Los jóvenes no son el futuro del país. Son el presente. Y su presente en Colombia es que 3.26 millones, entre 15 y 28 años, no estudian ni trabajan. El dato es del DANE y abarca el periodo entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.
El desempleo y la dificultad para estudiar son solo dos de las molestias que ocasionaron el paro nacional de 2021, que empezó el 28 de abril y se extendió durante varios meses. Para conocerlas todas, el Observatorio de la Juventud de la Pontificia Universidad Javeriana hizo la tarea de sistematizar las inconformidades que motivaron a los jóvenes colombianos para salir a protestar.
El equipo revisó la información recolectada en las mesas de negociación instauradas por el gobierno nacional en los 32 departamentos de Colombia. ¿El resultado? Más de 1200 propuestas y una clara muestra de inconformidad juvenil.
¿Qué pedían los jóvenes colombianos en las mesas de negociaciones?
Entre estas preocupaciones, Mateo Ortiz, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y analista del observatorio, cuenta que solicitaban inclusión en temas de género, proyectos de emprendimiento diseñados de acuerdo con las características propias de los territorios, educación pensada en la ruralidad y en la diversidad, garantías en el respeto por los derechos sexuales y reproductivos, pero, sobre todo, pedían que se les diera la certeza de que serían tenidos en cuenta como actores clave en la toma de decisiones y que se protegieran los derechos humanos.
El también politólogo explica que las propuestas incluyeron temas demandados por distintos grupos poblacionales en materia de salud, trabajo y cultura, pero con un enfoque juvenil. “Lo que caracteriza todos estos elementos es que tienen una perspectiva joven. Por ejemplo, no era solo hablar de trabajo sino de las condiciones para las y los jóvenes acerca del tema de la empleabilidad y la experiencia profesional”, agrega.
Y aunque de estos temas se ha venido hablando durante mucho tiempo, el agravante en medio del estallido social de 2021 fueron los numerosos casos de violencia. Según la ONG Temblores, durante las manifestaciones se reportaron 5340 casos de abuso de la fuerza pública y una elevada cifra* de víctimas mortales, donde los jóvenes son mayoría.
(*Los datos no coinciden. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hasta el 31 de julio 63 personas habían sido asesinadas en el marco de las protestas. Sin embargo, la Fiscalía dice que fueron 29 e Indepaz asegura que fueron 80, de los cuales al menos 36 eran menores de 26 años).
Así intervino el Observatorio de Juventudes de la Javeriana
En la primera fase surgieron discusiones que abarcaron los puntos más álgidos para las juventudes, siendo la garantía para el diálogo una de las principales necesidades. “No se trata únicamente de escucharlos sino de que se les respete la posibilidad de participar de una manera incidente”, comenta Ortiz.
En la segunda parte del proceso, el observatorio se encargó de codificar todos esos temas emergentes para clasificarlos según la atención que le daban los jóvenes. Esta información se la remitieron a Colombia Joven, que es la Consejería Presidencial para la Juventud, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Estas dos entidades seleccionaron los temas que más les interesaban a ellas, para luego presentarlos a través de 12 líneas de acción que serían tenidas en cuenta como prioridad para el gobierno de turno y que puede conocer haciendo clic acá.
Con base en esa información se elaboró el Pacto Colombia con las Juventudes que, de acuerdo con el politólogo, “no es un instrumento de política sino más bien una promesa del gobierno a las y los jóvenes”. Sin embargo, aclara que dentro de ese documento se incluyó el CONPES 4040 —del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)— que, a diferencia del Pacto, sí es un instrumento político con obligación estatal que tiene metas y presupuestos claros.
Aunque el pacto no es vinculante, a través del CONPES el Estado tiene la obligación de cumplir lo acordado sin importar el gobierno de turno
De estas conversaciones surgieron los Consejos de Juventud —mecanismos de participación de los jóvenes ante las entidades locales—, el problema para Ortiz es que Colombia Joven “hizo una campaña desastrosa” y por eso hubo tan poca participación (tan solo asistió el 10 % de los habilitados para votar).
“Recurrieron a Los Juegos del Calamar —serie de Netflix donde cientos de personas con dificultades económicas aceptan una invitación para participar en un juego en el que solo uno sobrevive—. Eso muestra lo poco que conocen a los jóvenes, pues usaron un programa que se basa en el hambre y la precarización y que da a entender que es importante que existan personas pobres para que las ricas se puedan divertir”, añade el analista.
¿Qué se ha logrado después de las negociaciones?
Para Martha Lucía Gutiérrez, directora del Observatorio de la Juventud y docente del Departamento de Ciencia Política de la Javeriana, lo más importante es que quedó un insumo fundamental para quienes quieran entender a las juventudes del territorio nacional.
Sin embargo, cree que en cuanto a las peticiones que surgieron en el paro de 2021, los logros aún no son tantos como se esperaban. “¿Qué se ha implementado después de un año de confrontaciones tan agresivas y tan espantosas entre la fuerza pública y los jóvenes? Uno ve realmente poco. No digo que no haya nada, el diseño del CONPES 4040 y el Pacto Colombia con las Juventudes son importantes, pero no suficientes. No ha habido un cambio significativo”.
¿Cómo es el presente de las juventudes en Colombia?
Aunque aún hay mucho por trabajar, Mateo Ortiz explica que es muy pronto para decir si lo acordado en el Pacto Colombia con las Juventudes ha dado sus frutos, pues aún ni se cumple un año desde su elaboración (se firmó en agosto de 2021) y los resultados están pensados a largo plazo con una inversión estimada, hasta el año 2030, de 33,5 billones de pesos colombianos.
Este presupuesto —de acuerdo con la información suministrada en la página web del pacto— beneficiaría cada año a 700 000 jóvenes con el programa Matrícula Cero (educación gratuita en estratos 1, 2 y 3), a 600 000 más con el programa de subsidio de empleo (un incentivo para que las empresas contraten jóvenes) y otorgaría 40 000 créditos hipotecarios con tasas preferenciales para los jóvenes, entre otras garantías.
Pero mientras se implementan los planes, los jóvenes siguen enfrentando un día a día en el que solo sobrevivir es una tarea difícil. Según el DANE, el grupo etario con mayores tasas nacionales de homicidios son los jóvenes entre 15 y 29 años, siendo los hombres los más afectados con una tasa del 91,3, muy por encima de las mujeres (7,1).
Asimismo, el informe sobre homicidios de Medicina Legal de 2021 determinó que, en los primeros 10 meses de ese año, cada día fueron asesinados en Colombia 15 jóvenes entre 18 y 28 años. Un año después la cifra no mejora: la misma entidad reportó que entre enero y abril de 2022, 1833 jóvenes del mismo rango de edad han sido asesinados. Un promedio de 15.4 muertes al día.
Por otro lado, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 la población de ‘ninis’ (que ni estudian ni trabajan) era del 27,7 %, de acuerdo con cifras del DANE. Un año después, en el mismo lapso, aumentó al 28,6 %.
En cuanto al desempleo juvenil se ve un pequeño avance. En el primer trimestre de 2021, el 23,9 % de la población joven no tenía trabajo. En el mismo periodo de 2022 bajó a 21,3%. Aun así, esto significa que hay 1,3 millones de jóvenes desempleados en el país.
¿Se viene un futuro esperanzador?
Estamos ad portas de escoger al próximo presidente de Colombia. Uno que, tanto para Mateo Ortiz como para Martha Lucía Gutiérrez debería tener como prioridad a las juventudes.
“Ya tenemos el diagnóstico concreto de las necesidades de las y los jóvenes. Son ideas y oportunidades que el próximo presidente debería transformar en proyectos que garanticen el cumplimiento del pacto”, agrega Ortiz.
Lo que sigue es que el nuevo gobierno se reúna con los consejeros nacionales de juventud para acordar el plan de desarrollo nacional. “Por eso es importante que los y las jóvenes conozcan las posturas de los candidatos respecto a temas de juventud y garantías de derechos humanos”, puntualiza el analista.
De esta manera, si tuvieran que priorizar unas pocas propuestas, la directora del observatorio lo haría en acceso a la educación media y superior, seguridad y garantías de empleabilidad, mientras que Ortiz buscaría que en primera medida se garantizara la capacidad de incidencia.
“La protesta social se da por temas de educación, trabajo y demás, sí, pero principalmente porque las personas no son escuchadas. Este es un fenómeno que ocurre por la falta de legitimidad que tienen los mecanismos institucionales para gestionar las necesidades. Si fueran cubiertas, no habría manifestaciones”, afirma el politólogo.
A su vez, Gutiérrez espera que con el cambio de gobierno (tanto nacional como municipal) se retome la fuerza que tuvieron las mesas de negociación para que todas las demandas hechas por los jóvenes se conviertan en prioridades de la política pública.
“Lo que hay son tareas pendientes. Esas inconformidades de los jóvenes, que fueron la causa de ese gran estallido social de 2021, ya siguieron un camino de diseño y planificación, pero tienen que ponerse en acción, en recursos y en actividades”, concluye la directora del observatorio.
