Somos el número uno. No es Irak, no es Sudán, tampoco Afganistán. Colombia tiene el primer puesto en desplazados forzados por el conflicto armado, según reveló la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). En total, 5,2 millones de colombianos han sido víctimas de este delito, considerado un crimen de guerra por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Para verlo más claro, 12 de cada 100 colombianos han sido obligados por algún actor armado a abandonar su hogar, lo que paradójicamente equivale al mismo 11,5% del total que aportó el sector de la agricultura al PIB en 2007.
A pesar de ello, la agricultura en este país puede ser tan peligrosa como productiva. Los campesinos están constantemente en el ojo del huracán, presionados por la guerrilla, por los paramilitares y por la misma fuerza pública, porque en sus manos está lo que siempre ha valido más para el hombre: la tierra. Algunos pensarían que con la Política de Seguridad Democrática, implementada por el gobierno Uribe entre 2002 y 2010, las cosas cambiaron. Sin embargo, las estadísticas demuestran lo contrario: un tercio de las 280.000 personas que se vieron obligadas a desplazarse en 2010 provenía de zonas cuyo control había sido “retomado por la fuerza pública de manos de grupos armados”, informó Codhes. Eso ha cambiado un poco con la actual Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, pero la iniciativa hasta ahora empieza.
Y es por esa razón que la comunidad internacional y la academia tienen puestos sus ojos constantemente en posibles soluciones para las víctimas. Es el caso de los profesores de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, quienes decidieron trabajar en conjunto con la Universidad de Deusto, en Bilbao, España, para presentar una investigación —que posteriormente cobraría vida en un libro— que ayudara a dar más luces en el tema del desplazamiento forzado.
El proyecto, titulado “El papel de la cooperación internacional en la prevención del desplazamiento forzoso y la protección de la población desplazada en Colombia”, se inició en 2009 con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la participación de investigadoras como la antropóloga holandesa Donny Meertens, quien fue la encargada en Colombia de reunir los escritos de varios analistas sociales que quisieran contribuir al descubrimiento de mejores políticas, más integrales, en pro de iluminar la tarea del Gobierno de proteger, de la comunidad internacional de apoyar, y de las víctimas de retornar a sus tierras y además ser reparadas.
El conocimiento del contexto de la guerra —en el caso de los profesores en Colombia— se complementó con la experiencia en el apoyo a proyectos de cooperación internacional de sus colegas españoles. La academia hizo un esfuerzo por complementar la construcción de paz desde un ángulo que invita a integrar mejores estrategias orientadas a la seguridad y el bienestar de la comunidad desplazada.
Como objetivos específicos, el grupo se propuso “profundizar en el análisis de las causas que generan desplazamiento” y la “interrelación entre conflicto, planes de desarrollo y propiedad de la tierra” como variables fundamentales en las nuevas políticas. Además, se pretendió determinar qué se entiende por una política integral, en materia de derechos humanos, y proponer un conjunto de indicadores que permitan medir la vulnerabilidad de una comunidad “como herramienta eficaz de prevención” en un futuro próximo. Como último punto, Meertens y sus colegas quisieron analizar las estrategias de los actuales programas de cooperación internacional, en especial el caso español.
En total ocho artículos conforman el libro que nació de esta investigación, compilado por Meertens y la directora del máster NOHA Mundus, Cristina Churruca, e impreso en Medellín. En este, se observa el fenómeno del desplazamiento desde puntos de vista tan diversos como el jurídico, el sociológico y el filosófico. Con ello, se logra una mirada comprensiva y eficaz del problema y se avanza hacia la construcción de paz a partir de actores sociales y políticos empoderados.
Diálogo y reflexión de un equipo
La investigadora Joana Abrisketa se sumergió en uno de los capítulos para analizar “Los estándares normativos internacionales y la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional colombiana: su incidencia en la población internamente desplazada”. Visto del lado positivo, Abrisketa señala que, en la formulación de sus fundamentos, la Corte ha logrado interpretar el “estatus de población desplazada como de ciudadano y ciudadana en situación de desplazamiento con una connotación de sujeto activo de derecho”, además de influenciar la agenda gubernamental. Lastimosamente, sus expectativas son de difícil cumplimiento en el contexto actual colombiano, y muchas sentencias se quedan en la teoría.
Para la jurista, frases de gobernantes anteriores como “aquí no hay conflicto armado porque justificaría un estado de beligerancia para actores como la guerrilla” (aunque estos últimos claramente violan la normativa de la guerra establecida en el DIH) niegan a su vez los derechos de las víctimas y generan confusión. Por eso es importante ver la ley desde los derechos humanos, no solo para darles estatus a las víctimas, sino porque así tales derechos se entienden como un deber para el Estado. Pero aún falta mucho por hacer y “la actual política gubernamental deslegitima la sentencia de la Corte Constitucional”, concluyó Abrisketa sobre el periodo del presidente Álvaro Uribe.
Para seguir ampliando la información relativa al valioso contenido de este libro, vale la pena destacar otro de sus capítulos, esta vez de corte sociológico, “La neutralidad como estrategia para la protección de la población civil en conflictos armados internos: un estudio de caso”, del politólogo Pedro Valenzuela. La neutralidad es un fenómeno especialmente interesante para el grupo pues representa una estrategia de prevención del desplazamiento desde la comunidad, como alternativa ante la falta de apoyo. La decisión colectiva de un pueblo, y en particular la estudiada por Valenzuela en San José de Apartadó, demuestra que es posible separarse de las dinámicas de la guerra “mediante el rechazo a cualquier forma de cooperación con los actores armados, declarando en efecto su neutralidad en el conflicto”.
Esta estrategia significa un ejemplo para las otras comunidades bajo presión y puede, según los investigadores, ser “objeto de apoyo por parte de la cooperación internacional”. El Urabá antioqueño se ha caracterizado por la constante disputa entre FARC y autodefensas. Su “Comunidad de Paz” es una autodenominación que solo funcionó después de años de resistencia, de ir pero también de volver, y entre 2006 y 2009 se registró un solo caso de desplazamiento en la zona. Podría decirse que esta reducción en el número de desplazamientos fue consecuencia de muchos factores, pero la influencia de esta iniciativa fue decisiva.
Por otro lado, el filósofo David Suárez dedicó su capítulo en este libro a “Las consecuencias morales del desplazamiento: una demanda por la reconstrucción del ‘proyecto de vida’”, y allí demanda una reflexión profunda, de corte sicológico, sobre cómo el desarraigo también es un daño de tipo moral y la importancia que tiene incluirlo en una política integral de reparación. La destrucción de un plan de vida —la idea de dejar de cultivar tabaco o cuidar el ganado y llegar a la jungla de una ciudad desconocida y fría— plantea un desafío para el ente reparador: asistir, pero también rehabilitar al sujeto moral y político, empoderarlo de nuevo. Este, según Suárez, es el único enfoque capaz de afrontar las consecuencias morales profundas de la violencia.
Las mujeres y la guerra
Pero hay un tema que cautivó especialmente en esta pesquisa y fue el efecto del desplazamiento en un grupo ya de por sí discriminado y doblemente victimizado por la guerra como es el de las mujeres. El estudio de caso se hizo en el lugar de una de las masacres más desoladoras de la historia colombiana: la de El Salado, en el departamento de Bolívar, la cual desplazó a cerca de 5.000 personas, traumatizadas luego de presenciar la tortura sangrienta y la matanza de 66 de sus paisanos, cometida por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Luego de tres días negros en febrero de 2000, el pueblo entero huyó dejando sus muertos, sus casas y sus perros. Dos años más tarde, en noviembre de 2002, 120 personas, entre ellas 20 mujeres, retornaron al pueblo hundido entre la maleza y los recuerdos amargos. Algunas de ellas, viudas convertidas en cabezas de familia, inspiraron a la Fundación Mujer y Futuro para empezar su reparación moral y dotarlas de conocimiento para defender esos derechos que tanto les violaron. Y es allí, en ese corregimiento del que nadie hubiera oído hablar si no hubiera sido por su dolor, que la antropóloga y una de las compiladoras del libro encontraron la inspiración para su aporte a la publicación: “El empoderamiento de las mujeres como elemento estratégico en la prevención del desplazamiento: políticas y prácticas en Montes de María”.
Sin embargo, Meertens no quiso enfocarse en el pasado de estas mujeres, sino en su presente: muchas de ellas se habían convertido en terratenientes, ganaderas, líderes y sujetos activos de su comunidad. “Quise mostrar un aspecto diferencial. La mujer sufre de amenazas y riesgos concretos, que reflejan de alguna manera las discriminaciones históricas contra las mujeres y los tradicionales roles de ella en lo doméstico y en la producción. El desarraigo es más fuerte para ellas que para los hombres, aunque paradójicamente son las primeras en lograr una supervivencia en la ciudad. Se adaptan más fácil a la necesidad del rebusque, por ejemplo”, comentó.
En su capítulo, la también profesora de la Universidad Javeriana plantea una importante perspectiva para tener en cuenta: “en la prevención del desplazamiento se requiere de estrategias que aborden las violencias y discriminaciones de género en la sociedad, tanto en el marco del conflicto armado como en la vida cotidiana”. Esa labor debe ser de largo aliento, paralela al trabajo de fortalecimiento institucional, precisamente para que las mujeres que superen su pérdida y crezcan a raíz de ello no vuelvan a ser atacadas jamás y se conviertan en líderes respetadas y comprometidas con el desarrollo de sus nuevas comunidades.
La presión sobre las líderes de restitución de tierras se ha venido multiplicando a la par del desplazamiento en los últimos años. Según Codhes, entre 2002 y 2010, 44 dirigentes de desplazados fueron asesinados en Colombia, y durante el gobierno del presidente Santos 11 más han perdido la vida en manos de grupos delictivos. Sumando, 14 mujeres hacen parte de esa macabra lista.
Una de ellas, Ana Fabricia Córdoba, es probablemente la líder que más ha generado recordación en este país desmemoriado y anestesiado ante el dolor. El 8 de junio de 2011, Ana viajaba en un bus por las calles de un barrio de Medellín adonde fue a parar luego de diez éxodos violentos que le quitaron dos maridos y dos hijos y le dejaron una tristeza en el alma tras ver cómo su hija era abusada sexualmente. Seguramente iba pensando en alguno de esos dolores morales cuando un tipo le disparó varias veces, y cumplió así las amenazas que ella misma había ido a denunciar ante la Mesa Metropolitana de Derechos Humanos, en la Fiscalía, en la Personería y en todos los brazos del Gobierno nacional, departamental y local.
Ana venía de Apartadó; tal vez eso explica su rebeldía, su amor por la tierra que le quitó gente de aquí y allá. Pero ese amor no fue suficiente porque estaba sola. No hubo Estado que la protegiera ni que la acogiera. Y esta es una historia con la que esperan no volverse a topar los autores de este libro. Probablemente, a ellos y al resto de los colombianos les gustaría ver a las mujeres de El Salado convertidas en líderes, como por ejemplo Ana, y que les quitaran el castigo por empoderarse luego de haber sufrido el desplazamiento. Que ellas se animaran y quisieran convertirse en luchadoras, como Carmen Palencia.
Carmen, cordobesa, llegó a pagar hasta doce millones de pesos mensuales para que el “patrón” paramilitar de la zona del Urabá los dejara quedarse a ella y a su amenazada familia en un ranchito. Fue por eso que fundó la ONG Tierra y Vida y está convencida de que a través de esta podrá cambiar las historias de tres mil campesinos ayudándoles a recuperar el dinero que alguna vez les fue extorsionado. Pero por esa lucha Carmen tuvo que huir a Bogotá y andar por las calles en su moto, abrazada a un escolta. Espera que no la maten por pelear por lo que era suyo.
“Las mujeres de El Salado, como estas otras mujeres emblemáticas, están aprendiendo que todo empieza por entender sus derechos. Y hoy es asombroso verlas tan fuertes. Varias de ellas, incluso, me reclamaron la última vez que las vi porque no les llevé el libro”, confiesa Meertens, entre risas. “Me dijeron: ‘Es nuestro derecho leerlo’”.
La idea es que estos consejos y análisis sean escuchados por el Gobierno y que las iniciativas que surjan de ahora en adelante incluyan ese enfoque de derechos, “que la protección no sea solo una conversación legal […] sino que se cuente con las personas protegidas”. En otras palabras, que la ley no sea trabajada solamente por los congresistas en las ciudades, sino que integre las voces de ellas, de ellos, de los que siguen vivos.
Una de las conclusiones principales del equipo de investigadores es que el desplazamiento existe no solo por la pobreza sino por las amenazas. “En el campo los hombres y las mujeres tienen trabajo, en las ciudades, hambre”, dice la compiladora. Entonces, el concepto de seguridad que tanto se ha defendido hasta ahora (y que sin duda ha logrado resultados positivos) ha estado mal enfocado con respecto a las víctimas; si no fuera así, no se estarían desplazando todavía. “La política pública en materia de justicia transicional invisibiliza […] la problemática del desplazamiento forzado”. ¿La respuesta? Prevención, atención y reparación. Y en cuanto al apoyo internacional, este debe estar pensado a largo plazo, más allá de los proyectos cortos que, aunque ayudan, son insuficientes para el proceso de recuperación de una víctima. El libro propone, por ejemplo, que las estrategias de supervivencia sean apoyadas por la cooperación internacional.
Alberto Salcedo Ramos, periodista, escribió una crónica sobre la masacre de El Salado y en ella nos deja —a esos 88 de los 100 colombianos que no se han visto afectados por el desplazamiento y las masacres— un sinsabor ineludible: “Porque, dígame usted, y perdone que sea tan crudo, si no fuera por esa masacre ¿cuántos bogotanos o pastusos sabrían siquiera que en el departamento de Bolívar, en la costa caribe de Colombia, hay un pueblo llamado El Salado? Los habitantes de estos sitios pobres y apartados solo son visibles cuando padecen una tragedia. Mueren, luego existen”.
Y con todo y ese infierno, esos campesinos y otros muchos en este país tuvieron la valentía de volver. “El Estado no es el único que ha atropellado a esta gente”, termina por decir Salcedo en su crónica. Y es cierto, ayudar no es tarea solamente del Estado o de la comunidad internacional.
En la carátula del libro hay un dibujo. Una niña pintó lo que para ella fue el retorno a su hogar en El Salado. Atrás quedaron los muñecos que sangraban, los uniformados bailando en la cancha de fútbol mientras degollaban y violaban. Esta vez, una mariposa vuela bajo un arcoíris y una niña la ve pasar en el jardín desde su salón de clases. Su profesor, un mamarracho rubio y ojiazul (probablemente miembro de una comisión internacional) le enseña en el tablero tres palabras: DIH, Aecid y Acnur. Esta niña hoy tiene mejores armas que las de la guerra.
Para leer más…
<style=”color: #999999;”>+Churruca, C. & Meertens, D. (comp.). (2010). Desplazamiento en Colombia. Prevenir, asistir, transformar. Cooperación internacional e iniciativas locales. Medellín: La Carreta Editores.+Salcedo Ramos, A. (2009, 22 de julio). “El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas”, Soho 111. Disponible en: https://www.soho.com.co/zona-cronica/articulo/el-pueblo-que-sobrevivio-a-una-masacre-amenizada-con-gaitas/10614. Recuperado en: 02/05/2012.