Desde hace más de 20 años, con la creación del Plan Colombia y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el país asumió la responsabilidad de erradicar las hectáreas de hoja de coca e instaurar un plan de gobierno sólido frente al narcotráfico; sin embargo, esta tarea ha implicado retos serios en materia política, económica, ambiental y la más controvertida: salud pública.

Fue en este sentido que la Corte Constitucional aclaró ayer los alcances de la sentencia T236 de 2017, con la cual se había supeditado la erradicación de cultivos de hoja de coca por medio de aspersiones aéreas con el herbicida glifosato a la realización de un estudio que garantizara la ausencia de daño alguno para la salud y el medio ambiente; sin embargo, en una decisión de ocho votos a favor y ninguno en contra, el alto tribunal precisó que no se necesita la certeza absoluta sobre la ausencia de daño.

De hecho, la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte, afirmó que la decisión de fumigar o no con glifosato siempre ha sido competencia única del Consejo Nacional de Estupefacientes. Acto seguido, Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia, anunció que enviará al Consejo un nuevo protocolo para reiniciar las aspersiones.

Cabe recordar que en marzo 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que productos como el diazinón, malatión y glifosato debían ser clasificados como “probablemente cancerígenos para los seres humanos”, uno de los motivos que llevó al Consejo Nacional de Estupefacientes a suspender las fumigaciones con glifosato para seguir el principio de precaución sugerido por la OMS.

Pero dos años más tarde el personero municipal de Nóvita, Chocó, reclamó en nombre de su comunidad una indeminización por las afectaciones causadas con el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato del Gobierno, motivo por el cual la Corte Constitucional revivío el debate en torno a la prohibición de aspersión aérea con glifosato por medio de la sentencia T-236 de 2017.

Pero a esta disputa le aguarda un nuevo capítulo, pues el próximo 20 de julio los senadores Guillermo García Realpe (Partido Liberal) y Antonio Sanguino (Alianza Verde) han anunciado un proyecto de ley para prohibir el uso de glifosato en el país, en el marco del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones legislativas.

Para entender el trasfondo que puede tener la reanudación de aspersiones aéreas con glifosato y su impacto a nivel ambiental, social, económico y de salud pública, Pesquisa Javeriana conversó con el ingeniero Gabriel Tobón Quintero, magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, e investigador en políticas públicas y agrarias. El diálogo giró en torno a las alternativas productivas que existen para las comunidades ancladas al conflicto derivado del narcotráfico.

Pesquisa Javeriana: ¿Cuál es el impacto de las fumigaciones aéreas con glifosato?

Gabriel Tobón: Uno podría señalar —y hay suficientes estudios que así lo comprueban— los efectos ambientales sin desconocer los efectos en la salud pública, afectaciones en el sistema respiratorio, la piel o cambios en las mujeres gestantes evidenciados después del parto.

Sin embargo, en cuanto al medio ambiente, puedo decir que la aspersión de glifosato incide principalmente en las especies boscosas, en el follaje de todas las plantas, las aguas subterráneas y los suelos, pues este herbicida tiene un alto poder de residualidad, lo que sugiere que llega a durar en el suelo entre 20 y 30 años, exactamente en la primera capa de la tierra, que es en la que se deposita la materia orgánica (que contiene elementos como el nitrógeno, fósforo y potasio) y se encarga de la fertilidad.

PJ: ¿Tiene en mente algún ejemplo que ilustre los efectos del glifosato?

GT: Desde hace más de 15 años el grupo de investigación en toxicología acuática de la Universidad Nacional ha venido haciendo estudios sobre la toxicidad del glifosato en algunas especies de peces de agua dulce, y ha encontrado que es un herbicida letal para tres especies particularmente: el yamú, bocachico y la cachama blanca porque afecta completamente su sistema nervioso, respiratorio y sus tejidos bronquiales.

PJ: ¿Qué hace que el glifosato sea tóxico?

GT: La agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), lo clasifica con  el II grado de toxicidad, de IV, siendo  el grado I el mayor toxicidad. Ese grado de toxicidad aumenta el grado de concentración con el que se prepara el herbicida; además, por la adicción de otro agroquímico conocido como Cosmo-Flux 411f es mayor la adhesión del glifosato al follaje de las hojas y de todas las plantas que son aspersadas. Así, se duplica y triplica el poder tóxico del herbicida.

Adicionalmente, el glifosato es de amplio espectro, lo que quiere decir que puede afectar cualquier tipo de planta que toque o sobre la cual caiga, por eso su efecto no se manifiesta únicamente sobre la coca, sino también sobre las especies vegetales que están a su alrededor. Por ejemplo, en aquellas parcelas campesinas que tienen cultivos de coca, también resultan afectados los cultivos de plátano, yuca, maíz, los estanques para criar peces, etc.

PJ: ¿Qué alternativas adicionales al glifosato hay para la erradicación de los cultivos de coca?

GT: Existen estrategias incluso más nocivas que el uso de glifosato, como el uso de químicos u hongos, como el Fusarium oxysporum, muy conocido porque produce en las platanciones de banano la enfermedad llamada “mal de Panamá”,  el cual estuvieron intentando aplicar en Colombia. Pero el problema real y al que ha llegado todo aquel que ha estudiado este tema, es que el glifosato no acaba los cultivos de coca, lo que hace es que se produce el efecto balón o efecto mercurio, que consiste en el desplazamiento del cultivo de región en región. Por ejemplo, en 1999 el departamento de Nariño tenía 3.900 hectáreas en cultivos de coca, 15.951 en el 2010  y en el año 2017 alcanzó a tener 45.735 hectáreas de Coca. La dinámica del departamento de Putumayo es parecida, en 1999 Putumayo tenía 58.000 hectáreas, en el 2010 descendió ostensiblemente a 4.785 y de manera alarmante en 2017 subió a 29.589  (datos de UNODC, 2018).

Entonces el fenómeno que opera es la financiación del cultivo en nuevas regiones motivando a que los cultivadores y cosecheros o “raspachines” migren a pesar de la intensificación de las operaciones con glifosato. El cultivo no se termina, sino que se desplaza.

PJ: En ese sentido, ¿qué alternativa o propuesta resulta pertinente?

GT: Una que ha sido poco conocida y poco valorada es la solución integral, en la que se resuelven las necesidades elementales de las personas y se mejoran sustancialmente sus contextos económicos, ambientales y culturales. Es decir, el campesino es un gran aliado de la conservación, pero un campesino sin dinero se vale de los recursos naturales que tiene a su alcance para sobrevivir.

En un alto porcentaje, los campesinos que se vinculan a sembrar coca lo hacen por necesidad económica, porque no encuentran otro tipo de alternativas y porque usualmente esos territorios son completamente desintegrados a los circuitos económicos del país. Entonces, se debe pensar en una ‘solución integral’ que apoye la formación, capacitación y manejo de alternativas, como el manejo sostenible del bosque con cultivos silvopastoriles.

PJ: ¿Algún ejemplo que ilustre la alternativa?

GT: Sí. En el municipio de La Plata, en el Huila, evalué la sustitución de cultivos de amapola por frijol tecnificado. Estaba a más de 2.500 metros en la Cordillera oriental y la gente, como tenía experiencia en el frijol nativo, en el frijol criollo, salió de la crisis que les produjo la fumigación. El programa fue financiado por USAID pero, claro, su rentabilidad también dependía del trabajo local, por eso la comunidad conformó una cooperativa liderada por un asistente técnico que gestionó ante entidades bancarias créditos para cultivar una hectárea de frijol y, una vez alcanzada la rentabilidad, podían ampliarse hasta dos hectáreas más. Lo bueno era que la entidad financiera no les exigía como prenda de garantía la propiedad sobre la tierra.

PJ: ¿Cuál es el rol que asume el Estado en ese sentido? ¿Le brinda alternativas a los campesinos?

GT: Desde los años 90 se está intentando aplicar en el país una política de sustitución de cultivos de hoja de coca, pero hay un alto porcentaje de proyectos que fracasan porque quienes los llevan a las comunidades no analizan el contexto local, ni las condiciones de mercadeo que requiere el cultivo sustituto; en otras ocasiones sucumben por la falta de continuidad y apoyo del Estado o, finalmente, porque la gente no tiene experiencia y conocimiento sobre los nuevos cultivos.

Sin embargo, yo he evaluado algunos programas de sustitución de cultivos cuyos resultados han sido positivos. Por ejemplo, en Rio Blanco, Tolima, evalué uno de sustitución de amapola por café, y claro, el café tiene grandes ventajas en el comercio porque lo compran así sea mojado, entonces el campesino genera ingresos que le permiten sobrevivir.

PJ: ¿Cuál es la responsabilidad de la academia frente al uso del glifosato?

GT: Yo creo que tiene dos responsabilidades: una es en la producción de conocimiento, que se adquiere a través de la investigación en este tema, y en segundo lugar tiene el reto de lograr que ese conocimiento incida en la orientación de las políticas públicas, en este caso en la de lucha contra las drogas.

En mi caso, desarrollé un curso para el pregrado que actualmente se llama ‘Cultivos ilícitos, la ilusión del desarrollo’; cada semestre lo llenamos con 35 estudiantes y el objetivo es mostrarles una interpretación muy distinta a la que tienen por la televisión, la radio o la prensa escrita. Por ejemplo, la historia de la hoja de coca, el uso que los sumerios le daban a la amapola o cómo culturas indígenas latinoamericanas, como los Aimara en Bolivia, la empleaban con fines medicinales y culturales.

PJ: ¿Cómo percibe la respuesta de la opinión pública ante esta situación?

GT: Yo creo que está dividida, especialmente porque lo que se difunde es la noción que tiene el Gobierno de la presencia de los cultivos de coca. Yo no creo que sea muy poco pero tampoco tanto como ellos dicen; por ejemplo, dicen que estamos inundados de coca pero yo les hago estas cuentas a mis estudiantes: el país tiene 55 millones de hectáreas, de las cuales 40 millones se usan en ganadería, 7 de 15 millones posibles en producción de alimentos y sólo 209.000 en hoja de coca, entonces el tema se sobredimensiona con fines políticos.

PJ: ¿Cuál es su percepción de este panorama?

GT: Se ha demostrado desde hace más de 25 años que el glifosato no ha resuelto este problema porque la política que se implementa no ataca las causas de manera integral; es decir, el Gobierno suele desestimar la solución social y cultural que está oculta detrás del cultivo de coca y que radica en que el campesino tiene otras lógicas y otras creencias; no tiene la mentalidad y las ambiciones del narcotraficante, pues su preocupación se centra en resolver los problemas de subsistencia que está enfrentando y en realizar en las condiciones más adversas, su proyecto de vida, que en las zonas cocaleras es altamente precario.