“No se priorizó la economía durante la pandemia”, dijo Sergio Iván Prada Ríos, subdirector de Investigación e Innovación de la Fundación Valle del Lili, “pues fue el peor año de crecimiento económico desde que hay registro; pero tampoco se priorizó la salud, porque con 74.477, al 3 de mayo, ocupábamos el lugar once en el mundo”.
“El dilema entre salud y economía sí existe”, y medidas como las cuarentenas funcionan para “aplanar la curva de contagios, pero esto genera otros problemas, como pobreza y desempleo, sin contar con la angustia del encierro”, se apresuró a decir Jairo Humberto Restrepo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y presidente de la Asociación Colombiana de la Economía de la Salud (ACOES).
“Al inicio de la pandemia ya se empezaron a notar desigualdades e inequidades en la forma como la pandemia estaba afectando las poblaciones”, aseguró Javier Hernando Eslava Schmalbach, MD, anestesiólogo, vicedecano de Investigación y Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. “Hay inequidades de letalidad por covid-19 en Colombia. Los indígenas, los afiliados al régimen subsidiado y los de nivel 1, estrato socioeconómico muy bajo, tuvieron más mortalidad”.
Estas fueron algunas de las intervenciones que dieron inicio a la primera charla del segundo día del foro La vacunación, un asunto de todos, organizado por la Pontificia Universidad Javeriana y que comenzó con la presentación de Luis Miguel Renjifo, vicerrector de investigación de la PUJ, quien puso sobre la mesa la discusión de equidad en el proceso de vacunación en el país y abrió el debate sobre el rol de las empresas privadas en la posibilidad de gestionar vacunas para la Covid-19.
Desempleo, pobreza, salud y desigualdad
Una crisis económica conlleva mayor carga de enfermedad. Así lo expresó Sergio Iván Prada Ríos. “El desempleo y la pobreza son los mayores determinantes sociales de la salud. En este escenario, las IPS tienen mayor presión sobre el personal asistencial, mayores problemas con los enfermos crónicos descompensados, mayores problemas financieros y las EPS tienen cuentas Covid-19 que no se han pagado, acentuando su deterioro patrimonial, lo que retrasa el pago a las IPS”.
Este contexto, sumado a otros índices que revelan las profundas desigualdades en Colombia, como el de pobreza monetaria que, según el DANE, en 2020 llegó al 42,5 % de la población, revelan un acceso inequitativo tanto a servicios de salud como al proceso de vacunación nacional.
Aunque el Plan Nacional de Vacunación contempló en sus cuatro fases de implementación principios de beneficencia, solidaridad, equidad y justicia y primacía del interés general, entre otros, para Jorge Humberto Restrepo el camino de la priorización podría ir en otra dirección, en la que se atienda preferencialmente a aquellos que son más vulnerables por múltiples factores y no solo por la edad o la exposición al virus, como el personal médico de primera línea.
Restrepo sustentó su postura, en parte, apoyándose en la publicación Framework for equitable allocation of Covid-19 vaccine, en donde se señala que “en los Estados Unidos, y en todo el mundo, la pandemia está teniendo un impacto desproporcionado en las personas que ya se encuentran en desventaja en virtud de su raza y etnia, edad, estado de salud, residencia, ocupación, condición socioeconómica u otros factores contribuyentes”.
Este mismo estudio sugiere que para la fase uno se priorice desde los trabajadores en alto riego de infección hasta pacientes con edades y comorbilidades con más riesgo, además de adultos mayores que convivan con otros, como en el caso de los ancianatos. En la segunda fase estarían los profesores y trabajadores de industrias esenciales, personas con comorbilidades de riesgo medio, habitantes de la calle, prisioneros y adultos mayores no incluidos en la fase uno.
En la fase tres se ubicarían los adultos jóvenes, los niños y trabajadores que no estuvieran incluidos en las otras fases, y la fase cuatro incluiría al resto de la población.
“Estas fases son distintas a las que se plantearon en Colombia. En el estudio se asume que la equidad es una construcción interdisciplinaria reconociendo que en cada grupo poblacional, el acceso a la vacuna debe ser priorizado por áreas geográficas que se identifiquen mediante un índice de vulnerabilidad social. He sido de la idea de que no hay porqué salir a vacunar a las personas en criterio de edad donde estén si seguimos la propuesta del índice de vulnerabilidad”, explicó Restrepo.
¿Los privados ayudarían a reducir las desigualdades en el proceso de vacunación?
Para Sergio Iván Prada, la participación de las empresas privadas puede ser fundamental siempre y cuando complemente el plan del gobierno y no sea un rival, es decir, que no compitan por las vacunas en el mercado en donde prevalece la escasez.
A esa preocupación se sumó Javier Hernando Eslava, quien puso en consideración las desigualdades que en general padece Colombia en temas de salud y aseguró que la mayoría de los casos positivos de Covid-19 se concentran en ciertas poblaciones de alto riesgo y no tanto en sectores con mejor acceso a servicios de salud y mayores ingresos económicos. En otras palabras, quienes pueden pagar fácilmente por una vacuna, son quienes menos vulnerables se encuentran.
Así que Eslava propuso que las estrategias de un trabajo con privados no deberían rivalizar con las desarrolladas en salud pública, pues de hacerlo van a “aumentar las inequidades existentes, porque (las vacunas) estarán disponibles entre quienes tienen más capacidad de pago, que es donde menos casos hay”.
¿Qué tan real es en la práctica que las empresas privadas empiecen a vacunar?
Los tres expertos compartieron las dificultades de llevar a cabo este proceso. Primero porque las vacunas son escasas, los gobiernos compiten por su obtención y, además, varias farmacéuticas como AstraZeneca, Sinovac y Pfizer se niegan a venderle a los privados.
Además, para Sergio Iván Prada, la resolución que existe actualmente “es restrictiva. En este contexto no es operativamente fácil; la gente tiene en su cabeza que son dos manos (las del gobierno y de los privados) que entran al supermercado a ver quién agarra más vacunas. Los privados no tienen ultracongeladores ni la logística. Solo podrían hacerlo las empresas muy grandes”.
“Si tienes un gobierno que compra cinco o diez millones de vacunas, y los empresarios necesitarán 1.000 o 2.000, para las compañías farmacéuticas sería como vender migajitas, no es práctico. Deberían hacer cuentas, de pronto sale más barato ir a vacunarse a Estados Unidos que negociar las vacunas”, añade Prada.
Para Jairo Humberto Restrepo, de llegar a darse el rol de los privados en este proceso de vacunación, tendría que suceder bajo la condición de que las vacunas no sean para comercializar sino para aplicarle a sus empleados y poder reactivar la economía, así no competirían con el plan del gobierno.
El lento proceso de vacunación en Colombia, donde aún no se supera el 6 % de la población inmunizada, hace que se contemplen iniciativas en la búsqueda de una mayor velocidad. “Al gobierno no le ha quedado fácil el alcance y distribución de vacunas; tenemos que enfrentar el tema de la salud pública como un asunto de todos y si los privados pueden negociar mejor, podría darse una estrategia complementaria desde que no entre en la estrategia de mercado formal”, añadió Javier Eslava.
Los tres expertos concluyeron que hay que sumar esfuerzos desde la academia (en temas de asesoría que eventualmente inviten a replantear la cobertura de las distintas fases del plan de vacunación en vista del hallazgo de nueva información, como la que se ha recogido en temas de desigualdad y vulnerabilidad); desde el gobierno en acceso a información que permita monitorear mejor el proceso; y desde los privados para avanzar en el proceso de inmunización.
