“Tengo miedo”, dice José con voz vehemente, un interno de la cárcel Modelo de Bogotá. “Estamos sobrepoblados, y a pesar de que yo estoy en un patio con algunas comodidades, hay otros en donde uno duerme encima del otro”. No es lo único. Según cuenta, la calidad de la comida que les dan es mala, y con el tema de la salud, “si yo me enfermo y no es una urgencia ‘pailas’, aquí no nos atienden. Cúrese usted solo, esa es la verdad de acá”. Agrega que tal vez con la crisis del virus la atención sea más rápida, “pero es difícil incluso poder ir a sanidad porque no hay suficiente personal para atender a toda la gente”.
Lo que él dice no varía mucho de lo que pueden relatar otras personas privadas de la libertad. Es más, la falta de garantías en las cárceles no es una novedad ni para sus familias, ni para algunos defensores de derechos humanos, ni para la Corte Constitucional. Y es que, según Liliana Sánchez, investigadora y directora del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, en nuestra sociedad existe una concepción errónea de que la violación a los derechos humanos de la población carcelaria hace parte del castigo, de la condena por haber cometido un delito. Insiste en que “el único castigo que se les debe imponer es la privación de la libertad. No es necesario además privarlos de salud y de otras garantías fundamentales. Lo que estamos viviendo con la pandemia es la precariedad del sistema en muchos aspectos y los problemas de la política criminal”.
Leonardo Rodríguez, psicólogo clínico y forense, doctor en criminología y profesor de la misma universidad, explica que en términos de política criminal, a pesar de que el sistema penitenciario nacional cuenta con programas de justicia transicional y justicia restaurativa, “todavía nuestra concepción de justicia está basada en la venganza y poco tenemos en cuenta el panorama de la rehabilitación, la resocialización o reeducación de pena del victimario bajo los principios de justicia restaurativa”. Añade que esa es la razón fundamental de estos problemas de hacinamiento, de salud, de falta de programas altamente especializados para la reintegración, y eso, de una u otra forma, permite que “cuando las personas salen de la cárcel los niveles de reincidencia sean muy altos”.
La pandemia
L* lleva nueve años en la cárcel y siete de ellos los ha pasado en La Picota, en Bogotá. Al principio, veía la COVID-19 como una enfermedad lejana, una noticia más que aparece en los medios. “Pero el miedo empezó cuando se presentaron las primeras muertes en Colombia y entre las personas internas empezamos a hablar del caos que se iba a formar cuando apareciera el primer caso del virus dentro de las cárceles”, cuenta.
Esta entrevista se hizo poco después del 21 de marzo, cuando hubo diferentes protestas y amotinamientos en varias cárceles del país. El desenlace más trágico fue en la cárcel Modelo en donde, según cifras oficiales, hubo 23 internos muertos y otros cientos heridos contando a los guardias. Aunque menos violentas, en La Picota también hubo manifestaciones. L, que no participó activamente en la revuelta, recuerda que las cosas se empezaron a “calentar” cuando el INPEC no entregó información sobre la enfermedad, no implementó medidas de bioseguridad, ni nada que pudiera darles algo de tranquilidad a los internos.
Días después de hablar con L, el 10 de abril, se supo lo inevitable: una persona de 63 años recluida en la cárcel de Villavicencio murió por COVID-19. Fue una noticia alarmante pero no sorpresiva. De hecho, desde finales de marzo varios expertos vienen asegurando que las cárceles no son más que un barril de pólvora que puede estallar con una mínima chispa, que puede ser, una persona infectada a la que no se le apliquen los cuidados necesarios. Y realmente es factible que eso suceda: según una investigación del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, las posibilidades de acceso a la salud de una persona interna son 30 veces menores comparadas con las que tiene una persona en libertad. A la fecha se registró otra muerte en la cárcel de Villavicencio, 16 nuevos casos en la misma ciudad y un contagio de un guardia en la Cárcel Distrital en Bogotá.
Frente a la emergencia del 21 de marzo, el Gobierno Nacional declaró la emergencia carcelaria, y el Ministerio de Justicia y el INPEC expidieron, el 14 de abril, el decreto 546 con el que buscan solucionar el problema más urgente que es el hacinamiento para mitigar el riesgo de contagio. medida consiste en dar prisión domiciliaria por seis meses, es decir, de forma transitoria, a personas mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de 3 años, personas con enfermedades graves, con discapacidad o movilidad reducida; personas que hayan cumplido el 40% de su pena privativa de la libertad en la cárcel, y aquellas que estén pagando penas por delitos menores. Esto excluye a internos recluidos por delitos sexuales, de lesa humanidad o contra el Estado. Según dijo la ministra Margarita Cabello en un video a la opinión pública, “la idea es que puedan salir personas que no sean un peligro para la sociedad”.
A eso se le suman otras medidas tomadas por el Gobierno como la restricción de visitas y el acuartelamiento de guardias, pero aun así sigue siendo difícil mitigar las consecuencias de una posible cadena de contagio porque, como explica la investigadora Liliana Sánchez, “el cálculo que tiene el Ministerio de Justicia para la aplicación de estas medidas es que más o menos van a salir en libertad entre 4 mil y 15 mil personas, siendo este el número más optimista. Pero, teniendo en cuenta que nuestro hacinamiento llega al 54,9%, al salir estas personas, igual vamos a seguir con más de 30 mil internos extra en los establecimientos penitenciarios frente a la capacidad que estos tienen”.
Ante esto, algunas personas privadas de la libertad se manifiestan. “La huelga de hambre continua”, dice uno de los internos de La Picota. “El decreto es absolutamente insuficiente. No ofrece un análisis serio de política criminal y antes que una solución efectiva, antes que una solución médica para evitar el contagio y para el hacinamiento, lo que hace el Gobierno es militarizar la cárcel y rodearla”, asegura el mismo interno quien agrega que en esta cárcel no se registran contagios porque precisamente no se ha hecho la primera prueba. Por esa razón, los internos solicitan reunirse cuanto antes con defensores de derechos, Procuraduría, Ministerio de justicia y Comité Internacional de la Cruz Roja para plantear sus necesidades.
Dentro de las solicitudes se encuentran medidas de prevención, protocolos de ingreso vehicular, de personas, insumos y transporte de alimentos; entrega de elementos de bioseguridad (jabón, tapabocas, guantes, etc.); no ingresar nuevos internos a los patios ni hacer cambios dentro de ellos; atención médica oportuna; entre otras que implican rebaja de penas y solución efectiva al hacinamiento.
Pero ante la solución del Gobierno de conceder ciertas excarcelaciones, los expertos también han empezado a cuestionar la celeridad de estos procesos que serán adelantados por jueces, quienes además tendrán encima muchos factores que los presionarán ante la posibilidad de negar o conceder la libertad. También se preguntan qué va a pasar con la supervisión de las personas a las que se les dará prisión domiciliaria, porque lo cierto es que el INPEC no tiene suficientes funcionarios ni recursos para asumir adecuadamente esta función. Y un cuestionamiento adicional es que las penitenciarías han asegurado que no pueden recibir más internos porque esto aumentaría el riesgo de contagio, así que sigue siendo incierto el destino de las personas que delinquen por estos días.
Por el momento, el miedo dentro de las cárceles sigue latente. L, por ejemplo, asegura que se siente en peligro por cuatros razones fundamentales: “Primero, por las pocas garantías que ofrece el INPEC para la seguridad y salud de las personas privadas de la libertad. Segundo, porque no existe un plan de contingencia frente a la posibilidad de contagio. Tercero, porque el Ministerio de Salud no ha enviado los artículos de protección como jabón, guantes, tapabocas o alcohol, ni ha realizado las campañas de sensibilización con respecto al tema. Y cuarto, porque al no haber ninguna solución al hacinamiento, ni a la crisis carcelaria en general, esto puede terminar en más amotinamientos”.
La salud mental está en riesgo
La incertidumbre por la pandemia avanza en el mundo. Las personas privadas de la libertad no son ajenas a ese sentimiento y es en este tipo de situaciones cuando la mente suele empezar a hacer de las suyas. Andrea Catalina Lobo, psicóloga jurídica, abogada y profesora de la Javeriana, explica: “los factores carcelarios recaen en distorsiones perceptivas, afectivas, emocionales, cognitivas y conductuales, generalmente causadas por estar sometidos a condiciones de permanente tensión”. Según esta investigadora, las personas privadas de la libertad pueden desarrollar síntomas relacionados con la ansiedad, la depresión o trastornos de estrés, así como baja autoestima, problemas de adaptación, entre otros. “Esto se asocia a que las reclusiones en Colombia se dan en contextos hostiles. La salvaguarda de la integridad y la propia vida es una preocupación constante para quien se encuentra allí, y eso implica estar sometido a factores de estrés. La separación de la familia, la incertidumbre por el bienestar y la salud de los familiares suelen ser otros factores estresores de gran importancia”, agrega Lobo.
Si a esos factores les sumamos el miedo por un posible contagio propio o de algún ser querido y la restricción de las visitas, es normal que el malestar psicológico de los internos aumente. De acuerdo con Lobo, “es la misma afectación en la salud mental que puede tener cualquier ciudadano incluso en libertad, y que igual está expuesto a las noticias fatalistas, las noticias falsas o la desinformación que incrementan el pánico”. Además, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de personas privadas de la libertad no han tenido un adecuado acompañamiento psicológico y psiquiátrico bien sea porque no lo han pedido debido el mismo desconocimiento que existe alrededor de la salud mental, o porque simplemente el INPEC no se los concede.
¿Qué se puede hacer?
Aunque esta situación parece ser un callejón sin salida, los investigadores javerianos coinciden en que sí hay soluciones, pero el sistema tiene que hacer cambios radicales en su política criminal y no solo por la coyuntura de la pandemia. Si no es así, solo serían pañitos de agua tibia que no van a resolver el problema de raíz del sistema penitenciario. La profesora Lobo insiste en que las mejoras deben hacerse con vocación de permanencia, como por ejemplo “dejar de pensar en la justicia punitiva y reconocer a la justicia restaurativa como una verdadera opción para reparar a la comunidad o a las víctimas por el daño que se cometió con el delito”.
Las soluciones que han resultado útiles en otros países le apuestan a una política criminal enfocada en la prevención de los delitos, en el fortalecimiento de comunidades vulnerables, y en el establecimiento de alternativas a la prisión, para sancionar a los infractores que cometan delitos no violentos y que no representen riesgos serios para la seguridad ciudadana, en eso está de acuerdo la profesora Sánchez.
Ahora, en términos estructurales, los investigadores le apuntan a que el reto está en que se necesitan programas que realmente sean rehabilitadores, y recomiendan el trabajo interdisciplinar para atender tanto la crisis actual como en general. Según el profesor Rodríguez, “se necesitan profesionales altamente especializados: médicos, enfermeros, epidemiólogos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales que apoyen a esta población altamente vulnerable que está en las cárceles. Incluso creo que debe haber grupos especializados en atención a crisis y primeros auxilios psicológicos”.
Lobo advierte que el personal del INPEC también es altamente propenso a sufrir los efectos negativos de la cárcel tanto en su salud física como mental. Por eso, dice que las medidas que se tomen con los internos deben ser también para la guardia: “dar información sobre el virus, sobre los protocolos de salubridad específicos y rigurosos, que se explique la naturaleza de cada medida y los efectos concretos de su incumplimiento, y en general acompañamiento psicosocial y psicoeducativo”.
* Nombre ficticio por solicitud de la fuente
