Alternativas sostenibles al uso de glifosato

Alternativas sostenibles al uso de glifosato

Desde hace más de 20 años, con la creación del Plan Colombia y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el país asumió la responsabilidad de erradicar las hectáreas de hoja de coca e instaurar un plan de gobierno sólido frente al narcotráfico; sin embargo, esta tarea ha implicado retos serios en materia política, económica, ambiental y la más controvertida: salud pública.

Fue en este sentido que la Corte Constitucional aclaró ayer los alcances de la sentencia T236 de 2017, con la cual se había supeditado la erradicación de cultivos de hoja de coca por medio de aspersiones aéreas con el herbicida glifosato a la realización de un estudio que garantizara la ausencia de daño alguno para la salud y el medio ambiente; sin embargo, en una decisión de ocho votos a favor y ninguno en contra, el alto tribunal precisó que no se necesita la certeza absoluta sobre la ausencia de daño.

De hecho, la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte, afirmó que la decisión de fumigar o no con glifosato siempre ha sido competencia única del Consejo Nacional de Estupefacientes. Acto seguido, Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia, anunció que enviará al Consejo un nuevo protocolo para reiniciar las aspersiones.

Cabe recordar que en marzo 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que productos como el diazinón, malatión y glifosato debían ser clasificados como “probablemente cancerígenos para los seres humanos”, uno de los motivos que llevó al Consejo Nacional de Estupefacientes a suspender las fumigaciones con glifosato para seguir el principio de precaución sugerido por la OMS.

Pero dos años más tarde el personero municipal de Nóvita, Chocó, reclamó en nombre de su comunidad una indeminización por las afectaciones causadas con el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato del Gobierno, motivo por el cual la Corte Constitucional revivío el debate en torno a la prohibición de aspersión aérea con glifosato por medio de la sentencia T-236 de 2017.

Pero a esta disputa le aguarda un nuevo capítulo, pues el próximo 20 de julio los senadores Guillermo García Realpe (Partido Liberal) y Antonio Sanguino (Alianza Verde) han anunciado un proyecto de ley para prohibir el uso de glifosato en el país, en el marco del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones legislativas.

Para entender el trasfondo que puede tener la reanudación de aspersiones aéreas con glifosato y su impacto a nivel ambiental, social, económico y de salud pública, Pesquisa Javeriana conversó con el ingeniero Gabriel Tobón Quintero, magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, e investigador en políticas públicas y agrarias. El diálogo giró en torno a las alternativas productivas que existen para las comunidades ancladas al conflicto derivado del narcotráfico.


Pesquisa Javeriana: ¿Cuál es el impacto de las fumigaciones aéreas con glifosato?

Gabriel Tobón: Uno podría señalar —y hay suficientes estudios que así lo comprueban— los efectos ambientales sin desconocer los efectos en la salud pública, afectaciones en el sistema respiratorio, la piel o cambios en las mujeres gestantes evidenciados después del parto.

Sin embargo, en cuanto al medio ambiente, puedo decir que la aspersión de glifosato incide principalmente en las especies boscosas, en el follaje de todas las plantas, las aguas subterráneas y los suelos, pues este herbicida tiene un alto poder de residualidad, lo que sugiere que llega a durar en el suelo entre 20 y 30 años, exactamente en la primera capa de la tierra, que es en la que se deposita la materia orgánica (que contiene elementos como el nitrógeno, fósforo y potasio) y se encarga de la fertilidad.


PJ: ¿Tiene en mente algún ejemplo que ilustre los efectos del glifosato?

GT: Desde hace más de 15 años el grupo de investigación en toxicología acuática de la Universidad Nacional ha venido haciendo estudios sobre la toxicidad del glifosato en algunas especies de peces de agua dulce, y ha encontrado que es un herbicida letal para tres especies particularmente: el yamú, bocachico y la cachama blanca porque afecta completamente su sistema nervioso, respiratorio y sus tejidos bronquiales.


PJ: ¿Qué hace que el glifosato sea tóxico?

GT: La agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), lo clasifica con  el II grado de toxicidad, de IV, siendo  el grado I el mayor toxicidad. Ese grado de toxicidad aumenta el grado de concentración con el que se prepara el herbicida; además, por la adicción de otro agroquímico conocido como Cosmo-Flux 411f es mayor la adhesión del glifosato al follaje de las hojas y de todas las plantas que son aspersadas. Así, se duplica y triplica el poder tóxico del herbicida.

Adicionalmente, el glifosato es de amplio espectro, lo que quiere decir que puede afectar cualquier tipo de planta que toque o sobre la cual caiga, por eso su efecto no se manifiesta únicamente sobre la coca, sino también sobre las especies vegetales que están a su alrededor. Por ejemplo, en aquellas parcelas campesinas que tienen cultivos de coca, también resultan afectados los cultivos de plátano, yuca, maíz, los estanques para criar peces, etc.


PJ: ¿Qué alternativas adicionales al glifosato hay para la erradicación de los cultivos de coca?

GT: Existen estrategias incluso más nocivas que el uso de glifosato, como el uso de químicos u hongos, como el Fusarium oxysporum, muy conocido porque produce en las platanciones de banano la enfermedad llamada “mal de Panamá”,  el cual estuvieron intentando aplicar en Colombia. Pero el problema real y al que ha llegado todo aquel que ha estudiado este tema, es que el glifosato no acaba los cultivos de coca, lo que hace es que se produce el efecto balón o efecto mercurio, que consiste en el desplazamiento del cultivo de región en región. Por ejemplo, en 1999 el departamento de Nariño tenía 3.900 hectáreas en cultivos de coca, 15.951 en el 2010  y en el año 2017 alcanzó a tener 45.735 hectáreas de Coca. La dinámica del departamento de Putumayo es parecida, en 1999 Putumayo tenía 58.000 hectáreas, en el 2010 descendió ostensiblemente a 4.785 y de manera alarmante en 2017 subió a 29.589  (datos de UNODC, 2018).

Entonces el fenómeno que opera es la financiación del cultivo en nuevas regiones motivando a que los cultivadores y cosecheros o “raspachines” migren a pesar de la intensificación de las operaciones con glifosato. El cultivo no se termina, sino que se desplaza.


PJ: En ese sentido, ¿qué alternativa o propuesta resulta pertinente?

GT: Una que ha sido poco conocida y poco valorada es la solución integral, en la que se resuelven las necesidades elementales de las personas y se mejoran sustancialmente sus contextos económicos, ambientales y culturales. Es decir, el campesino es un gran aliado de la conservación, pero un campesino sin dinero se vale de los recursos naturales que tiene a su alcance para sobrevivir.

En un alto porcentaje, los campesinos que se vinculan a sembrar coca lo hacen por necesidad económica, porque no encuentran otro tipo de alternativas y porque usualmente esos territorios son completamente desintegrados a los circuitos económicos del país. Entonces, se debe pensar en una ‘solución integral’ que apoye la formación, capacitación y manejo de alternativas, como el manejo sostenible del bosque con cultivos silvopastoriles.

Gabriel Tobón Quintero, investigador javeriano. /Diederik Ruka
Gabriel Tobón Quintero, investigador javeriano. /Diederik Ruka

PJ: ¿Algún ejemplo que ilustre la alternativa?

GT: Sí. En el municipio de La Plata, en el Huila, evalué la sustitución de cultivos de amapola por frijol tecnificado. Estaba a más de 2.500 metros en la Cordillera oriental y la gente, como tenía experiencia en el frijol nativo, en el frijol criollo, salió de la crisis que les produjo la fumigación. El programa fue financiado por USAID pero, claro, su rentabilidad también dependía del trabajo local, por eso la comunidad conformó una cooperativa liderada por un asistente técnico que gestionó ante entidades bancarias créditos para cultivar una hectárea de frijol y, una vez alcanzada la rentabilidad, podían ampliarse hasta dos hectáreas más. Lo bueno era que la entidad financiera no les exigía como prenda de garantía la propiedad sobre la tierra.


PJ: ¿Cuál es el rol que asume el Estado en ese sentido? ¿Le brinda alternativas a los campesinos?

GT: Desde los años 90 se está intentando aplicar en el país una política de sustitución de cultivos de hoja de coca, pero hay un alto porcentaje de proyectos que fracasan porque quienes los llevan a las comunidades no analizan el contexto local, ni las condiciones de mercadeo que requiere el cultivo sustituto; en otras ocasiones sucumben por la falta de continuidad y apoyo del Estado o, finalmente, porque la gente no tiene experiencia y conocimiento sobre los nuevos cultivos.

Sin embargo, yo he evaluado algunos programas de sustitución de cultivos cuyos resultados han sido positivos. Por ejemplo, en Rio Blanco, Tolima, evalué uno de sustitución de amapola por café, y claro, el café tiene grandes ventajas en el comercio porque lo compran así sea mojado, entonces el campesino genera ingresos que le permiten sobrevivir.


PJ: ¿Cuál es la responsabilidad de la academia frente al uso del glifosato?

GT: Yo creo que tiene dos responsabilidades: una es en la producción de conocimiento, que se adquiere a través de la investigación en este tema, y en segundo lugar tiene el reto de lograr que ese conocimiento incida en la orientación de las políticas públicas, en este caso en la de lucha contra las drogas.

En mi caso, desarrollé un curso para el pregrado que actualmente se llama ‘Cultivos ilícitos, la ilusión del desarrollo’; cada semestre lo llenamos con 35 estudiantes y el objetivo es mostrarles una interpretación muy distinta a la que tienen por la televisión, la radio o la prensa escrita. Por ejemplo, la historia de la hoja de coca, el uso que los sumerios le daban a la amapola o cómo culturas indígenas latinoamericanas, como los Aimara en Bolivia, la empleaban con fines medicinales y culturales.


PJ: ¿Cómo percibe la respuesta de la opinión pública ante esta situación?

GT: Yo creo que está dividida, especialmente porque lo que se difunde es la noción que tiene el Gobierno de la presencia de los cultivos de coca. Yo no creo que sea muy poco pero tampoco tanto como ellos dicen; por ejemplo, dicen que estamos inundados de coca pero yo les hago estas cuentas a mis estudiantes: el país tiene 55 millones de hectáreas, de las cuales 40 millones se usan en ganadería, 7 de 15 millones posibles en producción de alimentos y sólo 209.000 en hoja de coca, entonces el tema se sobredimensiona con fines políticos.


PJ: ¿Cuál es su percepción de este panorama?

GT: Se ha demostrado desde hace más de 25 años que el glifosato no ha resuelto este problema porque la política que se implementa no ataca las causas de manera integral; es decir, el Gobierno suele desestimar la solución social y cultural que está oculta detrás del cultivo de coca y que radica en que el campesino tiene otras lógicas y otras creencias; no tiene la mentalidad y las ambiciones del narcotraficante, pues su preocupación se centra en resolver los problemas de subsistencia que está enfrentando y en realizar en las condiciones más adversas, su proyecto de vida, que en las zonas cocaleras es altamente precario.

Las madres indígenas y sus bebés mueren, y no por causa natural

Las madres indígenas y sus bebés mueren, y no por causa natural

Su muerte pudo haberse evitado. En la ranchería de Jipumana, área rural del corregimiento de Urú, que hace parte de La Guajira, nadie entiende cómo una criatura tan indefensa pudo morir de esa manera. Ya son dos generaciones, cinco niños muertos durante el parto: dos de la misma mamá, tres de su hermana y dos de su tía. Es como estar viviendo una tragedia común. ¿Qué pudo haber sucedido?

La madre del bebé siguió cada uno de los pasos, acudió a la partera que le acomodó la barriga con masajes y le dijo que su hijo venía en buena posición. Ella había tenido un control paulatino de la posición de su bebé y el seguimiento había sido apropiado, pero después de estar en trabajo de parto en cuclillas, a pesar de que la partera trató de acomodar al bebé, para ella, la esperanza de tener un hijo se desvaneció por segunda vez: no salió la cabeza de primeras sino un piecito morado. Ellas presumen que el pequeño venía muerto desde el vientre. La primera vez que la mujer wayú perdió a uno de sus hijos tenía 15 años, y hasta cuando le iniciaron las contracciones sintió cómo el pequeño se movía dentro del vientre. El bebé murió.

La mujer wayú ‘corrió con suerte’ porque, aunque murieron sus dos hijos, ella sobrevivió. Por el contrario, en el asentamiento de indígenas Iku, que recibe el nombre de Yewrwa en el Cesar, una mujer ha muerto y no por causa natural. Después de que una partera la asistiera, nació su hijo, lloró y lo limpiaron, pero pese a los “sobos” en el abdomen y los senos, y las “tomas calientes” de ruda y altamisa para combatir el frío, tras 20 minutos del nacimiento, la placenta nunca salió; el órgano, que un día unió a madre e hijo, se aferró al vientre de la mujer, tanto como ella quiso aferrarse a su hijo.

Al esposo le preocupaba la falta de dinero, pero tenían que remitirla a un centro de salud. En medio de la lluvia, varios hombres la bajaron de la montaña por trocha cargando la hamaca tapada con un caucho; demoraron algo más de una hora en recorrer la distancia hasta el puesto de salud. Al llegar, ella gritaba: “¡Ayúdenme!, ¡Ayúdenme!, ¡Ayúdenme!”. La colocaron sobre una sábana tendida en el piso e inmediatamente intentaron canalizarla para ponerle suero, había perdido mucha sangre y el médico no estaba de turno. Y así, sin más, mientras organizaban todo para llevarla a Valledupar, falleció. Igual, en el puesto de salud no se le podía tratar porque no estaba habilitado para el manejo de emergencias obstétricas.

Estos casos se reproducen, uno tras otro, en las comunidades indígenas del país, pero con seguridad no son la expresión única y total de lo que allí sucede.

Ante la necesidad de buscar respuestas acerca de los factores determinantes de la mortalidad materna y neonatal en las poblaciones indígenas, investigadores javerianos del Instituto de Salud Pública, en convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas —UNFPA—, la Organización Panamericana de la Salud —OPS/OMS—, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia —UNICEF— y el Programa Mundial de Alimentos —PMA—, tomaron sus morrales y se embarcaron en un viaje para llegar a las comunidades wayú y arhuaca más apartadas del Cesar y La Guajira. Su objetivo: analizar y proponer estrategias de intervención oportuna para la problemática.

En Colombia, según el informe desarrollado por los investigadores y titulado Determinantes sociales de las desigualdades en mortalidad materna y neonatal en las comunidades indígenas arhuaca y wayú: evidencias y propuestas de intervención del 2017, de 100.000 niños que nacen, mueren entre 50 y 93 madres. En cuanto a la mortalidad de neonatos, países como Cuba, Puerto Rico y Costa Rica presentan tasas inferiores a 10 muertes de niños por 1.000 nacidos vivos, mientras que Colombia se encuentra en el grupo de países con tasas de entre 14 y 20 decesos. Y aunque en la última década las muertes maternas en Colombia se han reducido de manera significativa, las grandes desigualdades socioeconómicas, regionales y poblacionales, como la falta de protección en salud y la falta de transparencia en la administración pública, han desencadenado la concentración de pobreza en las zonas rurales, en especial de indígenas y afrodescendientes, sostiene el informe.

Guajira MH 1

Por poner un ejemplo, de las madres que fallecen, el 20% tiene menos de 19 años y mueren más las que son menos educadas, las que no están afiliadas a algún servicio de salud y pertenecen a las poblaciones indígena y afro. Pero esto no es nuevo: los pueblos indígenas han sido históricamente excluidos y discriminados en América Latina. Son la expresión viva de la desigualdad regional, porque así como lo determinó la CEPAL en 2014, aunque ha habido una disminución global de los indicadores de pobreza, esta población sigue presentando bajos niveles de calidad de vida y altos índices de vulnerabilidad; allí es en donde se generan más muertes maternas y de neonatos.

Las condiciones estructurales e históricas ubican a los indígenas entre los más pobres y vulnerables por razones culturales, sociales, económicas y políticas. Ser indígena y vivir en zonas rurales apartadas hace de la geografía y de las particularidades culturales una barrera que limita el acceso a los servicios de salud y contribuye al aumento de la mortalidad. “El sistema ha dejado desprotegidos a los pueblos indígenas, quienes insisten en el apoyo gubernamental sin necesidad de maltratar su identidad,” dice Amparo Hernández Bello, doctora en salud pública e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana.

Las comunidades actúan de acuerdo con su cosmovisión: es su cultura, son sus valores y creencias, y no siempre coinciden con la formación occidental. “Creo que lo que no se ha captado es que hay una diferencia entre los servicios formales y la atención informal, una distancia, una brecha, una forma en la que los servicios culpan a la gente de sus problemas y la gente culpa a los servicios por no entender su cultura”, resalta Hernández Bello. La vida y la muerte de las mujeres de los pueblos indígenas está entre estos dos discursos: los médicos, políticos occidentales, y los políticos, ancestrales y de conocimientos tradicionales de los indígenas.

En el informe, los investigadores concluyen que, aunque la mayor parte de los nacimientos se produce en el territorio, esta circunstancia no constituye el problema. “Las mujeres indígenas deben tener acceso a toda la atención posible, tanto en sus comunidades como, complementariamente, en los servicios de salud”, explica la investigadora, y resalta la necesidad de implementar un sistema con enfoque diferencial, “que comprenda que existe diversidad, que existen desigualdades y que tú no puedes tratar a todo el mundo de la misma forma, porque en el momento en el que eso sucede se producen enormes injusticias”.

En especial porque cómo hace una mujer para ser atendida en un servicio de salud si este se encuentra a grandes distancias de donde vive; si al llegar —de lograrlo—, el centro de salud no está adecuado para su atención y además nadie le entiende porque no hablan su lengua.

“Se requiere superar la hegemonía que caracteriza a la política de salud y que limita las posibilidades de crear un sistema de salud intercultural que respete lo propio y se complemente con lo ajeno. Además de un enfoque diferencial que permita dar respuesta a las necesidades y demandas de las comunidades” puntualiza el informe.

Los secretos de una enfermedad cerebral poco conocida

Los secretos de una enfermedad cerebral poco conocida

Poco a poco, familia y amigos empiezan a detectar que algo anda mal con Ramiro. De 54 años, casado, con hijos y un trabajo estable, ya no es el mismo. Puede vestirse con una media azul y otra verde o ponerse el saco al revés, y pareciera no darse cuenta; cuando se lo hacen notar, responde con indiferencia. Se ha vuelto irascible, está desmotivado, poco le importan los sentimientos de quienes comparten la vida con él, no puede concentrarse y ahora le ha dado por comer dulces o lechugas a toda hora. ¿Qué le está pasando? Se ha vuelto insoportable… casi loco. Así lo describen sus allegados y no entienden cuál es la causa del cambio en su comportamiento. Pero está muy joven para pensar en una demencia… ¿o no?

Pues no. Puede tratarse de una enfermedad neurodegenerativa, que suele presentarse entre los 45 y 65 años de edad y la sufren unas 15 de 100.000 personas a nivel mundial. Se llama demencia frontotemporal (DFT) o enfermedad de Pick –nombre del psiquiatra Arnold Pick, quien la describió por primera vez– y afecta las funciones sociales, conductuales y afectivas, pero no la memoria. Puede presentarse pérdida progresiva del lenguaje, así como del recuerdo del significado de los objetos, en el que los pacientes se preguntan: ¿para qué es el semáforo?


¿Qué sucede en el cerebro?

La neuropsicóloga Diana Lucía Matallana Eslava, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y coordinadora de investigación del Instituto de Envejecimiento, ha dedicado varias décadas de su vida profesional a estudiar cómo funciona el cerebro en relación con conductas complejas. Así, desde 2008, llegó al estudio genético y clínico de la DFT, que ocurre cuando hay un ‘enredo’ en una proteína llamada tau en las neuronas de los lóbulos frontales. En esencia, todas las enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con acumulación de desechos celulares.

Son como la basura que el cerebro no elimina. Matallana lo equipara con una casa, donde cada sitio tiene una función: “Si en la cocina es donde socializamos, sabemos comportarnos, expresamos y reconocemos emociones, podría compararse con las funciones del lóbulo frontal; si en la sala memorizamos, lo compararíamos con el lóbulo temporal” Y continúa: “¿Qué pasaría si, al exprimir una naranja, no botamos la cáscara? ¿Y cuando en la sala no volvemos a limpiar el mugre que se acumula? Llegará un día en que en esos sitios no se vuelve a cocinar o a recibir visitas. En el cerebro, proteínas como la tau y la beta-amiloide llegan a ser basura, son difíciles de desechar y se vuelven neurotóxicas, lo que se relaciona con la enfermedad de Alzheimer y la degeneración del lóbulo frontotemporal. Inician mucho antes de que podamos ver los síntomas”.

A ella le interesa, además de conocer las causas de la enfermedad, entender por qué “esa parte del cerebro que se encarga de poder ser altruista, solidario, empático con el otro, moderar comportamientos agresivos y las conductas de control social” se afecta, y cómo diagnosticarla y tratarla cuando esto sucede. En ese primer proyecto encontraron un gran desconocimiento sobre esta enfermedad, por lo que su grupo se propuso capacitar a la población académica-médica para reconocerla, pues frecuentemente se confundía con problemas psiquiátricos. Ahora saben que es la enfermedad neurodegenerativa más común antes de los 65 años, y por lo tanto es la que mayor impacto ejerce sobre la familia, la sociedad y el sistema de salud.

Han seguido un sistema de evaluación de enfermedades neurodegenerativas que su grupo difunde desde 1992. Consiste en un estudio interdisciplinar en el que seis pacientes son evaluados por cuatro especialistas –neurólogos, neuropsicólogos, psiquiatras y geriatras– en una mañana.

Con esta experiencia y los resultados del primer estudio se presentaron a varias convocatorias, que ganaron y les permitieron dedicarse de lleno al estudio de la DFT. Ampliaron el número de pacientes y, con el apoyo de Colciencias, empezaron a estudiar aspectos genéticos de la población colombiana: “Encontrar mutaciones genéticas características de los colombianos es como buscar un grano de arena en una playa”, explica Matallana. Han apoyado a sus mejores estudiantes para realizar sus estudios de posgrado en DFT, entre ellos una fonoaudióloga, quien en su doctorado estudió los componentes del lenguaje en la enfermedad; un neurocientífico, quien en su doctorado en ingeniería se encarga del manejo de imágenes del cerebro; una genetista que solo estudia esta enfermedad, y un psiquiatra, hoy profesor de la Facultad después de haber culminado una estancia posdoctoral.

“Nosotros usamos metodologías de última generación para el análisis de la conectividad, cómo se comunican unas áreas con otras, y volumen o densidad del tejido cerebral”, dice la neuropsicóloga, y con orgullo señala que sostienen un diálogo con los ingenieros “porque todos aprendemos: los ingenieros crean formas  de análisis de las imágenes y nosotros, los clínicos, correlacionamos los síntomas con los cambios en las imágenes”. Y las neuroimágenes son distintas, dependiendo de la enfermedad neurodegenerativa del paciente.

Con su colega, la neuropsicóloga colombiana Katya Raskovsky, hoy vinculada a la  Universidad de Pennsilvania, adelantan un proyecto cofinanciado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH) mediante un proyecto Fogarty, que les permite intercambiar y generar conocimiento en torno a esta enfermedad. “Hemos encontrado familias con características que ameritan ser estudiadas en regiones cercanas a Bogotá”, adelanta Matallana, pero sin dar detalles. En 2018, cuando termine el estudio, podrá hablar sobre ellos.


De paciente a la población entera

Se han concentrado en trabajar la empatía –la capacidad de percibir los sentimientos del otro– y los juicios morales en otras patologías neurológicas, como los ataques cerebrovasculares, la esquizofrenia o el autismo. Al ver que los seres humanos comienzan a perder la sensibilidad por los demás, se han cuestionado sobre el país en el que vivimos. “Puede ser que la historia de La Violencia nos ha llevado a perder la capacidad de ponernos en el lugar del otro”, dice. En la Encuesta Poblacional de Salud Mental del 2015 incluyeron algunas preguntas relacionadas con aquello que se afecta en la DFT: “¿Qué pasa en un país como el nuestro cuando damos un juicio moral? ¿Cómo reconocemos emociones o somos empáticos?”.

Y encontraron que “los colombianos reconocemos muy fácilmente la alegría, no identificamos muy bien la agresión, la tristeza y el asco; habilidades necesarias para interactuar socialmente con los otros”. De este nuevo enfoque en sus estudios analizan la enfermedad en el contexto cultural colombiano. “Seguramente las políticas de Estado podrán facilitar una reparación cultural en estos temas tanto como la que hay en el cerebro”, propone.

Lo triste es que, hasta ahora, la DFT no tiene cura. “Lo que sí se puede hacer es compensar otras áreas del cerebro que se entrenen nuevamente en habilidades sociales”. Quienes tienen problema del lenguaje, por ejemplo, se pueden volver artistas cuando nunca lo han sido.

En un reciente artículo aceptado para publicación en la revista Brain, las investigaciones con pacientes fueron analizadas con pares argentinos, que encontraron que los pacientes con DFT sienten más envidia (Schadenfreudeen alemán) y disfrutan del dolor ajeno que los grupos control. “Frecuentemente estos pacientes tienen más emociones antiempáticas y tienden a cometer más violaciones morales y legales”, dijo Agustín Ibáñez, director del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional (Incyt) de Argentina al diario La Nación. El artículo será carátula de la revista, anunció Matallana.

Hoy en día, dice, los avances en las investigaciones javerianas al respecto posicionan al país como líder en la región latinoamericana, lo que se demuestra en la cantidad de ponencias aceptadas en las conferencias internacionales de DFT que se realizan cada año.

Por ahora, hace énfasis en que continúan capacitando al personal médico nacional e internacionalmente, estudiando a los pacientes de manera sistemática e interdisciplinar y alimentando un banco con cerebros donados para continuar la investigación.


Para leer más

A Lesion Model of Envy and Schadenfreude: Legal, Deservingness and moral Dimensions as revealed by Neurodegeneration. Brain (número en preparación). Santamaría- García, H.; Baez S, Reyes P.; Santamaría-García J.; Santacruz-Escudero J.; Matallana, D.: Arévalo, A.; Sigman, M.; García, A.; Ibánez, A. (2017)


TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Los lóbulos frontales: estudio clínico y genético de la Demencia Frontotemporal. Colciencias 371-2011
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Diana Lucía Matallana Eslava
COINVESTIGADORES: Carlos Cano, Pablo Reyes, Andrea López, Ángela Martínez, Ignacio Zarante, Felipe Uriza, José M. Santacruz, Hernando Santamaría, Ángela Iragorri
Facultad de Medicina
Instituto de Envejecimiento
Instituto de Genética Humana
Departamento de Psiquiatría y Salud Mental
Grupo de investigación Perspectivas en ciclo vital, salud mental y psiquiatría
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2012-2016

Salomé Victoria Mojica: “Soy inmensamente feliz con lo que hago”

Salomé Victoria Mojica: “Soy inmensamente feliz con lo que hago”

Los ojos de Salomé Victoria Mojica se iluminan cuando pronuncia ‘salud pública’. La vocación de servicio es su razón de ser. Por eso, cuando tuvo que escoger la investigación de su maestría, no dudó en pensar en que debía tener un componente humano. “Siempre quise saber sobre el marco normativo que rige a las cuidadoras de niños con malformaciones congénitas. Mi objetivo es visibilizar que son mujeres que están completamente solas, afectadas psicológicamente, sin recursos económicos”, asegura con un gesto desesperanzador marcado en el rostro.

Y cómo no preocuparse si, según la investigación que adelanta, estas mujeres no solo cargan con el peso de tener un hijo o hija enfermos, sino con la culpa, por parte de sus parejas, de que no naciera “como lo esperaba la sociedad”. Salomé pertenece al grupo de Ciencias Básicas y Clínicas de la Salud, de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, que genera conocimiento a partir de investigaciones en áreas de ciencias básicas médicas que tengan aplicación clínica.

De acuerdo con Teresita Sevilla, directora de investigación, desarrollo e innovación, “Salomé es una de las jóvenes promesas de la Universidad”, razón por la cual fue beneficiaria de los apoyos financieros que ofrece su oficina para adelantar estudios de maestría.

Pero, ¿cuál es el rol del Estado en esta coyuntura? Es precisamente la pregunta que Salomé quiere desvelar mediante su proyecto, porque, como bien manifiesta, es la madre que cuida al niño, pero, ¿quién cuida de ella?

No obstante, esa pasión por la salud pública no es nueva. Desde que estaba en quinto semestre de Medicina, y tras realizar su rural con énfasis en investigación, supo que ese era el camino que quería tomar y cada nuevo día lo afianza. Tanto que hace seis meses logró abrirse un espacio en la Secretaría de Salud de Cali para ayudar a los enfermos de tuberculosis y VIH.

Salomé hace parte del grupo de Micobacterias, de la Secretaría, que trabaja en la coinfección de estas dos enfermedades. “Vigilamos que estos pacientes, en algunos casos habitantes de la calle y de la comunidad LGBTI, reciban un tratamiento adecuado, oportuno, y que por nada del mundo lo dejen”, explica.


De estudiante a profe

Bailarina de ballet desde los cinco años hasta que inició sus estudios universitarios, combinó esta afición con la salsa cuando la descubrió a los 11 años. Esa sí no la ha dejado: hoy dicta clases en el programa Javesalsa. Pero no es la única disciplina que dicta.

Cuando apenas estaba dejando a un lado los cuadernos y su mochila de estudiante, le llegó la propuesta más “abrumadora” de su vida, como ella misma lo califica. A sus 24 años es tal vez la profesora más joven de la Universidad. En julio pasado asumió la tarea de dictar la asignatura Salud y Comunidad, con la que pretende hacer que los futuros médicos entiendan que fuera de los consultorios también se puede hacer medicina.

“Ha sido una experiencia de mucho respeto, de humildad. Me daba miedo que los estudiantes dijeran que por ser joven no sabía nada. Luego, ha sido un proceso de irnos transformando y construyendo en el aula, de enseñarles que la medicina se puede trabajar desde la comunidad y para la comunidad, que no es únicamente recetarle al paciente una pastilla, que detrás de ese enfermo hay una situación que lo determina, como sus condiciones de vivienda”.

Entre libros, salones de clase e historias clínicas transcurre la vida de esta joven médica que sueña con salvar el mundo llevando, no la capa de la Mujer Maravilla, sino su bata blanca. “Los salubristas siempre buscamos mejores condiciones para todos y pienso que eso es lo que debería mover a cada ser humano. Levantarse todos los días y sentir que contribuye a una mejor sociedad”, concluye.

No se pierda la edición 42 de Pesquisa Javeriana

No se pierda la edición 42 de Pesquisa Javeriana

 

Este 2017 ha sido un gran año para Pesquisa Javeriana. Con el relanzamiento de nuestra estrategia digital, que nos ha llevado a tener una presencia más activa en internet y en las redes sociales, al igual que la posibilidad de realizar cubrimientos en vivo, nos vamos convirtiendo en un medio activo en la difusión de contenidos científicos con una alta calidad periodística.

Por eso, para ir cerrando este año con broche de oro, los invitamos a leer el número 42 de nuestra revista impresa, el último de 2017 que circula hoy para los suscriptores del diario El Espectador.

Encuentre en nuestra edición:

  • Un reportaje especial sobre la investigación que los profesores de la Universidad Javeriana sede Cali hacen cada año en la Reserva Seaflower.
  • Las técnicas aportadas por nuestra alma máter para conservar la estructura de las capillas colombianas construidas con tapia pisada.
  • Los avances en la investigación contra la demencia frontotemporal.
  • La evidencia sobre metales pesados en el agua lluvia que cae en la capital.
  • ¿Quién es Andrés Etter, el ecólogo y profesor javeriano que investiga la huella de los humanos en los ecosistemas?
  • Un recorrido reflexivo por las obras de arte dispuestas en la Avenida Eldorado y la Carrera Séptima, en Bogotá.
  • La opinión de los usuarios hoteleros sobre la calidad del servicio.
  • Perfil de Salomé Mojica, joven investigadora especializada en salud pública.
  • Editorial sobre las reflexiones de innovación que dejó nuestro XIV Congreso La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana.
  • La iniciativa de renovación verde en el campus javeriano de Bogotá.
  • Recomendaciones de la Editorial Javeriana.

Si usted desea acceder a estos contenidos y no es suscriptor de El Espectador, puede descargar la edición digital (PDF) de nuestro número 42 en este enlace.