La matrícula cero no es suficiente: ideas para una mejor educación en Colombia

La matrícula cero no es suficiente: ideas para una mejor educación en Colombia

Colombia atraviesa tiempos difíciles, no solo por la pandemia que ataca a todo el mundo, sino porque ya se completó un mes de paro nacional. En medio de esto se volvió a hablar de educación, una demanda histórica por la que actualmente muchos jóvenes están marchando, y para la cual el presidente Iván Duque, junto con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunciaron el pasado 11 de mayo que habrá matrícula cero para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en educación superior pública.

Por primera vez en la historia del país el 97 % de los estudiantes de educación pública superior, técnica y tecnológica tendrán matrícula gratuita para el segundo semestre de 2021 y, además, quedó expresa la intención del gobierno de hacer de la gratuidad de la educación pública, una política de estado sostenible y permanente.

Según el Ministerio de Educación, estos recursos se gestionarán a través del Fondo Solidario para la Educación, creado mediante el Decreto Legislativo 662 de 2020, que se suma al capital ya destinado a programas como Generación E.

¿Una medida insuficiente?

Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, llama la atención sobre el filtro que se hará para tener acceso a estos beneficios, pues “el estrato es una característica de la vivienda, no de los ingresos de las personas, por lo que si se va a volver algo permanente, no debería usarse este mecanismo de selección, pues podríamos estar generando incentivos para que las personas se cambien de lugar de residencia con el fin de acceder al beneficio”.

Al respecto, la ministra de Educación se refirió en entrevista con El Espectador diciendo que “inicialmente se ha optado por este mecanismo de estratificación. No obstante, de manera coordinada con el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de Prosperidad Social, avanzaremos en la construcción de una política que integre estos mecanismos de focalización”.

También hay que tener en cuenta que esto no implica aumento de cobertura, lo que quiere decir que la matrícula cero no va permitir el ingreso de muchos más jóvenes a la educación superior. Abadía expone que esto responde a que las instituciones oficiales tienen una fuerte restricción de cupos, recursos e infraestructura. Por otro lado, dice la profesora javeriana que “para muchos de estos jóvenes, la principal barrera económica, quizás, más que las matrículas, es el sostenimiento diario en la institución”.

La mitad de los jóvenes entre 17 y 21 años logra ingresar a la educación superior, es decir, cerca de dos millones de estudiantes. El 40 % deserta entre el primer y el décimo semestre por falta de recursos y también por deficiencias en las bases que traen desde el colegio. Luz Karime Abadía, LEE

Si bien este avance representa un logro que beneficiará a 693 mil estudiantes de casi un millón cien mil matriculados actualmente en las instituciones oficiales, “no es lo más urgente dadas las grandes carencias que tenemos en el sistema de educación colombiano y que pasan no solo por consolidar estas iniciativas como políticas de estado, sino por atender múltiples deudas históricas y necesidades en términos de inequidad, calidad y otros más que aquejan al país”, opina Abadía.

¿Cuáles son las deudas con la educación en Colombia?

Matrícula cero

Se ha dicho que la educación es el arma más poderosa, sin embargo, el rezago en materia de acceso y calidad ha desprovisto al país de la posibilidad de usar la educación como arma. En su lugar, según indica Óscar Julián Cuesta, máster en Educación y profesor del Departamento de Formación de la Javeriana, la educación ha sido sinónimo de una lucha histórica que se ha hecho más visible con la pandemia.

Para Cuesta la primera gran deuda es la educación rural, pues el Estado colombiano entiende la educación rural como algo precario que necesita alcanzar los niveles de la educación urbana, desconociendo que no se trata solo de las inequidades entre el sector urbano y rural en términos tecnológicos y de acceso, entre otros, sino del contexto y las necesidades de cada territorio del país.

En segundo lugar, “se piensa que el problema de Colombia es del aula, entonces, ‘la educación está mal porque a los estudiantes les va mal en las pruebas estandarizadas’, y no. El problema educativo va más allá, es social, económico, cultural. En ese sentido, tenemos una deuda con la comprensión del fenómeno educativo”, dice Cuesta.

El experto insiste en que hay dificultades de fondo que están asociadas a los malos resultados como, por ejemplo, si un niño o niña está desnutrido, sufre la violencia directa o le enseñan realidades que nada tienen que ver con la suya como sucede con los estudiantes de zonas rurales.

“Por más que los profesores se esfuercen, estas otras variables influirán para que no tengan los resultados esperados. Para los gobiernos es fácil decir, ‘mejoremos a los profesores para mejorar la educación’, pero de nada sirve tener buenos profesores si los estudiantes tienen una complejidad social que no les permite ir al aula con la disposición requerida”, comenta.

Como tercer punto está la gran deuda con los maestros. El profesor javeriano asegura que después de la década del 80, cada vez han sido más las políticas que marginan al profesor, “el docente no piensa el currículo, no tiene momentos para discutir la enseñanza; ahora el proceso educativo viene prefijado por currículos preestablecidos; cada vez se pierde el rol de intelectual y trabajador de la cultura y su labor no es bien remunerada”.

Luz Karime Abadía, del LEE, resalta la deuda con la educación básica y media, en donde están, para ella, los rezagos más grandes en términos de educación pública y privada y los métodos de enseñanza, “seguimos siendo muy tradicionales, nuestros planes de estudio son los mismos de hace 50 años. Seguimos enseñando de memoria, conceptos y asignaturas en lugar de enseñar habilidades para el mundo”.

¿Cuáles deben ser los cambios para una transformación estructural?

Tras años de investigar las diferentes problemáticas educativas del país, de forma soñadora pero posible, los investigadores consultados para este artículo proponen varias alternativas:

Un proyecto para la educación rural que motive a los profesionales a irse a territorios rurales, “personas que quieren hacer su proyecto de vida en territorio, que formulen una pedagogía de compromiso social en donde los currículos respondan a las necesidades y memoria histórica del lugar. Eso partiría de un compromiso por parte del Ministerio de Educación para generar condiciones favorables para estos profesionales”, dice Cuesta. Hecho que se une a la necesidad de reivindicar la práctica docente.

“La sociedad se tiene que dar cuenta de que los profesores hacen una labor irremplazable, si no hay docentes, no hay escuela, y esto, a su vez, implica una mejora salarial equiparable a su trabajo, porque educar va más allá de generar aprendizajes, es un proceso de formación”, enfatiza Cuesta. De esta manera se genera un efecto motivador para que los mejores estudiantes y futuros profesionales se animen a participar de esta labor, complementa Abadía.

Los expertos también resaltan la necesidad de abandonar los currículos estandarizados para pensar en unos más contextualizados y territorializados, y de la misma manera encontrar nuevos mecanismos de evaluación que permitan valorar el progreso, por ejemplo, de la educación en la ruralidad. Asimismo, metodologías basadas en experiencias y desarrollo de habilidades, más que en la memoria.

Una mirada fuera de las aulas

Para el profesor Cuesta, nada de esto es posible si no se resuelven los problemas sociales, no solo de acceso, infraestructura y calidad educativa, sino también situaciones elementales en las que la sociedad se comprometa a educar como una responsabilidad de todos.

“No es deber de la escuela resolver los problemas sociales (violencia, pobreza, discriminación, exclusión migratoria, entre otros) para que la escuela se dedique a hacer lo que debería hacer. Padres de familia, iglesias, medios de comunicación y sociedad civil en general deben formar a los nuevos sujetos en convivencia, respeto, cuidado al prójimo y demás valores, así como la cobertura de las necesidades básicas por parte de las familias y el Estado”, argumenta el profesor javeriano.

Tanto Abadía como Cuesta coinciden en que educar es un asunto que debe ser de debate público e interés común. Sobre esto último, el profesor invita a la comunidad a participar y a pensar en la educación que queremos y necesitamos; en los sujetos que estamos formando para darle a este debate la dimensión política que merece.

Protestar en la calle: ¿funcionan otros mecanismos de participación ciudadana?

Protestar en la calle: ¿funcionan otros mecanismos de participación ciudadana?

Cuando hay manifestaciones que obstaculizan las vías públicas es común encontrarse con frases como: “Esas no son formas de protestar”, “están afectando al mismo pueblo”. En el marco del paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril, parte de la discusión nacional ha sido cuál es la mejor forma de expresar las inconformidades.

Aunque el debate inspire las posiciones más opuestas, en la Constitución colombiana existen consagrados cinco mecanismos de participación ciudadana que eventualmente podrían ayudar a conseguir los cambios que se procuran durante las manifestaciones.

Patricia Inés Muñoz es profesora y directora de posgrados del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana. Una de sus áreas de investigación es la cultura política del país. Para la docente es necesario revisar el estatuto de participación ciudadana (ley 1757 de 2015), pues si bien los mecanismos están estipulados, los requisitos incluyen creación de comités, recolección de firmas, umbrales de votación y otra serie de procedimientos que los hacen complicados.

“En términos generales los mecanismos fueron concebidos bajo una serie de requisitos que la mayoría de las veces hacen difícil el éxito del uso del mecanismo por parte de los ciudadanos”, dice Muñoz.

Y las cifras parecen respaldarla. Desde 1991, que existen estos mecanismos, solo un alcalde ha sido removido de su mandato a través del mecanismo popular de revocatoria. Fue en el municipio de Tasco, Boyacá, en 2018. Esto a pesar de las decenas de solicitudes que llegan a la registraduría. En 2017 se presentaron 47 y actualmente cursan 67 solicitudes contra alcaldes. Estos procesos se vieron frenados por la pandemia ante la imposibilidad de recolectar firmas.

En referendos las historia no es muy diferente. En diálogo con El Espectador, Clara Rodríguez, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, recordó que en el país solo se ha votado un referendo a nivel nacional. Este fue propuesto por Álvaro Uribe en 2003, constaba de 14 preguntas y solo una alcanzó el umbral de aprobación: la de la muerte política a condenados.

Adicionalmente, estos procesos están lejos de ser prácticos. Su aplicación puede tomar más de un año, por lo que no serían una alternativa efectiva para cierto tipo de decisiones que requieren mayor urgencia y sin contar los costos que implican.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil los procesos de revocatorias del mandato que están hoy en curso costarían cerca de $200 mil millones. Solo en una ciudad como Medellín, este proceso estaría rondando los 1500 millones de pesos.

La cifra aumenta si se consulta una decisión a nivel nacional. El plebiscito que refrendó los acuerdos de paz con las FARC (única vez que se ha usado esta figura) costó $350 mil millones según la misma Registraduría.

¿Por qué la gente prefiere manifestarse en las calles?

La docente Muñoz expone que como los mecanismos existentes son útiles en muy reducidos espacios, “la movilización de los ciudadanos en las calles es la única forma de hacerse escuchar porque sienten que no hubo otros espacios o mecanismos para interactuar”.

Esta situación ha sido evidente durante los últimos días en el país, que aún en medio de la pandemia, ha vivido una movilización ciudadana en diversas regiones, de diferentes sectores sociales y con múltiples reclamos.

Manifestaciones en Colombia

En este caso la investigadora analiza un malestar social generalizado por demandas que ya se venían presentando desde el paro del 2019 y que fueron interrumpidas por la cuarentena. Esta inconformidad se incrementó por el contenido y la forma como se presentó la reforma tributaria y los impactos que iba a tener sobre la economía diaria. Un tercer factor, analiza la experta, es la pérdida de confianza en la institucionalidad, el gobierno y los actores políticos por parte de los ciudadanos.

Según el Barómetro de Confianza de Edelman, para el cual se encuestaron a más de 33 mil personas en 28 países del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2020, en Colombia, la confianza en el gobierno está 20 puntos por debajo del promedio global, siendo el cuarto país que más desconfía después de Nigeria, Sudáfrica y Argentina.

La encuesta revela que la confianza en los líderes políticos llega apenas al 24 %, tres puntos porcentuales menos que en 2020 y que la credibilidad en los voceros del gobierno es del 21 %, dos puntos menos que el año anterior.

“Todos estos estudios de cultura política vienen mostrando una pérdida progresiva de la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos en Colombia”. Paricia Muñoz

Muñoz argumenta que todo este malestar finalmente generó reacciones más alteradas por el mismo contexto de la pandemia, y fue canalizado hacia las manifestaciones en vía pública.

Para la investigadora los mecanismos existentes se quedan cortos para, por ejemplo, consultar a la ciudadanía sobre el contenido de la reforma tributaria. El gobierno requiere, de forma urgente, recaudar recursos por los gastos que ha dejado la pandemia, pero no puede esperar los 12 o 18 meses que tomaría consultar a la ciudadanía mediante dichos mecanismos.

Ante tal complejidad para el uso de las herramientas constitucionales, ¿qué hacer?

La Ley 1757 de 2015 hizo más flexibles los requisitos de algunos de estos mecanismos, norma que para la investigadora Patricia Muñoz es necesario revisar de nuevo buscando que sea más efectiva. “Estamos en mora de evaluarla porque creo que ha habido algunos logros, revocatorias de mandato, por ejemplo, que nos pueden mostrar que efectivamente estuvieron al alcance de los ciudadanos, pero quizás le podamos introducir mejoras para hacerlos todavía más flexibles”, explica.

Pero el problema de fondo, continúa Muñoz, pasa por la relación entre los actores políticos y los ciudadanos. Afirma que más allá de los mecanismos formales que ya existen, lo importante es la voluntad política de los gobernantes para identificar las demandas, necesidades y expectativas de los ciudadanos.

Esta relación se puede construir por fuera de dichas herramientas. “Siempre habrá la posibilidad de convocar mesas de trabajo con partidos políticos, centrales obreras, organizaciones de la sociedad civil, gremios, academia, grupos organizados. Lo importante es la voluntad política de los mandatarios de abrir canales de diálogo”, manifiesta.

Si bien estas discusiones pueden tomar tiempo, la investigadora sostiene que cuando los gobiernos tienen en cuenta a sus ciudadanos al momento de tomar las decisiones, la norma expedida contará con acogida y respaldo, y eso es finalmente lo que construye la legitimidad de los gobiernos.

“Cuando se quiere gobernar de espalda a la ciudadanía, uno de los efectos es lo que estamos viviendo, ¿por qué?, porque al imponer una reforma tributaria sin consultar y con la gente agotada y empobrecida, allí los ánimos llegan a un punto en que se generan otras reacciones, como las que hemos visto estos días”, dice Muñoz.

La investigadora resalta que aun cuando no exista un mecanismo que se llame movilización, este es por esencia un acto de participación ciudadana, el más sencillo para el ciudadano porque no requiere atender una serie de procedimientos para hacerlo efectivo. Finaliza haciendo un llamado a los diferentes gobiernos a mantener el diálogo con los ciudadanos para planificar mejor las decisiones.

Una voz por los animales que no pueden parar

Una voz por los animales que no pueden parar

El 28 de abril inició el paro nacional en Colombia, un evento en el que muchos colombianos, cansados de las injusticias sociales, han salido a las calles a manifestar su inconformidad con el gobierno de turno. A pesar de que la mayoría de las protestas ha transcurrido de manera pacífica, también hemos presenciado todo tipo de vejámenes por parte de algunos miembros de la fuerza pública, que han actuado con sevicia; y por parte de los ‘vándalos’, quienes han aprovechado las manifestaciones legitimas para robar, destruir y atentar contra otros, víctimas humanas y no humanas.

En la protesta nacional que exige justicia y respeto por la vida, algunos han olvidado que este clamor también incluye a los animales no humanos. Desde hace varios días hemos presenciado de forma continua sucesos moralmente inadmisibles: animales atrapados en las vías del país sin alimento, agua o espacio para moverse, cientos de pollos abandonados por parte de empresas productoras para morir en las vías del Valle, y la terrorífica masacre en Agriporcicola Holanda, ubicada en la vía hacia Puerto Tejada, Cauca, en la que civiles ingresaron al criadero matando y cercenando a los cerdos que habitan allí para “conseguir” alimento.

De forma generalizada se considera que se puede disponer de estos animales a gusto por su etiqueta de “animales de producción”, pues se encuentran destinados al consumo humano y por ende carecen de consideración real.

Para el uso de estos animales existen unos mínimos de cuidado que deben ser respetados y que se ha denominado ‘bienestar animal’, una idea que busca evitar el sufrimiento “innecesario” y sacrificar “humanamente” a los animales que se usan. Claro está que lo ideal y más humano sería no usar animales y eliminar su sufrimiento en general, pero, mientras llegamos a ese punto, se espera que al menos su muerte sea rápida e indolora, no sean aterrorizados, ni abandonados a morir cuando dejan de ser “útiles”.

Desafortunadamente, en medio del paro nacional se ha visto cómo ni los mínimos de manejo de estos animales se respetaron cuando los intereses humanos se vieron amenazados.

Estar inmersos en una sociedad utilitarista ha hecho que midamos como “buenas” las acciones que beneficien a la mayoría ‘humana’, sin embargo, al hacer la suma de utilidades incluyendo a los animales, es claro que los fines no justifican los medios.

Como excusa ante estos hechos se ha hablado del desabastecimiento de alimento en algunas zonas del país producto de diferentes bloqueos en vías importantes. Sin embargo, lo anterior no justifica el abandono, la tortura ni el asesinato a sangre fría de los “animales de producción”. Estos actos, más que la desesperación ante la situación de desabastecimiento, muestra la poca o nula importancia que tienen los animales no humanos que están atrapados en la industria alimenticia.

El hecho de que estos animales vayan a morir para nuestro beneficio no excusa que sean tratados sin compasión. Muchos ciudadanos han perdido de vista que a pesar de que están etiquetados como “animales de producción, o “de consumo”, siguen siendo animales y, por lo tanto, merecen consideración.

En Colombia necesitamos reformar la cultura de abuso de los animales a una más empática y consciente, en donde se entienda que los animales hacen parte de la comunidad y cuando se levanta la voz por justicia y respeto para todos, también se habla por ellos.

* Sandra Rojas es profesora de la cátedra de Bioética y Animales del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana y es miembro del Observatorio Animalista. Es filósofa con una maestría en Bioética.

El ABC de cómo informarse en momentos de crisis

El ABC de cómo informarse en momentos de crisis

Desde el pasado 28 de abril miles de personas se han manifestado en las calles (y en redes sociales) por diversos temas. Desde el proyecto de reforma tributaria que ya se retiró del Congreso hasta por la forma en que el presidente Iván Duque ha liderado el país. En esta discusión se han propagado noticias falsas, como esta que registra Colombia Check, un portal de verificación de información:

La desinformación originada a través de la creación de contenidos falsos se ha prestado para causar más confusión y se ha convertido en un potente mecanismo de control político en los momentos de crisis. Según el informe ‘Cómo combatir la desinformación’, de la Organización Digital Future Society, una iniciativa transnacional sobre la tecnología y sus impactos en la sociedad, “los que actúan desde la mala intención llevan a cabo campañas de desinformación para manipular el debate público”.

“Lo que vemos en los últimos días es la saturación de información usando la tecnología, una sobrecarga. Sin embargo, no veo mucha reflexión ética ni crítica en la acción de compartir estos videos tan brutales. Estamos guiados por un contenido muy intenso, muy emocional”, comenta Andrés Lombana-Bermúdez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro del Centro Berkman Klein para el Internet y la Sociedad de la Universidad de Harvard.

Lombana se refiere a los videos que se han propagado en redes sociales desde que iniciaron las manifestaciones en Colombia. Muchos de ellos incluyen contenido violento como abuso policial, daños a la infraestructura pública y agresión a policías y son compartidos muchas veces de forma descontextualizada.

Las burbujas informativas

Además de la desinformación y las noticias falsas, expertos reconocen que los algoritmos (el conjunto de reglas de programación que determinan cómo se muestran los contenidos en redes sociales) crean ‘burbujas informativas’.

“Los algoritmos han detectado cuál es la información que me gusta y en ese sentido me va a llegar toda la información que tiene que ver con mis propios gustos, tendencias, valores y miedos”, explica Juan Carlos Quintero, profesor de la Javeriana y doctor en Ética y Democracia.

“Si yo tuviese, como ciudadano de a pie, la claridad de que si consumo información en redes sociales, lo que voy a recibir está directamente relacionado con mis gustos y valores, quizás podría intentar romper esa burbuja buscando más información”, añade Quintero.

Para Lombana, “estas plataformas y redes tienen unos diseños sociotécnicos particulares (interacción entre la tecnología y las personas) que llevan a priorizar conversaciones entre las personas que te gustan, que tienen tus mismos valores o son de tu mismo partido político. Existe una limitación, quizás, para sostener el diálogo democrático y plural en esas plataformas”.

Una forma de mantenerse informado y darle un contrapeso a los contenidos que se reciben en redes sociales es seguir páginas y personajes públicos con los que no se comparten los mismos ideales.

¿Cómo informarse en momentos de saturación de información?

En noviembre del año pasado, The New York Times publicó ‘Cómo combatir la crisis de la desinformación’. El artículo explica que para evitar la propagación de noticias falsas, además de verificar lo que se lee e instalar aplicaciones como InVid para constatar si las imágenes de los videos son verídicas o no, las personas pueden realizar un simple ejercicio: hacer una pausa y mantener una pizca de escepticismo.

Además de este manual, también se puede consultar la guía de la organización First Draft acerca de cómo navegar en medio de la infodemia, el manual de la UNESCO sobre noticias falsas y la estrategia para combatir la desinformación de la Universidad de Palermo.

“Lo mejor, en este momento, por el escalamiento de la violencia, sería no amplificar información con contenido delicado inmediatamente. Guarden esos contenidos para utilizarlos en procesos de investigación y una vez verificada la evidencia, publíquenlos explicando el contexto de los acontecimientos. Esto no es censurar contenido, es entender que hay maneras de circular información que puede ayudar a frenar la violencia en las calles y en el discurso público”, dice Lombana.

Además del escepticismo, siempre es necesario contrastar y consultar plataformas que se encargan de comprobar, a través de hechos y datos, las noticias, las declaraciones de personajes públicos y los acontecimientos noticiosos, como lo hace la organización Colombia Check o el Detector de mentiras de La Silla Vacía. Además, la Fundación Gabo publicó un listado de 100 páginas para verificar contenido.

El Ctrl + F y la lectura lateral

Sam Wineburg, profesor de Historia en la Universidad de Stanford, ha reflexionado sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura. En su último libro llamado Why Learn History (When It’s Already on Your Phone, Wineburg hace una reflexión crítica de cómo los jóvenes no tienen la capacidad de juzgar adecuadamente la información que consumen en internet.

Un ejercicio que propone Wineburg, y que desarrollan la mayoría de plataformas de chequeo, es la lectura lateral y la triangulación de información. Consiste en leer un artículo en internet mientras, al mismo tiempo, se contrasta la información. En otras palabras, es abrir más de una pestaña en el navegador y empezar a hacer preguntas como: ¿Cuál es la evidencia?, ¿qué dicen otras fuentes?

Este proceso funciona con todo tipo de información: trinos, imágenes en Instagram, cadenas de WhatsApp, publicaciones en Facebook y noticias en medios de comunicación. Basta con abrir otra pestaña en el navegador y hacer consultas.

Para guiar de mejor manera la búsqueda de la información, otra recomendación es ubicar en el documento que se está leyendo la palabra clave o lo que realmente se quiere saber. “Según un estudio de Google Research, el 90 % de los usuarios no utilizan Control + F para localizar una palabra en los documentos. Eso es como si fuéramos en la autopista de la información sin saber qué significa la luz roja”. Explica en su libro el profesor de la Universidad de Stanford.

El comando Ctrl + F es una herramienta que puede ayudar a buscar información de manera más rápida en un documento, noticia o artículos.

El silencio estratégico

La cantidad de información que se produce por minuto y su difusión instantánea genera una dinámica de reacciones iguales en las personas. “Tengo que actuar rápido, y eso no me permite reflexionar qué estoy compartiendo”, advierte Juan Carlos Quintero.

Además de la inmediatez, el profesor Quintero, quien además es filósofo, explica que la información en redes sociales tiene otro componente que la hace aún más compleja: la gestión de las emociones.

“Cuando se trata de información relacionada con temas sociopolíticos hay contenidos que se producen de manera malintencionada que buscan actuar sobre la emocionalidad y potenciar elementos como el miedo, el asco y la exclusión frente a quienes no piensan como yo”, puntualiza.


Así que una opción de respuesta es el silencio estratégico, dice Lombana. “Cuando no nos estamos escuchando, una posibilidad es hacer silencio estratégico y no crear esa batalla de amplificación para silenciar al otro”.

Esta estrategia no significa desentenderse por completo, sino hacer una pausa y, como recomienda The New York Times, tener un grado de escepticismo frente a lo que se lee, escucha y observa. El silencio estratégico también permite reflexionar acerca de la información que se comparte.

Para el profesor Quintero, algo fundamental en el propósito de reducir la propagación de violencia en las redes sociales es reconocer la responsabilidad que tiene cada persona con una reproducción de un video, el retuit de un trino y la difusión de una cadena de WhatsApp. Además, puntualiza que es importante no hacer parte de monólogos y discursos de odio.

Aunque los algoritmos de las redes sociales, además de la producción malintencionada de noticias, condicionan parte del diálogo y la discusión en las plataformas, cada usuario puede tener un rol protagónico al realizar una lectura más crítica de lo que lee y ve; de esta manera puede aportar con la circulación de información contrastada y en pro del debate y la resolución de diferencias, y no se limita a la reproducción de contenido emocional e intenso que incita a la propagación de violencia.

Colombia: una cadena de necesidades no resueltas que explotó, ¿cómo superarlo?

Colombia: una cadena de necesidades no resueltas que explotó, ¿cómo superarlo?

En medio de una incertidumbre prolongada, las manifestaciones en Colombia continúan. Se reviven arengas ya recitadas en el paro nacional del 21 de noviembre del 2019, en el que el inconformismo de las centrales obreras se extendió a una protesta general en contra de reformas pensionales, acceso a la educación, desigualdad laboral y una petición a favor de la implementación del acuerdo de paz.

Estas demandas no resueltas permanecen latentes en la memoria de los colombianos y hoy se unen al descontento social desatado por la propuesta de una reforma tributaria que, entre otras cosas, contemplaba gravar con IVA algunos productos de la canasta familiar y que para 2023, quienes ganaran desde $1´600.000, tuvieran que declarar renta. Esta reforma se planteó bajo la justificación de sobreponerse a la crisis económica nacional ocasionada por los gastos de la pandemia.

Para Carolina Cepeda, doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Javeriana, las álgidas movilizaciones de estos días no empezaron de manera espontánea o como una chispa que estalló de la noche a la mañana. “Venimos de un proceso acumulado de movimientos sociales y de reivindicaciones que buscan abrirse un espacio; que están buscando canales de diálogo y hacerse escuchar”, le dijo a Pesquisa Javeriana.

foto_1Juancho Torres - Agencia Anadolu

Una bomba que estalló

La crisis por la Covid-19 no creó los problemas sociales del país, sin embargo, sí los aceleró y visibilizó. Así lo hace saber María Lucía Zapata, directora del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, para quien los antecedentes son claros.

“No se aplica el proceso de paz que dejó una expectativa muy alta y recae sobre Colombia un panorama desalentador, de inequidad, falta de empleo, corrupción, violencia contra líderes sociales y demás. Entonces, se abre una movilización social para el 2019 que estaba callada”.

En ese entonces, como respuesta, el presidente Iván Duque llamó a una gran conversación nacional, una plataforma para escuchar a todos los colombianos. Pero, como dice el profesor javeriano de Ciencias Políticas, Carlos José Herrera, el resultado fue inocuo, no se escuchó y una vez se acabó el paro, todo volvió a ser como antes. “Llega la pandemia, se aceleran los problemas sociales por la crisis y se crea una tormenta a la que se le suma la reforma tributaria. Entonces la gente toma nota de todo eso y estalla”.

Y, aunque el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia reconoce las manifestaciones sociales pacíficas como un derecho fundamental, se desató una ola de violencia que para muchos resulta incomprensible.

Según la Defensoría del Pueblo, para el 6 de mayo se habían reportado 26 homicidios durante las protestas, once homicidios ligados a los hechos, siete homicidios en verificación. Otras organizaciones como Temblores ONG indican que las cifras pueden ser más altas y en sus informes incluyen registros como violencia policial, detenciones arbitrarias, intervenciones violentas y violencia sexual ejercida por las fuerzas públicas.

Al respecto, el profesor Herrera explica que en las manifestaciones pueden aparecer algunos hechos de violencia en los que hay personas con intereses políticos, hecho que el experto cataloga como algo negativamente normal. Pero, también señala que “aquí evidentemente hay factores que no deberían estar ocurriendo y eso se tiene que decir con mucha claridad. Medidas represivas que terminan constituyéndose en abusos contra el derecho de la gente se convierten en un círculo vicioso muy peligroso”.

¿Por qué no se ha solucionado la situación actual?

Aunque ha habido violencia, también han surgido multitudinarias formas de manifestación a través del arte y la alegría, lo que demuestra un gran inconformismo, pues “cuando la gente sale en los números en los que ha salido en Colombia, Chile o en Venezuela, eso quiere decir que hay una alta indignación. Evidentemente es porque hay una brecha entre lo que la gente y el gobierno están interpretando como necesario”, señala para Pesquisa Javeriana Gustavo Salazar, magistrado del tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

¿Y qué debe interpretar el Estado?, ¿cuáles son las peticiones? Si bien ya se retiró el proyecto de la reforma tributaria, parecen quedar saldos en rojo. Una de las críticas es que en este momento la protesta ha perdido su rumbo. Así lo manifestó, por ejemplo, el senador Gustavo Petro, quien le dijo a Bluradio que, “en este momento ya no hay unos objetivos claros”.

Por su parte, la postura de los expertos es que no hay personas o líderes que representen a todos los ciudadanos en sus necesidades.

“En la democracia, los partidos políticos son el engranaje entre la sociedad civil y el Estado, son ellos, los que se supone, deben canalizar eso en el Congreso, pero vemos que esta institución no traduce la pluralidad y la diversidad total del país. Además, con la corrupción y ciertos hábitos en el poder ejecutivo que tienen alta incidencia en el Congreso, se ha desvirtuado la democracia representativa”, comenta Salazar.

Si el canal de representación ciudadana, como lo es el Congreso, no vela por las demandas del pueblo, los ciudadanos parecen quedar desprovistos de líderes. Y lo mismo sucede con los líderes del paro, los gremios, los sindicatos y demás, manifiesta Salazar, pues son una voz parcial que representan a partes muy pequeñas de la población y muchas veces con representaciones limitadas, “en esa medida ellos solo pueden dar a conocer una parte de la voz”.

foto_2Juancho Torres - Agencia Anadolu

En ese sentido, “es importante reevaluar nuestra concepción presuntamente negativa acerca de lo malo que puede llegar a ser que no existan líderes claros”, asegura Mateo Ortiz, investigador del Observatorio Javeriano de Juventud. Ortiz añade que no se trata de unificar una agenda, sino de establecer mecanismos democráticos que escuchen las diferentes demandas.

Y en ese sentido complementa Gustavo Salazar: “El gobierno tiene que tener grandeza para leer, interpretar y traducir las necesidades de una población agobiada por la pobreza, por la pandemia, por las dificultades, por la violencia, por la no implementación del acuerdo de paz y por la degradación que se da en términos de la institucionalidad”.

¿Decisiones estatales en contravía?

El presidente Iván Duque Márquez ha actuado, para los expertos, muy en contravía de lo que tenía que haber hecho al ver la difícil situación por la que el país atraviesa.

Los primeros diálogos entablados por la presidencia no fueron con los representantes del paro, ni sus voceros o quienes estuvieron protagonizando las marchas en la calle, sino con la llamada Coalición de la Esperanza, sector político conformado por varios líderes políticos de centro, entre los que se encuentran Humberto de la Calle, Ángela María Robledo, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo (quien dijo que no tenía sentido hacer grandes manifestaciones mientras se atravesaba por un nuevo pico en la pandemia), Jorge Enrique Robledo e integrantes de la Alianza Verde.

Después, el mandatario entabló conversaciones con representantes de la Acción Comunal de todo el país; exministros y exalcaldes, entre otros.

“Es muy fácil hablar con los amigos, pero no con los enemigos y esto es necesario”, puntualiza la doctora en Estudios de Paz y Conflicto, María Lucía Zapata. En esa misma línea el profesor Herrera se refiere a las reuniones que ha hecho el presidente en el marco del paro y comenta que, “lo que está haciendo el gobierno es una lástima, pues cita al grupo que él mismo designa y supuestamente negocia, pero la gente siente que esas personas que van allá no los representan”.

Ambos investigadores, expertos en resolución de conflictos, coinciden en que el primer paso era escuchar a quienes están en las calles y haber llamado al comité del paro desde el primer día, para desde allí poner una agenda clara de discusión y llegar a acuerdos concretos.

“Es lo que nosotros en construcción de paz llamamos un trabajo de abajo hacia arriba. Se trata de escuchar y contar con esas redes, con esas ideas y fortalezas que hay en las comunidades y en los diferentes sectores de la población para tramitar los problemas y posibilitar soluciones desde ahí, pero aquí iniciaron al revés”, explica la javeriana Zapata.

Solo hasta el 10 de mayo, cuando se completaba el día 13 del paro, el gobierno nacional se reunió con el Comité del Paro. Sin embargo, no hubo ningún acuerdo y se convocaron nuevas movilizaciones para el 12 de mayo.

Hay que escuchar a los jóvenes

Dentro de los grandes protagonistas de las manifestaciones están los jóvenes. “La realidad juvenil colombiana ha estado atravesada por múltiples factores sociales y políticos que han puesto sobre la mesa, por un lado, la importancia de las y los jóvenes en el desarrollo del país y, por otro, las constantes demandas por una educación de calidad, gratuita y cambios estructurales en el sistema laboral en el que se pauperiza la vida juvenil, por eso piden ser escuchados, por su presente y su futuro”, señala Martha Lucía Gutiérrez, directora del Observatorio Javeriano de Juventud.

Por estas y otras razones, como lo pueden ser los bajos niveles de confianza que tienen los jóvenes colombianos en las instituciones y sus actores públicos y políticos, los jóvenes están en las calles. Según la encuesta nacional de juventudes colombianas 2021, realizada por la Fundación SM y el Observatorio Javeriano de Juventud, el 74% de los jóvenes creen que los políticos no tienen en cuenta sus ideas.

El cálculo es simple pero profundo: “En Colombia, la juventud no hace parte de los horizontes de acción del Estado, está la población adulta o la población infantil”, dice Gutiérrez y explica que no solo se trata de que no se les cumpla, “a ellos no se les escucha porque se han infantilizado con estigmatizaciones como que aún no tienen la capacidad de sentar posturas significativas o se les pone en el otro extremo como sujetos peligrosos, y en últimas esto lo que hace es negar la existencia de un sujeto social con mucha potencia, con mucha capacidad de reflexión y de acción”.

Para la directora del Observatorio, el hecho de marginar a este sector de la sociedad conlleva a desconocer sus posturas porque no se sabe qué es lo que piensan, lo que sienten y cómo se organizan, pero ellos están listos para dialogar.

“Cuando existe voluntad auténtica y verdadera de diálogo, los jóvenes están dispuestos a llegar a acuerdos. Ellos están pidiendo una deliberación pública de calidad y un reconocimiento de espacios en donde todos pueden acordar la manera de ser, de vivir y estar”, comenta Gutiérrez y hace énfasis en que la sociedad tiene que entender a los jóvenes como actores políticos importantes, pues al desvalorizar su presencia y su poder de transformación, emergen la rabia, la desesperanza y el desconsuelo.

¿Cuál es el camino?

Colombia es un país democrático, no autocrático, lo que implica la deliberación, la inclusión, la escucha y los acuerdos. Pero, a pesar de vivir en un estado democrático, para expertos como María Lucía Zapata, vivimos en una democracia de mentiras o pseudodemocracia, “no hemos comprendido que la colaboración, la integración, y el debate hacen parte de la vida y son un baluarte de la democracia, tanto en microespacios como también en grandes espacios”.

El camino, y en ello coinciden los expertos, es escuchar a la gente que está en las calles e implementar agendas propositivas que impliquen y enmarquen trayectos a largo plazo. “Si no se escucha a quienes están y se pone una agenda clara con ellos, van a pasar cosas muy graves que ya están ocurriendo”, reitera el profesor Herrera.

Para tener en cuenta a futuro y no cometer los mismos errores

“Los incendios no se apagan con gasolina”, Carlos José Herrera

Si la protesta se lee en clave de confrontación, la violencia crece, “se puede calmar engañando, ya lo han hecho antes, pero el cambio está en que el Estado escuche y tome acción, la gente está diciendo cosas buenas y sensatas”, dice Herrera.

La democracia no se puede limitar a solo votar en unas elecciones, hay que ir mucho más allá, es necesario alcanzar una democracia deliberativa. El abogado, máster en Ciencia Política y magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, explica que se trata de hacer uso de la democracia participativa, en donde uno delega, pero, además, está vigilante. “Si yo entrego mi voto, pero soy crítico, es decir, ser escéptico y evito militancias ciegas, voto por alguien, pero además de darle mi respaldo, le auguro mi supervisión. Es la apropiación de la ciudadanía”, dice.

“Teniendo instituciones relativamente sólidas como las que tiene Colombia, estas puedan ser neutrales y realizar la labor para la que la constitución las mandó, que es equilibrar el poder”, resalta María Lucía Zapata, quien además hace énfasis en la memoria, “así como Colombia tuvo 60 años de guerra y de violencia, también hay 60 años de resistencia y de iniciativas de construcción de paz, entonces tenemos que capitalizar eso para no repetir”.

Finalmente, hay que saber que estas luchas, de forma pacífica, valen la pena, pues como asegura el magistrado de la JEP, “la democracia es un proceso continuo de construcción, nunca termina y siempre está en riesgo, pero hay que tratar de no renunciar a ese sueño democrático”.

 

La simbología detrás de ‘vandalizar’ monumentos

La simbología detrás de ‘vandalizar’ monumentos

Los bogotanos amanecieron el 7 de mayo con la noticia del derribamiento de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada (fundador de Bogotá), que estaba ubicada en una plazoleta frente a la Universidad Rosario. “Es un acto de justicia espiritual organizado por las mujeres originarias y mestizas del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO”, argumentó Didier Chirimuscay líder de la comunidad misak.

El pasado 28 de abril, primer día del paro nacional que aún continúa, manifestantes derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Cali. Al igual que meses atrás en Popayán, esta acción fue realizada por un grupo de indígenas de la comunidad misak, nasa y pijao.

El año pasado, luego del asesinato de George Floyd que impulsó el movimiento Black Lives Matter en diferentes partes del mundo, cayeron estatuas como la de Cristóbal Colón o el Rey Leopoldo II en países como Estados Unidos, y la del esclavista Edward Colston en Reino Unido.

Una práctica histórica

Comprender que este fenómeno cultural hace parte de nuestra historia permite ver qué acontecimientos, como la caída de estatuas de dictadores como Sadam Hussein (2003), o del muro de Berlín (1989) y hasta del edificio Reichstag (1933), también implicaron la destrucción de monumentos. En Afganistán (2001), se destruyeron los gigantescos Budas de Bamiyan con más de mil años de antigüedad.

“La vandalización es una realidad polisémica llena de preguntas, enfoques y diferentes perspectivas por todo lo que implica físicamente, legalmente, simbólicamente, socialmente y estéticamente”, enfatiza María Isabel Tello, directora del Instituto Carlos Arbeláez Camacho, ICAC, de la Javeriana.

Este es un fenómeno social que implica la destrucción del patrimonio cultural; bienes comunes que en la mayoría de los casos están ubicados en el espacio público. Para el caso específico de los monumentos, conocidos como Bienes de Interés Cultural (BIC), ‘vandalizar’ tiene varias implicaciones de acuerdo con los diferentes ámbitos de valoración del patrimonio.

Es decir, para aquel “que considera el patrimonio como un objeto terminado que representa la historia institucional y oficial, vandalizar es producto de un acto delincuencial porque transgrede la ley”, analiza Tello, arquitecta restauradora.

Vandalismo en monumentos y estatuas

Desde esta visión, el vandalismo es penalizado por el Código Nacional de Policía con una acción reparatoria y una multa de 16 salarios mínimos.

Otro ámbito de valoración del patrimonio que determina el concepto de ‘vandalizar’, se ve reflejado en el individuo que en nombre de su fe o de su gusto estético, colecciona partes o pedazos de un monumento. Asimismo, la vandalización como acción comunicativa implicaría una valoración desde los antivalores, que el que ‘vandaliza’ quiere deponer. 

“Desde el punto de vista de la gestión pública de la conservación, y derivado de ello del manejo, la sostenibilidad y la ejecución de recursos para el cumplimiento de sus objetivos, el asunto es un claro problema. Una restauración puede llegar a implicar la inversión de cientos o miles de millones de pesos, dependiendo de la magnitud de la obra y del daño que se le haya causado”, complementa la arquitecta Tello.

¿Por qué conservamos ciertos monumentos?

Pero también existe la mirada de quien se pregunta si realmente lo que conservamos representa lo que mejor representa nuestra historia. Este puede ser el caso de la reivindicación de la comunidad misak respecto al imaginario histórico alrededor de Sebastián de Belalcázar.

Desde la mirada de la historia institucional, Belalcázar es el fundador de las ciudades Asunción de Popayán y Santiago de Cali. Desde la mirada de las comunidades indígenas misak, nasa y pijao es un genocida que los despojó de sus tierras.

En este caso, la noción de delito o acto delictivo se nubla en medio de las narrativas y los relatos de la comunidad indígena. La experta en patrimonio plantea como reflexión que “es tan simbólico el objeto monumental conservado, como el acto de su vandalización”

Según Tello, la historia ya no puede ser contada solo por los grandes hechos históricos. “Hasta el siglo XX empezamos a pensar que había una arquitectura contextual no monumental, que también debía ser valorada y conservada, puesto que también se constituye en testimonio de la historia de nuestros grupos humanos”.

Así, cada caso de vandalización de un BIC es distinto y se hace necesario analizar el contexto en el que sucede cada uno: ¿cuáles son los móviles?, ¿qué tradición representa el monumento?, ¿cuál es la coherencia de que esté o no en ese lugar?, ¿cuáles serían las implicaciones de mantenerlo o reubicarlo?, ¿qué comunica el monumento y qué su vandalización?, ¿cómo ponemos en dialogo los dos relatos?, ¿dónde comienza y termina el vandalismo y la manifestanción social?

“Yo sí creo que se deben buscar consensos. Se deben poner en diálogo las dos necesidades; es tan necesario conservar y mantener en buen estado el patrimonio, como necesario darles la posibilidad a los individuos de expresarse, sobre lienzos que se sobreponen”. Para la arquitecta, esos consensos deben llevar a construir una conciencia histórica diferente.

La directora del ICAC concluye que, adicional a la motivación de comunicar que moviliza a los grupos sociales al acto vandálico, el rol que, tanto el monumento como el acto en sí mismo, cumplen al tener como escenario el espacio público, es necesario leerlos desde lo que para la sociedad de hoy implica la noción de lo público.

Nos encontramos en el décimo día de un paro nacional opacado por la violencia. Ante la pregunta de si iban a seguir vandalizando monumentos, Didier Chirimuscay, líder de la comunidad misak, respondió: “No podemos pasar por alto los símbolos de la desmemoria. Esta responsabilidad no es solo del pueblo misak, es de todo el pueblo colombiano a contar la historia que es”.

¿Será posible alcanzar el consenso donde sea posible construir en colectivo esa nueva conciencia histórica que propone la profesora Tello, sin destruir esos monumentos de la desmemoria histórica a los que se refiere el líder misak?

Mano dura, ¿equivocación grande? Los excesos de la policía y por qué ocurren

Mano dura, ¿equivocación grande? Los excesos de la policía y por qué ocurren

La propuesta del gobierno de Iván Duque que buscaba hacer una reforma tributaria en medio de la pandemia generó una respuesta social que hace mucho no se veía en el país. Miles de personas se volcaron a las calles de ciudades y pueblos a manifestarse en contra de la propuesta que pretendía generar una carga impositiva adicional a los colombianos. En algunas capitales se presentaron desmanes que llevaron a enfrentamientos con la fuerza pública.

A partir de allí y durante varios días, la violencia en las confrontaciones ha ido escalando. No fue suficiente que el gobierno retirara del Congreso el proyecto de reforma tributaria, pues las manifestaciones continuaron exponiendo inconformidades sociales por la nueva reforma a la salud, la pobreza y desigualdad que crecieron según el último informe del DANE, entre otros.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta el 4 de mayo se registraban 24 muertos, once por presunta responsabilidad de la Policía Nacional, once con responsable desconocido y dos más que relacionan en su informe como “desconocido” o “no aplica”. La mayoría de los casos fueron registrados en el departamento del Valle del Cauca.

Por su parte, la ONG Temblores registra 1181 casos de violencia policial, 92 víctimas de abuso de fuerza, cuatro víctimas de agresión sexual, 672 detenciones arbitrarias y 12 víctimas de lesiones en los ojos. Todo esto, durante los primeros cinco días de protestas.

Estas agresiones por parte de la fuerza pública han sido rechazadas por la ciudadanía colombiana y también por la comunidad internacional. “Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal”, manifestó Juliette de Rivero, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos en Colombia, quien además denunció que su comisión fue atacada por la Policía mientras investigaban las protestas en Cali.


Además, la Unión Europea condenó la violencia y pidió a las fuerzas de seguridad evitar la mano dura a través de su portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano. Desde el Departamento de Estado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, también rechazaron la violencia contra los manifestantes.

Por otro lado, se han prendido las alarmas por la decisión presidencial de enviar al Ejército Nacional a acompañar a la Policía en la atención de las protestas, pues se intensificarían las tensiones. Pero, ¿cómo se podría explicar este accionar estatal frente a las manifestaciones?

Para Luis Felipe Vega, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana y experto en temas de defensa, “se acaba de demostrar que es una Policía que le falta capacitación, mando, organización y estructuración institucional interna”. Explica también que dentro de la institución no hay una profesionalización del manejo de los conflictos internos, por lo que luego de varios días se pierde el control unificado.

Vega asegura que la institución tiene poca capacidad de aprendizaje de experiencias previas porque “no tenían ni siquiera los planes alternativos de contingencia en casos como el incendio de Cais, situación que ya habían enfrentado el año anterior”.

Además, señala que es evidente la improvisación, como en el caso del aterrizaje de un helicóptero en el colegio Claretiano de Bosa para poder mover y sacar policías y munición, por lo que insiste en que es necesaria una reforma para profesionalizar a la Policía.

Argumenta también que la falta de experiencia y experticia del ministro Diego Molano en temas de defensa desempeñan un papel importante en estos hechos, pues repercute la falta de reconocimiento dentro del mando de la fuerza pública. “El ministro tiene seis generales en Cali y no ha podido resolver la situación de seguridad y convivencia interna”, manifiesta.

Brutalidad policial en Colombia

¿Estrategias del siglo pasado?

Vega cuestiona la decisión presidencial de habilitar al Ejército como acompañante para enfrentar las protestas, pues para él “es apagar el incendio echándole gasolina. Es el escenario que siguen visualizando desde un gobierno muy técnico, pero poco político. Continúan subestimando la capacidad que tienen los grupos organizados de campesinos indígenas, afrodescendientes, mujeres y estudiantes para movilizar personas”.

Para el profesor, se siguen inculcando en la formación de la fuerza pública los modelos de la guerra fría. “Tienen una estructura en la cual esas movilizaciones son, para ellos, el enemigo interno, y están buscando quién está detrás, quiénes son los determinadores de que la gente salga a marchar, desconociendo las capacidades organizativas de los movimientos sociales”.

Expone que dichos modelos funcionaron en políticas como el estatuto de seguridad del expresidente Julio César Turbay (1978-1982) porque se hacía oculto. Hoy en día, con las redes sociales es mucho más fácil visibilizar estas situaciones, por lo cual, mucha más gente está pendiente y haciendo seguimiento al actuar de la fuerza pública.

En esto coincide también Christian Fajardo, profesor del Departamento de Ciencia Política de la PUJ y coordinador del semillero Teorías Políticas Críticas, quien hace su análisis desde lo discursivo. Para él, la ideología dominante se está desmoronando y esto es visible en la ruptura de dos discursos: uno que naturalizaba la desigualdad; y el otro que cohesiona a la sociedad en torno a un enemigo interno.

Así entonces, las personas que sufren la aprensión social ya no se resignan a vivir así y buscan mejorar su calidad de vida. Y por otra parte la doctrina del enemigo, ya no funciona igual que hace unos años. “Esos discursos han perdido eficacia y lo demuestran los hechos. Hace unos 15 años decir que hay infiltrados en las manifestaciones y grupos armados de izquierda luchando contra el status quo tenían cierta eficacia, pero hoy no tienen efecto en la opinión pública”, dice.

Brutalidad policial en Colombia

 

Este hecho le resulta definitivo para entender la coyuntura actual, pues cuando se caen los discursos dominantes, como los dos ya mencionados, al Estado no le queda otra cosa sino reprimir con el uso de la fuerza.

“Es una decisión totalmente equivocada porque entre más se reprima una protesta social que tiene argumentos sólidos, se acrecentará la indignación popular y esto a su vez provocará una reacción cada vez más violenta de las fuerzas del orden”, opina.

Otro punto que le resulta problemático es que la Policía esté adscrita al Ministerio de Defensa, igual que el Ejército. “Debería ser un organismo cívico que en gran medida esté desarmada o con armas de letalidad reducida: y como en otros países democráticos, debería estar inscrito en otros ministerios, por ejemplo el del Interior”. También explica que, ante un exceso de un policía, por su fuero militar, es juzgado como si fuera un militar en guerra.

¿Y ahora?

Luego de todo lo sucedido, surgen interrogantes sobre hacia dónde debería dirigir el gobierno el manejo de las protestas. Ambos docentes coinciden en que la mejor salida será un diálogo social que permita encontrar propuestas que representen a la mayor cantidad de personas posible.

“Creo que la única solución es que el gobierno desista de su afán de decir que es quien tiene la autoridad y caer en la cuenta de que la soberanía, en últimas, recae sobre los ciudadanos reales”, afirma Christian Fajardo.

Sin embargo, para Vega, dicho diálogo cambiará en sus condiciones. “Un escenario de concertación nacional que ya no va a ser con los líderes de los partidos. Los líderes sociales van a replantear la agenda política del gobierno porque ya saben que pueden gobernar desde las calles”, asegura.

Para ambos expertos, la opción de declarar un estado de conmoción interior-una iniciativa que ha surgido desde las filas del uribismo- es el peor de los escenarios, pues cerraría cualquier opción de conversar con los diferentes sectores sociales y aceleraría los procesos de violencia urbana. Por lo que finalizan haciendo un llamado al gobierno para que permita un diálogo intersectorial para buscar alternativas negociadas.

Protestas no violentas: ni pasividad ni tibieza

Protestas no violentas: ni pasividad ni tibieza

Que las grandes revoluciones se conquistaron con mecanismos de protesta violenta, es cierto. No se podría hablar de Revolución francesa sin la toma de la Bastilla ni de Independencia en Colombia sin la campaña libertadora que implicó cientos de confrontaciones.

“Uno siempre se imagina que los grandes cambios se derivan de revoluciones y, ¡Por supuesto!, por eso son revoluciones, pero si uno mira la historia como un proceso de larga duración, ni la abolición de la esclavitud ni el voto femenino se consiguieron con una revolución, y muchas de esas protestas no fueron violentas”, explica Carolina Cepeda, quien ha trabajado en temas de movimientos sociales, es politóloga de la Universidad Nacional con maestría y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, y es profesora de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

“Pero que sean no violentas no significa que funcionen como les gustaría a muchas personas en Colombia: que se realicen el sábado a las 6 p.m. en un andén. Una protesta no violenta es lo que vimos en el 2016 a favor del acuerdo de paz, no hubo confrontación con la policía, no se rompieron vidrios y fue masiva. Mucha gente, que seguramente se habría ido a la primera piedra lanzada, a la primera papa bomba que sonara, se manifestó, ¿y qué se logró? No se revirtió el resultado del plebiscito, pero se pudo acompañar el proceso de paz, el poscauerdo y demás”, añade.

La idea de la “no violencia” es un concepto al que la politóloga estadounidense Erica Chenoweth le ha dedicado gran parte de sus investigaciones más recientes. Chenoweth la define como “una forma de conflicto activo donde los civiles desarmados utilizan una variedad de tácticas no violentas – como huelgas y protestas – para lograr un cambio político sin usar la violencia o amenazar con usar la violencia física contra un oponente”. Así lo explica en una conferencia en la que habló de su libro Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict, publicado junto a la también politóloga María Stephan.

A largo plazo es más efectiva la protesta sin violencia

En su libro, Chenoweth y Stephan analizaron más de 300 campañas violentas y no violentas entre 1900 y 2006, y encontraron que el 26 % de las protestas con violencia fueron exitosas, mientras que las no violentas alcanzaron el 53 %. Las manifestaciones analizadas tenían como objetivos cambiar un régimen, pronunciarse en contra de la ocupación internacional y la secesión (separatismo). Además, las politólogas solo tuvieron en cuenta aquellos eventos que convocaran a por lo menos mil personas.

En la conferencia mencionada, Chenoweth explica que puede suceder que las manifestaciones analizadas en algún momento tuvieran un componente violento, sin embargo, “puedes ver una serie de huelgas que duran seis meses con miles de personas participando y luego hay un grupo que hace explotar las cosas. Si la violencia no se convierte en el modo principal del enjuiciamiento de conflictos, sigo contando eso como una campaña no violenta”, explica la politóloga estadounidense.

Cuando hay una inconformidad que convoca a la gente en las calles, permanece latente la posibilidad de un enfrentamiento, ya sea porque un grupo de los manifestantes recurrió a la violencia o como respuesta al control policial.

“Que la policía llegue y tire gases no vuelve la manifestación violenta por sí misma, que haya cinco o seis personas o un grupo que quiere romper todo, no vuelve la manifestación violenta por naturaleza; y el hecho de que la manifestación sea pacífica no quiere decir que sea estéril, que no afecte a nadie, porque la esencia de la manifestación es que genere caos, que incomode”, explica Carolina Cepeda.

No violencia

¿Qué es ser violento?

Para la profesora javeriana puede que el término de lo que significa ser violento no tenga mucho consenso. “Para muchas personas salir a cortar una calle puede ser un acto violento, para otras lo es pintar un grafiti y romper los vidrios de un banco, pero para otros puede no serlo”, incluso, Cepeda menciona que puede que haya más puntos en común sobre lo que no es violento, como hacer un plantón, “pero igual alguien puede interpretarlo como violento en la medida en que debe pasar para llegar a su trabajo y siente que está siendo violentado por los manifestantes”.

Cuando una manifestación violenta triunfa (entendiendo la violencia como la base de la protesta y logrando el objetivo propuesto) “a largo plazo no es tan exitoso”, explican en su libro las politólogas Chenoweth y Stephan.

“Los peores resultados a largo plazo tienden a provenir de revoluciones violentas exitosas, pues brindan las peores perspectivas en promedio para la democracia. Esto se ha explicado al observar que la violencia exitosa lleva al poder a personas que saben cómo usar la violencia pero que no son tan buenas para resolver problemas sin violencia”.

Las expertas concluyeron que “la violencia, esencialmente, no tiene impacto en la democratización. La no violencia construye la democracia, mientras que la violencia perpetúa la tiranía, en promedio, a largo plazo”.

La masividad: la clave del éxito de una protesta no violenta

“Chenoweth habla de la cifra mágica del 3.5 %”, explica Carolina Cepeda. Este número hace referencia a que cuando al menos ese porcentaje de la población se une a la manifestación, tiene más posibilidades de ser exitosa. “Cuando más gente se siente llamada a salir-y creo que eso se sintió en el 2019 en Colombia y se siente ahorita-, va creciendo el número de manifestantes y la protesta se calma”.

La razón para que esto suceda, según Cepeda, es que “cuando se logra movilizar hasta el 3.5 % de la población, la policía ya no sabe si ahí está su vecino, su amigo, si hay gente muy cercana y tiene miedo de usar la fuerza desmedida; eso los desincentiva en el uso de la fuerza y en la medida en que el Estado deje de ejercerla, eso hace que más gente se sume, lo que produce cambios en la percepción de la que ya no se dan de forma abrupta en confrontación con el Estado, sino que hay una aplicación del consenso a nivel social. Entre más gente sale, más gente comparte la demanda y la respuesta del Estado tiene que ser de largo plazo para satisfacer a la mayor cantidad de manifestantes posibles”.

Protestas sin violencia

¿Qué acciones son no violentas?

Carolina Cepeda pone sobre la mesa las movilizaciones en favor del aborto legal y seguro en Argentina y que llegó a encontrar eco en diferentes países de Latinoamérica. “Comenzaron a crecer desde hace tres o cuatro años, convocaron más gente y se ejerció una presión grande en el Congreso para que se votara en favor de la protesta”.

Otro gran ejemplo fue lo que se conoció como la Revolución de las rosas, en Georgia, cuando en 2003 y después de más de 20 días de protestas, un grupo de manifestantes que buscaban derrocar al presidente Eduard Shevardnadze, quien estaba envuelto en escándalos de corrupción, irrumpió en el parlamento llevando rosas en sus manos. Esto conllevó a su renuncia y a convocar nuevas elecciones.

Aunque en el caso de Georgia fue clave que las fuerzas de seguridad no respondieron con violencia, lo que facilitó una protesta democrática no violenta, consiguieron un gran cambio en su estructura política, pues con las elecciones presidenciales y de parlamento, el país comenzó a vivir un renacer de la mano de una relación más abierta con Occidente.

Protestas en Colombia

¿Funciona protestar con memes, hashtags y likes en redes sociales?

“Siempre fui escéptica, me alineé con la corriente de Charles Tilly, quien decía que era un repertorio más, pues los movimientos sociales siempre han usado lo que tienen a la mano, la imprenta, la radio y en este caso el internet, pero sí he visto un cambio importante y todos hablan de la seguridad que trajeron las redes para grabar y transmitir lo que pasa. Esto no ocurría en los 70 y no había tanta conciencia de la brutalidad policial, por ejemplo”, explica Cepeda.

Para la politóloga, lo que está ocurriendo con hashtags como #SOSCOLOMBIA y la tendencia de poner la foto de la bandera de Colombia al revés en el perfil personal de diferentes redes sociales, puede que se vea como algo intrascendente, pero no lo es del todo, incluso, puede ser una forma de protesta no violenta.

“Que un ciudadano común y corriente que entre a Instagram y empiece a ver que todos escriben #SOSColombia, lo motiva a hacerse preguntas, dice: ¿por qué está pasando esto? Y en la misma medida, busca respuestas. Supongamos que no veo noticias, pero si entro a redes sociales y me entero de esto, de alguna manera cambia la percepción acerca de ciertos temas, que busquen información es valioso”.

Por otro lado, Cepeda apunta que “la movilización social no solamente está orientada a objetivos de corto plazo, sino que busca cosas a largo aliento y es lo que estamos viviendo, y ese tipo de acciones que uno desdeña porque parece que lo que realmente vale es ir y estar en la primera línea contra el ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios), puede aportar bastante. Que pasen esas cosas vía internet poco a poco va cambiando mentalidades y ahora vemos el resultado de todo eso, de difundir las cosas, de ejercer resistencia en niveles más sutiles”.

La no violencia no es indiferencia

En los días más recientes de las manifestaciones en Colombia fue común ver tanto la brutalidad del control policial con marchantes pacíficos, como los ataques en grupo hacia los policías, incluso, circuló un video en el que se ve cómo algunas personas queman un CAI en el que se encuentran policías adentro.

Por esas (y muchas más) razones, es común que algunos ciudadanos no se sientan representados en quienes ejercen la violencia para protestar. Entonces surgen iniciativas como bailes, conciertos, performances artísticos y hasta besatones, a las que muchos considerarían como formas poco efectivas de comunicar una inconformidad, pero como lo señalaron en sus investigaciones las politólogas Chenoweth y Stephan, las manifestaciones no violentas pueden lograr su objetivo.

“La no violencia no es sinónimo de pasividad. Tampoco es ser tibio”, opina Carolina Cepeda. “Si hay algo que es difícil en la vida es jugársela por esas opciones pacifistas. Esto no es ser indiferente, es tener unas ideas muy claras con respecto a los límites y fines que se pueden tener como ciudadano. Es leer al contrario como un antagonista y no en clave de enemigo, por eso el uso de la violencia no es una opción”.

La politóloga argumenta que “para muchos grupos y manifestantes, el ´otro´ es un interlocutor que sigue siendo válido y con el que se quiere un diálogo. El uso de la no violencia no es sinónimo de tibieza o indiferencia y requiere de mucha fortaleza. Puede llevarse por un camino que alcanzaría el éxito, es quizás más largo y arduo, sí, pero más exitoso que la confrontación inmediata”, concluye.