Los mares de Colombia se encuentran en una encrucijada. Por un lado, albergan una biodiversidad exuberante, con miles de especies de peces, corales, moluscos, crustáceos, mamíferos y otra cantidad de seres asombrosos que, al enumerarlos, excederían con creces las mil y tantas palabras de un artículo promedio como este. Por el otro, de esta abundancia depende un número aún mayor de seres humanos, para quienes la pesca es tanto su sustento económico como su fuente principal de alimentos.
Ese balance, entre la conservación de la biodiversidad marina y el bienestar de las comunidades que viven de la pesca, es una de las áreas de estudio de Fabio Gómez, docente del Departamento de Biología de la Pontificia Universidad Javeriana, quien en 2022 participó en una investigación acerca de la gestión política de uno de dos de los grupos de peces más vulnerables del océano: los tiburones y las rayas
Tiburones y rayas ¿Recursos pesqueros o biológicos?
A pesar de sus formas dispares, este grupo tiene mucho en común. Sus esqueletos no están hechos de hueso, sino de cartílago, y sus dientes son capaces de reemplazarse constantemente a lo largo de sus vidas. Sin embargo, su vulnerabilidad viene de sus ciclos de vida, pues tienden a tener un crecimiento lento, menos crías y alcanzan la madurez sexual mucho después que la mayoría de peces.
Debido a esto, desde la década de 1990 se han realizado distintos esfuerzos para controlar su pesca en Colombia, como la prohibición del aleteo (la práctica de quitarle las aletas a un tiburón vivo y devolverlo al agua), la elaboración de un libro compilatorio sobre el estado de estos grupos en el país, y la implementación en 2019 de cuotas de pesca que limiten el número de individuos que pueden ser capturados accidentalmente.
No obstante, durante todo este tiempo, habían sido considerados recursos pesqueros, y eran consumidos y comercializados por las comunidades costeras. “En el 2019 empezamos a ver que la pesca de tiburón se establece como una actividad productiva prohibida, pero que se reconoce que hay una captura que no se puede neutralizar. Ese es el problema de tratar de definir si deberían ser un recurso pesquero o no. Tú puedes regular la pesca hasta cierto punto, pero no puedes evitar que pasen cosas no deseadas como la captura de hembras preñadas o de especies en peligro de extinción”, explica el profesor Gómez.
Colombia tenía unas cuotas de pesca del 35 % para las costas y el 5 % para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lo que quiere decir que las capturas de tiburones y rayas que no excedieran estos porcentajes en el peso total de un cargamento pesquero eran consideradas incidentales.
A pesar de esto, la decisión de implementarlas causó controversia en el marco del estallido social de finales de 2019. “Todo el mundo salió a protestarle al gobierno, diciendo que cómo era posible que estuvieran permitiendo la caza de tiburones. Entonces eso generó que finalmente el presidente Duque en este momento dijera: `OK, entonces queda completamente prohibida la pesca de tiburones´”, añade Gómez.
Esto resultó en la creación del decreto 281 de 2021, donde los tiburones, rayas y quimeras son declarados como “recursos hidrobiológicos”, y ya no se permite su captura y comercialización por ningún motivo. Para el profesor, esta medida es, cuanto menos, poco realista. “la interpretación del gobierno fue muy equivocada porque es imposible pensar que se puede prohibir una actividad como esta y, principalmente, la captura incidental. Porque lo primero que va a pasar cuando se hace la prohibición, es que se promueven mercados negros”, expresa.
Además, afirma que la prohibición ha sido un obstáculo para su trabajo como científico. “Nosotros también empezamos a tener problemas, porque ya no podíamos ir a campo a trabajar con pescadores para capturar tiburones y hacer nuestras investigaciones. Se empezó a generar un vacío aún más grande de información.”
Las consecuencias de la prohibición
A partir de la historia política de las rayas y tiburones en Colombia y los datos de pesca disponibles para cada especie, el profesor Gómez, junto a un grupo de investigadores de distintas universidades, institutos y fundaciones, evaluó la viabilidad de la normativa actual como mecanismo de protección para estos peces.
En primer lugar, critica la eliminación de las cuotas de capturas incidentales de la pesca, ya que es casi imposible lograr que no caigan tiburones en las redes. “El tiburón en ninguna comunidad es parte de la soberanía alimentaria. Este ha sido un recurso opcional cuando la pesca no está buena, pero no son especies objetivo como la langosta, por ejemplo. Son principalmente incidentales”, sostiene el profesor Gómez.
Por otro lado, Colombia no cuenta con la capacidad de hacer cumplir la norma o para recopilar los datos necesarios para tomar decisiones. “Uno de los problemas más graves que tenemos en el país es la baja capacidad económica y logística que tiene el Gobierno y los entes administrativos de vigilar, controlar y regular. No siempre pueden poner una persona en cada una de las localidades donde hay pesquería, entonces hay que buscar otras estrategias un poco más integrales de participación con la academia y las instituciones investigativas, que permitan la recopilación de esa información de manera ordenada”, continúa.
También, para el profesor, la falta de recursos es transversal en todos los aspectos de la gestión de estos peces. “Lo que nosotros necesitamos es incrementar la capacidad de regulación y eso se hace con más personal, más recursos y más investigación. Necesitamos que el país empiece a invertir mucho más en la investigación de este recurso, pero creo que es un tema que no es tan prioritario en las agendas gubernamentales.”
Los tiburones y las rayas son pruebas vivientes de la riqueza de nuestros mares. Cumplen un rol esencial en sus cadenas alimenticias y su sola presencia es un indicador del buen estado de los ecosistemas subacuáticos. Pero sus necesidades, al igual que las de las personas que conviven con ellos, se están pasando por alto. “Colombia tiende a estar de espaldas al océano, aunque tengamos dos. Entonces cada vez tenemos menos recursos invertidos, hay mayores recortes presupuestales para las instituciones que hacen investigación, y esto afecta la posibilidad de tomar decisiones fundamentadas con datos para la conservación. Necesitamos una mirada un poco más positiva hacia los océanos”, concluye.
