En busca de las voces de la niñez en situación de desplazamiento

En busca de las voces de la niñez en situación de desplazamiento

De acuerdo con Unicef, cerca de la mitad de la población desplazada en Colombia está conformada por niños y niñas, y según Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –Codhes– ya hay más de tres millones ochocientos mil colombianos en situación de desplazamiento forzado que sienten vulnerados, de forma grave, por lo menos quince de sus derechos. La mayoría de la población desplazada (cerca del 70%) está conformada por mujeres y niñas. Y las cifras siguen en aumento. En el primer semestre de 2008, por causa del conflicto armado, el desplazamiento forzado fue superior en un 41% al del mismo período del año pasado.

El desplazamiento forzado da lugar, por una parte, a múltiples rupturas en los niños y niñas; por otra, origina mecanismos de reacomodamiento, tanto de los menores como de sus familias que se vieron en la obligación de desplazarse.

El análisis y la descripción de las rupturas y la identificación de esos mecanismos fueron los puntos de partida que tuvieron las investigadoras del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, la abogada Carmen Millán y la antropóloga María Fernanda Sañudo, con la dirección del filósofo Guillermo Hoyos en el proyecto Procesos de reconstrucción vital de población infantil desplazada por la violencia en Bogotá y Cali, realizado en el 2005.

La llegada a nuevos entornos implica para las víctimas destrucción y desarraigo. La reconstrucción con base en la reformulación de su sistema cultural y la negociación con los nuevos entornos, esto es, la construcción de una nueva realidad, permite continuar en el mundo de la vida: el proceso implica repensar roles, tradiciones, metas, afectos, etc.

Esa reconstrucción vital, o resiliencia, puede entenderse como un proceso desde el cual se pretende la adaptación de seres humanos expuestos a situaciones extremas como pobreza, violencia, desarraigo. Es pues la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse, fortalecerse o ser formado(a) por experiencias de adversidad.
Para identificar esos procesos en la población infantil y juvenil que hizo parte del estudio, se recurrió a propuestas artísticas y talleres creativos, con los cuales se hizo posible la comunicación de una forma alternativa a la de la entrevista. Desde el comienzo se asumió el poder de la pintura y el manejo de gráficos, imágenes y recortes para establecer procesos de comunicación con estos niños y niñas en situación de estrés postraumático. Gracias a la combinación de estas herramientas de comunicación, emergieron y se reconstruyeron sus historias de vida.

Los niños y las niñas, por ejemplo, ven cómo sus referentes de identidad, los lazos afectivos, las nociones de espacio, los patrones tradicionales de comportamiento, así como la pérdida de los mínimos de bienestar social y económico irrumpen en sus vidas. La ruptura de redes sociales locales, la vereda, el caserío o la finca, y el contacto con nuevos sujetos sociales con diferentes costumbres y prácticas culturales tiene incidencia sobre esos procesos de construcción y reconstrucción de los proyectos de vida tanto de estos menores como de lo que quede de sus familias.

Como el desplazamiento impone la configuración de nuevas formas de familia, es necesario considerar la ética del parentesco en aquellas familias en las que hay una nueva “mamá”, ya sea porque es diferente a la madre biológica, ya sea por el cambio de roles. Esta es una mujer encargada de conseguir alimentación, techo, educación y salud para un grupo familiar conformado por mujeres, adultos mayores y niñas y niños, en el lugar de recepción. Muchas de las funciones que ahora debe desempeñar son totalmente nuevas para ella. Esta cabeza de familia debe desplegar una nueva forma de actuar y otras formas de relacionarse, de dar y recibir afecto. Para los menores y los jóvenes los grupos de relación primarios, familia y amigos pueden ser reemplazados eventualmente por otros, como las pandillas.

Los orígenes

En 2003, ese mismo grupo de investigadores, con el apoyo de Colciencias y el Servicio Alemán de Intercambio Académico –DAAD–, comenzó a investigar sobre la emergencia de nuevas subjetividades y la reconstrucción de trayectorias vitales que emprenden las mujeres en situación de desplazamiento.

El proyecto Ética en nuestras propias palabras permitió al equipo entrevistar a mujeres de Medellín, Neiva, Cali y Bogotá que se reconocen ciudadanas en situación de desplazamiento, cabeza de hogar, mujeres que buscan agenciar todos los recursos que ofrecen el Estado, las ONG y entidades de cooperación, partiendo de la conciencia de tener derecho a esos recursos y servicios. Al emplear el concepto de agencia, el proyecto ofrece una perspectiva ajena a la victimización de las mujeres desplazadas y abre la posibilidad de comprender que el Estado debe responderle a estas nuevas ciudadanas. Los resultados de esta investigación están en proceso de publicación en la Biblioteca virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales –Clacso. En esa etapa el trabajo de campo fue coordinado por la antropóloga Patricia Tovar y las entrevistas las llevaron a cabo Ofelia Restrepo, Ana Catalina Ariza, Andrés Salcedo, María Fernanda Sañudo y Stella Restrepo.

El proyecto de procesos de reconstrucción vital le dio paso a un tercero: Derechos económicos, sociales y culturales –DESC– en Colombia. Indicadores alternativos para la evaluación del impacto de proyectos en educación, salud y alimentación para población infantil y juvenil en situación de desplazamiento, que se llevó a cabo gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Española y a la Pontificia Universidad Javeriana. Este trabajo problematizó la inconsistencia en el tratamiento de la edad por parte de los organismos nacionales y extranjeros y de la propia legislación: no hay consenso en cuanto al momento, es decir, la edad en la cual termina la infancia y comienza la juventud. Las definiciones acerca de niñez y juventud ofrecen áreas grises con las obvias consecuencias a la hora de exigir derechos y hacer cumplir deberes. El proyecto presentó una guía que se encuentra en proceso de validación entre las organizaciones de cooperación internacional.

El trabajo fue adelantado por las investigadoras españolas Carmen Borja y Paloma García, además de Amelia Fernández, Roberto Vidal y María Claudia Duque, al lado del equipo Pensar ya mencionado.

Hacia nuevas investigaciones e intervenciones

Según las investigaciones reseñadas, es perentoria la generación de mecanismos de inclusión y reconocimiento de la diversidad (género, grupos etarios), que van desde la incorporación a los procesos sociales y educativos hasta las dinámicas intrafamiliares. Una situación límite como el desplazamiento forzado puede generar nuevas subjetividades, algunas de ellas reconstruidas desde la violencia, lo que hace que se extienda el ciclo de destrucción. Pero también en los procesos de búsqueda de recursos, participación y exigencias políticas, aparece una nueva ciudadanía que exige el cumplimiento de los compromisos del Estado.

Así mismo, se pone de relieve que toda una generación de colombianos y colombianas ha sido sometida a diversas formas de violencia: no intervenir, no tomar acción, supone mantener el círculo vicioso de la violencia.

Es deber del Estado garantizar los derechos de la infancia de esta generación cuya voz también debe entrar en los procesos de verdad, justicia y reparación. El tipo de rupturas y los procesos de resiliencia hacen imperativa no sólo la reparación material sino la reparación simbólica, teniendo en cuenta que quienes han sido forzados al desplazamiento tienen diversas necesidades y distintos proyectos de vida, que no constituyen un todo homogéneo de víctimas, sino subjetividades en formación, que se han rearticulado y transformado, y que tendrán vocación de futuro si se abre la posibilidad de reconstrucción del tejido social.


Para saber más:
+Rodríguez Arenas, María Stella. Resiliencia: otra manera de ver la adversidad. Alternativa pedagógica para la atención de niños y niñas en situación de desplazamiento forzado. Bogotá: Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, 2004.+Unicef para niños y niñas:
https://www.unicef.org.co/kids/index.html
 

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Los virus en el agua: un problema ético y legal

Los virus en el agua: un problema ético y legal

El agua es indispensable para nuestra supervivencia; sin embargo, su consumo no está libre de peligros. Bacterias y virus que afectan la salud de los humanos, pueden ser transmitidos por el agua. Aunque hervir el líquido y utilizar filtros siguen siendo las medidas más seguras, no protegen totalmente. El agua con la que se lavan los vegetales que se consumen crudos, puede estar contaminada. Por su parte, los filtros eliminan las bacterias pero difícilmente los virus, que son mucho más pequeños.
No se trata de una película de terror biológico en estos tiempos de miedo; se trata de saber más para protegerse mejor. Este es uno de los propósitos del grupo de investigación en Enfermedades Infecciosas del Departamento de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana, una de cuyas líneas es la de Virus en Aguas, en la cual María Fernanda Gutiérrez realizó la investigación “El agua como fuente de contaminación de rotavirus, astrovirus y calcivirus en el municipio de Facatativá”. El objetivo fue determinar la presencia de rotavirus (RTV), astrovirus (HAstV) y calicivirus (CV) en aguas crudas y tratadas del acueducto municipal. Los resultados contribuyen a una mejor comprensión del rol del agua como transmisor de virus entéricos, que atacan el sistema digestivo y generalmente producen diarrea, especialmente en menores de cinco años.

Un problema complejo

Los investigadores escogieron a Facatativá por ser el municipio del departamento de Cundinamarca con la incidencia más alta de diarrea en su población infantil entre los años 1996 y 1999. Teniendo en cuenta que el agua ha sido reportada como vector de varios tipos de virus, la investigación analizó 226 muestras del líquido en el municipio durante tres momentos distintos (2000, 2002 y 2005).

El 95% de la población de Facatativá consume agua del río Botello. Para el estudio se tomaron muestras del río antes de llegar al acueducto, en la planta de tratamiento y al salir lista para el consumo humano. Los resultados probaron que el agua puede estar contaminada incluso después de ser potabilizada. Varios factores contribuyen a este problema: la calidad del sistema utilizado por el acueducto para potabilizar el agua, el clima y las condiciones físicas de la región. En zonas ganaderas y agroindustriales como Facatativá, las filtraciones y porosidades del acueducto pueden ser una vía de contaminación por virus; estos pueden penetrar la tierra y permanecer latentes durante varios meses, si las temperaturas son bajas y la humedad es favorable. Los acueductos viejos y los tanques de agua de las casas son especialmente propensos a esta contaminación.

Los acueductos y los entes encargados de prestar servicios públicos aseguran que el agua que distribuyen es potable, y lo es, según los estándares legales nacionales a los que están obligados. La legislación contempla que el agua debe estar libre de los elementos más “grandes” como parásitos, bacterias y hongos; pero con los medios que se usan para este fin, los virus no pueden ser eliminados. Para dar una idea: las bacterias se miden en micras, los virus en nanómetros. Esto quiere decir que los últimos son mil veces más pequeños y que los acueductos no logran atraparlos; incluso acueductos con sistemas óptimos de potabilización, aunque mejoran la prestación del servicio, no retiran en su totalidad los virus existentes en el agua.

Los virus están formados por una proteína y un ácido nucleico; en la investigación, su presencia se midió por la proteína. Este método demostró que los virus sí estaban en el agua. Lo anterior no significa necesariamente que tales virus sean infecciosos; para que un virus lo sea necesita de un medio favorable. Además, hay que precisar que no todos los virus presentes en el medio ambiente afectan a los humanos pues muestran especificidad por individuos: los virus vacunos, por ejemplo, afectan a las vacas y es poco probable que infecten a los perros o al hombre. Sin embargo, según la investigadora María Fernanda Gutiérrez la discusión no se puede centrar en la infección del virus; su sola existencia es razón más que suficiente para justificar la investigación.

Lo infinitamente pequeño

El método utilizado para la detección de los virus fue la ultrafiltración, un proceso en donde el agua atraviesa una membrana de filtración muy pequeña. Un filtro usado en microbiología es normalmente de 0,8 micras, el cual clarifica las sustancias a filtrar. Los siguientes son de 0,45 micras, que quitan bacterias. Los de 0,2 micras son filtros “esterilizantes”, pero tampoco garantizan que el líquido quede libre de microorganismos pues lo virus son diminutos y los filtros normales no sirven para separarlos. Por eso se usan ultrafiltros que trabajan en la gama de los nanómetros.

Para detectar los virus, que normalmente están muy diluidos, deben concentrarse grandes cantidades de agua. Además, se pueden presentar varios inconvenientes: primero, que en el agua tomada inicialmente para la concentración no haya partículas virales, lo que no significa que no las haya en el resto del agua; segundo, que la técnica para detectarlas no las capture. Por esta razón, un resultado negativo, incluso en una muestra grande de agua, no es el todo confiable. Un resultado positivo muestra la existencia del virus, pero, como se dijo antes, no establece su capacidad infecciosa. Todos estos factores hacen que la detección de los virus sea muy costosa y que a las empresas distribuidoras del líquido les resulte difícil hacerla. Además, como la legislación no dice nada respecto a virus, se trata más de un asunto ético que de un problema legal.

Cuando comenzó la investigación se planteó presentar las conclusiones y los resultados al Gobierno de Facatativá, pero un cambio en el equipo encargado de estos temas hizo muy difícil una interlocución adecuada. El propósito final de la investigación es ofrecer elementos para discutir las regulaciones sobre el agua de consumo humano, pero se requiere voluntad política de todas las entidades y personas que tienen incidencia en la prestación de servicios básicos y en la salud pública.

Una segunda investigación del grupo de Enfermedades Infecciosas-Virología del Departamento de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana se llevó a cabo en Quibdó, donde se realizó un análisis diferente. Allí se hicieron pruebas para detectar el ácido nucleico viral, en vez de la proteína; este método, además de ser útil para probar la presencia de los virus, sirve para determinar su origen. De esta forma se logró demostrar que el rotavirus encontrado en Quibdó era de origen humano.
Mientras tanto, se espera una recepción mayor de estas investigaciones por parte de quienes pueden aprovechar el conocimiento para convertirlo en transformaciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.


Para saber más:
Gutiérrez, M.F.; Alvarado, M.V.; Martínez, E.; Ajami, N.J., Presence of viral proteins in drinkable water –Sufficient condition to consider water a vector of viral transmission?, Water Research, 2007, 41, 2, 373-378.
Disponible en: www.sciencedirect.com
 

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El castigo físico y humillante al banquillo

El castigo físico y humillante al banquillo

Sería interesante preguntarse cuántas personas han pensado en la importancia de escuchar a las niñas y a los niños hablar sobre el castigo corporal al que suelen ser sometidos. Probablemente, encontraríamos que muy pocos adultos se han preguntado sobre lo que ellos piensan o sienten ante esta situación socialmente aceptada, porque a los niños hay que “educarlos” y “ese cuentico de que ahora no se los puede tocar porque se traumatizan” ya los tiene “jartos”.

“En Colombia, la violencia, el maltrato, la negligencia y el castigo constituyen fenómenos cotidianos de la experiencia de una gran cantidad de niñas y niños en el hogar, la escuela y otros contextos como el campo, los barrios y la calle”, comenta María Claudia Duque, enfermera especialista en pediatría con maestría en Psicología Comunitaria y doctora en Antropología, quien lideró este proyecto, realizado con el apoyo de estudiantes del curso de Salud y Cultura de la carrera de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana.

Hablar de castigo físico sería como “llover sobre mojado”, si no fuera porque esta investigación cualitativa y participativa muestra el asunto desde otra perspectiva: la de los niños. ¿Qué piensan y sienten frente al hecho de que sean castigados físicamente, con la justificación generalmente aceptada de que “es por su bien”? La Fiscalía General de la Nación reporta que la violencia intrafamiliar ocupó el séptimo lugar entre el total de delitos cometidos en el 2005 y se sabe que es ejercida sobre niños entre los 5 y los 9 años y en niñas entre los 10 y los 14 años por sus padres; no sorprende entonces que seamos lo que somos y que estemos donde estamos. Sin embargo, seguimos preguntándonos por qué somos violentos o si nuestro país es violento por naturaleza, y no faltaría quien propusiera que nuestra naturaleza violenta es de origen genético.
En el trabajo que sustenta este artículo, durante el 2006 la investigadora Duque se enfocó en describir y analizar las ideas, explicaciones, sentimientos y actitudes que los niños expresaban en sus narraciones sobre el castigo, así como en detallar los tipos de castigo, los contextos y los escenarios en los que se ubican estos eventos. Antes de conocer los resultados, entendamos algunas cifras y conceptos relacionados con esta problemática.

Castigo infantil: una práctica social culturalmente aceptada

Los investigadores tienen muy claro que el castigo físico y humillante no se da sólo en Colombia. Según Duque, “estudios en otros países han documentado frecuencias de uso del castigo corporal contra los niños, entre el 70 y el 90% de los adultos encuestados”. Esto demuestra la magnitud de la problemática, y la bibliografía sobre el tema muestra que, a diferencia del maltrato infantil y el abuso sexual, en diversos contextos sociales el castigo se considera como algo normal y adecuado entre las prácticas de crianza y el proceso pedagógico. De hecho, son prácticas tan arraigadas que en muchas familias es usual y aceptado que los hijos sólo obedezcan a los padres cuando se les castiga.

Esta legitimación social y cultural del castigo, que a pocos les hace mella, probablemente se deba a que por muchas generaciones se ha practicado el maltrato, el abuso y la crianza basada en el castigo y en duras normas de disciplina. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2000, el 47% de las madres castiga a sus hijos con golpes, 36% con palmadas, 72% con reprimendas verbales y 48% prohibiéndoles algo que les gusta. La ENDS de 2005 reporta que el 41% de las madres encuestadas utiliza los golpes y el 22% castiga a sus hijos con palmadas. Mientras una buena proporción de padres piense que todo esto está bien porque es “formativo”, será difícil reducir los índices de castigo corporal y de daño psicológico.

Un punto interesante radica en que, aunque no todo castigo físico es maltrato, cabe la posibilidad de que no se tengan claros los límites entre uno y otro. La investigadora resalta que las fuentes bibliográficas en el mundo sobre el tema diferencian dos cosas: mientras el castigo tiene una intención disciplinaria o educativa, el maltrato no, su intención es más bien hacer daño. Sin embargo, agrega, el castigo corporal no deja de ser un abuso de poder y puede producir daños físicos y emocionales. En la página web de la ONG “Save the Childen” se aclara la diferencia: Golpear se define como castigo físico, pero el abuso verbal, ridiculizar, aislar o ignorar a un niño se considera un castigo humillante. Según Harper, tanto el castigo físico como el humillante se consideran “violaciones del derecho a la dignidad y a la integridad física del niño”; sin embargo, buena parte de la sociedad no parece darse cuenta de que, muchas veces, ciertas palabras y actitudes producen más daño y dolor en los niños que si les dieran una golpiza.

¿Por qué castigan a las niñas y a los niños?

En este punto del análisis del problema valdría la pena conocer las razones para castigarlos, cuestión que muchos de los que nos preocupamos por el tema quisiéramos entender. Para ello, los investigadores trabajaron con varios niños y niñas de un barrio ubicado en los cerros orientales de Bogotá, mediante técnicas como la observación participante, entrevistas individuales semiestructuradas y sesiones de grupo, con lo que obtuvieron datos cualitativos, textuales y fotográficos bastante claros: “Por portarse mal, decir mentiras, hacer daños, coger cosas ajenas, desobedecer, no pedir permiso; factores del colegio como no hacer las tareas, o irles mal en los exámenes y otro grupo de causas localizadas en la incomprensión o las reacciones incomprensibles de los agentes agresores y que algunos participantes describieron como no escuchar al niño, o no saber por qué era el castigo”.

Por otra parte, puesto que la sociedad legitima el castigo como parte del proceso pedagógico y formativo de los niños, cabe preguntarse si es efectivo. La investigación pone en duda este hecho, pues se sustenta que si bien para algunos el castigo corporal puede tener efectos deseables sobre la conducta de los niños, “ya que sirve como medida inmediata para que los niños dejen de comportarse mal”, no es claro que haya verdaderos efectos positivos. Unos creen que posiblemente contribuya a la internalización de conductas morales y a controlar conductas agresivas, pero cada vez se afianza más la teoría de que no es así; por el contrario, la investigadora Duque sostiene que “podría ser un factor etiológico de conductas delincuentes, criminales y antisociales”.

Pero aquí surge un agravante que no se había considerado: no sólo no ayuda a la formación, sino que altera en gran medida la interacción familiar, en especial, deteriora en gran medida la relación “padres-hijos”, amén de que producen en los niños otros efectos psicológicos devastadores, como “problemas de salud mental, depresión, estrés y sentimientos de humillación e impotencia. Eso recuerda lo que los estudios sociales en población vulnerable y de alto riesgo han mostrado: se crece con la premisa de que ‘pego porque a mí me pegaron’, ‘maltrato porque a mí me maltrataron’ y ‘humillo porque a mí me humillaron’. La bibliografía demuestra que el castigo físico y humillante en la infancia favorece “el desarrollo de conductas agresivas durante la adultez, incluyendo el abuso de su cónyuge e hijos”. De modo que posiblemente esto responda a la pregunta por qué somos así, sin necesidad de meterle mucha genética al asunto.

¿Si pudiera escuchar a estos niños, usted qué cree que dirían?

Hay varias cosas importantes en este punto. Primero, la investigadora no utilizó un modelo juzgador para analizar la información proporcionada por los niños y las niñas; ella no dice qué está bien o qué está mal, simplemente trasmite lo que ellos dicen. Los resultados preliminares parecieran mostrar a los padres como los principales agentes castigadores, dato que según la investigadora Duque contrastaría con los informes de otros estudios publicados en 2000 y 2005, que reportan a la madre como la principal castigadora en el hogar; pero aclara que la muestra poblacional de estudio debería ser mayor para poder confirmar esta apreciación. Otro aspecto que se muestra es que los castigos ocurren en su mayoría en el cuarto y en la cocina de la casa; refiere, primordialmente, eventos físicos como “golpes, correazos, juetazos, golpes con zapatos o chancletas, latigazos y golpes con otros instrumentos como cables de grabadoras y palos de ortiga”. Así mismo, los niños narraron prácticas de castigos humillantes como regaños muy fuertes que, aunque los afectan mucho, no pueden responder y de ahí los sentimientos de rabia y frustración que se crean. Adicionalmente, relataron otros castigos que, en general, consideran menores, como prohibir y quitar gustos.

Pero cuando se les pregunta cómo se sienten al ser castigados, la mayoría dice sentirse “mal”, lo que a juicio de la investigadora indica malestar, posible desacuerdo y una dificultad inicial para precisar el sentimiento. También fue evidente la expresión de otros sentimientos frente al castigo, por ejemplo, “malestar, dolor, tristeza, odio, rabia, mal genio, culpabilidad, miedo, confusión, sentimiento de ser maltratado o de no ser querido, aburrimiento”. Es claro que mientras el castigo puede producir bienestar en los padres, que no se sienten ni se ven como “agresores”, la investigación mostró que los niños lo viven de manera opuesta.

Los niños expresaron su deseo de no ser castigados, de que no les peguen sino que les hablen y les expliquen las cosas. También manifestaron sentimientos ambivalentes frente al castigo; algunos lo consideran justo y positivo (hay formas de disciplina que ellos reconocen como bondadosas), otros lo rechazaron de plano. En este punto, la investigadora cuestiona y llama la atención sobre el hecho de que se considere que los adultos son los únicos que enseñan. Lo que le ha interesado resaltar es que las niñas y los niños son actores sociales igual que los adultos y por eso sus voces deben ser tenidas en cuenta. Por ello, plantea abrir espacios de intercambio, diálogo y reflexión sobre el tema del castigo. Si bien es cierto que se deben sacar conclusiones sobre qué hacer, ella propone que antes se busque que los padres reflexionen sobre el tema.

Ante el interés por definir las causas, la investigadora se refiere a las condiciones en las sociedades que promueven el castigo y las razones por las cuales nuestra sociedad consiente la práctica del castigo corporal y humillante. Afirma que algunas respuestas pueden encontrarse en valores del patriarcalismo, como la obediencia y el ejercicio autoritario del poder; en que nos movemos en el contexto de muchos factores sociales, políticos y económicos, con condiciones muy difíciles, y en que tenemos una cultura cotidiana que relativiza los valores, y la sociedad aprende a legitimar el abuso y el maltrato como eventos normales simplemente porque suceden todos los días.

Por otro lado, la investigadora ratifica un descubrimiento interesante: los niños no son adultos chiquitos, son inteligentes, no son “bobos” y se dan cuenta de las cosas, pero es evidente que requieren compañía y protección. Claro que hay que educar a los niños, dice ella, deben ser formados, “hay que mostrarles los límites externos para que consigan límites internos; pero eso se consigue con amor y comprensión”. De manera casi premonitoria, este trabajo estaría demostrándonos que los niños castigados, humillados o abusados serán los padres del futuro que a su vez aplicarán castigo físico a sus hijos convencidos de que es lo mejor y no sabemos por cuántas generaciones más.

En conclusión, es importante mostrar lo que pasa por la cabeza de estos niños para que la sociedad reflexione sobre ello. No me gusta, pero está bien si me porto mal; es un punto que resume todo o que enfoca todo. Este trabajo no generaliza la situación en Colombia, pero es un estudio piloto que abre la puerta para la discusión y pone el tema sobre el tapete. Queda en el banquillo, para pensar, analizar y replantear muchas cosas de nuestra vida cotidiana

Algunas cifras recientes sobre castigo en Colombia:

La bibliografía diferencia castigo de maltrato. Castigo, tiene intención disciplinaria; maltrato es agresión. Pero la pregunta interesante es: ¿piensan los padres que el castigo físico no es agresión? ¿Saben ellos hasta dónde es disciplina y cuándo se convierte en maltrato? La Encuesta Nacional de Salud del 2007 adelantada por Cendex reveló cifras interesantes en el país: “El 32,5% de las personas en general, considera que el castigo físico es necesario para corregir a los hijos (…)” Pero hay diferencias importantes por departamento: “La percepción favorable al uso de la agresión física para corregir hijos es del 55,2% en el Caquetá; del 50,9% en el Meta; del 49,4% en el Tolima y en otros departamentos como Amazonas, Arauca y Vichada, alrededor del 45%” (…) “Por el contrario, los departamentos con la menor proporción de personas que creen que esta práctica es necesaria, son Norte de Santander (19,8%), Atlántico (22,4%), Quindío (24,3%) y Valle (25,0%”). Ahora bien, respecto a la vivencia de experiencias de agresión física, se reportó que “el 54% de los encuestados tenía vivencia de haber sido víctima de alguna agresión física en su hogar durante su crecimiento; dicha experiencia fue mayor en el Cauca con el 75%, en el Guaviare con el 73%, en Casanare con el 71,8% y en Vichada con el 69,3%”.


Para leer más:
Revista Child Abuse & Neglect:
https://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/586/description#description
https://www.acabarcastigo.org/
 

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Inequidad en las coberturas de vacunación: la mortalidad infantil evitable

Inequidad en las coberturas de vacunación: la mortalidad infantil evitable

En un sistema sano de salud pública las coberturas de vacunación son prioritarias, ya que la inmunización infantil beneficia tanto a los niños vacunados como a la sociedad en general, y representa un ahorro significativo para el país en términos económicos.

Por ello la Organización Panamericana de la Salud recomienda mantener coberturas de al menos 95% en todos los municipios; en los países que no logren la cobertura en más del 80% se deben realizar por lo menos dos campañas nacionales de vacunación.
Sin embargo, tras realizar un estudio entre los años 2000 y 2003, los docentes javerianos vinculados al Centro de Proyectos para el Desarrollo – Cendex encontraron que la cobertura nacional del esquema de vacunación para los niños menores de un año pasó de un 78,8% a un 66,8%. También disminuyeron las coberturas para todas las vacunas o biológicos, excepto para la vacuna contra la influenza.

Para el año 2000, un total de 544 (49%) de los 1109 municipios presentaron coberturas inferiores al nivel nacional; mientras que para el 2003 se encontró que un total de 602 (54%) de los 1117 municipios presentaban esas diferencias; y departamentos como el Vaupés, Guainía, Vichada, Amazonas, San Andrés y Chocó son los que más aportan en magnitud a las brechas de cobertura así medidas. Igualmente, en departamentos con gran número de municipios, como Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Santander y Nariño, aumentó la brecha de cobertura.

Los riesgos de epidemia

Las desigualdades en la cobertura para todas las vacunas, especialmente aquellas contra la influenza y el virus de la hepatitis B disminuyeron a nivel municipal. Las brechas también decrecieron en el caso de la vacuna contra la poliomielitis, aunque es notoria la baja cobertura que persiste en varios municipios del país.

“Nos preocupa la de la poliomielitis porque la vacunación se hace con la dosis oral, equivalente al virus de la polio atenuado (no el virus muerto), que después de administrarse oralmente se excreta, entonces, la persona vacunada se vuelve transmisora del virus atenuado y si este virus circula mucho tiempo en un ambiente de bajas coberturas de vacunación, hace una mutación genética y recupera la virulencia y transmisibilidad, entonces el peligro de aparición de la poliomielitis sería muy alto”, explica Rodríguez.

Colombia está libre de polio, pero en cualquier momento podría presentarse un brote, como ocurrió en República Dominicana y en Haití en el año 2000. Algunos países ya tienen la vacuna intramuscular, que a diferencia de la oral no transmite el virus, pero es más costosa.

Respecto a la vacuna contra la tuberculosis hay otra preocupación: “La vacuna BCG que se administra en el recién nacido no previene la enfermedad, sino que minimiza las consecuencias de una infección tuberculosa extrapulmonar, es decir, el bacilo tuberculoso generalmente ataca primero el sistema respiratorio, pero de ahí puede migrar y producir la tuberculosis meníngea (que causa meningitis) o la tuberculosis renal las cuales son muy graves. Y esas migraciones de la tuberculosis desde los pulmones son las que se previenen con la vacuna pero con una sensibilidad relativamente baja, así que no previene completamente las consecuencias extrapulmonares”, dice el epidemiólogo cubano.

Desde hace años se está trabajando en una nueva vacuna contra la TBC (tuberculosis) porque las tasas de mortalidad no han disminuido, pese al aumento de las coberturas de vacunación. Ello se explica porque el grado de protección de la BCG es limitado: varía según la cepa que se emplee en la vacuna. En países desarrollados la vacunación está indicada sólo en niños y adultos de muy alto riesgo para la infección; en Colombia, donde está establecido el esquema de vacunación universal, quizá deba replantearse esta política, dada la experiencia internacional y las limitaciones de recursos.

Estudio ecológico

El estudio ecológico, como el diseñado en esta investigación, es económico porque los cálculos se hacen a partir del procesamiento de fuentes de información secundarias (del Departamento Nacional de Estadística o del Instituto Nacional de
Salud, por ejemplo) comparando indicadores agregados o globales. Estas mediciones se cotejan entre territorios (municipios con municipios y departamentos con departamentos) mediante indicadores socioeconómicos.

En el proyecto de referencia –realizado por encargo del Ministerio de la Protección Social y Planeación Nacional para evaluar el Plan Nacional de Vacunación– que concluyó en el 2006, se procesaron los datos del registro de inmunización y de las Encuestas de Demografía y Salud de Profamilia (años 2000 y 2005).

Al construir las coberturas de vacunación se tomaron los datos del registro, de dosis entregadas o aplicadas, y se dividieron por los datos poblacionales obtenidos del censo o proyecciones. Es decir, no se indagó si los residentes de cada municipio estaban vacunados; luego, la cobertura estimada puede diferir de la real.

Las desigualdades sociales

Aunque el Estado es el mayor proveedor de vacunas y ofrece coberturas completas del 60% entre afiliados al sistema de seguridad social, para los niños no afiliados esta cobertura es sólo del 27%. Salen a flote los vacíos del sistema de aseguramiento en salud, que deja por fuera a parte de la población rural o que vive en cinturones de miseria en las grandes ciudades.

Y es que si bien Colombia ha sido uno de los países de América Latina que ha mantenido las mejores coberturas, debido a que las campañas de salud pública comenzaron hacia mediados del siglo XX, no se ha logrado superar el problema de la equidad. Según Rodríguez: “En términos de voluntad política sí existe una institucionalidad fuerte en salud, y los municipios y los entes territoriales en salud trabajan a pesar de todas las dificultades”.

En Bogotá la cobertura de vacunación se ha fortalecido en los últimos años, con campañas más intensas realizadas por la Secretaría Distrital de Salud —donde trabaja la investigadora Naydú Acosta—, pero en las zonas marginales, habitadas en gran parte por población desplazada, el riesgo de una epidemia está latente.

Para Acosta, las acciones que ayudarían a disminuir la brecha serían fomentar la gestión municipal, aumentar la asignación de recursos y priorizar a los municipios con alta densidad de población infantil y bajas coberturas persistentes, así como a la población no asegurada. En síntesis, aplicar una buena dosis de justicia social.


Para saber más:
Ver informes de investigación en:
www.cendex.org.co
 

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Se vende vivienda de madera

Se vende vivienda de madera

Si fuera posible que todos los anhelos de los soñadores se hicieran realidad, el título de este texto podría convertirse en un clasificado que orgullosamente se exhibiría en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y en el Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo (IDEADE) de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Allí, la arquitecta y joven investigadora de Colciencias Sandra Viviana Murillo potenció una sensibilidad especial por los temas sociales y ambientales que la llevó a aportar una serie de proyectos y propuestas que daban al trabajo del IDEADE una nueva dimensión.

Con su participación en el IDEADE, el tema de la recuperación forestal pasó de ser únicamente un asunto de sostenibilidad ambiental para visualizarse como una oportunidad de utilizar la madera como elemento fundamental en la construcción de todo tipo de edificaciones, incluida la vivienda de interés social, además de una valiosa alternativa de producción económica y de renovación forestal.

En Colombia, la vivienda de madera se mueve entre los extremos de la marginalidad –cuando manera rudimentaria e improvisada se recicla para la construcción de viviendas de personas de escasos recursos económicos– y la opulencia –cuando se utiliza en la construcción de edificaciones de recreo de sectores de gran poder económico. Alrededor de esta se mantienen vigentes una serie de mitos con respecto a su durabilidad, así como a sus costos económicos y ambientales. Sin embargo, para esta joven investigadora, la madera es un material que puede reportar muchos beneficios económicos y sociales para el país, en la medida en que su utilización puede generar mayor empleo de mano de obra y la oportunidad para que los menos favorecidos accedan a una vivienda de calidad, confortable y segura.

Se trata de promover una industria maderera que no se limite, como hasta el momento lo ha hecho, a utilizar la madera para el abastecimiento de algunos acabados de las viviendas de construcción masiva, sino que sea capaz de producir partes, susceptibles de ser ensambladas en viviendas construidas totalmente en madera. Ello permitiría la construcción de una vivienda con menores costos de producción y la sustitución de partes deterioradas por el uso o el tiempo, tal como ocurre con la vivienda hecha de otros materiales.

A su modo de ver, la madera es un material tan resistente como cualquier otro utilizado en la construcción. La única condición es que se cumpla con una selección de especies que se adecuen tanto al uso que se les quiera dar como al ambiente en el que se utilicen y, desde luego, que se sometan a un mantenimiento adecuado y periódico que garantice su durabilidad y resistencia.

No obstante, Sandra Viviana Murillo es enfática en sostener que este aprovechamiento de las potencialidades de la madera no puede hacerse a costa de la deforestación de los bosques; es preciso que junto al desarrollo de una industria de la transformación de la madera también se promueva una industria de su producción que lleve a cabo una renovación permanente de los bosques. Lo que indudablemente llevaría a cumplir el viejo sueño de los defensores del medio ambiente de buscar el crecimiento económico, pero con el precepto de la sostenibilidad del ambiente.

Probablemente, esta es la razón por la que los anhelos de Sandra, que también son los de su tutor, el profesor Carlos Alfonso Devia Castillo, han encontrado eco en otros estudiantes y profesionales de la arquitectura que han empezado a apostar por la madera como un recurso importante para la construcción, más allá de las funciones tradicionalmente otorgadas.


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