El dato es impactante: en los últimos seis años, 6.263 colegios de Colombia han cerrado sus puertas, de las cuales el 60.9% eran públicas y el 29,1%, privadas. Así lo presenta el Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana en su Informe Estadístico 106, tras recoger cifras oficiales del Ministerio de Educación Nacional.
Estas clausuras representan cerca del 12% del total de sedes educativas del país. El pico más alto de cierres ocurrió en 2021, con 1.789 colegios, posiblemente como efecto coyuntural de la pandemia, aunque desde 2019 ya se empezaba a reportar una baja sensible en el número de colegios disponibles. La tendencia, no obstante, viene en descenso desde el 2022.

En 2010 se registraron 11,1 millones de menores matriculados, sumando el sector público y el privado; en 2020 fueron 10 millones y en 2023, 9.8, conforme a los datos del ministerio.
Para el laboratorio es un tema de creciente preocupación ya que es la manifestación visible de un conjunto de situaciones sociodemográficas y económicas que se están produciendo en el país. Estas han obligado a prender las alarmas por los efectos negativos y de largo plazo que producen.
“Tenemos que entender que el hecho de que un joven salga del sistema educativo en tempranas edades es una tragedia que tiene implicaciones en su proyecto de vida. Al no estar estudiando, se cierran oportunidades de crecimiento personal y de futuros laborales dignos que al final repercuten en la sociedad”, explica Fabiola Cabra, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana.
¿Cuál es la razón del cierre?
Dice el informe que son múltiples las causas. Una de las principales es un descenso en la natalidad, que ya tenía antecedentes en todo el planeta, pero que se exacerbó por el Covid-19 y así se ha mantenido.
En el caso colombiano, mientras que en 2012 se registraron un total de 676 mil nacimientos, en 2019 se redujo a 620 mil y en 2023 se registró la cifra más baja de los últimos 12 años: 510.748 nacidos vivos. Esto representó una caída del 11% frente al 2022 y del 24,5% si se compara con 2012, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Otro factor importante que resalta el informe del LEE es que las personas están viviendo más. En 1980, la esperanza de vida en Colombia era de 66,9 años, mientras que para 2022 se ubicó en 73,7 años. Esta cifra es superior al promedio mundial, que actualmente es de 72 años. Con excepción del 2020 y a causas de la pandemia, la esperanza de vida ha venido en aumento en todo el mundo de acuerdo con cifras del Banco Mundial.
Que año a año caigan los números de nacimientos y que las personas sean más longevas implica un cambio en la composición demográfica. Mientras que el porcentaje de la población infantil, adolescente y juvenil se ha venido reduciendo (y lo seguiría haciendo, según las proyecciones poblacionales del DANE), los adultos y, en especial, los mayores viven más, y eso ha demarcado el envejecimiento poblacional.
A esta transición demográfica se le suma la migración de familias de zonas rurales a urbanas y la salida de colombianos al exterior, que, junto a nuevas modalidades virtuales y flexibles de educación, hacen que la demanda de cupos sea cada vez más baja.
Para la profesora Cabra hay que tener en cuenta también las dinámicas sociales que se viven en las regiones. “En algunos casos son problemas estructurales: conflicto armado, suspensión parcial o definitiva de actividades escolares por problemas de orden público, desplazamiento forzado, pérdida de empleo de los padres o de coyunturas específicas como desastres ambientales son factores que están causando la deserción de los estudiantes y el cierre de las escuelas es una medida que tiene fuertes efectos excluyentes”, sostiene ella.
Además, los problemas financieros constituyen otra causa común para clausurar estos establecimientos. La incapacidad de cubrir los costos operativos, que incluye el pago de salarios a los docentes, el mantenimiento de las instalaciones y la adquisición de recursos educativos se ha vuelto un desafío significativo tanto para los institutos oficiales como para los no oficiales, dice la investigación.
En cuanto al sector público, el cierre de colegios suele estar vinculado a decisiones gubernamentales relacionadas con la racionalización de recursos. El Estado puede optar por liquidar una institución educativa pública si no cuenta con un número suficiente de estudiantes, buscando así reubicar a los alumnos en otros centros de enseñanza cercanos.
Colegios rurales: educación en peligro
Si bien la situación es compleja en las zonas urbanas, donde las entidades territoriales suelen tener presupuestos más altos, mayor control y acceso a diferentes herramientas, en las áreas rurales todo se vuelve mucho más complejo.
Cabra ha acompañado e investigado los impactos diferenciados que reciben las instituciones educativas de la ruralidad. “Quizás la escuela rural es una de las principales víctimas de las distintas violencias y desigualdades heredadas que tenemos en el país”, asegura.
Allí, padres, niños y maestros no solo deben enfrentarse a contextos de conflicto armado —incluido el miedo por el reclutamiento forzado de menores— y a un mayor riesgo por debacles ambientales, sino también al desinterés de las autoridades locales, la falta de recursos para mantener un cuerpo docente, infraestructura y material pedagógico que permitan impartir educación de calidad a los estudiantes rurales; y a esto se suma la corrupción, la baja cobertura y la inequidad de género, expone la investigadora.
Casi el 80% de las sedes educativas no tienen internet, el 59,7% carece de aulas de informática y el 18,1% no cuenta con servicio de energía, según ha constatado el LEE en informes previos.

El estudio también subraya que el déficit de profesores en zonas remotas o afectadas por el conflicto es una problemática mantenida en el tiempo. “La dificultad para atraer y retener talento en estas regiones impacta directamente en la operación escolar. Además, la frecuente ausencia de estudiantes debido a la inseguridad agrava esta situación, lo que culmina en el cierre de instituciones que no pueden funcionar de manera adecuada”.
Para la experta, el sistema educativo actual es obsoleto y excluyente, sobre todo cuando se trata de educación rural. A su juicio, es un modelo pensado desde y para lo urbano, principalmente, amparado en la evaluación de los estudiantes con pruebas estandarizadas, y que desconoce las particularidades que se viven en distintas regiones rurales del país.
“La mayoría de la gente no tiene idea de las dinámicas de la educación rural ni de los aportes de las diversas ruralidades a la construcción del país. Las políticas nacionales y departamentales son bastante homogeneizadoras y no están centradas en cerrar esas brechas, sino en reducir el gasto público”, sostiene Cabra.
Ella cuestiona, además, la poca capacidad del sistema educativo para pensar en prospectiva la formación docente que atienda de manera pertinente y contextualizada la diversidad territorial. Esto conlleva a que la educación ofertada no corresponda a las necesidades y prácticas socioeconómicas y culturales de las comunidades y, por lo tanto, se pierda el interés por recibirla.
“Hay intentos incipientes de pensar un poco más la formación docente en clave de diversidad territorial. Apenas hay algunos programas que acogen la educación indígena propia, la educación campesina y rural, la educación intercultural y bilingüe, la migración, y el enfoque diferencial y de equidad de género”, enfatiza la investigadora.
En el mismo sentido sostiene que la escuela también ha perdido un rol que promueva vocaciones en los estudiantes. El tipo y el número de materias que se incluyen en cada grado escolar lleva a que se vuelva una carga de información inconexa y los estudiantes pierdan el interés.
Por ello, propone un currículum mucho más abierto, que atienda a las necesidades poblacionales locales y que ofrezca un ciclo de educación media diversificada que sea atractivo para los jóvenes de sectores rurales: “Hay muchos estudiantes interesados en las tecnologías, en comunicación social y medios digitales. Muchos quieren ser líderes ambientales, científicos, quieren experiencias en turismo ecológico. Están pidiendo carreras técnicas y tecnológicas en temas relacionados con el campo, pero también con artes y oficios”.
A su juicio, todo el modelo educativo debe estar en constante evaluación para que se oferten programas con pertinencia, inclusión, equidad y diversidad, y que promuevan el arraigo al territorio. No hay que olvidar que la escuela puede ofrecer oportunidades nuevas, como socializar con los que son diferentes y sobre todo el contacto con las disciplinas escolares como la ciencia, el arte, la filosofía, el lenguaje, las matemáticas, la literatura y la educación física, las cuales tienen el potencial de generar vocaciones y comprensiones significativas del mundo en los proyectos de vida de los jóvenes.
Esto, por supuesto, requiere de mucha más atención, crítica y presupuesto. De ahí su llamado a autoridades del orden nacional, departamental y local para priorizar y profundizar las políticas públicas pertinentes para cada territorio.
Para leer más:
Título de la investigación: Tránsitos hacia la paz territorial desde la escuela: desafíos y experiencias de directivos docentes rurales
Investigador principal: Luz Marina Lara Salcedo
Co-investigador: Oscar Cuesta Moreno; Fabiola Cabra Torres, Yolanda Castro Robles, Clara González Rodríguez
Facultad de Educación -División. Departamento de Formación
Para leer más: Lara Salcedo, L. M., Cuesta Moreno, O. J., Cabra Torres, F., González Rodríguez, C. I., & Castro Robles, Y. (2024). Gestión del directivo docente rural tras la firma del Acuerdo de Paz en Colombia. Perfiles Educativos, 46(183), 8–20. https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2024.183.61174
Educar en territorios rurales. Escuela, conflicto y formación – Pontificia Universidad Javeriana
1 comentario
Con profundo respeto y admiración por el trabajo de la investigadora Fabiola Cabra, cito: “Al no estar estudiando, se cierran oportunidades de crecimiento personal y de futuros laborales dignos que al final repercuten en la sociedad”. La palabra “dignos” que acompaña a la expresión futuros laborales, invita a pensar que aquellas profesiones, artes y oficios que no se derivan de la educación formal son indignos. Espero estar errado en mi interpretación, pues gran parte de nuestra población Colombiana no puede terminar sus estudios básicos y aún así se esfuerzan por contribuir “dignamente” con su humilde labor al sustento de sus hogares y al desarrollo de nuestro país. Gracias.