El 13 de julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer un nuevo fallo sobre el litigio territorial entre Nicaragua y Colombia por el caso de San Andrés y Providencia. Desde Países Bajos, la Corte negó las pretensiones de Nicaragua de expandir su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas y cerró el caso.
“La Corte concluye que no puede extenderse la plataforma
Joan Donogue, presidenta de la Corte Internacional de Justicia
continental que se sobreponga sobre otro Estado”
El país centroamericano había demandado con la intención de adicionar 150 millas a su territorio marítimo. Sin embargo, esa petición invadía el lecho del subsuelo colombiano; por ello, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas frenó las pretensiones de Nicaragua. El mapa permanece con las delimitaciones que esa misma Corte fijó en 2012.
La disputa inició en 2001, cuando Nicaragua presentó una demanda contra Colombia alegando la invalidez del Tratado Esguerra Bárcenas de 1928, un acuerdo que explica por qué el archipiélago de San Andrés pertenece a Colombia a pesar de que se encuentra más cerca de la costa nicaragüense.
Desde entonces, la lucha por el territorio no cesó. En 2012 la CIJ determinó que Colombia debía ceder a Nicaragua una porción de mar (75 000 km2) en la cual nuestro país solía tener derechos de explotación económica.
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Rafael Prieto y Fabián Cárdenas, expertos en Derecho Internacional y profesores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, analizaron las repercusiones de este nuevo fallo en el contexto político y social de ambos países a través de una trasmisión en vivo.
Lo primero que aclararon los expertos, tras escuchar a la alta corte, es que es una decisión sobre los derechos económicos y patrimoniales intangibles que allí se pueden explotar. El gobierno nicaragüense ha manifestado en varias ocasiones las intenciones de hacer exploraciones de gas y petróleo en esta zona. Además, resaltó el profesor Prieto, en toda la plataforma continental colombiana es posible encontrar galeones hundidos, o parte de las cargas que estos llevaban y que fueron arrastrados por el movimiento del mar. Así que dicho patrimonio permanece bajo soberanía colombiana.
También, los analistas aclaran que la Corte no definió los límites fronterizos, sino que presentó las normas y derechos sobre los cuales ambos países tendrán que negociar la delimitación. “Todo depende de la identificación de líneas de base, que hoy no existen ni para Colombia ni para Nicaragua. Para poder trazar esas líneas de base, es fundamental la negociación directa entre Colombia y Nicaragua y por eso la diplomacia va a ser fundamental a futuro”, dijo el profesor Cárdenas en entrevista con Pesquisa Javeriana.
Claves para entender el fallo de La Haya
La demanda presentada por Nicaragua singificaba un riesgo para los intereses colombianos. Dos preguntas eran clave para la solución del conflicto. La primera era si existe una norma internacional de costumbre que le reconociera derechos a un estado sobre su plataforma continental cuando se superpone o interfiere con los espacios marítimos de otro país.
Buscaban una norma existente que hubiera resuelto un caso similar y sobre la cual pudieran sustentar su reclamación. Para el profesor Cárdenas aquí está el punto definitivo del fallo. “La respuesta de la Corte fue: no es costumbre, es decir, no hay antecedentes en el derecho internacional, y por ende, no existe norma aplicable para Colombia en este caso”, explicó el experto. “La votación fue de trece votos contra cuatro. Fue una decisión arrolladora”, agregó.
La segunda pregunta era: cuáles serían los criterios de costumbre internacional sobre los cuales podría determinarse el límite de esa plataforma continental. “La sentencia de la Corte fue: si ya respondí que no es costumbre, todas las demás preguntas no es necesario responderlas”, explicó Cárdenas. Así que solamente aclarando que no hay antecedentes juzgados, frenó todas las pretensiones de la demanda.
“Nicaragua no tiene derecho a una zona continental extendida a una base de San Andrés y Providencia. Por estos motivos, la segunda solicitud tampoco se va a validar”,
Joan Donogue, presidenta de la Corte Internacional de Justicia
La Cancillería colombiana, a través de un comunicado, expresó que este es “Un fallo que, con efectos de cosa juzgada, ha determinado rechazar las pretensiones de una supuesta plataforma continental extendida para Nicaragua en detrimento de nuestro territorio. Haberlo logrado habría sido un pésimo antecedente para toda la región. Y de esta manera ha cerrado, de una vez y por todas, una larga disputa entre Colombia y Nicaragua”.
Pero hubo un hecho que sorprendió a los analistas javerianos. “Pensamos que hasta ahí iba la decisión. Pero bajo el mismo argumento, tomó el caso entero, todas las pretensiones que traía Nicaragua desde el 2012, y las descartó una a una”, sostuvo Prieto.
Siguiente paso para Colombia: robustecer la política jurídica exterior
Por ahora los expertos son prudentes con sus declaraciones. Afirman que en estos casos hay que leer muy bien los detalles del fallo para conocer a fondo los alcances de la decisión. Pero que sin duda, es un triunfo para Colombia y para los equipos que participaron en el proceso.
Justamente, a la cabeza de la delegación colombiana, estaban dos abogados javerianos. Eduardo Valencia Ospina y la exdecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas Carolina Olarte. “Es una feliz coincidencia, pero haberlos puesto allí fue una excelente decisión. Por sus capacidades técnicas jurídicas, por su trayectoria profesional, porque son verdaderos expertos en este campo jurídico, podían llevar a cabo un trabajo muy complejo”, dijo Cárdenas.
Además, expresó que es necesario que el país tenga una política jurídica exterior robusta. Y que este caso demuestra que son los expertos en derecho internacional quienes deben liderar los procesos de la nación ante la Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, juicios de arbitrajes e inversiones.
Los profesores javerianos terminaron la trasmisión haciendo un llamado a la calma y la moderación, especialmente al gobierno, frente a declaraciones sobre usar todo el poder del estado, o mencionando a las fuerzas militares sobre cuestiones que el derecho puede resolver.
