Tras superar los ocho debates en el Congreso de la República, el pasado 14 de junio fue aprobada la creación de la jurisdicción agraria en Colombia la cual busca, con una justicia especializada, resolver asuntos jurídicos de la población rural y campesina del país. Pasaron casi siete años para que el gobierno cumpliera uno de los temas prioritarios del Acuerdo de Paz de 2016, firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC.
Sin embargo, las polémicas no se hicieron esperar. La propiedad, uso, tenencia y explotación sobre la tierra han sido uno de los temas más complejos durante décadas en el país. Ahora, se preparan desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la discusión sobre su reglamentación. Jhenifer Mojica, cabeza de esta cartera, confirmó que presentará un proyecto de ley en la nueva legislatura que inicia el 20 de julio.
“El acto legislativo no crea una nueva corte, por el contrario, fortalece la figura de la jurisdicción agraria y rural, con la cual se tendrán más jueces que se dedicarán a tramitar miles de procesos que en el caso de tierras están estancados, y que en su mayoría son causas del campesinado colombiano que buscan que se les restituyan sus derechos”, señaló la Ministra en rueda de prensa tras la aprobación del acto legislativo.
Pesquisa Javeriana conversó con Juan Felipe García, profesor y director del Departamento de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, alrededor de la importancia y los retos que enfrenta la implementación de esta jurisdicción.
¿Cuál es la reforma que da vida a la jurisdicción agraria?
Esta reforma constitucional es un arreglo de la Constitución Política para reconocer que existe la población campesina. Todo el desarrollo depende de la reglamentación. Ahora, el Artículo 116 de la Constitución establece la lista de quienes administran justicia y allí no existían los tribunales y jueces agrarios. Por eso con esta reforma se abre la ventana para que exista una justicia especializada que tramite los conflictos agrarios en el país.
Además, incorpora el Artículo 238-a que contiene la idea de que a la población campesina se le garantice un acceso real y efectivo a dicha justicia.
En estos momentos es una promesa. El artículo le da seis meses al Estado colombiano, en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, para que disponga la reglamentación necesaria que permita aterrizar esa promesa y volverla realidad.
¿Por qué se requiere una nueva jurisdicción especializada en el país?
La guerra en Colombia preponderantemente se realizó en los campos. Hoy, la mayor parte de los conflictos en las zonas rurales los resuelven los actores armados al margen de la ley quienes tienen el real control territorial. Lo que se busca es que, desde el Estado colombiano, los conflictos agrarios se resuelvan mediante un juez, con unas normas claras. Eso requiere unos jueces especializados que conozcan a profundidad el derecho agrario, el cual tiene sus propias complejidades.
Mucho tiempo hemos vivido como si allá no hubiera ciudadanos de primera categoría. El campesino, para poder tener justicia, tiene que venir a la ciudad. Eso le implica tiempo y gastos, que, sumado a la congestión del sistema, hacen que la mayoría termine desistiendo de esos procesos judiciales.
“En las ciudades hay justicia formal,
Juan Felipe García, investigador javeriano
en el campo los conflictos los resuelve el más fuerte”,
En las zonas rurales no ponemos hospitales, colegios ni mucho menos jueces. Con esta medida, estamos retejiendo y remendando la Nación. También, reconociendo que la población campesina ha sido fruto de la persecución y la discriminación histórica. De allí, inicia un proceso hacia la reconfiguración de la ciudadanía en estas poblaciones.
¿Hay jueces capacitados para asumir esa responsabilidad?
Durante los años 90 desapareció la cátedra de derecho agrario de las universidades. Eso no existe hoy. En los núcleos fundamentales de la carrera no se enseña.
En 2011, se creó lo que se llama la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Buena parte de esos jueces tuvieron que aprender derecho agrario en la última década. Allí hay un grupo de personas que, en la práctica, han adquirido ese saber. Nosotros acá en la Universidad Javeriana fuimos profesores de esos jueces en ese momento, entonces también sabemos cómo enseñar esta especialidad del derecho.
Diversos académicos, entre los que nos incluimos, venimos mostrando con nuestras investigaciones la importancia de retomar esa enseñanza para la recomposición de la Nación colombiana, de un proyecto de paz nacional.
¿Cuáles retos enfrenta esta jurisdicción?
Contamos con el recurso humano y el conocimiento. Un reto, de los más importantes, será conseguir el presupuesto para poner los jueces en esos lugares. Todo está pensado para que el juez esté allá.
Nuestra experiencia en investigaciones dice que estos conflictos se transforman si hay quienes garanticen los derechos en el territorio. Si el juez se va, los que tienen el poder y han mantenido el poder históricamente con dominio político, de armas o incluso económico, es muy posible que vuelvan a retomarlo con el tiempo.
Dependerá de que como sociedad entendamos que ahí está la paz. Es un desafío muy grande pasar de esa promesa a la materialización, y como dicen por ahí: del dicho al hecho, hay mucho trecho. No es un asunto solo de la constitución, ni del Congreso. Es un tema de toda la sociedad colombiana.
¿Se ha hecho algo similar en Colombia?
Sí, y cometimos el grave error de pensar que era una apuesta del gobierno de turno. No, esto es una apuesta de Estado.
En 1961, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, creó la Alianza para el Progreso. Ese fue un programa para evitar que la Revolución Cubana se replicara en otros países del continente y para desincentivar a los campesinos a que tomaran las armas para crear repúblicas independientes. Este buscaba proveer servicios a los campesinos para garantizar todos sus derechos, entre ellos, la resolución de los conflictos a través de jueces.
En esa línea, el presidente Alberto Lleras Camargo se comprometió a desarrollar el acuerdo del Frente Nacional, que incluía desarrollar una reforma y crear una jurisdicción agraria. Sin embargo, el siguiente gobierno, el de Guillermo León Valencia, frenó dicha reforma.
El siguiente gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo intentó retomarla. Creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), le dio puesto en el Ministerio de Agricultura e hizo toda la reglamentación. Luego, llegó el conservador Misael Pastrana Borrero y desmontó todo por presión de los empresarios del campo.
Son ejemplos del error de pensar que este tipo de proyectos son de un gobierno. Si revisamos bien, esta fue la visión de desarrollo que se implementó en Europa hace décadas. Es el modelo más convencional de cómo se hace la paz. Es el Plan Marshall, la reconstrucción de los territorios que estuvieron en guerra.
¿Cómo funcionó en Europa?
Europa lo desarrolló en la posguerra. En la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de qué era sufrir hambre y cómo los campesinos mantuvieron las estructuras alimenticias de las naciones.
Si uno revisa cualquier historia nacional europea —la francesa, la española, la alemana, la suiza— ¿qué salen a hacer después de la guerra? Toda una serie de prerrogativas para poner en el mejor nivel a los campesinos porque fueron considerados héroes nacionales. Fueron los que mantuvieron vivos a los pueblos en un contexto tan complejo. La misma Unión Europea es un sistema de protección económica para los productores campesinos.
¿Qué enseñanza dejaron esas experiencias?
Nosotros nos hemos negado a esa imagen. Nuestra relación con el campo es que es un lugar inseguro y de desconfianza. Históricamente hemos tenido desplazados rurales llegando a las ciudades y nosotros cada vez encerrándonos más en las ciudades como territorio seguro.
Ahora es el momento de cambiar esa visión, pero se logrará si garantizamos que exista justicia en el campo. La pandemia nos demostró que nuestras vidas dependen de ellos porque ellos son quienes tienen sobre los hombros la alimentación de la sociedad.
