El colombiano Jesús Alberto Maldonado llevaba quince años viviendo en Ucrania cuando comenzó la guerra con Rusia. En cuestión de días tuvo que dejar su trabajo, su hogar y todo lo que había construido para buscar un lugar seguro.
Vivía con su esposa y sus dos hijas en Dnipró, al oriente ucraniano, pero la situación los obligó a apartarse el 12 de marzo de 2022. Ese día salió con su hija de 11 años, dos maletas y 50 euros en el bolsillo.
Abordaron tres trenes humanitarios donde soportaron temperaturas entre los -10 y -6 grados centígrados sin calefacción, y por fin, después de dos días y medio de viaje, llegaron a Varsovia, capital de Polonia, donde por fin durmieron sin escuchar explosiones ni sirenas.
Esta historia sirve para ilustrar el tema abordado en el libro Forced Displacement in Conflict Scenarios: Ethics and Human Rights Perspectives (Desplazamiento forzado en escenarios de conflicto: perspectivas éticas y de derechos humanos), escrito en inglés y publicado por la Editorial Javeriana.
“Cuando estábamos editando el libro apareció el tema de Ucrania. Uno no se imagina que a un país europeo le pasen esas cosas, pero ¿qué mostraban las noticias? Miles de ucranianos saliendo de su país sin ninguna garantía y dejando todo atrás”, comenta Eduardo Díaz Amado, director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana y uno de los editores del libro en el que 28 autores de países como España, Reino Unido, Nigeria, Argentina y Colombia se reunieron para hablar, desde una perspectiva ética, del desplazamiento forzado.
Estos autores fueron seleccionados porque han desarrollado investigaciones sobre temas de migración desde sus diferentes disciplinas: hay psicólogos, internacionalistas, médicos, politólogos, filósofos, epidemiólogos y sociólogos.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que hay más de 281 millones de migrantes, es decir, el 3.6 % de la población mundial. Jesús Maldonado, por ejemplo, primero migró de Colombia a Ucrania en busca de mejores oportunidades. Luego, la nueva guerra lo obligó a establecerse en Polonia, pero las difíciles condiciones lo hicieron migrar por tercera vez: ahora vive en España con su hija.
“Procuro seguir adelante por mi hija, pero no ha sido fácil para ella por los cambios tan bruscos. Entiendo que no podemos regresar a Ucrania, así que hago todo lo posible para brindarle todo lo que necesite”, asegura.
Un mundo desigual
Mientras un ciudadano japonés puede viajar libremente a 193 países, un español a 190 y un estadounidense a 186, esta posibilidad se reduce a 32 cuando hablamos de un ciudadano pakistaní, a 30 cuando es sirio, a 29 si se trata de un iraquí y a 27 si es afgano, según el ranking de 2022 de la consultora Henley & Partners.
¿A qué se debe esta diferencia? La coeditora y psicóloga argentina Andrea Hellemeyer dice en el libro que se trata de “una de las desigualdades más significativas en el mundo”, a pesar de que debería ser parte de los derechos fundamentales del siglo XXI. Además, considera que esto ocurre porque son las naciones más poderosas las que establecen las reglas sobre el derecho a la libertad de circulación, convirtiéndose en imposiciones de sus propias políticas migratorias.
Díaz Amado la complementa diciendo que el mundo está construido con la idea de que existan paredes que nos separen, como es el caso del muro entre Estados Unidos y México o el de Palestina e Israel, esto ocasiona que el inmigrante “sea visto como una amenaza, un invasor, un quitador de puestos de trabajo y un posible criminal. Sucede en Colombia con los migrantes venezolanos, la prensa hace que creamos que todos son delincuentes, así como nos pasa a los colombianos en el exterior, donde somos vistos como narcos”, explica.
Para él, estas situaciones solo tienen como objetivo denigrar la dignidad del individuo, pues no entiende cómo la búsqueda de nuevas condiciones de vida ocasiona que los derechos humanos queden en un segundo plano.
“Creo que a ningún africano le parece rico pasar a pie toda África para después meterse en un barco que atraviese el Mediterráneo y lo lleve a un continente donde no lo van a recibir con los brazos abiertos, sino que va a estar de ilegal”, dice y continúa: “Si las condiciones de vida fueran mejores, quizá esas personas no tendrían ningún incentivo para irse”.
Factores asociados a la migración y al desplazamiento forzado
Díaz Amado hace énfasis en que el inmigrante no es una amenaza sino el producto de circunstancias socio-históricas y socioeconómicas particulares entre las que se incluye la crisis climática, pues empeora las condiciones de vida.
El coeditor del libro distingue dos temas fundamentales. El primero es la situación de la vulnerabilidad. Dice que el migrante no tiene derechos garantizados, acceso a servicios básicos ni alguien que lo defienda. El segundo es la pérdida de autonomía que representa vivir una situación de desplazamiento. “El desplazamiento forzado revela una gran fractura moral en nuestra época”, añade.
¿Cómo se construye la imagen de las personas migrantes?
Los migrantes dependen de la recepción que brinde la población a la cual ellos llegan, por eso para Díaz Amado es muy importante que exista una legislación en cada país para protegerlos.
“Pensemos en Colombia: ¿Cómo hemos tenido que legislar sobre la población venezolana? Promoviendo desde el Estado unas leyes que garanticen derechos fundamentales como el acceso a la salud o al trabajo. Estas son fundamentales para construir un marco apropiado que restituya los derechos de los migrantes”, dice.
El caso colombiano
El escenario colombiano es particular porque siempre hemos estado inmersos en situaciones de violencia. Tan solo el conflicto armado ha dejado más de ocho millones de víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo con la Unidad de Víctimas.
Por este motivo hay un capítulo del libro dedicado exclusivamente al caso colombiano y el impacto del desplazamiento forzado en la salud.
Según indica el Registro Único de Víctimas (RUV), Antioquia es el departamento con el mayor número, 1 787 029, seguido por Bogotá, con 790 549.
A su vez, el Ministerio de Salud y Protección Social informa que 185 350 personas incluidas en el RUV, también aparecen en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Es decir, 3 de cada 100 personas tiene alguna discapacidad o condición especial a causa del conflicto armado.
Antioquia y Bogotá nuevamente puntean: son los lugares donde más se registra este tipo de discapacidad, con un 19 % (35 715) y 8 % (14 318), respectivamente.
Para Díaz Amado, estos datos demuestran que “a veces las cosas son más graves de lo que parecen. Estamos hablando de situaciones en las cuales las personas ven multiplicado su sufrimiento porque tienen unas condiciones particulares que hacen que sean más vulnerables a ser objeto de explotación. Significa que se requieren políticas públicas adecuadas para responder a este tema que tanto nos urge”.
Además, cree que tener una historia de décadas de desplazamiento forzado interno y de estar inmersos en un contexto violento donde las noticias siempre muestran lo peor, hace que normalicemos estos escenarios y nos volvamos insensibles ante el dolor ajeno.
“Haber editado este libro me hizo ver la magnitud del problema y me sorprende la cantidad de personas que tienen que abandonar sus hogares por fuerza mayor. Es realmente inmoral que haya gente sufriendo de esa manera porque los han sacado de sus territorios”, dice Díaz Amado. La reflexión está en que no podemos olvidar que detrás de cada disputa ideológica hay gente de carne y hueso, como Jesús Maldonado. Su hija. Su familia. Personas reales que no son solo cifras.
En este enlace puede conseguir el libro Forced Displacement in Conflict Scenarios: Ethics and Human Rights Perspectives.
