Protestas no violentas: ni pasividad ni tibieza

Protestas no violentas: ni pasividad ni tibieza

Que las grandes revoluciones se conquistaron con mecanismos de protesta violenta, es cierto. No se podría hablar de Revolución francesa sin la toma de la Bastilla ni de Independencia en Colombia sin la campaña libertadora que implicó cientos de confrontaciones.

“Uno siempre se imagina que los grandes cambios se derivan de revoluciones y, ¡Por supuesto!, por eso son revoluciones, pero si uno mira la historia como un proceso de larga duración, ni la abolición de la esclavitud ni el voto femenino se consiguieron con una revolución, y muchas de esas protestas no fueron violentas”, explica Carolina Cepeda, quien ha trabajado en temas de movimientos sociales, es politóloga de la Universidad Nacional con maestría y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, y es profesora de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

“Pero que sean no violentas no significa que funcionen como les gustaría a muchas personas en Colombia: que se realicen el sábado a las 6 p.m. en un andén. Una protesta no violenta es lo que vimos en el 2016 a favor del acuerdo de paz, no hubo confrontación con la policía, no se rompieron vidrios y fue masiva. Mucha gente, que seguramente se habría ido a la primera piedra lanzada, a la primera papa bomba que sonara, se manifestó, ¿y qué se logró? No se revirtió el resultado del plebiscito, pero se pudo acompañar el proceso de paz, el poscauerdo y demás”, añade.

La idea de la “no violencia” es un concepto al que la politóloga estadounidense Erica Chenoweth le ha dedicado gran parte de sus investigaciones más recientes. Chenoweth la define como “una forma de conflicto activo donde los civiles desarmados utilizan una variedad de tácticas no violentas – como huelgas y protestas – para lograr un cambio político sin usar la violencia o amenazar con usar la violencia física contra un oponente”. Así lo explica en una conferencia en la que habló de su libro Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict, publicado junto a la también politóloga María Stephan.

A largo plazo es más efectiva la protesta sin violencia

En su libro, Chenoweth y Stephan analizaron más de 300 campañas violentas y no violentas entre 1900 y 2006, y encontraron que el 26 % de las protestas con violencia fueron exitosas, mientras que las no violentas alcanzaron el 53 %. Las manifestaciones analizadas tenían como objetivos cambiar un régimen, pronunciarse en contra de la ocupación internacional y la secesión (separatismo). Además, las politólogas solo tuvieron en cuenta aquellos eventos que convocaran a por lo menos mil personas.

En la conferencia mencionada, Chenoweth explica que puede suceder que las manifestaciones analizadas en algún momento tuvieran un componente violento, sin embargo, “puedes ver una serie de huelgas que duran seis meses con miles de personas participando y luego hay un grupo que hace explotar las cosas. Si la violencia no se convierte en el modo principal del enjuiciamiento de conflictos, sigo contando eso como una campaña no violenta”, explica la politóloga estadounidense.

Cuando hay una inconformidad que convoca a la gente en las calles, permanece latente la posibilidad de un enfrentamiento, ya sea porque un grupo de los manifestantes recurrió a la violencia o como respuesta al control policial.

“Que la policía llegue y tire gases no vuelve la manifestación violenta por sí misma, que haya cinco o seis personas o un grupo que quiere romper todo, no vuelve la manifestación violenta por naturaleza; y el hecho de que la manifestación sea pacífica no quiere decir que sea estéril, que no afecte a nadie, porque la esencia de la manifestación es que genere caos, que incomode”, explica Carolina Cepeda.

No violencia

¿Qué es ser violento?

Para la profesora javeriana puede que el término de lo que significa ser violento no tenga mucho consenso. “Para muchas personas salir a cortar una calle puede ser un acto violento, para otras lo es pintar un grafiti y romper los vidrios de un banco, pero para otros puede no serlo”, incluso, Cepeda menciona que puede que haya más puntos en común sobre lo que no es violento, como hacer un plantón, “pero igual alguien puede interpretarlo como violento en la medida en que debe pasar para llegar a su trabajo y siente que está siendo violentado por los manifestantes”.

Cuando una manifestación violenta triunfa (entendiendo la violencia como la base de la protesta y logrando el objetivo propuesto) “a largo plazo no es tan exitoso”, explican en su libro las politólogas Chenoweth y Stephan.

“Los peores resultados a largo plazo tienden a provenir de revoluciones violentas exitosas, pues brindan las peores perspectivas en promedio para la democracia. Esto se ha explicado al observar que la violencia exitosa lleva al poder a personas que saben cómo usar la violencia pero que no son tan buenas para resolver problemas sin violencia”.

Las expertas concluyeron que “la violencia, esencialmente, no tiene impacto en la democratización. La no violencia construye la democracia, mientras que la violencia perpetúa la tiranía, en promedio, a largo plazo”.

La masividad: la clave del éxito de una protesta no violenta

“Chenoweth habla de la cifra mágica del 3.5 %”, explica Carolina Cepeda. Este número hace referencia a que cuando al menos ese porcentaje de la población se une a la manifestación, tiene más posibilidades de ser exitosa. “Cuando más gente se siente llamada a salir-y creo que eso se sintió en el 2019 en Colombia y se siente ahorita-, va creciendo el número de manifestantes y la protesta se calma”.

La razón para que esto suceda, según Cepeda, es que “cuando se logra movilizar hasta el 3.5 % de la población, la policía ya no sabe si ahí está su vecino, su amigo, si hay gente muy cercana y tiene miedo de usar la fuerza desmedida; eso los desincentiva en el uso de la fuerza y en la medida en que el Estado deje de ejercerla, eso hace que más gente se sume, lo que produce cambios en la percepción de la que ya no se dan de forma abrupta en confrontación con el Estado, sino que hay una aplicación del consenso a nivel social. Entre más gente sale, más gente comparte la demanda y la respuesta del Estado tiene que ser de largo plazo para satisfacer a la mayor cantidad de manifestantes posibles”.

Protestas sin violencia

¿Qué acciones son no violentas?

Carolina Cepeda pone sobre la mesa las movilizaciones en favor del aborto legal y seguro en Argentina y que llegó a encontrar eco en diferentes países de Latinoamérica. “Comenzaron a crecer desde hace tres o cuatro años, convocaron más gente y se ejerció una presión grande en el Congreso para que se votara en favor de la protesta”.

Otro gran ejemplo fue lo que se conoció como la Revolución de las rosas, en Georgia, cuando en 2003 y después de más de 20 días de protestas, un grupo de manifestantes que buscaban derrocar al presidente Eduard Shevardnadze, quien estaba envuelto en escándalos de corrupción, irrumpió en el parlamento llevando rosas en sus manos. Esto conllevó a su renuncia y a convocar nuevas elecciones.

Aunque en el caso de Georgia fue clave que las fuerzas de seguridad no respondieron con violencia, lo que facilitó una protesta democrática no violenta, consiguieron un gran cambio en su estructura política, pues con las elecciones presidenciales y de parlamento, el país comenzó a vivir un renacer de la mano de una relación más abierta con Occidente.

Protestas en Colombia

¿Funciona protestar con memes, hashtags y likes en redes sociales?

“Siempre fui escéptica, me alineé con la corriente de Charles Tilly, quien decía que era un repertorio más, pues los movimientos sociales siempre han usado lo que tienen a la mano, la imprenta, la radio y en este caso el internet, pero sí he visto un cambio importante y todos hablan de la seguridad que trajeron las redes para grabar y transmitir lo que pasa. Esto no ocurría en los 70 y no había tanta conciencia de la brutalidad policial, por ejemplo”, explica Cepeda.

Para la politóloga, lo que está ocurriendo con hashtags como #SOSCOLOMBIA y la tendencia de poner la foto de la bandera de Colombia al revés en el perfil personal de diferentes redes sociales, puede que se vea como algo intrascendente, pero no lo es del todo, incluso, puede ser una forma de protesta no violenta.

“Que un ciudadano común y corriente que entre a Instagram y empiece a ver que todos escriben #SOSColombia, lo motiva a hacerse preguntas, dice: ¿por qué está pasando esto? Y en la misma medida, busca respuestas. Supongamos que no veo noticias, pero si entro a redes sociales y me entero de esto, de alguna manera cambia la percepción acerca de ciertos temas, que busquen información es valioso”.

Por otro lado, Cepeda apunta que “la movilización social no solamente está orientada a objetivos de corto plazo, sino que busca cosas a largo aliento y es lo que estamos viviendo, y ese tipo de acciones que uno desdeña porque parece que lo que realmente vale es ir y estar en la primera línea contra el ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios), puede aportar bastante. Que pasen esas cosas vía internet poco a poco va cambiando mentalidades y ahora vemos el resultado de todo eso, de difundir las cosas, de ejercer resistencia en niveles más sutiles”.

La no violencia no es indiferencia

En los días más recientes de las manifestaciones en Colombia fue común ver tanto la brutalidad del control policial con marchantes pacíficos, como los ataques en grupo hacia los policías, incluso, circuló un video en el que se ve cómo algunas personas queman un CAI en el que se encuentran policías adentro.

Por esas (y muchas más) razones, es común que algunos ciudadanos no se sientan representados en quienes ejercen la violencia para protestar. Entonces surgen iniciativas como bailes, conciertos, performances artísticos y hasta besatones, a las que muchos considerarían como formas poco efectivas de comunicar una inconformidad, pero como lo señalaron en sus investigaciones las politólogas Chenoweth y Stephan, las manifestaciones no violentas pueden lograr su objetivo.

“La no violencia no es sinónimo de pasividad. Tampoco es ser tibio”, opina Carolina Cepeda. “Si hay algo que es difícil en la vida es jugársela por esas opciones pacifistas. Esto no es ser indiferente, es tener unas ideas muy claras con respecto a los límites y fines que se pueden tener como ciudadano. Es leer al contrario como un antagonista y no en clave de enemigo, por eso el uso de la violencia no es una opción”.

La politóloga argumenta que “para muchos grupos y manifestantes, el ´otro´ es un interlocutor que sigue siendo válido y con el que se quiere un diálogo. El uso de la no violencia no es sinónimo de tibieza o indiferencia y requiere de mucha fortaleza. Puede llevarse por un camino que alcanzaría el éxito, es quizás más largo y arduo, sí, pero más exitoso que la confrontación inmediata”, concluye.

¿En qué se ha gastado el dinero de la pandemia?

¿En qué se ha gastado el dinero de la pandemia?

Con el propósito de hacer frente a la actual emergencia sanitaria y proporcionar alivios económicos a las entidades territoriales que reciben fondos del Presupuesto General de la Nación, el pasado 23 de marzo del 2020 el Gobierno nacional creó el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME. Se trata de un fondo estatal que proporciona liquidez a la Nación, al sector financiero, y a empresas privadas, públicas o mixtas durante la pandemia  causada por la Covid-19, mediante el recaudo de recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet), y el Presupuesto General de la Nación.

No obstante, a la fecha, el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) ha recibido cerca de 25,5 billones de pesos, de los cuales solo ha gastado el 29% en los sectores salud, transferencia a programas sociales y subsidios a la nómina, entre otros. Por eso, entender las decisiones que ha tomado el Gobierno en relación con el desembolso de los recursos públicos destinados a la atención a la emergencia del Covid-19 y poner la lupa sobre sus declaraciones del “déficit fiscal” que conduciría a una posible reforma tributaria en el 2021, ha sido un asunto de particular interés para el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.

De ahí que, en junio del 2020, esta entidad publicara el informe La transparencia en el uso de los recursos para atender la emergencia; documento que presenta una revisión exhaustiva a los datos entregados a la sociedad por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de comprender en qué se ha gastado la plata recaudada por el Gobierno nacional durante la pandemia. Pesquisa Javeriana conversó con Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal, acerca las decisiones tomadas por el Estado en materia económica, las implicaciones sociales y sectoriales de estas decisiones y la reforma tributaria que se avecina, producto del actual hueco fiscal.

 

¿Se volvió viral la clase media?

¿Se volvió viral la clase media?

Cada vez más los colombianos tienen acceso a bienes y servicios que solían estar reserva- dos para unos pocos. Si antes esto no ocurría y ahora sí, ¿eso qué quiere decir?”, se preguntaron dos investigadores javerianos. “Uno, que ha habido movilidad social. Dos, que la clase media ha crecido y que la proporción de los pobres ha disminuido. Esas son las buenas noticias”, afirma la socióloga Consuelo Uribe Mallarino. “La mala”, continúa el economista Jaime Ramírez Mo- reno, “es que el crecimiento de la clase media se puede perder si las condiciones que les ayudaron a ascender no se mantienen”. Y, en el medio, ambos constatan que si no hubiera tanta desigualdad en el país, la clase media hubiera crecido aún más.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mientras que en 2002 el 50 % de la población era pobre y el 16 % pertenecía a la clase media, en 2017 el porcentaje de los pobres descendió casi a la mitad (27 %), y la clase media subió casi al doble (31 %). Los investigadores javerianos parten de esta cifra, pero quieren llegar más allá. Quieren saber cómo son los que han llegado allí, cuál es la trayectoria de la gente cuyos padres no eran de clase media y que ahora puede acceder a educación universitaria o tener conectividad en sus casas o en sus teléfonos móviles, y cuáles son sus prácticas de consumo y las ideas políticas que van asociadas a ese mayor poder de compra.

“Notábamos que la clase media crecía y queríamos saber de dónde venían los que estaban llegando”, dice Uribe Mallarino, “por eso uno de nuestros artículos se llama ‘De cómo llegamos aquí’”. Desde 2005, Uribe se ha dedicado a estudiar la movilidad social. En sus primeros análisis sobre la estratificación socioeconómica en Bogotá, encontró que aunque son parte de una política pública de tarifación ―que se aplica a los servicios públicos―, los estratos socioeconómicos han contribuido a la segregación socioespacial de Bogotá y, peor aún, “hemos trasladado los estratos a la manera como nos relacionamos entre nosotros, con efectos sobre las representaciones de las diferencias sociales, de manera que se estratifican los colegios, el hablado, hasta los centros comerciales, todo lo cual afecta la mezcla social”, explica.

Cuando se alió con el profesor Ramírez, su mirada se concentró en la evolución de la clase media. “Si tu suerte está demasiado atada a tu hogar de nacimiento, no hay movilidad, no hay oportunidad de ascender; está definido que la suerte de tus padres será la suerte tuya”, explica Uribe. Y así, identifican- do las probabilidades de movilidad, es posible establecer la situación de desigualdad de una sociedad, complementa.

Aunque en Colombia existe la tendencia a confundir clases y estratos sociales, los investigadores se centraron en las primeras, definidas como un grupo de personas con un conjunto de características e interrelaciones a partir de la autoidentificación.

Con base en narrativas logradas en grupos focales y entrevistas, lograron construir las características de quienes se consideran de clase media: han tenido más oportunidades en la vida que sus padres, así como más posibilidades de acceder a la educación ―y a una educación de buena calidad―; han tenido buen entrenamiento para conseguir mejores empleos en posiciones administrativas o de coordinación, lo cual les ha dado una mejor remuneración; y se autodefinen como perseverantes, emprendedores, éticos y consagrados a sus trabajos. Pero también se consideran vulnerables, por el desempleo y la inestabilidad laboral. Y se quejan de que no hay nada para ellos de parte del Estado: ni subsidios ni bonos, solo más impuestos. Cada reforma tributaria parece estar destinada a afectarlos más.

Su llegada a este nivel no ha sido gratuita. Responde a esfuerzos de sus padres, que sacrifican sus vidas por brindarles mejores oportunidades. Para los miembros de la clase media, la educación es una inversión a futuro. “Observamos que en ocasiones, en familias de varios hijos, la movilidad se había dado gracias a que el hermano mayor no estudia, sino que trabaja para pagarles la educación a sus hermanos menores, y ellos son los que hacen la movilidad”, explica la coinvestigadora Liany Katerin Ariza Ruiz. Esto indica otra característica: la solidaridad intrafamiliar que se conjuga con el sacrificio de las personas.

La educación es un componente fundamental para la movilización social: promueve la transición de los hijos de familias pobres hacia la clase media.

Los investigadores señalan que el nivel educativo, la ocupación, los ingresos que esta procura, las políticas públicas de contexto y las características de las familias de origen son los elementos que pueden explicar la conformación de clases en Colombia. Lo que intriga es por qué, si parte de la población pobre ha ascendido a clase media ―lo que significa acceso a créditos, mejores ofertas en educación, colegios bilingües, consumo de ropa de marca, computadores o celulares―, lo hace en medio de una alta concentración del ingreso.

La perspectiva de movilidad social ayuda a explicar esta paradoja, porque permite observar la desigualdad en un periodo más largo que una sola generación, sostienen los investigadores en uno de sus artículos publicados en una revista científica. Ha habido mejoras en la concentración del ingreso, pero estas han sido más lentas y menores que en otros países de América Latina, aunque con impacto en las nuevas generaciones.

En este sentido, el seguimiento de la movilidad social debe insertarse en las políticas públicas que se preocupan por la desigual- dad social. Al respecto, varios analistas de las clases sociales afirman que una clase media fuerte incide en un gobierno más responsable y en un mayor crecimiento económico. “La expansión de la clase media en Colombia es un hecho, al tiempo que el país, al igual que otros en la región, ingresa al grupo de naciones con ingresos medios”, continúan los investigadores. Si bien hay un progreso, son necesarios mayores esfuerzos para disminuir la concentración del ingreso en el país y mejorar las oportunidades a través de la política social. Los investigadores también proponen volver al análisis de clases socia- les para examinar la desigualdad social. “No unas clases en conflicto, en guerra, sino una manera de ver los conglomerados sociales como poseedores de distintos niveles de capital económico, social, cultural y relacional”, explica Uribe. “Las clases se forman en las interrelaciones entre ellas, el destino de unas prefigura la suerte de las otras, en relaciones de poder, y no como en el tema de la estratificación, en donde pareciera que cada una va por su lado”, complementa Ramírez.

“Lo chévere de la investigación”, concluye Uribe, “fue la construcción entre varias disciplinas que hicimos del tema: sociología, economía y antropología trabajaron juntas en una problemática de alta relevancia. Y, en este caso, esta construcción nos ayudó a descubrir que pertenecer a la clase media es una condición frágil, como pequeñas islas en un mar de desigualdades”.


Para leer más
Uribe Mallarino, C. y Ramírez Moreno, J. (2019). Clase media y movilidad social en Colombia. Revista Colom- biana de Sociología. 42(2). 229-255. doi.org/10.15446/ rcs.v42n2.50749

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
La expansión de la clase media colombiana como expresión de movilidad social

INVESTIGADORES PRINCIPALES:
Consuelo Uribe Mallarino y Jaime Ramírez Moreno

COINVESTIGADORA:
Liany Katerin Ariza
Instituto de Salud Pública
Facultad de Ciencias Sociales
Instituto de Salud Pública y Departamento de Sociología Grupo de investigación Política Social y Desarrollo y grupo de investigación Gerencia y Políticas en Salud

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN:
2015-2018

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Impuestos al capital en la era de la robotización

Impuestos al capital en la era de la robotización

 

Por años, economistas de todo el mundo han defendido la idea de que no es necesario ponerle un impuesto al capital. Es decir, si usted es dueño de una empresa, no tendría por qué contribuir monetariamente al Estado por sus activos (maquinarias, instalaciones, materias primas, trabajo, entre otros). Sin embargo, investigaciones recientes sobre el tema, han demostrado que en algunos casos podría ser apropiado, tal y como lo afirmó el profesor Iván Werning, durante su visita con motivo del evento de lanzamiento del programa de doctorado en economía de la Pontificia Universidad Javeriana.

Para comprender este argumento, Werning, quien es reconocido como uno de los economistas jóvenes más influyentes en el escenario mundial, según la revista The Economist, señaló la diferencia entre los conceptos capital y trabajo. Si los impuestos a los ingresos laborales son comunes, ¿por qué debería ser diferente con los derivados del rendimiento del capital? Por un lado, los impuestos a los ingresos juegan un rol redistributivo más directo, lo que ayudaría a mejorar la distribución de los ingresos. Por otro, la acumulación de capital proviene de ahorros e inversiones pasados. Impuestos al capital podrían generar distorsiones indeseadas que afecten negativamente al crecimiento de la economía. En estos argumentos se escudaban los economistas que recomendaban no gravar al capital, pero sí a los ingresos laborales.

Sin embargo, hay razones para reconsiderar este antiguo consenso. Si la consolidación de las firmas más exitosas se debe al esfuerzo y trabajo de los empresarios, entonces el valor de estas empresas proviene del fruto del trabajo y, como tal, debería ser gravado como los demás salarios.

Otro argumento a favor de los impuestos al capital es que, al ser utilizados para evitar que la riqueza de un país termine concentrada en pocas manos, pueden contribuir a que por la vía democrática no ascienda al poder algún gobierno con la bandera de expropiar las grandes fortunas. Esto sería aún peor para los incentivos al ahorro y al emprendimiento.

“La propuesta que estamos escuchando en los países de Latinoamérica es ponerle impuestos a la riqueza, en algunos casos hasta el 6% del patrimonio. Si no tuviéramos ningún impuesto al capital, la desigualdad en la riqueza sería muy grande e incluso crecería en el futuro”, afirmó Werning.

Iván Werning
Iván Werning. Impuestos en tiempos modernos: robots, riqueza y comercio

Impuestos a los robots

Por su parte, la utilización de robots en el proceso productivo de las empresas modernas es una forma de progreso tecnológico al que se enfrentan las economías de hoy. ¿Son bienvenidas estas tecnologías a pesar de realizar las tareas tradicionalmente a cargo de los trabajadores? ¿Deberían ser reguladas? ¿De qué forma? Los resultados de las investigaciones más recientes del profesor Werning son concluyentes en afirmar que las sociedades deberían abrazar las nuevas tecnologías, y que su efecto sobre la distribución del ingreso puede ser contrarrestado con un sistema óptimo de impuestos sobre las empresas que se beneficien de ellas. Argumentos similares pueden ser aplicados a la regulación del comercio internacional frente a la globalización.

Cabe mencionar que la participación de Werning en el lanzamiento del Doctorado en Economía busca incentivar en los candidatos a este programa el poder abordar durante el desarrollo de sus agendas de investigación, este y otros temas de relevancia social. Al respecto, el profesor Werning lamenta la escasez de doctorados en América Latina “…porque hay muchas preguntas de investigación que son particulares a los países, a sus instituciones y a su situación […] Muchas veces se ha dicho que es muy difícil competir con el resto del mundo, pero no hay que quedarse con la idea de que hay que competir en la misma dimensión, en el mismo margen; hay otras dimensiones donde los posgrados locales pueden agregar valor”, concluye.

Para conocer más remas relacionados con el impuesto al capital y la economía colombiana, lo invitamos a visitar los siguientes artículos:

La reforma tributaria que no se vio

¿Cómo va la economía en el contexto global?

Un año con Iván Duque

¿Qué es la clase media en Colombia?

Del salario mínimo y la Ley de Financiamiento

La reforma tributaria que no se vio

La reforma tributaria que no se vio

El encuentro comenzaría hacia la hora del almuerzo. Uno a uno, fueron llegando a la Pontificia Universidad Javeriana; uno a uno recorrieron los pasillos y subieron por el ascensor; uno a uno fueron recibidos por César Ferrari, doctor en Economía y profesor de política económica, entre otras materias, quien los condujo al sitio de reunión. Tras los saludos y las anécdotas de rigor, y alguno que otro bocado, los asistentes entraron en materia. Así comenzaba, hacia finales del primer trimestre de 2015, su reunión para arreglar la economía colombiana.

“Empezábamos discutiendo los temas, la perspectiva global y las opiniones que teníamos al respecto, y lo que pensábamos que debería generarse como objetivo de una reforma tributaria, y luego más adelante una del gasto público”, recuerda Ferrari. Aquellas discusiones eran variadas, profundas; no se centraban en una sola definición. El grupo comenzó a llamarse a sí mismo Comisión Académica Fiscal, debido a los orígenes de sus miembros: economistas, abogados y contadores, todos afiliados a universidades como la Javeriana, la Nacional, el Externado y la Escuela Colombiana de Ingeniería.

Tras alcanzar algunos acuerdos básicos, regresaban a su cotidianidad, se sentaban frente al computador y redactaban propuestas que contemplaban las políticas económica y tributaria, y el sistema financiero colombiano, entre otros aspectos. Todo terminaba en el correo electrónico de Ferrari, quien compiló, editó y ordenó las propuestas en un documento. Días después todo el grupo se reunía, discutía los avances y sumaba nuevas propuestas, que el editor organizaba.

Aquel documento sería la voz de la academia ante un tema sensible: la reforma tributaria. A comienzos de 2015, al anunciar su intención de mejorar el recaudo de impuestos, el presidente Juan Manuel Santos había convocado a una comisión de expertos para analizar el estado de la economía colombiana y recomendar la mejor reforma posible.

“Cuando salió esa noticia, me pareció sumamente importante que la universidad, independientemente del Gobierno, planteara su propia propuesta de reforma tributaria”, dice Ferrari, idea que encontró el apoyo de Gonzalo Hernández, entonces director del Departamento de Economía en la Javeriana, y de otros profesionales con saberes específicos: “Los sabios se murieron en la Grecia antigua, o en el Renacimiento… Hoy nadie sabe todo, por eso la importancia de rodearnos de gente con otras visiones sobre el mismo tema tratando de construir una percepción compleja”.

Y nada tan complejo en Colombia como los impuestos. Desde sus inicios, la estructura tributaria del país ha garantizado exenciones a ciertos sectores, con la idea de incentivarlos, creando, en últimas, un desequilibrio estructural. Por eso hoy se cuenta con impuestos indirectos (como el IVA) y directos (como el de renta), pero no son suficientes para que el Estado reúna todo el dinero necesario para cubrir sus gastos: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras en 2014 Colombia recaudaba en impuestos el 20,3 % de su producto interno bruto (PIB), el promedio de América Latina se situaba en el 21,7 % y el del primer mundo, en 34,4 %.

¿De dónde viene este problema? De múltiples fuentes. Por ejemplo, en los años ochenta se estableció que el impuesto a la renta lo pagarían las empresas y no los empresarios, imponiendo unas tasas que les resta competitividad, sin mencionar que se dejan de recabar grandes sumas porque no se gravan apropiadamente las grandes fortunas. Otro inconveniente es mantener impuestos antitécnicos, como el que grava las transacciones financieras (el conocido cuatro por mil), que aún está vigente a pesar de los permanentes anuncios sobre su eliminación.

La propuesta académica

Todo esto fue discutido en los almuerzos y consignado más tarde en el documento final, en el cual los académicos propusieron, entre otros puntos, tener una estructura de impuestos sencilla y transparente, eliminar múltiples beneficios, gravar las fortunas personales de acuerdo con el nivel de ingresos (que quien más gane o más dividendos reciba, pague más), eliminar las cargas que socavan el crecimiento de las empresas y, teniendo en cuenta los compromisos derivados del Acuerdo de Paz con las Farc, invertir en infraestructuras públicas (como carreteras) para fortalecer las economías regionales y consolidar el crecimiento en todo el país.

Sobre el papel, esta propuesta concebida desde la academia tiene efectos claros. “Como les dejamos más recursos a las empresas, siempre y cuando la estructura tributaria no incentive a distribuirlos, ellas pueden invertir más y por eso la economía puede crecer mejor; pero además, como reducimos el IVA, las personas disponen de mayor ingreso y eso mejora la distribución”, explica Ferrari. Gracias a su experiencia como gerente del Banco Central del Perú y como asesor económico del Fondo Monetario Internacional en los bancos centrales de Angola y Guinea-Bissau, Ferrari proyectó la evolución que se generaría a 2020 en el país: $ 12,2 billones adicionales recaudados en impuestos, una reducción progresiva del déficit fiscal (el hueco generado por los escasos ingresos frente a los gastos que hay que cubrir) y un crecimiento consistente del PIB del 4,09 % (partiendo de los precios de 2010).

Pero este trabajo no tuvo eco alguno. Hacia finales de 2015, la comisión convocada por el Gobierno entregó su informe final y sus propuestas, con las que se conformó la reforma tributaria sancionada en 2016, la cual elevó el IVA y gravó algunos productos que no lo incluían, disminuyó os porcentajes a cargo de las empresas, mantuvo el cuatro por mil y, entre otras medidas, amplió la base de quienes deben declarar renta.

Por la misma época, el documento final de los académicos quedó listo y fue publicado en revistas científicas, pero nadie en el Gobierno, a excepción de uno que otro asesor, revisó sus propuestas. Lo que sí continuó para la Comisión Académica Fiscal fue la costumbre de hablar del país a la hora del almuerzo: empezaron a trabajar en un nuevo documento con recomendaciones sobre el gasto público, que se editó en 2018, y, más adelante, gestaron otro ―hoy en proceso de publicación― sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. De ese ejercicio también nació el Observatorio Fiscal de la Javeriana, para analizar y hacerles seguimiento a cuestiones más concretas, y compilar sistemática y ordenadamente la información fiscal del país.

Claro que en esa misma época hubo cambio de Gobierno e Iván Duque impulsó una nueva reforma, bajo el nombre de Ley de Financiamiento, debido a las repetidas quejas en lo tocante a que el dinero no es suficiente para tapar el hueco fiscal. Para los académicos, se trata de un guion ya conocido sin un resultado claro, pues esa es la decimosexta reforma introducida en Colombia desde 1980 para resolver un problema que, parece, está destinado a crecer.

Esas 16 propuestas, dice Ferrari, están construidas bajo la misma mirada: “Son peleas que tienen que ver con percepciones aparentemente distintas, pero, en términos económicos, similares, construidas con la misma lógica”.

Para leer más:

  • J. A. Ocampo (comp.), Historia económica de Colombia, Bogotá, Planeta, Fedesarrollo, 2007.
  • J. Espitia, C. Ferrari et al., El gasto público en Colombia: reflexiones y propuestas. Revista de Economía Institucional, 21(40), 2019, 291-326

 

 


 

TÍTULO DE LAS INVESTIGACIONES: Sobre la reforma tributaria estructural que se requiere en Colombia: reflexiones y propuestas El gasto público en Colombia: reflexiones y propuestas.
INVESTIGADORES ASOCIADOS: Jorge Espitia, César Ferrari, Gonzalo Hernández, Isidro Hernández, Jorge Iván González, Luis Carlos Reyes, Carlo Tassara, Jairo Orlando Villabona, Gustavo Zafra, David Varela.
Pontificia Universidad Javeriana Universidad Externado de Colombia Universidad Nacional de Colombia Escuela Colombiana de Ingeniería
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2015-actualmente

Nueva reforma tributaria: $9 billones para las empresas y un par para los ciudadanos de a pie

Nueva reforma tributaria: $9 billones para las empresas y un par para los ciudadanos de a pie

El presidente de la República anunció una nueva versión de proyecto de ley de reforma tributaria, modificada para bajarle la temperatura al malestar social que vive el país en estos días. Pero la propuesta del gobierno sigue sin reflejar el principio de progresividad tributaria, consagrado en nuestra constitución, y mantiene los beneficios tributarios a la población de más altos ingresos del país.

Estos son los aspectos que fueron resaltados por el gobierno como grandes cambios. Analicémoslos en detalle:

  • Devolución del IVA

Se propone hacer una devolución del 100% del IVA pagado destinada al 20% de los hogares más pobres del país, buscando darles un alivio tributario. La medida implicaría que se devuelvan aproximadamente 1,7 billones de pesos a la población más vulnerable, mientras que se mantienen los beneficios tributarios por cerca de 9 billones de pesos a las empresas, los cuales se concentran en los empresarios más grandes del país.

 Sin duda, habría un alivio en la carga tributaria de la población más vulnerable, lo que liberaría parte de sus ingresos para que puedan destinarlos a otros usos. No obstante, de aprobarse esta reforma tal como está, se devolverían cerca de 1,7 billones de pesos y tampoco se recaudarían los 9 billones de pesos que podrían usarse en la financiación de programas sociales que beneficien a la población más necesitada. Para tener una idea de la magnitud de los recortes de impuestos a las empresas, se puede señalar que, por ejemplo, 9 billones de pesos son alrededor del doble del presupuesto de las universidades públicas del país.

  • Reducción aportes de seguridad social en salud para pensionados

Otra de las propuestas tiene que ver con la reducción gradual del aporte que realizan los pensionados a salud. Se pretende que el aporte sea del 8% del ingreso del pensionado en los años 2020 y 2021 y, a partir del año 2022, del 4%. Además, la medida cobijaría a aquellas personas que reciben una pensión de 1 SMMLV.

Según información del mismo Minhacienda, cerca de 802 mil personas están pensionadas con una mesada igual o inferior a 1 SMMLV, con lo que el total de aportes a salud de este grupo ascendería en total a casi 1 billón de pesos al año. Con la medida, en los tres primeros años reducción, en el agregado, para estas personas sería de 335 mil millones de pesos en el 2020, de 350 mil millones de pesos en el 2021 y 738 mil millones de pesos en el 2022, cuando se llegaría al aporte de 4%. Es decir, al año habría un “alivio” en la carga tributaria de los pensionados de cerca de 740 mil millones de pesos al año. Pero esto debe contrastarse siempre con los 9 billones de pesos en exenciones para las empresas. De nuevo, parece estarse mejorando la situación de población en situación de vulnerabilidad (asumiendo que toda la población pensionada lo está, lo cual no es cierto, ya que el 35% de los colombianos en edad de pensionarse que reciben una pensión son una minoría relativamente privilegiada). Pero lo cierto es que las gabelas tributarias para los más ricos se mantienen. 

  • Días sin IVA

 A esta medida ya nos hemos referido en posts anteriores. Vale la pena resaltar que se trata de algunos días al año en los cuales no se cobraría el impuesto de IVA a ciertos productos, con el fin de facilitar su compra. El impacto de esta medida depende de la capacidad que tengan los hogares de modificar sus decisiones acerca de en qué momento del año compran los productos cobijados. Esta flexibilidad para aplazar o adelantar las compras se va reduciendo entre menores sean los ingresos del hogar.

La literatura internacional muestra que los efectos de este tipo de medidas se refleja en las ventas de los bienes cobijados, pero no es claro que beneficie principalmente a la población más vulnerable. Cálculos del Observatorio Fiscal muestran que, en un escenario en el que los hogares modifican sustancialmente sus tiempos de compra, el impacto en recaudo estaría entre 660 mil millones y 1,3 billones de pesos. En en términos relativos a la tarifa del IVA (19%), la medida probablemente significaría una reducción de menos de 0,5 puntos porcentuales, es decir un alivio comparativamente bajo (especialmente, vale la pena reiterar, comparado con los 9 billones en recortes tributarios a las empresas, y la desfinanciación de los programas del Estado que esto representa).

  • Incentivos tributarios a empleo juvenil

 Se incluye un incentivo tributario destinado a las empresas que contraten empleados menores de 28 años. La medida consiste en una deducción del 120% de los pagos que se realicen  por salario de los empleados que sean menores de 28 años, con la condición de que sea el primer empleo de la persona.

Reducir los pagos por impuestos a la nómina es una medida cuya efectividad para reducir el desempleo y la informalidad en Colombia se ha demostrado, y el espíritu de esta propuesta está bien encaminado. Sin embargo, reducir impuestos a la nómina es efectivo incluso cuando el recaudo perdido se repone con un aumento en el impuesto a la renta de las empresas, por lo cual – de nuevo – la reducción de 9 billones en impuestos a la empresas, que sigue siendo el componente principal de la reforma, parece innecesaria.

En resumen, la nueva propuesta de reforma tributaria no modifica sustancialmente la anterior y sí establece algunas medidas que se promueven como la respuesta del gobierno a las demandas sociales, pero que en la realidad no reflejan un cambio de filosofía. Se mantienen las proposiciones que llevan a un menor pago de impuestos por parte de mega inversionistas, sector “economía naranja”, sector hotelero, grandes inversiones del sector agropecuario, importación de bienes de capital, entre otras, además de la reducción en la tarifa del impuesto de renta general para las empresas. Las mismas cifras del Ministerio de Hacienda mostraban una reducción en el recaudo de impuestos para los próximos años con el texto anterior, y este articulado parece incluso acentuar el efecto, incorporando aún más descuentos, reduciendo así la sostenibilidad fiscal del país (lo cual podría preocupar a las calificadoras de riesgo) y sin avances importantes en materia de progresividad.

Del salario mínimo y la Ley de Financiamiento

Del salario mínimo y la Ley de Financiamiento

Col David Suárez

La negociación del salario mínimo entre el gobierno, los gremios y los sindicatos es una ceremonia que nos recuerda cada diciembre a Nietzsche cuando hablaba del eterno retorno de lo igual: las partes llegan a la mesa con propuestas para el aumento que difieren considerablemente; luego, el gobierno presenta un balance de la economía y revela los cálculos de productividad e inflación en aras de acercar las expectativas, para, al final, dar paso a las discusiones que desembocan la mayoría de las veces en un desenlace conocido, con mayores o menores variaciones en su desarrollo: el fracaso de la negociación y la determinación del salario mínimo por decreto (algunas veces, sin embargo, las partes llegan a un acuerdo, como el que anunció el presidente Duque en días pasados: en los últimos 18 años, ese consenso se alcanzó solamente en seis ocasiones).

Para dificultar aún más el ya complicado asunto, el gobierno actual logró la aprobación en el Congreso de una nueva reforma tributaria que tiene como núcleo la reducción de impuestos a las empresas: se reduce la tarifa del impuesto corporativo y se marchita la renta presuntiva en los próximos años; se permite el descuento por pagos de IVA en bienes de capital sobre el impuesto de renta; se establece un régimen especial de tributación para grandes proyectos (mega inversiones) a expensas de revivir el instrumento de dos caras que son los contratos de estabilidad tributaria; y se establecen beneficios tributarios considerables para sectores específicos sin mayor justificación, a partir de la idea curiosa pero difusa (ahí está su peligro) de la economía naranja.

Esta reforma nunca se presentó de forma clara, y en medio del frenesí del gobierno para buscar el financiamiento de su primera lista de compras, cambió radicalmente en los últimos cuatro meses y dio para todo: en su primera versión, la ley buscaba compensar los recursos que dejan de pagar las empresas aumentando lo que pagaba la clase media en IVA, lo que de inmediato generó preocupaciones sobre su impacto en los salarios y dejó como estela iniciativas que se tramitan en el Congreso para facultar aumentos extraordinarios del salario mínimo desde el ejecutivo y primas focalizadas en los trabajadores de más bajos ingresos, que desconocen las dinámicas del mercado laboral de nuestro país y que se administrarán (de ser aprobadas) a través de un sector financiero que hace esfuerzos por acercarse a la población pero es visto con recelo por gran parte de ella.

Aunque es un hecho que las empresas en Colombia pagan en impuestos una proporción mayor con relación a los estándares internacionales, y que los niveles de informalidad rampante pasan constante factura a las dinámicas del mercado laboral, en Colombia la competencia tributaria desatinada se mezcla con el sistemático error de utilizar la productividad total de los factores en vez de la productividad media del trabajo cuando se calcula el alza del mínimo (lo que explica en gran medida las diferencias entre las propuestas de gremios y sindicalistas), deprimiendo la demanda agregada y concentrando cada vez más la carga tributaria en los trabajadores y sus salarios en favor de los rendimientos del capital y de ganancias poco estructurales y relativamente exiguas en competitividad, crecimiento económico o mejoras en los indicadores de desigualdad.

La búsqueda de la competitividad no pasa solo por ser un destino con tarifas tributarias atractivas o mano de obra barata, y el gobierno aparentemente lo sabe: el lema de la administración del nuevo presidente durante su campaña era “menos gasto público, menos impuestos, más salarios”. Más allá de este lema, el resultado de la negociación es favorable como ejemplo de consenso, pero puede ser una oportunidad perdida para que se consigan aumentos importantes que repercutan en el bienestar del trabajador y se redistribuya un poco el beneficio dado a la población de más ingresos entre los miembros de la sociedad que, de una u otra forma, hacen posible su riqueza.

La protección al trabajador, y más ante las incertidumbres de los tiempos en que vivimos, debe ser una de las prioridades de toda sociedad que se precie de ser justa, y en ese sentido el salario mínimo se vuelve una de las premisas de lo que se conoce como “trabajo decente”. Más allá de los efectos que este popurrí fiscal tuvo en la negociación, el tema merece un análisis más reposado y de más contenido: ¿qué pasa con los contratos temporales, que no se rigen por el Código de Trabajo y se pueden firmar por valores inferiores al mínimo? ¿La determinación del salario responde solamente a la productividad del trabajador? ¿Qué pasará cuando la subsistencia dependa cada vez menos del trabajo, como resultado del desempleo tecnológico? ¿Es el salario mínimo la única herramienta para garantizar un piso digno de ingresos?


Coletilla.
Más allá de los métodos para calcular los ajustes, que parten del supuesto discutible pero operativo de la función tipo Cobb-Douglas, preocupan los resultados obtenidos: el ajuste del salario mínimo real teórico no alcanza a ser ni del 2%.

 


*Economista, docente y asesor tributario del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.