7% u 8% en población mayor a 18 años para el 2018 y 9% aproximadamente en población joven. No obstante, hay que saber que según la OMS el tabaquismo es responsable de la muerte de más de ocho millones de personas cada año. Más de siete millones de esos decesos se deben al consumo directo del tabaco y aproximadamente 1,2 millones al humo ajeno al que están expuestos los no fumadores. Los científicos coinciden en que esta cifra tiende a incrementar por los nuevos sistemas electrónicos para fumar, pero además por las sensaciones que genera la pandemia en las personas.

Al respecto, el médico magíster en Epidemiología Clínica y director del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Pontificia Universidad Javeriana, Andrés Duarte, explicó que si bien el confinamiento genera aislamiento social para tratar de contener la epidemia, esta circunstancia a su vez genera distrés mental, en otras palabras, un estrés desagradable que produce cargas con efectos en el cuerpo y que aparece como respuesta a una amenaza.

Esto, según Duarte, “contribuye a que las personas dentro del encierro se aíslen y para alguien que ha sido consumidor o tiene expectativas de consumir tabaco se abre un escenario en el que aparece un incremento de la necesidad de consumo y muchos van a volver a consumir o a empezar a hacerlo”. A esto se le suma otro agravante: “la mayor prevalencia de consumo de tabaco está en los grupos socioeconómicos menos favorecidos, lo que supone quiénes pueden ser los más afectados”, advirtió.

Así, este científico pronostica que habrá más fumadores cuando termine la cuarentena, pues “uno debería pensar que las personas al estar reunidas en la casa tienden a consumir menos sustancias y pasa todo lo contrario”, dijo.

 

¿Soluciones para dejar de fumar?

Ya se han adelantado tratamientos para sustituir la nicotina como los chicles, los parches o fármacos para la cesación, pensando en ayudas para que los consumidores dejen de fumar, pero aún hay mucha expectativa frente a la efectividad del sistema de salud para suministrarlo.

“El acceso no es fácil y para el sistema también resulta un reto poderlo proveer”, comentó Duarte. A modo de reflexión, Castro concluyó que “los gobiernos tienen que ver estas posibilidades con proyección, habrá un gasto millonario que tendrán que costear por cerca de diez años, pero van a evitar el incremento en apariciones de enfermedades cerebrovascular, cardiovascular y demás que van a implicar gastos mucho mayores”.

Por su parte, la OMS recomienda a los fumadores intentar dejar de fumar lo antes posible mediante métodos de eficacia comprobada, como líneas de atención telefónica gratuitas para ese fin, programas que se basan en mensajes de texto por móvil y tratamientos de sustitución. Como beneficios inmediatos, los expertos indicaron que abandonar esa conducta revive el olfato y el gusto, hay más calidad en la piel. Además, disminuye las complicaciones respiratorias después de los 30 días de haberlo dejado; baja la frecuencia de neumonías y de intubaciones orotraqueales. A mediano y largo plazo, previene las afecciones cardiovasculares y el riesgo de cáncer.

El tabaquismo es una enfermedad y un problema de salud pública que para el Ministerio de Salud, como afirmó Lorena Calderón, merece un abordaje sanitario, pero que exige la participación de actores gubernamentales, científicos, académicos y de la sociedad civil como una responsabilidad social.

 

Sobre los cigarrillos electrónicos

Frente a las estrategias del mercado para promover el consumo de cigarrillos electrónicos o sistemas de administración de nicotina y de no nicotina, el doctor Castro mencionó que “el 20% de los universitarios están hoy vapeando porque se tragaron el cuento de que eso era menos dañino que el cigarrillo”.

Por su parte, el epidemiólogo Duarte sostuvo que la industria tabacalera es supremamente agresiva y que tiene una década promocionando estos elementos que están utilizando actualmente las personas y hay una gran similitud con las propagandas que han utilizado en el pasado (libertad, alternativas saludables, gustos), todo esto como método para despertar sensaciones y emociones atrayentes. Pero, hay que saber que, “son malos 10 miligramos pero un miligramo también lo es. No dejan de existir riesgos, unos daños llegarán más rápido que otros según la persona, pero a largo plazo puede terminar en una adicción, inclusive igual o más fuerte que la que puede provocar la cocaína”.

La toma de conciencia alrededor de los múltiples problemas que provoca el consumo de tabaco, independientemente del medio que se use para hacerlo, ha sido por largo tiempo una batalla que ha tratado de lidiar y acompañar el sistema de salud y prevención social. Y durante la pandemia las alertas se incrementan, pues los expertos insisten que abandonar el tabaquismo durante esta época podría ayudar a disminuir la transmisión comunitaria y a mejorar el pronóstico de una persona que sea diagnosticada con la afección y sea fumadora activa.

Cárceles en Colombia, una “olla a presión” en tiempos de COVID-19

Cárceles en Colombia, una “olla a presión” en tiempos de COVID-19

“Tengo miedo”, dice José con voz vehemente, un interno de la cárcel Modelo de Bogotá. “Estamos sobrepoblados, y a pesar de que yo estoy en un patio con algunas comodidades, hay otros en donde uno duerme encima del otro”. No es lo único. Según cuenta, la calidad de la comida que les dan es mala, y con el tema de la salud, “si yo me enfermo y no es una urgencia ‘pailas’, aquí no nos atienden. Cúrese usted solo, esa es la verdad de acá”. Agrega que tal vez con la crisis del virus la atención sea más rápida, “pero es difícil incluso poder ir a sanidad porque no hay suficiente personal para atender a toda la gente”.

Lo que él dice no varía mucho de lo que pueden relatar otras personas privadas de la libertad. Es más, la falta de garantías en las cárceles no es una novedad ni para sus familias, ni para algunos defensores de derechos humanos, ni para la Corte Constitucional. Y es que, según Liliana Sánchez, investigadora y directora del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, en nuestra sociedad existe una concepción errónea de que la violación a los derechos humanos de la población carcelaria hace parte del castigo, de la condena por haber cometido un delito. Insiste en que “el único castigo que se les debe imponer es la privación de la libertad. No es necesario además privarlos de salud y de otras garantías fundamentales. Lo que estamos viviendo con la pandemia es la precariedad del sistema en muchos aspectos y los problemas de la política criminal”.

Leonardo Rodríguez, psicólogo clínico y forense, doctor en criminología y profesor de la misma universidad, explica que en términos de política criminal, a pesar de que el sistema penitenciario nacional cuenta con programas de justicia transicional y justicia restaurativa, “todavía nuestra concepción de justicia está basada en la venganza y poco tenemos en cuenta el panorama de la rehabilitación, la resocialización o reeducación de pena del victimario bajo los principios de justicia restaurativa”. Añade que esa es la razón fundamental de estos problemas de hacinamiento, de salud, de falta de programas altamente especializados para la reintegración, y eso, de una u otra forma, permite que “cuando las personas salen de la cárcel los niveles de reincidencia sean muy altos”.

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La pandemia

L* lleva nueve años en la cárcel y siete de ellos los ha pasado en La Picota, en Bogotá. Al principio, veía la COVID-19 como una enfermedad lejana, una noticia más que aparece en los medios. “Pero el miedo empezó cuando se presentaron las primeras muertes en Colombia y entre las personas internas empezamos a hablar del caos que se iba a formar cuando apareciera el primer caso del virus dentro de las cárceles”, cuenta.

Esta entrevista se hizo poco después del 21 de marzo, cuando hubo diferentes protestas y amotinamientos en varias cárceles del país. El desenlace más trágico fue en la cárcel Modelo en donde, según cifras oficiales, hubo 23 internos muertos y otros cientos heridos contando a los guardias. Aunque menos violentas, en La Picota también hubo manifestaciones. L, que no participó activamente en la revuelta, recuerda que las cosas se empezaron a “calentar” cuando el INPEC no entregó información sobre la enfermedad, no implementó medidas de bioseguridad, ni nada que pudiera darles algo de tranquilidad a los internos.

Días después de hablar con L, el 10 de abril, se supo lo inevitable: una persona de 63 años recluida en la cárcel de Villavicencio murió por COVID-19. Fue una noticia alarmante pero no sorpresiva. De hecho, desde finales de marzo varios expertos vienen asegurando que las cárceles no son más que un barril de pólvora que puede estallar con una mínima chispa, que puede ser, una persona infectada a la que no se le apliquen los cuidados necesarios. Y realmente es factible que eso suceda: según una investigación del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, las posibilidades de acceso a la salud de una persona interna son 30 veces menores comparadas con las que tiene una persona en libertad. A la fecha se registró otra muerte en la cárcel de Villavicencio, 16 nuevos casos en la misma ciudad y un contagio de un guardia en la Cárcel Distrital en Bogotá.

Frente a la emergencia del 21 de marzo, el Gobierno Nacional declaró la emergencia carcelaria, y el Ministerio de Justicia y el INPEC expidieron, el 14 de abril, el decreto 546 con el que buscan solucionar el problema más urgente que es el hacinamiento para mitigar el riesgo de contagio. medida consiste en dar prisión domiciliaria por seis meses, es decir, de forma transitoria, a personas mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de 3 años, personas con enfermedades graves, con discapacidad o movilidad reducida; personas que hayan cumplido el 40% de su pena privativa de la libertad en la cárcel, y aquellas que estén pagando penas por delitos menores. Esto excluye a internos recluidos por delitos sexuales, de lesa humanidad o contra el Estado. Según dijo la ministra Margarita Cabello en un video a la opinión pública, “la idea es que puedan salir personas que no sean un peligro para la sociedad”.

A eso se le suman otras medidas tomadas por el Gobierno como la restricción de visitas y el acuartelamiento de guardias, pero aun así sigue siendo difícil mitigar las consecuencias de una posible cadena de contagio porque, como explica la investigadora Liliana Sánchez, “el cálculo que tiene el Ministerio de Justicia para la aplicación de estas medidas es que más o menos van a salir en libertad entre 4 mil y 15 mil personas, siendo este el número más optimista. Pero, teniendo en cuenta que nuestro hacinamiento llega al 54,9%, al salir estas personas, igual vamos a seguir con más de 30 mil internos extra en los establecimientos penitenciarios frente a la capacidad que estos tienen”.

Ante esto, algunas personas privadas de la libertad se manifiestan. “La huelga de hambre continua”, dice uno de los internos de La Picota. “El decreto es absolutamente insuficiente. No ofrece un análisis serio de política criminal y antes que una solución efectiva, antes que una solución médica para evitar el contagio y para el hacinamiento, lo que hace el Gobierno es militarizar la cárcel y rodearla”, asegura el mismo interno quien agrega que en esta cárcel no se registran contagios porque precisamente no se ha hecho la primera prueba. Por esa razón, los internos solicitan reunirse cuanto antes con defensores de derechos, Procuraduría, Ministerio de justicia y Comité Internacional de la Cruz Roja para plantear sus necesidades.

Dentro de las solicitudes se encuentran medidas de prevención, protocolos de ingreso vehicular, de personas, insumos y transporte de alimentos; entrega de elementos de bioseguridad (jabón, tapabocas, guantes, etc.); no ingresar nuevos internos a los patios ni hacer cambios dentro de ellos; atención médica oportuna; entre otras que implican rebaja de penas y solución efectiva al hacinamiento.

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Pero ante la solución del Gobierno de conceder ciertas excarcelaciones, los expertos también han empezado a cuestionar la celeridad de estos procesos que serán adelantados por jueces, quienes además tendrán encima muchos factores que los presionarán ante la posibilidad de negar o conceder la libertad. También se preguntan qué va a pasar con la supervisión de las personas a las que se les dará prisión domiciliaria, porque lo cierto es que el INPEC no tiene suficientes funcionarios ni recursos para asumir adecuadamente esta función. Y un cuestionamiento adicional es que las penitenciarías han asegurado que no pueden recibir más internos porque esto aumentaría el riesgo de contagio, así que sigue siendo incierto el destino de las personas que delinquen por estos días.

Por el momento, el miedo dentro de las cárceles sigue latente. L, por ejemplo, asegura que se siente en peligro por cuatros razones fundamentales: “Primero, por las pocas garantías que ofrece el INPEC para la seguridad y salud de las personas privadas de la libertad. Segundo, porque no existe un plan de contingencia frente a la posibilidad de contagio. Tercero, porque el Ministerio de Salud no ha enviado los artículos de protección como jabón, guantes, tapabocas o alcohol, ni ha realizado las campañas de sensibilización con respecto al tema. Y cuarto, porque al no haber ninguna solución al hacinamiento, ni a la crisis carcelaria en general, esto puede terminar en más amotinamientos”.

La salud mental está en riesgo

La incertidumbre por la pandemia avanza en el mundo. Las personas privadas de la libertad no son ajenas a ese sentimiento y es en este tipo de situaciones cuando la mente suele empezar a hacer de las suyas. Andrea Catalina Lobo, psicóloga jurídica, abogada y profesora de la Javeriana, explica: “los factores carcelarios recaen en distorsiones perceptivas, afectivas, emocionales, cognitivas y conductuales, generalmente causadas por estar sometidos a condiciones de permanente tensión”. Según esta investigadora, las personas privadas de la libertad pueden desarrollar síntomas relacionados con la ansiedad, la depresión o trastornos de estrés, así como baja autoestima, problemas de adaptación, entre otros. “Esto se asocia a que las reclusiones en Colombia se dan en contextos hostiles. La salvaguarda de la integridad y la propia vida es una preocupación constante para quien se encuentra allí, y eso implica estar sometido a factores de estrés. La separación de la familia, la incertidumbre por el bienestar y la salud de los familiares suelen ser otros factores estresores de gran importancia”, agrega Lobo.

Si a esos factores les sumamos el miedo por un posible contagio propio o de algún ser querido y la restricción de las visitas, es normal que el malestar psicológico de los internos aumente. De acuerdo con Lobo, “es la misma afectación en la salud mental que puede tener cualquier ciudadano incluso en libertad, y que igual está expuesto a las noticias fatalistas, las noticias falsas o la desinformación que incrementan el pánico”. Además, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de personas privadas de la libertad no han tenido un adecuado acompañamiento psicológico y psiquiátrico bien sea porque no lo han pedido debido el mismo desconocimiento que existe alrededor de la salud mental, o porque simplemente el INPEC no se los concede.

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¿Qué se puede hacer?

Aunque esta situación parece ser un callejón sin salida, los investigadores javerianos coinciden en que sí hay soluciones, pero el sistema tiene que hacer cambios radicales en su política criminal y no solo por la coyuntura de la pandemia. Si no es así, solo serían pañitos de agua tibia que no van a resolver el problema de raíz del sistema penitenciario. La profesora Lobo insiste en que las mejoras deben hacerse con vocación de permanencia, como por ejemplo “dejar de pensar en la justicia punitiva y reconocer a la justicia restaurativa como una verdadera opción para reparar a la comunidad o a las víctimas por el daño que se cometió con el delito”.

Las soluciones que han resultado útiles en otros países le apuestan a una política criminal enfocada en la prevención de los delitos, en el fortalecimiento de comunidades vulnerables, y en el establecimiento de alternativas a la prisión, para sancionar a los infractores que cometan delitos no violentos y que no representen riesgos serios para la seguridad ciudadana, en eso está de acuerdo la profesora Sánchez.

Ahora, en términos estructurales, los investigadores le apuntan a que el reto está en que se necesitan programas que realmente sean rehabilitadores, y recomiendan el trabajo interdisciplinar para atender tanto la crisis actual como en general. Según el profesor Rodríguez, “se necesitan profesionales altamente especializados: médicos, enfermeros, epidemiólogos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales que apoyen a esta población altamente vulnerable que está en las cárceles. Incluso creo que debe haber grupos especializados en atención a crisis y primeros auxilios psicológicos”.

Lobo advierte que el personal del INPEC también es altamente propenso a sufrir los efectos negativos de la cárcel tanto en su salud física como mental. Por eso, dice que las medidas que se tomen con los internos deben ser también para la guardia: “dar información sobre el virus, sobre los protocolos de salubridad específicos y rigurosos, que se explique la naturaleza de cada medida y los efectos concretos de su incumplimiento, y en general acompañamiento psicosocial y psicoeducativo”.

* Nombre ficticio por solicitud de la fuente

¿Qué ganaría Colombia si legaliza las drogas ilícitas?

¿Qué ganaría Colombia si legaliza las drogas ilícitas?

La erradicación de los cultivos de uso ilícito en Colombia es lo más parecido a una quimera: de acuerdo a las cifras del Observatorio de Drogas, la fuente que ofrece números oficiales sobre esta materia, en 2018 se erradicaron 59.977 hectáreas de coca de forma manual, un esfuerzo loable pero que, sin duda, se queda corto frente a las 169.018 hectáreas de coca registradas ese mismo año en el país.

Las dimensiones de esta diferencia han llevado al presidente Iván Duque y a su gobierno a proponer todo tipo de alternativas, desde el reinicio de las aspersiones aéreas con glifosato hasta liderar foros internacionales para resaltar el negativo impacto ambiental que los cultivos ilícitos están teniendo sobre la deforestación de la selva amazónica; incluso, ha buscado la ayuda de Estados Unidos, su principal socio en la lucha antinarcóticos, para incrementar la entrada a ese mercado de los productos colombianos que sustituyan a la coca o amapola, y que hoy son una alternativa para quienes los siembran.

Sin embargo, y pese a los avances en esta área, como la disminución de 2.000 hectáreas en el área neta sembrada de cultivos ilícitos en Colombia entre 2017 y 2018, certificada por la ONU, el debate sigue enfocándose en atacar este problema desde un enfoque criminal y no desde uno de salud pública, orilla desde la cual se sopesan los beneficios que tendría una eventual legalización de drogas como la marihuana o la cocaína en el país.

Pesquisa Javeriana conversó sobre este tema con Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, quien plantea los problemas que trae la actual política de control a los cultivos ilícitos y los beneficios de su posible legalización.

Alternativas sostenibles al uso de glifosato

Alternativas sostenibles al uso de glifosato

Desde hace más de 20 años, con la creación del Plan Colombia y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el país asumió la responsabilidad de erradicar las hectáreas de hoja de coca e instaurar un plan de gobierno sólido frente al narcotráfico; sin embargo, esta tarea ha implicado retos serios en materia política, económica, ambiental y la más controvertida: salud pública.

Fue en este sentido que la Corte Constitucional aclaró ayer los alcances de la sentencia T236 de 2017, con la cual se había supeditado la erradicación de cultivos de hoja de coca por medio de aspersiones aéreas con el herbicida glifosato a la realización de un estudio que garantizara la ausencia de daño alguno para la salud y el medio ambiente; sin embargo, en una decisión de ocho votos a favor y ninguno en contra, el alto tribunal precisó que no se necesita la certeza absoluta sobre la ausencia de daño.

De hecho, la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte, afirmó que la decisión de fumigar o no con glifosato siempre ha sido competencia única del Consejo Nacional de Estupefacientes. Acto seguido, Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia, anunció que enviará al Consejo un nuevo protocolo para reiniciar las aspersiones.

Cabe recordar que en marzo 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que productos como el diazinón, malatión y glifosato debían ser clasificados como “probablemente cancerígenos para los seres humanos”, uno de los motivos que llevó al Consejo Nacional de Estupefacientes a suspender las fumigaciones con glifosato para seguir el principio de precaución sugerido por la OMS.

Pero dos años más tarde el personero municipal de Nóvita, Chocó, reclamó en nombre de su comunidad una indeminización por las afectaciones causadas con el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato del Gobierno, motivo por el cual la Corte Constitucional revivío el debate en torno a la prohibición de aspersión aérea con glifosato por medio de la sentencia T-236 de 2017.

Pero a esta disputa le aguarda un nuevo capítulo, pues el próximo 20 de julio los senadores Guillermo García Realpe (Partido Liberal) y Antonio Sanguino (Alianza Verde) han anunciado un proyecto de ley para prohibir el uso de glifosato en el país, en el marco del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones legislativas.

Para entender el trasfondo que puede tener la reanudación de aspersiones aéreas con glifosato y su impacto a nivel ambiental, social, económico y de salud pública, Pesquisa Javeriana conversó con el ingeniero Gabriel Tobón Quintero, magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, e investigador en políticas públicas y agrarias. El diálogo giró en torno a las alternativas productivas que existen para las comunidades ancladas al conflicto derivado del narcotráfico.


Pesquisa Javeriana: ¿Cuál es el impacto de las fumigaciones aéreas con glifosato?

Gabriel Tobón: Uno podría señalar —y hay suficientes estudios que así lo comprueban— los efectos ambientales sin desconocer los efectos en la salud pública, afectaciones en el sistema respiratorio, la piel o cambios en las mujeres gestantes evidenciados después del parto.

Sin embargo, en cuanto al medio ambiente, puedo decir que la aspersión de glifosato incide principalmente en las especies boscosas, en el follaje de todas las plantas, las aguas subterráneas y los suelos, pues este herbicida tiene un alto poder de residualidad, lo que sugiere que llega a durar en el suelo entre 20 y 30 años, exactamente en la primera capa de la tierra, que es en la que se deposita la materia orgánica (que contiene elementos como el nitrógeno, fósforo y potasio) y se encarga de la fertilidad.


PJ: ¿Tiene en mente algún ejemplo que ilustre los efectos del glifosato?

GT: Desde hace más de 15 años el grupo de investigación en toxicología acuática de la Universidad Nacional ha venido haciendo estudios sobre la toxicidad del glifosato en algunas especies de peces de agua dulce, y ha encontrado que es un herbicida letal para tres especies particularmente: el yamú, bocachico y la cachama blanca porque afecta completamente su sistema nervioso, respiratorio y sus tejidos bronquiales.


PJ: ¿Qué hace que el glifosato sea tóxico?

GT: La agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), lo clasifica con  el II grado de toxicidad, de IV, siendo  el grado I el mayor toxicidad. Ese grado de toxicidad aumenta el grado de concentración con el que se prepara el herbicida; además, por la adicción de otro agroquímico conocido como Cosmo-Flux 411f es mayor la adhesión del glifosato al follaje de las hojas y de todas las plantas que son aspersadas. Así, se duplica y triplica el poder tóxico del herbicida.

Adicionalmente, el glifosato es de amplio espectro, lo que quiere decir que puede afectar cualquier tipo de planta que toque o sobre la cual caiga, por eso su efecto no se manifiesta únicamente sobre la coca, sino también sobre las especies vegetales que están a su alrededor. Por ejemplo, en aquellas parcelas campesinas que tienen cultivos de coca, también resultan afectados los cultivos de plátano, yuca, maíz, los estanques para criar peces, etc.


PJ: ¿Qué alternativas adicionales al glifosato hay para la erradicación de los cultivos de coca?

GT: Existen estrategias incluso más nocivas que el uso de glifosato, como el uso de químicos u hongos, como el Fusarium oxysporum, muy conocido porque produce en las platanciones de banano la enfermedad llamada “mal de Panamá”,  el cual estuvieron intentando aplicar en Colombia. Pero el problema real y al que ha llegado todo aquel que ha estudiado este tema, es que el glifosato no acaba los cultivos de coca, lo que hace es que se produce el efecto balón o efecto mercurio, que consiste en el desplazamiento del cultivo de región en región. Por ejemplo, en 1999 el departamento de Nariño tenía 3.900 hectáreas en cultivos de coca, 15.951 en el 2010  y en el año 2017 alcanzó a tener 45.735 hectáreas de Coca. La dinámica del departamento de Putumayo es parecida, en 1999 Putumayo tenía 58.000 hectáreas, en el 2010 descendió ostensiblemente a 4.785 y de manera alarmante en 2017 subió a 29.589  (datos de UNODC, 2018).

Entonces el fenómeno que opera es la financiación del cultivo en nuevas regiones motivando a que los cultivadores y cosecheros o “raspachines” migren a pesar de la intensificación de las operaciones con glifosato. El cultivo no se termina, sino que se desplaza.


PJ: En ese sentido, ¿qué alternativa o propuesta resulta pertinente?

GT: Una que ha sido poco conocida y poco valorada es la solución integral, en la que se resuelven las necesidades elementales de las personas y se mejoran sustancialmente sus contextos económicos, ambientales y culturales. Es decir, el campesino es un gran aliado de la conservación, pero un campesino sin dinero se vale de los recursos naturales que tiene a su alcance para sobrevivir.

En un alto porcentaje, los campesinos que se vinculan a sembrar coca lo hacen por necesidad económica, porque no encuentran otro tipo de alternativas y porque usualmente esos territorios son completamente desintegrados a los circuitos económicos del país. Entonces, se debe pensar en una ‘solución integral’ que apoye la formación, capacitación y manejo de alternativas, como el manejo sostenible del bosque con cultivos silvopastoriles.

Gabriel Tobón Quintero, investigador javeriano. /Diederik Ruka
Gabriel Tobón Quintero, investigador javeriano. /Diederik Ruka

PJ: ¿Algún ejemplo que ilustre la alternativa?

GT: Sí. En el municipio de La Plata, en el Huila, evalué la sustitución de cultivos de amapola por frijol tecnificado. Estaba a más de 2.500 metros en la Cordillera oriental y la gente, como tenía experiencia en el frijol nativo, en el frijol criollo, salió de la crisis que les produjo la fumigación. El programa fue financiado por USAID pero, claro, su rentabilidad también dependía del trabajo local, por eso la comunidad conformó una cooperativa liderada por un asistente técnico que gestionó ante entidades bancarias créditos para cultivar una hectárea de frijol y, una vez alcanzada la rentabilidad, podían ampliarse hasta dos hectáreas más. Lo bueno era que la entidad financiera no les exigía como prenda de garantía la propiedad sobre la tierra.


PJ: ¿Cuál es el rol que asume el Estado en ese sentido? ¿Le brinda alternativas a los campesinos?

GT: Desde los años 90 se está intentando aplicar en el país una política de sustitución de cultivos de hoja de coca, pero hay un alto porcentaje de proyectos que fracasan porque quienes los llevan a las comunidades no analizan el contexto local, ni las condiciones de mercadeo que requiere el cultivo sustituto; en otras ocasiones sucumben por la falta de continuidad y apoyo del Estado o, finalmente, porque la gente no tiene experiencia y conocimiento sobre los nuevos cultivos.

Sin embargo, yo he evaluado algunos programas de sustitución de cultivos cuyos resultados han sido positivos. Por ejemplo, en Rio Blanco, Tolima, evalué uno de sustitución de amapola por café, y claro, el café tiene grandes ventajas en el comercio porque lo compran así sea mojado, entonces el campesino genera ingresos que le permiten sobrevivir.


PJ: ¿Cuál es la responsabilidad de la academia frente al uso del glifosato?

GT: Yo creo que tiene dos responsabilidades: una es en la producción de conocimiento, que se adquiere a través de la investigación en este tema, y en segundo lugar tiene el reto de lograr que ese conocimiento incida en la orientación de las políticas públicas, en este caso en la de lucha contra las drogas.

En mi caso, desarrollé un curso para el pregrado que actualmente se llama ‘Cultivos ilícitos, la ilusión del desarrollo’; cada semestre lo llenamos con 35 estudiantes y el objetivo es mostrarles una interpretación muy distinta a la que tienen por la televisión, la radio o la prensa escrita. Por ejemplo, la historia de la hoja de coca, el uso que los sumerios le daban a la amapola o cómo culturas indígenas latinoamericanas, como los Aimara en Bolivia, la empleaban con fines medicinales y culturales.


PJ: ¿Cómo percibe la respuesta de la opinión pública ante esta situación?

GT: Yo creo que está dividida, especialmente porque lo que se difunde es la noción que tiene el Gobierno de la presencia de los cultivos de coca. Yo no creo que sea muy poco pero tampoco tanto como ellos dicen; por ejemplo, dicen que estamos inundados de coca pero yo les hago estas cuentas a mis estudiantes: el país tiene 55 millones de hectáreas, de las cuales 40 millones se usan en ganadería, 7 de 15 millones posibles en producción de alimentos y sólo 209.000 en hoja de coca, entonces el tema se sobredimensiona con fines políticos.


PJ: ¿Cuál es su percepción de este panorama?

GT: Se ha demostrado desde hace más de 25 años que el glifosato no ha resuelto este problema porque la política que se implementa no ataca las causas de manera integral; es decir, el Gobierno suele desestimar la solución social y cultural que está oculta detrás del cultivo de coca y que radica en que el campesino tiene otras lógicas y otras creencias; no tiene la mentalidad y las ambiciones del narcotraficante, pues su preocupación se centra en resolver los problemas de subsistencia que está enfrentando y en realizar en las condiciones más adversas, su proyecto de vida, que en las zonas cocaleras es altamente precario.

Las madres indígenas y sus bebés mueren, y no por causa natural

Las madres indígenas y sus bebés mueren, y no por causa natural

Su muerte pudo haberse evitado. En la ranchería de Jipumana, área rural del corregimiento de Urú, que hace parte de La Guajira, nadie entiende cómo una criatura tan indefensa pudo morir de esa manera. Ya son dos generaciones, cinco niños muertos durante el parto: dos de la misma mamá, tres de su hermana y dos de su tía. Es como estar viviendo una tragedia común. ¿Qué pudo haber sucedido?

La madre del bebé siguió cada uno de los pasos, acudió a la partera que le acomodó la barriga con masajes y le dijo que su hijo venía en buena posición. Ella había tenido un control paulatino de la posición de su bebé y el seguimiento había sido apropiado, pero después de estar en trabajo de parto en cuclillas, a pesar de que la partera trató de acomodar al bebé, para ella, la esperanza de tener un hijo se desvaneció por segunda vez: no salió la cabeza de primeras sino un piecito morado. Ellas presumen que el pequeño venía muerto desde el vientre. La primera vez que la mujer wayú perdió a uno de sus hijos tenía 15 años, y hasta cuando le iniciaron las contracciones sintió cómo el pequeño se movía dentro del vientre. El bebé murió.

La mujer wayú ‘corrió con suerte’ porque, aunque murieron sus dos hijos, ella sobrevivió. Por el contrario, en el asentamiento de indígenas Iku, que recibe el nombre de Yewrwa en el Cesar, una mujer ha muerto y no por causa natural. Después de que una partera la asistiera, nació su hijo, lloró y lo limpiaron, pero pese a los “sobos” en el abdomen y los senos, y las “tomas calientes” de ruda y altamisa para combatir el frío, tras 20 minutos del nacimiento, la placenta nunca salió; el órgano, que un día unió a madre e hijo, se aferró al vientre de la mujer, tanto como ella quiso aferrarse a su hijo.

Al esposo le preocupaba la falta de dinero, pero tenían que remitirla a un centro de salud. En medio de la lluvia, varios hombres la bajaron de la montaña por trocha cargando la hamaca tapada con un caucho; demoraron algo más de una hora en recorrer la distancia hasta el puesto de salud. Al llegar, ella gritaba: “¡Ayúdenme!, ¡Ayúdenme!, ¡Ayúdenme!”. La colocaron sobre una sábana tendida en el piso e inmediatamente intentaron canalizarla para ponerle suero, había perdido mucha sangre y el médico no estaba de turno. Y así, sin más, mientras organizaban todo para llevarla a Valledupar, falleció. Igual, en el puesto de salud no se le podía tratar porque no estaba habilitado para el manejo de emergencias obstétricas.

Estos casos se reproducen, uno tras otro, en las comunidades indígenas del país, pero con seguridad no son la expresión única y total de lo que allí sucede.

Ante la necesidad de buscar respuestas acerca de los factores determinantes de la mortalidad materna y neonatal en las poblaciones indígenas, investigadores javerianos del Instituto de Salud Pública, en convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas —UNFPA—, la Organización Panamericana de la Salud —OPS/OMS—, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia —UNICEF— y el Programa Mundial de Alimentos —PMA—, tomaron sus morrales y se embarcaron en un viaje para llegar a las comunidades wayú y arhuaca más apartadas del Cesar y La Guajira. Su objetivo: analizar y proponer estrategias de intervención oportuna para la problemática.

En Colombia, según el informe desarrollado por los investigadores y titulado Determinantes sociales de las desigualdades en mortalidad materna y neonatal en las comunidades indígenas arhuaca y wayú: evidencias y propuestas de intervención del 2017, de 100.000 niños que nacen, mueren entre 50 y 93 madres. En cuanto a la mortalidad de neonatos, países como Cuba, Puerto Rico y Costa Rica presentan tasas inferiores a 10 muertes de niños por 1.000 nacidos vivos, mientras que Colombia se encuentra en el grupo de países con tasas de entre 14 y 20 decesos. Y aunque en la última década las muertes maternas en Colombia se han reducido de manera significativa, las grandes desigualdades socioeconómicas, regionales y poblacionales, como la falta de protección en salud y la falta de transparencia en la administración pública, han desencadenado la concentración de pobreza en las zonas rurales, en especial de indígenas y afrodescendientes, sostiene el informe.

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Por poner un ejemplo, de las madres que fallecen, el 20% tiene menos de 19 años y mueren más las que son menos educadas, las que no están afiliadas a algún servicio de salud y pertenecen a las poblaciones indígena y afro. Pero esto no es nuevo: los pueblos indígenas han sido históricamente excluidos y discriminados en América Latina. Son la expresión viva de la desigualdad regional, porque así como lo determinó la CEPAL en 2014, aunque ha habido una disminución global de los indicadores de pobreza, esta población sigue presentando bajos niveles de calidad de vida y altos índices de vulnerabilidad; allí es en donde se generan más muertes maternas y de neonatos.

Las condiciones estructurales e históricas ubican a los indígenas entre los más pobres y vulnerables por razones culturales, sociales, económicas y políticas. Ser indígena y vivir en zonas rurales apartadas hace de la geografía y de las particularidades culturales una barrera que limita el acceso a los servicios de salud y contribuye al aumento de la mortalidad. “El sistema ha dejado desprotegidos a los pueblos indígenas, quienes insisten en el apoyo gubernamental sin necesidad de maltratar su identidad,” dice Amparo Hernández Bello, doctora en salud pública e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana.

Las comunidades actúan de acuerdo con su cosmovisión: es su cultura, son sus valores y creencias, y no siempre coinciden con la formación occidental. “Creo que lo que no se ha captado es que hay una diferencia entre los servicios formales y la atención informal, una distancia, una brecha, una forma en la que los servicios culpan a la gente de sus problemas y la gente culpa a los servicios por no entender su cultura”, resalta Hernández Bello. La vida y la muerte de las mujeres de los pueblos indígenas está entre estos dos discursos: los médicos, políticos occidentales, y los políticos, ancestrales y de conocimientos tradicionales de los indígenas.

En el informe, los investigadores concluyen que, aunque la mayor parte de los nacimientos se produce en el territorio, esta circunstancia no constituye el problema. “Las mujeres indígenas deben tener acceso a toda la atención posible, tanto en sus comunidades como, complementariamente, en los servicios de salud”, explica la investigadora, y resalta la necesidad de implementar un sistema con enfoque diferencial, “que comprenda que existe diversidad, que existen desigualdades y que tú no puedes tratar a todo el mundo de la misma forma, porque en el momento en el que eso sucede se producen enormes injusticias”.

En especial porque cómo hace una mujer para ser atendida en un servicio de salud si este se encuentra a grandes distancias de donde vive; si al llegar —de lograrlo—, el centro de salud no está adecuado para su atención y además nadie le entiende porque no hablan su lengua.

“Se requiere superar la hegemonía que caracteriza a la política de salud y que limita las posibilidades de crear un sistema de salud intercultural que respete lo propio y se complemente con lo ajeno. Además de un enfoque diferencial que permita dar respuesta a las necesidades y demandas de las comunidades” puntualiza el informe.

Los secretos de una enfermedad cerebral poco conocida

Los secretos de una enfermedad cerebral poco conocida

Poco a poco, familia y amigos empiezan a detectar que algo anda mal con Ramiro. De 54 años, casado, con hijos y un trabajo estable, ya no es el mismo. Puede vestirse con una media azul y otra verde o ponerse el saco al revés, y pareciera no darse cuenta; cuando se lo hacen notar, responde con indiferencia. Se ha vuelto irascible, está desmotivado, poco le importan los sentimientos de quienes comparten la vida con él, no puede concentrarse y ahora le ha dado por comer dulces o lechugas a toda hora. ¿Qué le está pasando? Se ha vuelto insoportable… casi loco. Así lo describen sus allegados y no entienden cuál es la causa del cambio en su comportamiento. Pero está muy joven para pensar en una demencia… ¿o no?

Pues no. Puede tratarse de una enfermedad neurodegenerativa, que suele presentarse entre los 45 y 65 años de edad y la sufren unas 15 de 100.000 personas a nivel mundial. Se llama demencia frontotemporal (DFT) o enfermedad de Pick –nombre del psiquiatra Arnold Pick, quien la describió por primera vez– y afecta las funciones sociales, conductuales y afectivas, pero no la memoria. Puede presentarse pérdida progresiva del lenguaje, así como del recuerdo del significado de los objetos, en el que los pacientes se preguntan: ¿para qué es el semáforo?


¿Qué sucede en el cerebro?

La neuropsicóloga Diana Lucía Matallana Eslava, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y coordinadora de investigación del Instituto de Envejecimiento, ha dedicado varias décadas de su vida profesional a estudiar cómo funciona el cerebro en relación con conductas complejas. Así, desde 2008, llegó al estudio genético y clínico de la DFT, que ocurre cuando hay un ‘enredo’ en una proteína llamada tau en las neuronas de los lóbulos frontales. En esencia, todas las enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con acumulación de desechos celulares.

Son como la basura que el cerebro no elimina. Matallana lo equipara con una casa, donde cada sitio tiene una función: “Si en la cocina es donde socializamos, sabemos comportarnos, expresamos y reconocemos emociones, podría compararse con las funciones del lóbulo frontal; si en la sala memorizamos, lo compararíamos con el lóbulo temporal” Y continúa: “¿Qué pasaría si, al exprimir una naranja, no botamos la cáscara? ¿Y cuando en la sala no volvemos a limpiar el mugre que se acumula? Llegará un día en que en esos sitios no se vuelve a cocinar o a recibir visitas. En el cerebro, proteínas como la tau y la beta-amiloide llegan a ser basura, son difíciles de desechar y se vuelven neurotóxicas, lo que se relaciona con la enfermedad de Alzheimer y la degeneración del lóbulo frontotemporal. Inician mucho antes de que podamos ver los síntomas”.

A ella le interesa, además de conocer las causas de la enfermedad, entender por qué “esa parte del cerebro que se encarga de poder ser altruista, solidario, empático con el otro, moderar comportamientos agresivos y las conductas de control social” se afecta, y cómo diagnosticarla y tratarla cuando esto sucede. En ese primer proyecto encontraron un gran desconocimiento sobre esta enfermedad, por lo que su grupo se propuso capacitar a la población académica-médica para reconocerla, pues frecuentemente se confundía con problemas psiquiátricos. Ahora saben que es la enfermedad neurodegenerativa más común antes de los 65 años, y por lo tanto es la que mayor impacto ejerce sobre la familia, la sociedad y el sistema de salud.

Han seguido un sistema de evaluación de enfermedades neurodegenerativas que su grupo difunde desde 1992. Consiste en un estudio interdisciplinar en el que seis pacientes son evaluados por cuatro especialistas –neurólogos, neuropsicólogos, psiquiatras y geriatras– en una mañana.

Con esta experiencia y los resultados del primer estudio se presentaron a varias convocatorias, que ganaron y les permitieron dedicarse de lleno al estudio de la DFT. Ampliaron el número de pacientes y, con el apoyo de Colciencias, empezaron a estudiar aspectos genéticos de la población colombiana: “Encontrar mutaciones genéticas características de los colombianos es como buscar un grano de arena en una playa”, explica Matallana. Han apoyado a sus mejores estudiantes para realizar sus estudios de posgrado en DFT, entre ellos una fonoaudióloga, quien en su doctorado estudió los componentes del lenguaje en la enfermedad; un neurocientífico, quien en su doctorado en ingeniería se encarga del manejo de imágenes del cerebro; una genetista que solo estudia esta enfermedad, y un psiquiatra, hoy profesor de la Facultad después de haber culminado una estancia posdoctoral.

“Nosotros usamos metodologías de última generación para el análisis de la conectividad, cómo se comunican unas áreas con otras, y volumen o densidad del tejido cerebral”, dice la neuropsicóloga, y con orgullo señala que sostienen un diálogo con los ingenieros “porque todos aprendemos: los ingenieros crean formas  de análisis de las imágenes y nosotros, los clínicos, correlacionamos los síntomas con los cambios en las imágenes”. Y las neuroimágenes son distintas, dependiendo de la enfermedad neurodegenerativa del paciente.

Con su colega, la neuropsicóloga colombiana Katya Raskovsky, hoy vinculada a la  Universidad de Pennsilvania, adelantan un proyecto cofinanciado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH) mediante un proyecto Fogarty, que les permite intercambiar y generar conocimiento en torno a esta enfermedad. “Hemos encontrado familias con características que ameritan ser estudiadas en regiones cercanas a Bogotá”, adelanta Matallana, pero sin dar detalles. En 2018, cuando termine el estudio, podrá hablar sobre ellos.


De paciente a la población entera

Se han concentrado en trabajar la empatía –la capacidad de percibir los sentimientos del otro– y los juicios morales en otras patologías neurológicas, como los ataques cerebrovasculares, la esquizofrenia o el autismo. Al ver que los seres humanos comienzan a perder la sensibilidad por los demás, se han cuestionado sobre el país en el que vivimos. “Puede ser que la historia de La Violencia nos ha llevado a perder la capacidad de ponernos en el lugar del otro”, dice. En la Encuesta Poblacional de Salud Mental del 2015 incluyeron algunas preguntas relacionadas con aquello que se afecta en la DFT: “¿Qué pasa en un país como el nuestro cuando damos un juicio moral? ¿Cómo reconocemos emociones o somos empáticos?”.

Y encontraron que “los colombianos reconocemos muy fácilmente la alegría, no identificamos muy bien la agresión, la tristeza y el asco; habilidades necesarias para interactuar socialmente con los otros”. De este nuevo enfoque en sus estudios analizan la enfermedad en el contexto cultural colombiano. “Seguramente las políticas de Estado podrán facilitar una reparación cultural en estos temas tanto como la que hay en el cerebro”, propone.

Lo triste es que, hasta ahora, la DFT no tiene cura. “Lo que sí se puede hacer es compensar otras áreas del cerebro que se entrenen nuevamente en habilidades sociales”. Quienes tienen problema del lenguaje, por ejemplo, se pueden volver artistas cuando nunca lo han sido.

En un reciente artículo aceptado para publicación en la revista Brain, las investigaciones con pacientes fueron analizadas con pares argentinos, que encontraron que los pacientes con DFT sienten más envidia (Schadenfreudeen alemán) y disfrutan del dolor ajeno que los grupos control. “Frecuentemente estos pacientes tienen más emociones antiempáticas y tienden a cometer más violaciones morales y legales”, dijo Agustín Ibáñez, director del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional (Incyt) de Argentina al diario La Nación. El artículo será carátula de la revista, anunció Matallana.

Hoy en día, dice, los avances en las investigaciones javerianas al respecto posicionan al país como líder en la región latinoamericana, lo que se demuestra en la cantidad de ponencias aceptadas en las conferencias internacionales de DFT que se realizan cada año.

Por ahora, hace énfasis en que continúan capacitando al personal médico nacional e internacionalmente, estudiando a los pacientes de manera sistemática e interdisciplinar y alimentando un banco con cerebros donados para continuar la investigación.


Para leer más

A Lesion Model of Envy and Schadenfreude: Legal, Deservingness and moral Dimensions as revealed by Neurodegeneration. Brain (número en preparación). Santamaría- García, H.; Baez S, Reyes P.; Santamaría-García J.; Santacruz-Escudero J.; Matallana, D.: Arévalo, A.; Sigman, M.; García, A.; Ibánez, A. (2017)


TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Los lóbulos frontales: estudio clínico y genético de la Demencia Frontotemporal. Colciencias 371-2011
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Diana Lucía Matallana Eslava
COINVESTIGADORES: Carlos Cano, Pablo Reyes, Andrea López, Ángela Martínez, Ignacio Zarante, Felipe Uriza, José M. Santacruz, Hernando Santamaría, Ángela Iragorri
Facultad de Medicina
Instituto de Envejecimiento
Instituto de Genética Humana
Departamento de Psiquiatría y Salud Mental
Grupo de investigación Perspectivas en ciclo vital, salud mental y psiquiatría
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2012-2016