Ser colombiano, haber cursado y aprobado grado 11, ser admitido en una carrera profesional de una institución de educación superior con acreditación en alta calidad y estar registrado en la base de datos del Sisbén son algunos requisitos que los bachilleres debían cumplir para aplicar al programa Ser Pilo Paga, la iniciativa diseñada por el Ministerio de Educación Nacional durante el gobierno de Juan Manuel Santos para la financiar programas académicos de alta calidad.
El objetivo central de este proyecto era otorgar créditos 100% condonables a los más “pilos” del país y darles un apoyo de sostenimiento durante todo el periodo de estudios, pero una serie de críticas en torno a la desigualdad en la financiación de los programas entre las universidades privadas y públicas, la capacidad del Estado para sostener los 5 billones de pesos destinados a Ser Pilo Paga y la baja probabilidad de vigencia a largo plazo con la llegada de nuevos periodos presidenciales, lo llevó a su fin.
Ser Pilo Paga “hizo que cerca de 40.000 jóvenes de escasos recursos y excelencia académica hicieran realidad el sueño de estudiar en universidades acreditadas con alta calidad”, resaltó un informe del Ministerio de Educación en mayo de 2018.
Efectivamente, a inicios del 2019, pocos meses después del posicionamiento de Iván Duque como presidente, su ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció el lanzamiento del proyecto “Generación E”, una iniciativa para que los estudiantes con pocos recursos económicos pudieran tener acceso a la educación de alta calidad. Su meta: invertir 3,6 billones de pesos para que en cuatro años 336.000 jóvenes resulten beneficiados.
Pesquisa Javeriana conversó con Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro del comité asesor de la oficina de investigación del ICFES, acerca de los aciertos y desaciertos del programa SerPilo Paga y las implicaciones financieras de iniciativas como “Generación E” para la economía del país.