La justicia escolar: un laboratorio de convivencia social

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Por: Pedro Adrián Zuluaga

La permanente necesidad de resolver conflictos de diversa naturaleza en el ámbito escolar ha hecho que muchas entidades de educación media en el país se planteen ambiciosos proyectos de convivencia. Investigadores de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana analizaron tres de estas experiencias cuyo norte común es la justicia escolar como base para crear comunidades justas e incluyentes.

Con demasiada frecuencia se repite que los jóvenes actuales son apáticos políticamente, que no creen en proyectos colectivos y que no están interesados en modificar nada. Que sólo los mueve el bienestar inmediato y la ley del menor esfuerzo. Que es una generación perdida de la que no se puede esperar nada bueno. Que se atenga el país porque viene la debacle.

La televisión, el cine y los medios de comunicación refuerzan estos prejuicios. Cuando esporádicamente centran su atención en lugares como los colegios, donde se desarrolla buena parte de la vida y la formación de los jóvenes, la imagen habitual tiene que ver con comunidades escolares autoritarias, donde la crueldad es una norma y prevalecen la desconfianza y la hostilidad entre docentes, alumnos y padres de familia. Las consecuencias son previsibles: deserción, suicidios, exclusión, criminalidad, traumas psicológicos.

Tres investigadores de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana enfrentaron tales prejuicios y miraron el otro lado de estas leyendas negras. Sin desconocer que cualquier comunidad humana —y mucho más una institución educativa— está atravesada por conflictos, Ricardo Delgado, Luz Marina Lara y Rosa Margarita Vargas buscaron entre colegios de educación media casos exitosos de convivencia escolar y seleccionaron tres de ellos: el Colegio Santo Ángel y la Institución Distrital Arborizadora Baja en Bogotá, y el Colegio Marco Fidel Suárez en Medellín.
La convivencia escolar es actualmente uno de los campos más abordados por la investigación educativa y pedagógica. La resolución de conflictos, la cultura democrática, la constitución de subjetividades políticas y el aprendizaje para la convivencia en ámbitos escolares han sido los temas de interés de la mayoría de estos estudios.
La investigación “La justicia en el ámbito escolar: análisis de tres experiencias innovadoras en instituciones de educación media” combina la mirada de documentos y textos de fuentes secundarias con la atención sobre las producciones narrativas de los actores involucrados en las experiencias educativas. En los dos colegios de Bogotá se realizaron entrevistas grupales con docentes y estudiantes, que sirvieron para un análisis discursivo-narrativo y de contenido. Los tres casos escogidos como material de análisis coinciden en sus trayectorias innovadoras en el ámbito pedagógico. Partieron del énfasis en la mediación de conflictos pero han logrado avanzar hacia una idea más amplia y compleja de la convivencia escolar que tiene como norte el concepto de comunidades justas e incluyentes.

De la teoría a la práctica

El concepto de comunidad justa —explica el investigador principal Ricardo Delgado— es tomado de las contribuciones del estadounidense Lawrence Kohlberg y su teoría del desarrollo moral, que se ha convertido en un referente central para el aprendizaje constructivo del juicio y la argumentación. Las comunidades justas dentro de un ámbito escolar, añade Delgado Salazar, se caracterizan por la participación democrática de todos sus miembros, la construcción de normas y reglas basadas en consensos, la promoción de la autonomía, el reconocimiento del otro, el desarrollo de competencias ciudadanas y la educación en derechos humanos.

Todo lo anterior parece asunto de ángeles y choca contra la dura realidad que enfrentan muchos colegios en el país. Sin embargo, incluso en contextos tan difíciles como el del colegio Marco Fidel Suárez de Medellín, los investigadores encontraron innovación en el tratamiento de los conflictos, descartando una represión violenta de los mismos y, en cambio, valorándolos como factores dinamizadores que enseñan el ejercicio de prácticas democráticas.

Una de esas innovaciones fue reconocer que el Manual de Convivencia Escolar se quedaba corto a la hora de promover la formación ciudadana, pues los estudiantes, al no participar en su elaboración, lo consideraban “letra muerta”. Al convertirlo en Pacto de Convivencia acentuaron su carácter consensual y deliberativo, con lo que se logró promover la escucha, la argumentación racional y la valoración de las ideas del otro.
Tanto en el Marco Fidel Suárez como en los colegios Santo Ángel y Arborizadora Baja se reconoce en los estudiantes a sujetos políticos y se les prepara, desde ese microcosmos social que es la escuela, para un ejercicio activo de esa dimensión en la vida pública. Dentro de esta perspectiva, los centros educativos se transforman en escenarios vivos para la participación y la deliberación, y dejan de ser los guardianes pasivos de las tradiciones morales existentes en la sociedad.

Si se consideran las tensiones entre derechos y deberes y el arraigo social de las prácticas autoritarias y jerárquicas, podemos suponer los riesgos de estas aventuras. Una comunidad justa —aclaran los investigadores— no prescinde de la autoridad reconocida ni desconoce la asimetría presente en las relaciones entre maestros y alumnos. Sin embargo, obliga a buscar otras formas de ejercer la autoridad, mediante la creación de espacios y mecanismos que favorezcan el cuestionamiento de su legitimidad.

Cuidar de sí y cuidar del otro

Cuando la regla es fruto de un acuerdo de convivencia y no una simple y deliberada restricción de la conducta, esta regla expresa un sentido de comunidad cuyo horizonte es el bien común y el cuidado recíproco. Que algo se prohíba porque está mal, se ve feo, es pecado o no es justo, resulta demasiado abstracto y poco convincente, y conlleva a un dogmatismo que impide la emergencia de “lo otro”. Y el reconocimiento de la alteridad es un elemento indispensable en la configuración de comunidades justas e incluyentes, y no sólo porque la pluralidad sea una condición propia de la esfera pública.

En su informe final, los investigadores afirman tajantemente la paradoja de que un “nosotros” como comunidad de sentido no se construye entre iguales, sino en la mediación de intereses diversos, muchas veces antagónicos y conflictivos.

En un país que no pocas veces legitima los atajos éticos y legales en procura de un bien individual o de un supuesto bien común basado en exclusiones de distinta índole, la investigación de los profesores Delgado Salazar, Lara y Vargas resulta oportuna y pertinente. Las tres comunidades estudiadas encierran una utopía política: la defensa de lo colectivo y de lo público, esferas que nadie debe suponer por nosotros.

Aunque muchos colegios han avanzado bastante en temas como el gobierno escolar, la representación de los estudiantes en los consejos directivos, los comités de convivencia o las personerías escolares, los tres colegios estudiados son pioneros por atreverse a dar un paso más allá, por prestarse como laboratorios de convivencia social en un medio de tradición dogmática y autoritaria como el nuestro.


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