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Carta a la nación: 7 propuestas para la transformación social colombiana

Carta a la nación: 7 propuestas para la transformación social colombiana

Algunos medios internacionales como El País, de España, BBC Mundo y France 24 califican de estallido social la situación colombiana de los últimos meses. Lo que comenzó como una muestra de rechazo de la ciudadanía a una reforma tributaria que afectaba el bolsillo de la clase media, se fue escalando y acrecentando y ni el retiro del proyecto ni la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fueron suficientes para calmar los ánimos.

Ya los manifestantes no marchaban por la reforma tributaria, sino por la de la salud, la precariedad de las condiciones laborales, por los más de 21 millones de colombianos que viven en la pobreza y por la falta de acceso a la educación pública y gratuita, por el asesinato de líderes sociales y otras razones que al unísono conformaron un descontento nacional.

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Fotografía: Shutterstock

Es la primera vez durante el siglo XXI que el país registra un paro de esta duración (más de dos meses, pues comenzó el 28 de abril), y las salidas dialogadas aún no llegan a buen término, pues ni el Comité del Paro (que reconoce que no representa a todos los ciudadanos descontentos), ni el presidente Iván Duque, quien solo cuenta con el 16 % de aprobación según la encuesta más reciente de Datexto, han encontrado la forma de hallar consensos que marquen el camino para solucionar los problemas estructurales que llevaron al país al estallido social del que hablan no solo medios internacionales, sino académicos locales.

“Colombia atraviesa por una profunda crisis social, económica y política que se expresa a través de grandes movimientos sociales de diferentes intensidades, modalidades, espacios y tiempos”, reza el preámbulo de la Carta a la Nación, un documento de siete puntos que busca crear espacios y conducir hacia un verdadero diálogo nacional e intersectorial para atender los principales problemas de esta crisis que se visibilizó en medio de la pandemia de la covid-19.

¿En qué consiste la Carta a la nación?

El estallido social en realidad no comenzó el 28 de abril. Las masivas manifestaciones de noviembre de 2019 revelaron este descontento histórico generalizado y la Pontificia Universidad Javeriana supo tomar atenta nota de lo que sucedía. A raíz de esa problemática, creó el espacio Foros javerianos sobre la coyuntura y el futuro de Colombia.
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Fotografía: Shutterstock

Desde entonces (y con la pandemia en medio) se han realizado seis foros distribuidos en 22 sesiones que han abarcado temas como la inequidad de la educación colombiana, activismo y movimientos sociales, avances y enfoques para la paz.

Esos temas, sumados a otros cuantos, se encuentran en la misma línea de las sugerencias que siete rectores de igual cantidad de universidades colombianas le hicieron el pasado 5 de mayo a los diferentes actores coyunturales para superar esta crisis.

De las experiencias de los foros más la intención de los rectores por brindar aportes desde la academia surge la Carta a la nación, un documento para construir una Colombia “en paz, democrática, equitativa, incluyente y comprometida con el desarrollo sostenible, en un momento en que la sociedad reclama urgentemente la voz de la academia”.

Pesquisa Javeriana divulgó una a una las iniciativas y las dispuso un micrositio especialmente creado para visibilizar el proyecto. A continuación puede leer los 7 puntos de la Carta a la nación.

1: Derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento.

Durante décadas se ha discutido sobre las amplias brechas entre la educación rural y urbana y pública y privada en Colombia. Como si estos rezagos no fueran suficientemente problemáticos, en 2020 llegó la pandemia de la covid-19 y con ella los estudiantes, por más de un año, dejaron de asistir presencialmente a clases, lo que incrementó la desigualdad en el acceso a educación de calidad.

En esta propuesta, las profesoras Luz Karime Abadía, Alba Lucy Guerrero y la editora de Pesquisa Javeriana, Lisbeth Fog, proponen abordar una discusión planteada en seis puntos para asegurar una educación universal y de calidad que forme ciudadanos autónomos y socialmente responsables.

Las propuestas van desde implementar una formación ética, política, ciudadana y de las emociones en donde se puedan gestionar en clave de democracia emociones como el miedo y la ira, hasta impulsar unos currículos más pertinentes ante los retos actuales y ejecutar acciones para la disminución de las inequidades, educar a través del reconocimiento de la diversidad y motivar una construcción colectiva de la pedagogía nacional a través de pilares como la educación rural y el acceso equitativo al conocimiento.

Para consultar el texto completo de este punto puede entrar al micrositio desarrollado por Pesquisa Javeriana o hacer clic aquí.

Si quiere leer todo el documento puede hacer clic aquí o consultar el micrositio en el cual Pesquisa Javeriana reúne todos los documentos que invitan a la ciudadanía a involucrarse más en la acción democrática colombiana.

2: Ideas sobre la constitución

Bibiana Ortega, Juan Felipe García y Tania Luna, profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana proponen re/activar la reflexión sobre el sujeto nacional que refrenda su voluntad política de vivir bajo el gobierno del Estado social de derecho.

Esto se lograría, según su iniciativa, entendiendo que Colombia no necesita una nueva constitución sino garantizar su cumplimiento. Además, recomiendan darles mayor poder local a las comunidades, en donde las veredas, comunas y corregimientos, por ejemplo, tengan mayor protagonismo en el ordenamiento territorial, que actualmente se basa en la dicotomía departamento/municipio.

Por otro lado, los académicos invitan a hacer un esfuerzo más profundo en devolverle la confianza a las instituciones y en ejercer la democracia más allá de solo votar, haciendo uso de la protesta pacífica y exigiéndole tanto a políticos como entidades de control y medios de comunicación que asuman sus responsabilidades con el Estado social de derecho.

Si quiere leer todo el documento puede hacer clic aquí o consultar el micrositio que Pesquisa Javeriana desarrolló para reunir todos los documentos que le apuestan a que la ciudadanía se involucre más en la acción democrática colombiana.

3: No estigmatizar la protesta social pacífica, propuestas para la transformación social colombiana

La estigmatización de las manifestaciones en Colombia y la represión estatal que en ocasiones vulnera el ejercicio de este derecho llevó a la profesora Marcela Ceballos y a los profesores Andrés Dávila y Norberto Hernández a proponer tres caminos con el objetivo de salvaguardar el derecho a ejercer una protesta pacífica.

Para superar la estigmatización, los académicos proponen reconocer la movilización y la organización social como formas de participación política legítimas y que se les garantice a quienes se movilizan el reconocimiento de ser unos interlocutores políticos válidos, para que la protesta deje de verse una amenaza para el orden público. Además, insisten en el cumplimiento de los mandatos constitucionales que protegen el ejercicio de la protesta pacífica y en la incorporación de otros documentos, como el Acuerdo de Paz y retomar la discusión sobre el Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica.

Entre otras ideas, Ceballos, Dávila y Hernández subrayan la urgencia de reformar la Policía Nacional, reforzando su carácter civil, revisar los protocolos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y abrir un diálogo con los sectores que no se sienten representados en un comité del paro.

Para conocer todo el documento puede hacer clic aquí o entrar al micrositio de la Carta a la nación creado por Pesquisa Javeriana.

4: Juventudes colombianas, inclusión e incidencia para la transformación

Que las juventudes son el futuro de todas las sociedades es una idea que se convierte en paisaje cuando, con esta frase cliché, se evade la necesidad de entenderlas con sus problemáticas en tiempo presente. Por ejemplo, actualmente la juventud colombiana agrupa casi a once millones de personas, de las cuales, el 49.3 % ni trabaja ni estudia y, de estos últimos, la mitad abandona su educación por falta de recursos.

¿Qué hacer por esta población que representa al 33 % de los colombianos? Las profesoras Martha Gutiérrez, Minerva Campión y los profesores Ricardo Delgado y Mateo Ortiz plantean una hoja de ruta distribuida en cinco ejes. El primero, la protección de la vida enmarcada en un seguimiento de violencias y derechos humanos. El segundo, a través de la participación juvenil, con garantías de incidencia y confianza en las instituciones. Los demás pasan por ideas de institucionalidad pública para la juventud, trabajo, salud y derechos sexuales y reproductivos.

Si quiere saber cómo plantearon estas propuestas que ayudarían a robustecer las políticas públicas del futuro de la sociedad, no dude en hacer clic aquí o en entrar al micrositio de la Carta a la nación.

5: Implementación plena de los Acuerdos de Paz como condición de convivencia democrática

Los profesores Pedro Valenzuela, Manuel Sarmiento y el director del Instituto de Estudios Interculturales de Javeriana Cali, Manuel Muñoz, reconocen que el Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y las Farc en el 2016, tiene carencias, pero también incluye puntos y mecanismos de gran utilidad para la construcción de una paz sustentable en Colombia.

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Foto: Gabriel Leonardo Guerrero / Shutterstock

En ese sentido, los académicos argumentan la necesidad de garantizar la financiación del acuerdo que tiene puntos enfocados en, por ejemplo, la protección de los territorios y el capital biológico, cultural y político de comunidades indígenas y afro, además del fortalecimiento del diálogo entre la sociedad civil (históricamente afectada por el conflicto armado) y las instituciones, en donde cobren valor las asambleas comunitaria, comisiones municipales, un plan nacional de derechos humanos y la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia.

Uno de los enfoques que proponen los académicos es no ver la paz solo como un silencio de las armas sino como una superación de situaciones estructuralmente violentas de pobreza, desigualdad, marginación y exclusión. Si hace clic aquí puede conocer más al respecto. También puede ver este y otros puntos de la Carta a la nación en este enlace.

6: Diálogos, deliberación y acción política por la salud de las poblaciones

Que se tenga que recurrir a una acción de tutela como último recurso para que las diferentes entidades de salud presten, por mandato de juez, el servicio esencial que están obligadas a cumplir, habla de la inseguridad que en ocasiones ofrece este sistema en Colombia. ¿De qué forma mejorarlo? El profesor Jaime Moreno, el director del Instituto de Salud Pública, Rolando Peñaloza y el decano de la facultad de Medicina, Carlos Gómez, tienen algunas ideas.

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Fotografía: Juancho Torres / Agencia Anadolu

La primera va encaminada hacia fortalecer los programas de salud pública y de atención primaria con enfoques que entiendan la diversidad en cuanto al territorio, las etnias, géneros, jóvenes, y adultos mayores con atención domiciliaria. La segunda idea es integrar las políticas de salud con las sociales para entender esta problemática como transversal y no independiente. Los académicos también hacen algunas propuestas sobre la garantía del financiamiento del sistema con el fin de garantizar los derechos de acceso y calidad del servicio de salud.

La coyuntura de la pandemia de la covid-19 más los retos de antaño que buscan? mejorar la salud en Colombia también han llevado a la posibilidad de construir una política y un plan nacional de reconstrucción de la salud y la vida.

Para saber más al respecto haga clic aquí o ingrese a este enlace.

7: Cerrando brechas históricas: agenda de políticas con enfoque de género para Colombia

Entre los reclamos históricos no atendidos que conllevaron al estallido social se encuentran algunos que a través del enfoque de género permitirían reconstruir la sociedad. Para este punto, las profesoras Paula Herrera, María Adelaida Farah, Juliana Flórez, Tatiana Sánchez, María Fernanda Sañudo, María Margarita Echeverry, Amparo Hernández, Juliana Morad y Ángela Fonseca, proponen 14 ideas para plantear políticas transversales con enfoque de género.

Las iniciativas van desde dignificar el trabajo doméstico remunerado hasta garantizar el empoderamiento integral de las mujeres rurales sobre la tierra. En este punto de la Carta a la nación también se contempla desarrollar una política criminal con perspectiva de género, además de incluir dentro de distintas políticas públicas la protección de las mujeres migrantes y fomentar esta perspectiva en organizaciones de economía solidaria.

Igualdad de las licencias parentales y consolidar beneficios pensionales para las mujeres también son ideas incluidas en esta propuesta que puede leer haciendo clic aquí o consultando el micrositio de la Carta a la nación.

Las verdades de Justicia y Paz

Las verdades de Justicia y Paz

El 14 de diciembre de 2006, en Barranquilla, alias el Loro dio sus primeras palabras. Frente a él, atentos, estaban algunas víctimas, magistrados, fiscales, testigos, periodistas, entre otros. Ese acto representó el inicio de la tercera fase del proceso de justicia transicional entre los paramilitares y el Estado colombiano, conocido como Justicia y Paz. Ese día iniciaron las ‘versiones libres’ de paramilitares desmovilizados. Wilson Salazar Carrascal, el Loro, fue el primero.

La fecha quedó en la memoria de algunos y, a partir de entonces, surgieron varias inquietudes: ¿será que Justicia y Paz es un sistema judicial efectivo?, ¿habrá impunidad?, ¿repararán a las víctimas?, y… ¿habrá verdad?

En 2016, Andrés Dávila Ladrón de Guevara y Juan David Velasco, politólogos y profesores de la Pontificia Universidad Javeriana, decidieron conmemorar los 10 años de las confesiones del Loro, tratando de establecer, precisamente, la calidad de la verdad judicial de Justicia y Paz.

¿Cómo evaluar ―medir― el cumplimiento del derecho a la verdad en Justicia y Paz de forma objetiva? Esa era la cuestión.

Entendiendo la magnitud del proyecto, Dávila y Velasco ―con un equipo de ocho investigadores―encontraron que las sentencias condenatorias realizadas por las salas de Justicia y Paz eran instrumentos cuantificables, y que en ellas había todo un universo de verdad judicial.

Recolectaron las 51 sentencias proferidas entre 2006 y 2017 ― cada una con cerca de 600 páginas― y, a partir de su revisión, teniendo en cuenta los estándares nacionales e internacionales del contenido del derecho a la verdad en instrumentos judiciales (razones de hecho, no repetición, reparación y señalamientos), analizaron y clasificaron la verdad revisando cuatro variables: la determinación de los móviles del delito, la determinación de las circunstancias de tiempo y lugar, la determinación de los responsables y la prevalencia del testimonio considerado.

Mejor dicho, buscaron responder ¿cuántas sentencias determinaron los móviles del delito?, ¿cuántas determinaron las circunstancias de tiempo y lugar?, ¿cuántas determinaron a los responsables?, ¿cuántas les dieron prevalencia a las víctimas en el testimonio?

Y, con base en esas respuestas ―las variables―, midieron el cumplimiento de los mínimos del derecho a la verdad de las víctimas y, adicionalmente, la calidad de la verdad: a mayor cantidad de elementos, la sentencia tenía una calidad alta, sin que su ausencia significara una calidad mala.

“Nosotros propusimos una metodología inédita en las mediciones de la verdad judicial de todo el mundo. Creamos un índice y un porcentaje del valor y, con estos elementos, valoramos la calidad de la verdad judicial en Justicia y Paz, clasificamos las redes de apoyo al paramilitarismo y analizamos cómo las víctimas contribuyeron o no a la narración de los hechos judiciales”, explica Velasco, quien además trabaja como asesor de la Dirección de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

 

“No pretendíamos decir qué tan buena o mala es Justicia y Paz, sino bajo qué medida la verdad judicial se cumplía en mayor o menor medida”. Lina Chaparro, investigadora javeriana

 

Las cifras consignadas en el libro La verdad en las sentencias de Justicia y Paz arrojaron que la calidad de la verdad judicial en Justicia y Paz era baja en un 44 %, media en un 55 % y alta en un 1 %. También se evidenció que en el 72 % de las sentencias hay 573 señalamientos contra terceros (Ejército Nacional, Policía Nacional, Armada Nacional y empresarios) como presuntos miembros de la estructura paramilitar. Y, finalmente, entre otros hallazgos, se reveló que la fuente de los hechos legalizados se corresponde en su mayoría con las versiones de paramilitares (79 %), mientras que los testimonios de las víctimas ocuparon tan solo un 6 % del total.

Esas cifras y muchas otras se hicieron públicas en marzo de 2019, cuando el grupo de investigadores presentó el libro. Días después, El Espectador publicó un texto titulado “La verdad que aún nos debe la Ley de Justicia y Paz”, en el que citaba las cifras de la investigación, y comentaba: “Resulta muy difícil hablar de verdad cuando lo más básico para encontrarla no se logra determinar”.

El derecho a la verdad

“En su momento la investigación fue descontextualizada”, dice Lina Chaparro, investigadora y profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, “nuestra intención era clasificar más que calificar. No pretendíamos decir qué tan buena o mala es Justicia y Paz, sino de qué manera podían medirse los esfuerzos por el cumplimiento de los estándares jurídicos de verdad judicial en justicia transicional. Y en ese sentido son sentencias de gran calidad”.

“Lo que nosotros hacemos en el informe es valorar, a pesar de sus limitaciones, falta de recursos y demoras, el proceso de Justicia y Paz”, dice Andrés Dávila. “Lo que se contó y se cuenta gracias a Justicia y Paz ―incluyendo la voz de las víctimas y sus testimonios― devela lo que hicieron los paras en el conflicto junto con otros actores ―como los empresarios y las Fuerzas Militares―, y eso es supremamente valioso”.

Es tal el valor de Justicia y Paz ―coinciden los investigadores― que muchos mecanismos fueron adaptados o aprehendidos por la JEP. La experiencia de Justicia y Paz, y de sus magistrados y fiscales, en temas como desaparición forzada, homicidio e investigaciones de contexto ha sido vital para el desarrollo de la JEP. También han sido vitales, por ejemplo, los registros de las víctimas de secuestro con que cuenta Justicia y Paz, que fueron el primer insumo de la JEP para involucrar a las víctimas de ese crimen a manos de las FARC-EP.

“Aunque la JEP fue muy crítica con Justicia y Paz, aprendió y se nutrió de lo bueno y lo malo… pero eso casi nadie lo va a reconocer”, afirma Dávila. Y concluye: “En esta investigación estamos, en el fondo, haciendo justicia a una cantidad de información que está en las sentencias y que no se está aprovechando”.

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: La verdad en las sentencias de Justicia y Paz
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan David Velasco
COINVESTIGADORES: Mónica del Pilar Burgos, Lina Chaparro, Vanessa Clavijo, Andrés Felipe Gómez, Claudia Medina Aguilar, Paula Angélica Muñoz y Diana Katherine Rico
Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), Instituto de Salud Pública, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Departamento de Ciencia Política, Pontificia Universidad Javeriana
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2016-2018

 

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“La jurisdicción agraria es una justicia de papel”: Juan Felipe García

“La jurisdicción agraria es una justicia de papel”: Juan Felipe García

 

Esta video-columna tiene dos capítulos anteriores sobre ‘La paz en el campo’:

CAPÍTULO 2: Juan Felipe García, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, resalta la importancia de los PDET como herramientas de paz para el desarrollo del territorio campesino colombiano.

 

CAPÍTULO 1: La fórmula de la paz en Colombia pasa por el campo y desde hace más de 50 años lo reconocemos. Sin embargo, no la hemos sabido aplicar. El profesor javeriano analiza los ciclos de violencia que han impedido su implementación.

Cartillas pedagógicas que guían a víctimas y funcionarios sobre la justicia transicional

Cartillas pedagógicas que guían a víctimas y funcionarios sobre la justicia transicional

Investigadores javerianos crearon una caja de herramientas compuesta por un juego de mesa de roles, videos, podcasts y dos cartillas: una para víctimas y otra para funcionarios públicos, con el fin de entregar una guía para la atención de las personas que participaron en el conflicto armado colombiano.

Estos productos fueron elaborados por el Programa de Educación Para la Paz de la Dirección de Educación Continua y Consultorías de la Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

El material didáctico tiene como objetivo cerrar los baches existentes entre la comprensión integral de las rutas de atención a las víctimas del conflicto y el desarrollo de las habilidades que requieren los servidores públicos para garantizar, a través del el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el acceso de las víctimas a la justicia transicional.

Mire el video para conocer más sobre este proceso.

Si desea obtener las cartillas, escriba al correo cruz.juan@javeriana.edu.co, de Juan Daniel Cruz, Coordinador académico del Programa de Educación para la Paz, de la Pontificia Universidad Javeriana.

Cuando las mujeres levantan su voz

Cuando las mujeres levantan su voz

Algunas mujeres de comunidades del territorio indígena kankuamo, como Río Seco, Ramalito, Atánquez y Los Áticos (Cesar), han vuelto a tejer mochilas y atarrayas, pese a que fueron obligadas a abandonar sus tierras y perdieron a sus seres queridos. Ahora, a través no solo del tejido artesanal sino del humano, han logrado comunicar sus historias de guerra y conflicto, gracias a su esfuerzo y a la oportunidad que les brindó un estudio conjunto entre ellas y las investigadoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, DonnyMeertens, Martha Lucía Gutiérrez Bonilla, Eliana Pinto y July Fajardo.

También participaron campesinas de los corregimientos de Aguas Blancas, Mariangola, La Mesa y Santa Cecilia (Cesar), quienes encontraron acogida en organizaciones comunitarias propias. Allí se integran en programas de acompañamiento psicosocial para superar los traumas causados por los hechos violentos.

En su reencuentro con sus tradiciones y sus valores sociales y comunitarios han hallado la fuerza para romper el silencio, contar sus historias de dolor y pérdida y, en muchos casos, volver a sus territorios. La motivación principal para superar un pasado traumático es exigir justicia.

La batalla no es solitaria. En muchas regiones de Colombia, e incluso de América Latina, otras mujeres indígenas y campesinas levantan su voz, por muchos años silenciada. De allí que varias instituciones sociales y académicas se dieran a la tarea de estudiar, comparar y propiciar el intercambio de experiencias respecto a los mecanismos de acceso a la justicia por parte de estas mujeres en zonas de conflicto armado en Colombia y Guatemala, y los obstáculos que enfrentan en el proceso.

Las diferentes reuniones entre investigadoras y mujeres de los dos países generaron un diálogo solidario, en el que expusieron los hechos de contexto que dieron origen a las experiencias de violencia en las zonas de estudio, los impactos sufridos en la vida personal, familiar y comunitaria, y las estrategias hasta hoy adelantadas para reclamar justicia y reparación. Las indígenas guatemaltecas, quienes llevan muchos años denunciando las violencias a las cuales habían sido sometidas durante la guerra en su país y aun después de los acuerdos de paz (1996), animaron a las comunidades colombianas a manifestarse en contra de las injusticias, específicamente en los casos de violencia sexual, que estas últimas habían preferido callar.

El Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia y el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) de Guatemala hicieron parte de la investigación, acompañando a las comunidades indígenas del Alto Naya (Cauca) y a la comunidad maya q’eqchis, respectivamente. Esta investigación fue apoyada por Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (CIID-IDRC).

El caso del Cesar

En la primera fase del proyecto de la Pontificia Universidad Javeriana se estableció contacto inicial con las mujeres de las comunidades campesinas y del pueblo kankuamo para ganar su confianza, algo que no resultaba fácil, teniendo en cuenta la naturaleza de las experiencias vividas. En esta etapa fue vital la ayuda de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) regional Cesar, y de diversas redes de mujeres convocadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el nodo de la red Iniciativas de Mujeres Colombianas por la Paz (IMO).

Durante la segunda etapa, las investigadoras efectuaron entrevistas a profundidad y talleres participativos para identificar las diferentes nociones de justicia (e injusticia) y las barreras para acceder a esta. La diversidad del lenguaje y las múltiples maneras de percibir el tiempo y construir las narrativas fueron aspectos de mutuo aprendizaje en el desarrollo del proyecto, y dieron luces para comprender los impactos del conflicto y los mecanismos de acceso a la justicia. En los talleres se valieron de técnicas como el dibujo y la música, principalmente, para facilitar el proceso de contar las experiencias traumáticas.

Durante la tercera fase, se realizó el acompañamiento psicosocial. En el territorio kankuamo se trabajó en la construcción conjunta de una ruta propia de acceso a la justicia indígena para las mujeres. Esta etapa también implicó la entrega y retroalimentación de la información obtenida durante las entrevistas por medio de talleres de devolución, en los cuales las comunidades apropiaron, discutieron y complementaron la visión y síntesis realizada por las investigadoras. A juicio de estas, la estrategia logró articular dos propósitos: la indagación contextualizada y el empoderamiento de las mujeres víctimas para un diálogo cualificado con sus comunidades e instituciones.

Más barreras que caminos

Las conclusiones del estudio han sido recogidas en un libro que será publicado este año, El camino por la justicia: victimización y resistencia de mujeres indígenas y campesinas en Guatemala y Colombia, auspiciado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (CIID-IDRC). Una segunda publicación aportará un estado del arte sobre el acceso a la justicia de mujeres indígenas y campesinas en el marco del conflicto armado de los dos países, a partir de la revisión de nociones como justicia, seguridad humana y justicia, justicia de género, justicia transicional, y de los marcos normativos y de derechos de las mujeres indígenas y campesinas en Colombia y Guatemala.

Para el caso colombiano, las primeras conclusiones de la investigación revelan que existen más obstáculos que caminos para acceder a la justicia. La primera barrera es el miedo de contar lo ocurrido y denunciar a los perpetradores, bien sea porque el acceso al sistema de justicia local puede estar vigilado o porque los procesos de desmovilización permitieron que rangos bajos de los grupos armados (paramilitares, en este caso) se convirtieran en habitantes de las comunidades a las que ellos mismos victimizaron.

La segunda barrera es de orden institucional y tiene varios matices. La tipificación del delito sexual contra la mujer en el marco del conflicto es relativamente reciente. “Esto incluye también la ausencia de mecanismos sensibles y especializados para recoger los testimonios de las mujeres víctimas de este tipo de violencia”, explica Gutiérrez. Una barrera importante se vislumbra en la confusión existente, tanto en la comunidad como en los operadores de justicia, sobre la gestión de las denuncias, específicamente sobre los detalles operativos de los diferentes marcos jurídicos creados por la Ley de Justicia y Paz (2005) y la Ley de Víctimas (2011). Otro matiz institucional es la desconfianza de las mujeres hacia las entidades encargadas de administrar justicia, basada en sus experiencias de discriminación y de no ser tomadas en serio por su condición femenina. A esto se añaden las historias de infiltración de grupos armados a estas instituciones, la lentitud, la pérdida de documentación o múltiples trabas que se presentan en el curso de los procesos. Muchas de las mujeres que participaron en la investigación utilizaron las entrevistas como una forma de contar por primera vez su historia, algo que no se habían atrevido a hacer ante la Fiscalía o las Personerías.

Por último, pero no menos importante, hay una barrera en cuanto a la actitud social de revictimizar. Esto significa que socialmente se piensa que las víctimas hicieron algo que justificó la violencia que recibieron. Las mujeres se refirieron a esos señalamientos de “por algo será” como una de las mayores injusticias que siguen viviendo.

Con la cámara al hombro

Los proyectos colombianos involucraron en su proceso de investigación-acción una capacitación en tecnologías digitales para las mujeres de las comunidades estudiadas. Como resultado, produjeron dos programas de radio y un documental, Una sola golondrina no hace verano, que recoge testimonios de la lucha emprendida en sus esfuerzos por conseguir justicia.

En estos productos se narran historias particulares, tales como la llegada de un grupo armado a Aguas Blancas, que ocasionó la muerte de 11 de sus habitantes, así como el desplazamiento forzado de numerosas familias. A pesar de los terribles recuerdos, muchas de ellas volvieron a su corregimiento al no encontrar oportunidades de supervivencia en los territorios a los que huyeron.

La impresión general que transmite el documental es que conseguir justicia es una tarea titánica. En medio de los problemas políticos hay muchos casos de errores burocráticos, por ejemplo, ayudas pecuniarias que son asignadas a nombre de los difuntos esposos de las víctimas, razón por la cual no pueden ser reclamadas. Se percibe al Estado como una entidad abstracta que promete pero no cumple.

En el video se evidencia cómo las experiencias traumáticas vividas por ellas las han impulsado a empoderarse de muchos temas, lo que las ha convertido en líderes sociales y las ha llevado a capacitarse en derechos humanos. Esto ha ocasionado un cambio en la organización social tradicional, anteriormente más centrada en los hombres.

Puede que proyectos como este tengan un final obligado dentro de los ciclos que propone toda investigación social. No obstante, y así lo reconocen las mismas mujeres, esta experiencia las ha impulsado a considerarlo como el principio de una historia que ellas deben escribir para poder ejercer sus derechos.

Para saber más:
  • » Fajardo Farfán, J. S.; Meertens, D.; Pinto, D. E; Gutiérrez M. L. & Ramírez Parra, P. (2014). “El camino por lajusticia: victimización y resistencia de mujeres indígenas y campesinas en Guatemala y Colombia”. EnColombia 2014. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
  • » Grupo de investigación Género, Subjetividad y Sociedad, INER, Universidad de Antioquia; Grupo de investigación Estado, Conflicto y Paz, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana; Centro Ático, Pontificia Universidad Javeriana (productores). (2013). Una sola golondrina no hace verano. Documental dirigido por mujeres indígenas y campesinas, víctimas sobrevivientes de los departamentos de Cauca y Cesar. Disponible en: https://vimeo.com/87005452. Recuperado en: 05/01/2015.
  • » Gutiérrez Bonilla, M.L. & Pinto Velásquez, E. (2013, octubre). “No olvidar y recordar conaprendizajes. La perspectiva sobre lajusticia y elacceso a lajusticia de mujeres campesinas del departamento del Cesar – Colombia”. Múltiples (Just GovernanceGroupBulletin) 20: 5-7. Disponibleen:
    https://es.scribd.com/doc/211512572/Multiples-20-Acceso-a-La-Justicia-Para-Mujeres-en-Paises-Afectados-Por-Conflicto#. Recuperado en: 05/01/2015.
  • » Ruiz, M. (2013, 14 de noviembre). “La gobernadora”. Revista Arcadia.com. Disponible en: https://www.revistaarcadia.com/impresa/especial-mujeres/articulo/la-gobernadora/34259. Recuperado en: 05/01/2015.
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La abogada Carolina Moreno López

La abogada Carolina Moreno López

“Cuando una persona estudia derecho se piensa que quiere ser presidente o salvar el mundo. Yo quería esto último”, dice Carolina Moreno López, una joven abogada de la Pontificia Universidad Javeriana que ha cambiado los tribunales por las aulas y el trabajo comunitario, y se ha dedicado a la investigación sobre los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado colombiano.

Carolina es una bogotana de 26 años dulce, inteligente y sensata. Ama los libros, el cine, la música y el teatro. En su rostro se dibuja una sonrisa cuando recuerda que desde niña piensa que un mundo mejor es posible, si se basa en la libertad y el respeto. La Carrera de Derecho (2003 a 2009) significó para ella un escenario propicio para el aprendizaje de un lenguaje de poder, desde el cual se podrían engendrar cambios sociales reales que establecieran equilibrios en la sociedad.

Las cátedras de derecho fueron combinadas con seminarios de ciencias humanas, por ejemplo de sociología y de antropología. La curiosidad y el deseo de conocimiento llevaron a Carolina a vincularse en 2007 al Instituto Pensar de la Javeriana, donde amplió su panorama académico, pues “la investigación era una forma de reflexionar y responderme preguntas que mi carrera no me resolvía”.

Una de las reflexiones claves que merodearon su cabeza fue la inequidad en el campo jurídico y en las relaciones de género, punto central de su trabajo investigativo en el reconocido centro, que dio un lugar especial a este tema en medio de su actividad enfocada en el fortalecimiento de la investigación interdisciplinar. Así, en el marco del trabajo del grupo de investigación Pensar (en) Género, comenzó su travesía, mientras que trabajaba con la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana en el acompañamiento a comunidades en el Magdalena Medio.

De la mano del programa “Vidas móviles”, liderado por la profesora Amelia Fernández, de la Facultad de Medicina de la misma universidad, y con la financiación de Colciencias, desarrolló una serie de investigaciones entre 2010 y 2013, a título personal y con el equipo, junto a cincuenta víctimas de desplazamiento forzado ubicadas en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.

“Encontré que el género se ha usado de manera obscena para llenar una categoría demográfica, especialmente en el sistema de salud. No tenerlo en cuenta, como un aspecto transversal, hace más vulnerable a la víctima”, puntualiza la investigadora, quien añade que el sistema colombiano no considera las particularidades de las víctimas del conflicto armado que requieren un modelo específico acorde con sus intereses, necesidades y oportunidades.

La inclusión de la perspectiva de género en la atención de población víctima permitiría entender los movimientos conceptuales requeridos para responder sus demandas. Según señala la abogada, el análisis sobre la forma en que se está creando el “derecho” en este contexto es determinante para que estas personas accedan a lo que merecen como ciudadanas, lo que permitiría una mejor distribución de los recursos disponibles para propiciar escenarios de justicia social.

La doctora Fernández, como tutora y testigo del desarrollo de los proyectos, asegura que estos abrieron prometedores caminos. “Carolina es una mujer excepcional, con una amplia capacidad de establecer alianzas conceptuales y prácticas muy sólidas. Fue generosa con su conocimiento y resultó excelente miembro de equipo”, explica la docente.

Moreno se encuentra a la espera de que las puertas de la investigación se sigan abriendo a su paso, pese a las barreras existentes en un país como Colombia. Acaba de regresar de Inglaterra tras la búsqueda de un programa de posgrado enfocado en derechos humanos con perspectiva de género. Entretanto, enseña en las aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y sigue abogando por víctimas, como una manera de evocar justicia y “salvar” un fragmento del mundo.

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